Desafuero de Moreira baja quórum para reformas clave del gobierno

No se necesitaría el voto de ningún senador de Chile Vamos para aprobar el proyecto que define el mecanismo para cambiar la Constitución.

Iván Moreira, el martes, se despidió del Senado con un discurso en el que pidió un juicio justo y rápido.
Un nuevo escenario se configuró en el Congreso desde que la semana pasada se hiciera efectivo el desafuero del senador de la UDI Iván Moreira.

El ex diputado representa la segunda “baja” de los 38 senadores electos en el actual Parlamento, pues Jaime Orpis (ex UDI) ya se encontraba desaforado desde 2016, tras ser acusado en el marco del caso Corpesca.

En los comités de Chile Vamos, la semana pasada, ahondaron en detalle cómo sería ahora la composición del Senado para la aprobación o rechazo de proyectos de ley clave para el gobierno de Michelle Bachelet. Esto, pues en los últimos dos meses que quedan de periodo legislativo -diciembre y enero- aún se esperan tramitar reformas relevantes para el gobierno, antes de que asuma una nueva administración y parte del Congreso.

El miércoles pasado, de hecho, el Ejecutivo puso suma urgencia a la iniciativa de ley que define el mecanismo para cambiar la Constitución, la llamada “modificación” al Capítulo XV de la Carta Fundamental.

¿Cómo quedaría entonces la configuración de la Cámara Alta? Con 36 senadores en ejercicio, en proyectos de ley que impliquen una reforma constitucional se necesitarán 24 votos favorables para dar luz verde a ciertas iniciativas. Es más, el proyecto de ley que reforma el Capítulo XV de la Constitución requiere de 2/3 de la Cámara Alta.

Los 24 senadores justamente son todos los parlamentarios de los comités del PS, PPD, la DC, PAIS e independientes, por lo que, esta vez, el gobierno no necesitaría ni siquiera un voto de Chile Vamos para lograr aprobar sus reformas clave.

Según el artículo 7° inciso final de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, “en el cómputo de los quórum y mayorías no se considerarán como senadores y diputados en ejercicio los que se encuentren suspendidos por efecto de lo dispuesto en el artículo 61, inciso final, de la Constitución Política, y los que estén ausentes del país con permiso constitucional”.

Este es el caso de los senadores Moreira y Orpis.

Esta misma situación ocurriría en el próximo Congreso, que contará con 43 senadores. Si Moreira aún permanece en desafuero, serán 42 senadores, pues el cupo de Orpis ya habrá sido reemplazado, lo que cambiaría los quórum para aprobación de leyes.

Los senadores de Chile Vamos serán 19 y, por tanto, los que no pertenezcan a esa coalición serán 24. Con un senador menos se podrán aprobar leyes orgánicas constitucionales sin requerir ningún voto favorable de los senadores de derecha.

Reforma previsional
Para el martes próximo está planificado que el proyecto que modifica el capítulo XV sea discutido en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja. No obstante, existe una alta probabilidad de que en enero esta iniciativa sea discutida en el Senado, aun con el desafuero de Moreira.

Otra reforma constitucional clave para la administración Bachelet es aquella que crea el Consejo del Ahorro Colectivo, iniciativa esencial para llevar adelante la reforma previsional planteada por el gobierno.

De hecho, el miércoles también se le otorgó suma urgencia a este proyecto que, igualmente, necesita de 2/3 de los senadores para ser aprobado, es decir, de 24 de ellos, contando a los 36 que están en ejercicio.

Además de esos dos proyectos existen otras iniciativas que tendrían mayor facilidad de aprobarse tras el desafuero de Moreira.

Se trata de las siguientes reformas constitucionales: la que crea la figura del primer ministro; la que permite la renuncia voluntaria al cargo de diputado y senador; la nacionalización de recursos naturales de carácter estratégico; la que declara a los materiales atómicos naturales y el litio como sustancias de valor estratégico, no susceptibles de concesión y reserva al Estado su exploración, explotación y beneficio.

