Diputados aprueban proyecto que crea la subsecretaria de la Niñez

Hoy la cámara de diputados aprobó crear la Subsecretaría de la Niñez, también otorga facultades al Ministerio de Desarrollo Social para cobijar bajo su competencia a esta nueva repartición pública y para asignarle el deber de velar por los derechos de los niños.

Entre las facultades entregadas al Ministerio y a la Subsecretaría dependiente de este, se considera asesorar al Presidente de la República en materias relativas a la promoción y protección integral de los derechos de los niños, así como proponerle un plan de acción e informar sobre su ejecución.

Asimismo, estarán a cargo de la implementación del subsistema de protección integral de la infancia Chile Crece Contigo; y de administrar, coordinar y supervisar los sistemas de gestión intersectorial que busquen prevenir la vulneración de derechos y la protección integral de los menores, entre otras materias.

Paralelamente, se redefinen o crean otras instituciones relacionadas a este ámbito, como son el Comité Interministerial de Desarrollo Social de la Niñez, encargado, entre otras cosas, de aprobar la política nacional y su plan de acción; y dos instancias de participación ciudadana: el Consejo de la Sociedad Civil de la Niñez y el Consejo Nacional de los Niños y Niñas, ambos de carácter asesor.

La implementación de esta ley implicará en su primer año un mayor gasto fiscal de aproximadamente $1.344 millones, que se financiará con recursos del Ministerio de Desarrollo Social y, en lo que falte, del Tesoro Público.

Ahora el texto deberá ser analizado en tercer tramite constitucional por el senado.

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Defensor de la niñez será nombrado cada cinco años y lo aprobará el Senado

Congreso despachó hoy el proyecto que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez.

Cumpliendo con todos los trámites, incluso con acuerdo de comisión mixta, el Congreso despachó hoy a ley el proyecto que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez, quedando en condiciones para su promulgación.

Se trata de una institución autónoma, donde se fijarán y fiscalizarán las condiciones de vida mínimas que deben tener los niños del país, en la cual, además, se deberán promover derechos y hacer seguimiento de denuncias (como fiscalizaciones en terreno de centros de privación de libertad), junto con la elaboración de informes sobre vulneraciones.

Dentro de las atribuciones del defensor de la niñez está el ser mediador o facilitador en caso de representación legal. “Por primera vez, tendremos un órgano que no tendrá que rendir cuentas a una autoridad, sino que a la sociedad; todos sabemos que tenemos un colapso de instituciones que han sido puestas en el mismo saco, pero esta instancia pone el dedo en la llaga, para que los niños pasen a ser sujetos de derecho”, dijo el senador Patricio Walker (DC), promotor de la iniciativa, que logró patrocinio del Ejecutivo en mayo de este año.

Para ser defensor de la niñez se exigirá una experiencia profesional de cinco años en el campo de los DD.HH. o la defensa de los niños. El cargo, propuesto por la Comisión de Derechos humanos del Senado, será visado por la sala, requiriendo un quórum de 2/3, lo que se repetirá cada cinco años.

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160 nuevos organismos estatales quiere crear la Presidenta Bachelet



Desde 2014, el Gobierno ha ingresado decenas de proyectos de ley al Congreso que crean una enorme burocracia pública de ministerios, subsecretarías, seremis, servicios y consejos.

En su última cadena nacional, la Presidenta Michelle Bachelet anunció una reforma al sistema previsional, que contempla, entre otras medidas, crear un nuevo organismo “público y autónomo, con reglas estrictas y altas exigencias profesionales” para administrar el 5% que pagarán las empresas para las pensiones de los trabajadores, descartando a las AFP.

Y es que la creación de organismos estatales ha sido uno de los ejes principales de gestión de la Mandataria socialista. Durante sus tres años de administración (2014-2017), el Ejecutivo ha ingresado al Congreso proyectos de ley para crear 160 nuevas instituciones públicas.

Dichas iniciativas están actualmente en tramitación, y la mayoría está relacionada con nuevas entidades en educación (91), y el resto con áreas de la economía, como concesiones, pesca y tecnología; desarrollo social y medio ambiente.

A esos 160 proyectos del Ejecutivo se suman otros organismos que ya fueron aprobados y están en funcionamiento, como el Ministerio de la Mujer y la Subsecretaría respectiva; las subsecretarías de Educación Parvularia y de Derechos Humanos; y una comisión para el mercado financiero.

El detalle de los 160 nuevos organismos públicos
La reforma educacional de Bachelet, quizás la más emblemática de sus reformas, acapara la mayoría de los nuevos organismos burocráticos del país, ya que establece cambios en los niveles parvulario, escolar y superior, y contemplan la creación de un entramado enorme de subsecretarías, intendencias, superintendencias, consejos de calidad, servicios de educación, universidades y centros de formación técnica que le costarán al Estado cada año, adicionalmente a lo que actualmente pone, más de US$7 mil millones.

