La avanzada intelectual de la centroderecha

Dos figuras emblemáticas de la centroderecha y cuatro académicos trabajaron durante meses en un documento que busca provocar, movilizar y despertar al sector. No es un programa, es un paso previo, pero pensado como insumo para un futuro Presidente del bloque. De hecho, el texto ya se lo hicieron llegar a Piñera. Y en las próximas horas se enviará a numerosos dirigentes.



“Pensar la centroderecha”. En el invierno de 2015, el senador RN Andrés Allamand organizó un seminario que convocó a la élite intelectual y política de la centroderecha. La presencia de Piñera fue una especie de corolario. Se habló de la crisis ideólogica que vive el sector y de eventuales caminos de salida. Pero lo que parecía como la primera piedra de una nueva fase para la oposición, se fue desvaneciendo, consumida quizás por la vertiginosa contingencia política.

Luego vino un ejercicio al interior de Chile Vamos. El consejo político creó una comisión cuyo trabajo derivó en el documento “Convocatoria”, texto aprobado en 2016 por las directivas, pero que no tuvo mayor trascendencia. Hace poco más de cinco meses, un pequeño grupo de académicos y políticos retomaron el debate y convirtieron la casa del senador RN en el centro de las discusiones. Los primeros comensales fueron Hugo Herrera y Pablo Ortúzar, dos académicos representativos de la nueva derecha intelectual nacida al alero del Instituto de Estudios de la Sociedad; y el doctor en Filosofía Joaquín García-Huidobro. A ellos se sumaron el senador UDI Hernán Larraín y el ex contralor Ramiro Mendoza.

En plena primavera, el grupo decidió concretar la avanzada: comenzó a tomar forma un documento de 14 páginas. En sus primeros borradores, el texto se titulaba “Manifiesto republicano”, hasta que, correcciones mediante, apareció el definitivo: “Manifiesto por la República y el buen gobierno”. Cuentan los autores que fue el senador Larraín quien agregó un elemento al título, un entre paréntesis: “(Una invitación a pensar)”. Conceptos de “República” y “nación abierta”; reflexiones sobre el tipo de Estado y democracia; la necesidad de una sociedad integradora que se haga cargo de los “débiles”, de la “frágil clase media”; de una economía que premie el emprendimiento, pero le ponga límites a la concentración y el abuso empresarial; y el fortalecimiento de la educación pública, pero en armonía con la iniciativa privada. De esto y más versa el camino al que invitan los firmantes a través de ocho ejes doctrinarios y una propuesta de “buen gobierno”.

Se trata de un importante insumo de ideas no sólo para el sector, sino que también para el próximo Presidente que represente a la centroderecha. No en vano el documento fue compartido hace muy poco con Piñera. La idea de los firmantes es hacerlo llegar en las próximas horas a más de 500 personas: parlamentarios y dirigentes de Chile Vamos; integrantes y directores de los centros de estudios del sector y otras figuras afines al pensamiento de centroderecha. “Durante el gobierno anterior quedó claro que una buena gestión no basta. La acción política debe inspirarse en una visión de sociedad, el Estado y sus instituciones”, dice Allamand. Se trata del primer paso. La Tercera accedió al documento íntegro , que se resume en estas páginas y que pronto se convertirá en un libro.

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Capítulo Uno: Reivindicar el concepto de República

El manifiesto reivindica el concepto de República. Recuerda que existe un “destino común” cuando prevalece la idea del hombre como un ser “atomizado y aislado de su entorno”.

“La República debe ser justa: por eso, nos evoca el imperio del Derecho y la afirmación de que en Chile no debe haber personas ni grupos privilegiados. Gran parte del malestar social de los últimos años tiene que ver precisamente con que los chilenos no están convencidos de que estos nobles ideales se hayan hecho efectivos en la realidad”.

Aquí, los firmantes plantean que la República requiere de “división del poder” y transparencia en el actuar y los fundamentos de las decisiones de quienes lo detentan, así como el control de parte de la sociedad. Pero también que existen exigencias para los ciudadanos. “La participación política constituye un deber”, dice el texto. Se plantea, además, que la República es capaz de “armonizar los legítimos intereses privados de los individuos y de integrarlos en el marco de un proyecto común”, aunque “excluyendo la captura del bien público por parte de intereses privados”.