Otras reformas, también, en materia de plebiscitos; un proyecto que suprime el fuero parlamentario y el de los intendentes, gobernadores y presidentes de los consejos regionales, y finalmente, la modificación del ar-tículo 19 con el fin de establecer que “las aguas tienen la calidad de bienes nacionales de uso público”.

http://www.latercera.com/noticia/desafuero-moreira-baja-quorum-reformas-clave-del-gobierno/

 

1- figura de primer ministro: es una manera de reforzar el aseguramiento del chanchito, ya que con eso crean por ley un “Diosdado Cabello” nacional, quien asume, asegura y perpetúa el régimen en caso de falla (o no acuerdo con) El presidente, evitando tener que hacer elecciones.

2- Nacionalización de recursos: es el camino allendista, la facultad de expropiar sin asco (y sin pagar) todo eso mediante la constitución: ADIVINEN QUE PASARÁ CON LAS INVERSIONES E INNOVACIÓN. (Bueno, hoy no se hace mucho tampoco que digamos).

3- Renuncias: esto tiene dos utilidades o significados, en primer lugar es de aspecto “cosmético” para que parezca una gran democracia, y en segundo lugar valida completamente los enroques de cargos y demases, pudiendo presentarse como candidatos o rotar de repartición a lo tarzan: cogiendo una liana antes de soltar la otra.

Alguien fue a los cabildos? Era macabro.


Como sea, hacer esto que hicieron con Orpez y Moreira (tenga justificación o no) es el gatillante para derribar la actual constitución que es el cimiento que mantenía las cosas funcionando aca, y así empezar el ChavoMadurismo.
Otra cosa que se eliminaba era la protección al derecho de propiedad, si algo de lo tuyo es de interés del estado pues te lo podrán quitar sin darte nada a cambio.

 

Oposición acusa "frenesí legislativo" del Gobierno tras darle urgencia a proyectos clave

Las próximas dos semanas serán cruciales para el destino de al menos cuatro proyectos de ley a los que el Gobierno decidió priorizar en su agenda legislativa: una decisión que generó reparos en la oposición, que acusa intencionalidad política en la discusión de la reforma al Sistema de Pensiones y la modificación del capítulo XV de la Constitución Política.

Por esta razón, un grupo de parlamentarios electos de Chile Vamos, entre ellos el secretario general de la UDI, Guillermo Ramírez, aseguró que la intención del Gobierno al colocar estas urgencias legislativas es generar un ambiente con fines electorales.

“El Gobierno sabe que estas urgencias y proyectos de ley no van a lograr ser aprobados en las dos cámaras. Lo que le interesa es generar un cierto ambiente. Esa es una urgencia que tiene fines electorales”, aseguró.

Estos emplazamientos fueron respondidos por el presidente del partido socialista, Álvaro Elizalde, quien afirmó que la oposición pretende que el gobierno suspenda la discusión de proyectos significativos para el bienestar de los chilenos.

En esa misma línea, desde el oficialismo aseguraron que no existe un “frenesí legislativo”.

En tanto, La Moneda defendió sus atribuciones en su condición de colegislador.

http://www.biobiochile.cl/noticias/...o-tras-darle-urgencia-a-proyectos-clave.shtml

 

Oposición pide desahuciar la reforma al Capítulo XV mientras Gobierno alista la nueva Constitución


El Congreso retomará el 2 de enero la discusión de este proyecto, cuando el Ejecutivo entregue una propuesta de acuerdo para destrabar su aprobación. Pero en la derecha piden archivar el texto legal, ante la proximidad del cambio de gobierno y por el escaso avance que ha tenido la discusión hasta ahora.

El 2 de enero, la comisión de Constitución de la Cámara retomará la discusión del proyecto de reforma al Capítulo XV de la Carta Magna, una de las iniciativas más importantes para La Moneda, pues es el ajuste legislativo que se necesita para viabilizar un nuevo marco constitucional.