Y es que la Mandataria promueve la educación al alero del Estado, lo que explica que dichas reformas obligarán a crear 91 nuevos organismos públicos con la contratación de centenares de funcionarios, oficinas y equipamiento que serán financiados con los impuestos de todos los chilenos.

Las nuevas dependencias estatales serán una Subsecretaría de Educación Parvularia, una Intendencia de Educación Parvularia, dos nuevas universidades estatales, 15 CFT estatales, una Subsecretaría de Educación Superior, una Superintendencia de Educación Superior, un Consejo de la Calidad de la Educación Superior, un Servicio de Educación Pública y 68 Servicios Locales de Educación, que reemplazarán a los municipios.

Ello significará un gasto anual adicional al presupuesto actual del Ministerio de Educación de US$7mil 316 millones según los informes financieros entregados por el Ejecutivo en los proyectos de ley de dichas reformas cuando estén en régimen. Ese monto no incluye el costo de operar los 15 CFT regionales que ya se encuentran en etapa de implementación.

Adicionalmente, el Gobierno quiere crear un Ministerio de la Cultura y dos subsecretarías, una de las Culturas, Artes y Patrimonio, y otra de Patrimonio Cultural, con seremis en cada región del país. A lo que se suma un consejo nacional de las culturas y un servicio nacional de patrimonio civil.

Bachelet pretende crear un Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la acuicultura; una Dirección General de Concesiones de Obras Públicas; y servicios de Biodiversidad y Áreas Protegidas, de Reinserción Juvenil, de Protección Especializada de Menores, Forestal.

También se creará la región del Ñuble y las provincias Diguillín, Punilla e Itata y se hará el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Cristina Torres, explica que en los 160 nuevos organismos no están contabilizados las nuevas atribuciones y funciones que se están incorporando en varios servicios públicos, y que tendrán un costo adicional, además de la ampliación de giro de empresas públicas hacia sectores que son propios de los privados, como Metro y Enap.

“El crecimiento económico está hipotecado por la agenda legislativa en educación, que genera un gasto enorme al Fisco”, afirma Torres, quien agrega que los recursos están provistos como asignación especial en el tesoro público.

Otro aspecto relevante es que no exista un mecanismo de evaluación de las instituciones y de los programas estatales. “En el único momento en que podemos analizar el gasto fiscal y las instituciones es a través de la discusión del presupuesto una vez al año, pero luego se olvida”, afirma la investigadora.

Cristina Torres dice que dicho gasto no se condice con el discurso de austeridad del ministro de Hacienda, y de ser más eficientes.

“No hay como evaluar que una determinada política pública tenga el efecto que se busca. Excesiva burocracia aleja al beneficiario final de la política pública. Preocupa, entonces, que no se dé relevancia a la evaluación ni al impacto que viene aparejado a este crecimiento, considerando que el tamaño del Estado no sólo crece con nuevas instituciones. Cabe, por tanto, preguntarse si se están focalizando los recursos realmente en resolver los problemas por los cuales se aumentó el tamaño del Estado”, concluye Cristina Torres.

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Gobierno promulga ley que crea el Instituto de desarrollo sustentable de pesca artesanal, Indespa



Tras su aprobación en el Congreso en diciembre pasado, este mes se promulgó oficialmente la Ley N° 21.069 que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, conocido por sus siglas Indespa.

Organismo que desde este año, explicó Pablo Berazaluce, subsecretario de Pesca y Acuicultura, "asumirá el importante desafío de apoyar el desarrollo del sector pesquero artesanal y de la acuicultura a pequeña escala a través de políticas, planes y programas que impulsen la actividad comercial y productiva de las 461 caletas existentes en Chile. Bajo una institucionalidad moderna que otorgue asistencia técnica y financiera al sector, mediante oficinas regionales, con un enfoque responsable de cara a la conservación y la sustentabilidad de los recursos pesqueros".

Dentro de sus facultades, detalló Berazaluce, está "la facilitación del acceso al crédito para personas naturales y jurídicas que requieran financiar emprendimientos o capital de trabajo; la asistencia técnica y capacitación a los beneficiarios del país y la ayuda directa al sector para enfrentar situaciones de catástrofe. Para ello, se ha contemplado un presupuesto inicial de $16.000 millones, para luego aumentar a $25.000 millones en régimen".

La autoridad nacional agregó que "como Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet hemos concretando otro gran proyecto para los pescadores de Chile, iniciativa que se suma a la ya promulgada Ley de Bonificación al Cultivo y Repoblamiento de Algas y la Ley de Caletas que, mediante el establecimiento de un convenio de uso con las organizaciones de pesca artesanal que operan en estos espacios, les permitirá la concesión de sus caletas por un periodo de 30 años, lo que facilita el desarrollo de proyectos de diversificación y desarrollo en los espacios costeros".

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=445270