En la República se define “lo público” y el Estado. “Lo público no se agota en lo estatal ni se define por su lógica”, dice el texto, aclarando que se trata de un lugar de encuentro de miradas, organizaciones, formas de vida. Los firmantes apuntan hacia un Estado que no es una “mera plataforma de servicios”, sino que debe velar por el bien común y estar al servicio del florecimiento del espacio público y el despliegue de las capacidades humanas. “Un Estado activo jamás debe ser un Estado invasivo, que no respeta el protagonismo de la sociedad civil”.

Capítulo Dos: Necesidad de una nación abierta

“La República no se construye sobre la nada: supone un determinado cuerpo social, la nación chilena”. Una nación con una fuerte identidad propia, dicen los firmantes, está en condiciones de abrirse al mundo y entrar en diálogo fructífero con otros pueblos. “La nación es un pacto entre los vivos, los muertos y los que están por nacer”, dice el texto, junto con recordar que la nación chilena es “fruto de una fusión, muchas veces dolorosa y conflictiva”.

Se plantean tres reconocimientos: a los pueblos originarios, a los inmigrantes y a las generaciones venideras. El manifiesto destaca el “inapreciable aporte” de los pueblos originarios. “Es necesario crear las condiciones para una convivencia común basada en el respeto, el reconocimiento y la colaboración entre las distintas tradiciones culturales, y no en el conflicto y la imposición. Esa convivencia respetuosa debe ser la base para pensar nuestro desarrollo: la pluralidad cultural, étnica o de cualquier otra índole jamás pueden ser un obstáculo para encontrar un destino común para la sociedad”.

Luego, se plantea que “nuestra nación” no puede estar cerrada sobre sí misma. “La inmigración no es un fenómeno de hoy, que haya que enfrentar con temor y desconfianza, sino un elemento constitutivo de la sociedad chilena”. Finalmente, la reflexión apunta al respeto por el pasado y el futuro. “Esto impone serias exigencias de administración de lo recibido y de respeto por las generaciones que vendrán”. Aquí aparece el concepto de “justicia intergeneracional” con “exigencias desde la protección del medioambiente y la forma de organizar nuestras ciudades, hasta el cuidado de los equilibrios fiscales y el mantenimiento de un sistema previsional sustentable”.

Capítulo Tres: Una democracia exigente que respeta las instituciones

“Hay que agradecer que hayamos llegado al reconocimiento de que nuestras discrepancias no se resuelven por la fuerza, sino con métodos democráticos”. Para el manifiesto, la aceptación de la democracia implica una confianza fundamental en la razón, la deliberación.

Aquí el texto propone la sublimación del diálogo, de los acuerdos. “Ella (la democracia) carece de la espectacularidad de las propuestas revolucionarias, su camino es la gradualidad, su herramienta predilecta es el diálogo. Los acuerdos no son un signo de debilidad moral, sino una expresión de la capacidad humana de ponerse en el lugar del otro y de hallar soluciones (…), aunque disten de ser perfectas”.

Dicen que la democracia es constitucional, lo que “no se presenta de modo espontáneo”. “No hay conciencia del largo y doloroso proceso histórico que está detrás de nuestras instituciones democráticas, y con gran frivolidad se pretende reemplazarlas por la espontaneidad de los movimientos sociales. En vez de seguir los cauces representativos, muchos prefieren una genérica alusión a las exigencias de ‘la calle’ y se arrogan un poder carente de toda legitimidad”. Aunque defienden la democracia constitucional y su carácter institucional, reconocen que no puede haber “anquilosamiento social” ni tener un “talante conformista”, es decir, suscriben que debe haber un permanente estado de reforma o evolución. Fustigan, eso sí, las corrientes refundacionales: “La idea de evolución constante no significa cambiarlo todo ni empezar siempre desde cero, sino aprovechar lo más valioso del pasado para proyectarlo de manera creativa hacia los tiempos que vienen. La democracia que queremos está atenta a las reformas que evitan el divorcio entre las demandas ciudadanas y las formas institucionales”.