El proyecto quedó paralizado hace dos semanas, cuando los integrantes de la instancia rechazaron, con la abstención de los Fuad Chahín y Ricardo Rincón, un inciso que permitía convocar a la convención constituyente, ya que a juicio de los diputados DC no quedaba claro cuál sería el carácter de ese espacio, cómo se elegiría a sus integrantes y cuánto duraría.


La semana pasada, en la antesala de la elección, el Ejecutivo intentó en vano llegar a un acuerdo con la Nueva Mayoría, por lo que los diputados entregaron sus ideas para mejorar el texto y los ministros se comprometieron a presentar una propuesta que destrabe el proyecto. Pero eso no ha pasado y recién en enero se retomará el tema.

Por ello, y ante el cambio de signo político que vivirá el Gobierno, desde Chile Vamos pidieron definitivamente desahuciar la propuesta, ya que creen que no conviene tramitarla en sólo un mes. El diputado Cristián Monckeberg (RN), miembro de la comisión, explicó que “el Gobierno está en su legítimo derecho de levantar una nueva Constitución. El problema es que levantarlo o ponerle urgencia a última hora, cuando se está terminando el mandato legislativo, no es un buen consejo”.


“Los apuros nunca han sido buenos para sacar proyectos de esta envergadura, que necesitan mayor análisis y estudio, y además, no hay acuerdo. Este es un proyecto que no tiene ningún destino y hay que dejarlo morir de forma natural, sin tramitarlo y que quede archivado”, dijo tajante el diputado.

Por contraparte, recordó que en dicha comisión ya avanzaron esta semana en un acuerdo para realizar ajustes a la Constitución, a través de un proyecto paralelo que estaba en discusión y que contempla, entre otras cosas, limitar las facultades del Tribunal Constitucional en el control de legalidad de los proyectos, como una señal desde la derecha de que sí están dispuestos a avanzar en cambios.


“No tenemos ningún problema en revisar la Constitución, en la medida de que se haga de forma institucional, en el Congreso, de acuerdo a las normas que la Constitución establece, y prueba de ello es este acuerdo al que llegamos y que ahora irá a la sala”, puntualizó Monckeberg.

Su par Juan Antonio Coloma (UDI) concordó en que la reforma al Capítulo XV ya no tiene mucho futuro.

“La ciudadanía dio una manifestación clara de cuáles son sus prioridades para los próximos cuatro años y es evidente que las prioridades políticas para los partidos quedaron fuera de la discusión. A esta altura, la modificación al Capítulo XV de la Constitución es no sólo prácticamente inviable políticamente, sino que sería solamente para hacer un saludo a la bandera y dejar de manifiesta el incumplimiento de uno de los compromisos de la presidenta Bachelet”, afirmó.


El diputado UDI aseguró que este proyecto “no pasa los estándares mínimos y yo era partidario de votarlo en contra, porque dejaba en la ambigüedad una serie de posibilidades. Hay que ver si el Gobierno cumple con decir qué estaba pensando para Chile, cual era esa constitución que pensaba. Cuando uno ve un proyecto tan importante como éste, con el que se hizo tanta gárgara política y que termino en nada, creo que al menos el Gobierno tiene que dar una explicación”.

Nueva Constitución
Mientras tanto, en el Ejecutivo alistan el proyecto de nueva Constitución, que incorpora los contenidos emanados de los cabildos ciudadanos que realizó el Gobierno, y cuyo envío la Presidenta Bachelet incluso confirmó al próximo mandatario Sebastián Piñera.

Según fuentes de La Moneda, la Presidenta enviará el proyecto al Congreso antes de la visita del Papa Francisco, el 15 de enero, por lo que durante el verano se conocerá el contenido del que probablemente será el último mensaje emblemático de la administración Bachelet.

Originalmente, la idea era que el Congreso revisara esta nueva Constitución, pero ahora será la próxima conformación, con la Nueva Mayoría reducida y el Frente Amplio como tercer actor, los que eventualmente harán la revisión a la Carta Magna propuesta.

El Proceso Constituyente contó, además de los cabildos, con un Consejo Ciudadano de Observadores que veló por el proceso consultivo y que sistematizó las bases ciudadanas para la nueva Carta Magna.

http://www.pulso.cl/actualidad-poli...ulo-xv-gobierno-alista-la-nueva-constitucion/

 

Comisión de la Cámara despacha cambios a la Constitución



Finalmente, la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, encabezada por el diputado DC Fuad Chahín, despachó ayer el proyecto que modifica algunos aspectos de los capítulos entre el I y el VIII, entre los que destacan la nueva fórmula para el reemplazo de los parlamentarios.

La iniciativa, de origen parlamentaria y cuyos autores en su mayoría integran la instancia, establece que si se abre una vacante por muerte o enfermedad grave de un legislador, el cupo será provisto por la Cámara que corresponda de una terna propuesta por su partido; si es otra causal se hará elección complementaria, salvo que reste menos de un año para terminar el periodo.



https://www.df.cl/noticias/economia...bios-a-la-constitucion/2018-01-02/201731.html

 

Gobierno acelera trámite de ocho proyectos de ley que suman más de mil indicaciones


Antes de finalizar la actual administración, la agenda legislativa de La Moneda considera despachar las iniciativas sobre educación superior y universidades del Estado, así como el derecho a la identidad de género.


Emol SANTIAGO.- Sólo quedan diez sesiones para el término del actual periodo legislativo, instancia en el que el Ejecutivo espera aprobar en la tramitación de al menos ocho proyectos, que son considerados prioritarios y por lo tanto, cuentan con urgencia en su tramitación. Entre las iniciativas pendientes, tres corresponden a la reforma previsional, a lo que se suma la creación del ministerio de Ciencia y Tecnología y también el de Pueblos Originarios. Los ochos proyectos suman en total mil indicaciones, que deben ser evaluadas por los parlamentarios durante el periodo legislativo restante. Lee más de esto en la edición de hoy de El Mercurio.

Fuente: Emol.com - http://www.emol.com/noticias/Nacion...de-ley-que-suman-mas-de-mil-indicaciones.html

 

Las reformas que amenazan el futuro del Tribunal Constitucional


Acuerdo de reformas constitucionales despachado por la Cámara al Senado y programa de Piñera incluyen reformas al organismo.
El 24 de enero, mientras las miradas estaban puestas en la nominación del gabinete del presidente electo, Sebastián Piñera, la Cámara de Diputados despachó al Senado el denominado “Gran Acuerdo”.

Se trata de un conjunto de cambios a la Carta Magna acordados en la Comisión de Constitución de la Cámara y que incluyen, entre otras medidas, modificar el sistema de reemplazo de parlamentarios y facultar a las cámaras para “calificar” las urgencias presentadas por el Ejecutivo.

Uno de los puntos principales del acuerdo incluye también modificaciones al rol del Tribunal Constitucional (TC). El organismo fue objeto de críticas durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, en especial de parlamentarios de la Nueva Mayoría que acusaron a la entidad de ejercer un papel de “colegislador”.

En concreto, se apuntó al uso del recurso de inaplicabilidad en la impugnación de normas de la ley Emilia y de Control de Armas, y al control de constitucionalidad del organismo en leyes como la despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales y el proyecto de nuevo Sernac. En el caso del aborto, anuló una frase relativa a la objeción de conciencia, y en el proyecto del Sernac declaró inconstitucionales normas consideradas como claves del proyecto, fortaleciendo así las críticas parlamentarias.

Si bien el “Gran Acuerdo” apunta a “restringir el ámbito de discrecionalidad del TC en el marco del control preventivo, para pronunciarse sólo de aquellas disposiciones calificadas por el Congreso”, el proyecto es visto por algunos senadores como una oportunidad de avanzar en cambios al TC, considerando que tiene camino avanzado en la Cámara. “Mi impresión es que el Senado va a centrar la discusión de las reformas constitucionales en la composición y las atribuciones del TC, porque estamos conscientes de que los últimos fallos del TC se han extralimitado en las funciones que tiene el tribunal”, sostuvo el senador e integrante de la Comisión de Constitución, Pedro Araya.