Capítulo Cuatro: La presencia de un Estado fuerte

La debilidad del Estado es una de las manifestaciones de la crisis actual de representación, según los firmantes. “Tenemos un Estado grande, pero no contamos con un Estado fuerte, capaz de garantizar justicia y seguridad a todos los chilenos (…). Esta falta de presencia eficaz del Estado constituye una injusticia para con los más débiles de nuestra sociedad”, esboza el documento. El texto apunta a la modernización del Estado como una tarea “impostergable”. “El Estado chileno no puede limitarse a ser un instrumento en manos del gobierno de turno”.

Las relaciones internacionales, la defensa nacional, el fomento de la natalidad, la protección de la infancia, la planificación de la ciudad, la política migratoria y el cuidado de los recursos naturales “no pueden cambiar cada cuatro años según el gusto del gobierno de turno”. Proceder de esa manera es considerado una “frivolidad” o una “auténtica inmoralidad”.

La modernización del Estado exige mayor transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuenta de sus autoridades y altas exigencias de probidad, dice el manifiesto, aludiendo a la necesidad de una burocracia patriótica y profesional. “Solo unos funcionarios públicos estables y bien preparados podrán ejecutar políticas que tengan un carácter permanente. La administración pública no puede ser un botín partidista, ni cambiar con cada nuevo gobierno”. Se sugiere que las experiencias de Estado fuerte están marcadas por la separación entre gobierno y Estado, realidades que en Chile, según los autores, se confunden. Finalmente, plantean la necesidad de un Estado subsidiario que no “apunta primariamente a la vida económica, sino a la sana y vital organización de la sociedad civil”.

Capítulo Cinco: Sociedad y el concepto de igualdad

Los autores se hacen cargo del concepto de “igualdad” al hablar de una sociedad integradora. “No basta con proclamar una abstracta igualdad ante la ley”, dice el texto.

Que todos los habitantes de nuestra tierra tengan acceso a ciertos bienes que son necesarios para vivir con dignidad, es la premisa inicial de los firmantes.

“Las grandes desigualdades constituyen un problema político de primera magnitud, porque dan origen a dos Chiles incomunicados, que se miran con desconfianza, donde cada uno ve en el otro un peligro para la propia seguridad. No se trata de propender a fórmulas igualitaristas, sino de establecer un marco de convivencia donde las diferencias sean el resultado del esfuerzo personal y familiar, y no de privilegios”. Luego de esto, se propone que gobernar es priorizar. Y eso significa aplicar criterios. Uno de ellos, según el manifiesto, al momento de aplicar políticas públicas para combatir la desigualdad debe ser darles prioridad a los más “débiles”. “No son sólo los más pobres, sino también, por ejemplo, las personas con discapacidades o la tercera edad. Focalizar en estas personas los recursos económicos y la atención política es un deber ineludible”, se señala. En el mismo apartado se plantean otros dos temas: la importancia de la ciudad y la descentralización. La necesidad de “ciudades humanas (…) dotadas de calidad estética y vías expeditas de comunicación, donde los más necesitados no sean sometidos a condiciones degradantes de transporte, que desmoralizan a las personas y les expropian el tiempo y el ánimo necesarios para el esparcimiento y la vida familiar”.

El centralismo no integra, divide, y es causa de una enojosa desigualdad de carácter geográfico, dice el texto, que pide más autonomía para las regiones.

Capítulo Seis: Una economía fundada en instituciones

“Nuestras aspiraciones de mayor justicia presuponen el crecimiento económico para tornarse reales”. Así comienza la reflexión de los firmantes en el apartado dedicado a la economía.

Los autores plantean “proclamar sin ambigüedades” que la ganancia económica “si se realiza en un marco legal y ético, no sólo es legítima, sino que constituye una justa retribución al emprendimiento, el trabajo y la creatividad”.

Se defiende el valor del emprendimiento como una “fuerza creativa y explorativa que debe ser valorada e incentivada”.