La acción de los parlamentarios no es aislada. Integrantes de la Cámara Alta reconocen que los cambios al TC marcarán la agenda del próximo Parlamento, considerando que el propio Piñera incluyó en su programa de gobierno modificaciones al organismo.

En el documento entregado a fines de octubre de 2017, el ex Mandatario apunta a tres cambios: “revisar y perfeccionar” el recurso de inaplicabilidad, “revisar” el sistema de nombramientos “promoviendo mayor escrutinio de los postulantes” (ver recuadro) y reducir de 10 a 9 los ministros del TC para “evitar que asuntos de relevancia sean resueltos por el voto dirimente de su presidente”.

El sistema de nombramientos será uno de los puntos de debate en el Congreso, incluso al interior de Chile Vamos. Según algunos parlamentarios, el futuro jefe del segundo piso de Piñera y ex ministro de la Segpres, Cristián Larroulet, ve con buenos ojos que en los nombramientos participe el sistema de Alta Dirección Pública, algo que no genera acuerdos en el sector. Otros en el Senado son proclives a dejar una nominación más en manos del Congreso, a lo que se suman voces que apuestan por la remoción de los miembros del TC. “Es importante que haya un gran acuerdo nacional para hacer perfeccionamientos a la Constitución y particularmente en el caso del TC, que en sus últimas actuaciones, a mi juicio, han lesionado gravemente el principio de separación de funciones”, dijo el senador PPD y miembro de la Comisión de Constitución, Felipe Harboe.

El senador dijo ser partidario de “buscar un mecanismo donde se exija mayor nivel de expertise a quienes postulen a estos cargos, y también que tengamos un mecanismo para remoción de los miembros del TC”.

El gran acuerdo es visto también con atención por Piñera, considerando que en el bloque aseguran que es una forma de avanzar en reformas a la Constitución por medio del Congreso. De hecho, uno de sus promotores, el diputado RN y futuro ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, se contactó en los últimos días con el próximo ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, para analizar el paquete de reformas. Algunas de ellas son coincidentes con propuestas de Piñera.
http://www.latercera.com/politica/n...zan-futuro-del-tribunal-constitucional/61096/

 

Pretenden eliminar el control preventivo de constitucionalidad de las leyes del TC

El texto presentado por senadores socialistas, también hace acusables constitucionalmente a los integrantes del tribunal y reduce de nueve a cinco los años de su ejercicio en el cargo.

Los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento serán los encargados de analizar las ideas matrices del proyecto que modifica la Carta Fundamental en lo relativo a las atribuciones del Tribunal Constitucional (TC).

Esto luego que los senadores Isabel Allende, Alfonso De Urresti y Juan Pablo Letelier presentaran la propuesta y se diera cuenta de ella en la sesión ordinaria del pasado 3 de enero.

En concreto, el texto propone eliminar la facultad que actualmente tiene el TC para ejercer el control preventivo de constitucionalidad de las leyes, tanto obligatorio como voluntario. Los legisladores califican a dicho tribunal como “un legislador negativo, mediante la cual diez jueces derrotan la voluntad de una comunidad política”.

Asimismo, la norma busca “terminar con la absoluta falta de control sobre la conducta de los miembros del TC”. Esto considerando que son las únicas autoridades sobre las que ni la Constitución ni la ley dispone mecanismo de responsabilidad alguno”. Así el proyecto pretende hacerlos acusables constitucionalmente.

Finalmente, “reduce el excesivo período de nueve años en el ejercicio de su cargo que actualmente dispone la Constitución, a cinco años, lo que parece más adecuado al principio de responsabilidad y control sobre las autoridades en cualquier democracia”.

http://www.senado.cl/pretenden-elim...-de-las/prontus_senado/2018-02-27/092638.html