Aquí incluyen una fuerte crítica al actual manejo económico: “Las sociedades que castigan el emprendimiento de las personas, pretenden reemplazarlo por la acción del Estado y estigmatizan la legítima ganancia, inevitablemente derivan hacia el estancamiento económico, ya que detienen el proceso de creación, exploración y toma de riesgos. Esto es exactamente lo que ha tenido lugar en Chile en el último tiempo, con los resultados por todos conocidos”.

El orden legal también es importante en el manifiesto, donde se reconoce que el mercado también tiene responsabilidades.

“El estancamiento económico, institucional y moral de los países donde el Estado asume todas las funciones económicas, no difiere demasiado del de aquellos donde los monopolios u oligopolios privados hacen y deshacen a su antojo”, dice el documento, que propone “dar forma a una economía que funcione de manera coherente con el juego democrático, donde el poder económico no se sitúe más allá de la legalidad, esté dividido, se excluyan las prácticas contrarias a la libre competencia y todos tengan la oportunidad de emprender”.

Capítulo Siete: Educación para la libertad y la responsabilidad

“Hay un diagnóstico equivocado, que asume que la educación no aporta nada a los estudiantes y que todos sus logros se explican por su origen socioeconómico. Esta filosofía desmotivante y materialista ha hecho que se desatienda, en el diseño educacional, lo que tiene que ver específicamente con la educación, y se concentre la atención simplemente en factores económicos”, dice el documento, que recorre el proceso educacional etapa por etapa. La educación inicial es la “instancia más relevante para avanzar hacia una reducción de las desigualdades”, pero ha sido desatendida, según los autores.

Los firmantes consideran la educación pública un elemento “de primer orden para el fortalecimiento de la democracia, la igualdad de oportunidades y el progreso del país”, pero señalan como equivocado el propósito del gobierno de gestionar la educación pública a través del poder central.

Defienden la educación particular subvencionada: lamentan que “en estos años se hayan puesto reiterados obstáculos a aquellos sostenedores de colegios que ejercían su labor con esmero y responsabilidad”. El problema de la educación pública, dice el texto, no es la educación privada: “Son aliados con un mismo fin”. Defienden la diversidad en la educación superior, lo que “permite dividir el poder intelectual”. Plantean la autonomía de toda institución universitaria y “evitarse discriminaciones basadas en la mera antigüedad o la naturaleza jurídica de las mismas”. Finalmente, consideran la gratuidad como una política “equivocada y regresiva”, y que el país debiera revisar si es razonable incrementar la promesa de gratuidad prevista hoy para el 50% más vulnerable. “La gratuidad deberá coexistir con un sistema de créditos, becas y ayudas estudiantiles”.

Capítulo Ocho: Debate sobre los derechos y deberes

Los autores se meten en la discusión sobre derechos y deberes. Plantean lo que consideran una “comprensión inadecuada de los derechos sociales”.

“El gobierno de la Nueva Mayoría ha buscado dar legitimidad a su intento refundacional aludiendo a la categoría jurídica y política de los derechos sociales. Se trata, ciertamente, de una noción legítima, que apunta a objetivos de política social que tienen gran importancia para la promoción de los sectores menos favorecidos, pero que se ha distorsionado hasta el punto de quedar transformada en un arma para imponer, desde el Estado, una igualdad forzada, ficticia y perjudicial, muy visible en el caso de la educación”, dicen.

Acusan a la Nueva Mayoría de una permanente improvisación y desprolija aplicación de políticas por “una mala comprensión de los derechos sociales y de su papel político, que termina por inflar expectativas demagógicamente, sin poder satisfacerlas, favorecer a los grupos de presión, y destruir el potencial de la sociedad para proveer bienes y servicios de la mejor manera posible a todos los ciudadanos”. Dicen que el problema fundamental “no es seguir proclamando nuevos derechos, sino aumentar el número de las personas que efectivamente gocen de los derechos fundamentales”.

Todo este debate debe ser complementado, según los autores, por una perspectiva de los deberes. “El discurso de la izquierda ha terminado por difundir un estatismo individualista, donde las personas esperan todo del poder central, mientras que, al mismo tiempo, están tan preocupadas de su bienestar, que se tornan insensibles a la responsabilidad que tienen a favor del resto de la sociedad y, particularmente, de los menos favorecidos”.

Fuente: latercera.com