Continúa la controversia por los "amarres" en el sector público

Diputados Raúl Saldívar (PS) y Matías Walker (PDC) manifestaron que las palabras expresadas por el gobernador Darío Molina constituyen prácticas de intimidación y acoso laboral.




El pasado miércoles, el gobernador provincial de Limarí, Darío Molina (UDI), aseguró en entrevista con diario El Ovallino que, al asumir su cargo, encontró cargos de confianza “amarrados” que le impedirían comenzar a implementar el programa de gobierno de la centroderecha. En la oportunidad, Molina aseguró que en la repartición “han dejado muy amarrados” algunos cargos, tales como el de jefe de gabinete y que dichos funcionarios estarían esperando ser despedidos, para que se les pague una indemnización. A su vez, fuentes de gobierno aseguraron a diario El Día que está en desarrollo un “catastro” de funcionarios de confianza de la administración anterior que aún no han dejado sus cargos, pero que deberían dar un paso al costado para dejar entrar a personas afines al gobierno de Piñera.

El presidente regional de la UDI, Juan Carlos Aguirre, junto con confirmar esta información, planteó que “lamentablemente es muy poco el apoyo que estamos recibiendo de los operadores políticos o puestos de confianza, porque esta gente no quiere entregar sus cargos y eso da un poco de molestia, porque para gobernar, necesitas gente de tu línea política”.

En este sentido, Aguirre asegura que son muy pocos los simpatizantes o militantes de oposición que han acogido el llamado realizado por el exintendente Claudio Ibáñez, de dejar sus cargos para dejar trabajar al gobierno de Chile Vamos.

Junto con señalar que las palabras de Molina forman parte de lo que califica como un conjunto de llamadas intimidantes que se han hecho a personas que no tienen cargos de influencia política, el diputado Raúl Saldívar (PS) aseguró que a las nuevas autoridades “hay que pedirles que hagan memoria. Que se acuerden de lo que pasó cuando Piñera terminó su período. Todavía hay muchos adentro, hay seremis que fueron nombrados que eran funcionarios públicos cuando llegó la Presidenta Bachelet”.

Un planteamiento similar es el del diputado Matías Walker (DC), quien comentó a diario El Día que “cuando nosotros volvimos al gobierno con la Presidenta Bachelet, me tocó abogar, personalmente, ante las autoridades, por destacados funcionarios como asistentes sociales o periodistas, que habían desarrollado una buena labor profesional en el gobierno del Presidente Piñera, para que se mantuvieran en sus cargos y muchos de ellos fueron mantenidos e hicieron una excelente labor”.

DIPUTADOS OPOSITORES: “ES UNA BARBARIE COMUNICACIONAL”

Lo que sí advierte Raúl Saldívar es que debe quedar a la conciencia de las personas continuar o no con un gobierno con el que no se sienten identificados y asegura que “tengo claro que en el servicio público, el que no esté de acuerdo con una determinada gestión o signo político, se tiene que retirar, eso es claro”. Sin embargo, calificó como una “barbarie” que autoridades llamen a través de los medios de comunicación a los funcionarios a dejar sus cargos. “No comparto en lo absoluto esta especie de barbarie que se hace a través de los medios de comunicación, amenazando y advirtiendo que tienen que irse de sus servicios y de manera prepotente, en circunstancias que en el gobierno anterior de la Presidenta Bachelet, quedaron incrustados en diversos servicios, personas militantes de partidos que se dedicaron a denostar desde dentro”, manifestó el parlamentario.

Junto con lamentar las declaraciones de Molina, que califica como “poco cuidadosas” y que, a su juicio, “hablan de un desconocimiento de lo que señala la ley y la jurisprudencia de la Corte Suprema y los dictámenes de Contraloría”, Matías Walker indicó que la ley busca respetar la carrera funcionaria de cargos técnicos y profesionales y de los cargos a contrata, que pueden, incluso, pasar a ser cargos indefinidos.

Asimismo, el diputado realiza un llamado a pensar más las declaraciones, las que calificó como un “acoso laboral público” y un “bullying comunicacional”: “No se puede hacer escarnio público de los funcionarios, que merecen respeto a su dignidad profesional y como personas, entendiendo que tienen familias detrás”, planteó.

GREMIO: “EL ESTADO NO ES UN BOTÍN DE GUERRA”

Junto con calificar lo señalado por el gobernador de Limarí como un “brutal hostigamiento y difamación”, la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios/as del Ministerio del Interior y Servicios Afines (Fenaminsa) señaló a través de una declaración pública, que “esto se expresó en reuniones con el equipo de trabajo, en donde trató de “indignos” a aquellos funcionarios y funcionarias que no compartían la línea del nuevo Gobierno y desempeñaban funciones que él calificó como “de confianza”.

Sin embargo, la Fenaminsa aclara que las gobernaciones no son servicios públicos, por lo que operan de manera distinta, pues, indican, “las funcionarias y funcionarios afectados con estas medidas se desempeñan a contrata en la Gobernación Provincial y en ningún caso son cargos de confianza”. En este sentido, la entidad gremial aclara que los cargos de confianza están establecidos en las plantas de cada servicio y en el caso de la Gobernación, el único cargo de confianza es el del gobernador.

Con todo, la Federación plantea en su declaración que los funcionarios públicos son empleados del Estado y no del gobierno de turno, razón por la que, indican, la posición del gobernador en esta materia vulnera la legalidad vigente y es discriminatoria. En el texto, la Fenaminsa plantea que “el Estado no es un ‘botín de guerra’ que cada cuatro años se reparte entre quienes ganan las elecciones. Los servidores públicos implementan las políticas y programas que se definen desde sus servicios con el mismo profesionalismo en el caso de un gobierno de un signo o de otro. De eso se trata el servicio público”.

INTENDENTA: "ESPERAMOS UN GESTO POLÍTICO"

Recordemos que en la actividad en que fueron presentados los seremis, el martes 20 de marzo, la intendenta Lucía Pinto manifestó que espera “un gesto político” de parte de las autoridades que pertenecen al gobierno anterior. Pinto expresó que “nosotros lo hicimos en el año 2014, cuando dejamos el gobierno. Hicimos el gesto político, ninguna autoridad ni funcionario de confianza de seremis, intendentes o gobernadores se quedó trabajando, así que esperamos que eso también se cumpla en esta oportunidad”.

http://www.diarioeldia.cl/politica/continua-controversia-por-amarres-en-sector-publico

 

Nuevo gobierno realiza exhaustiva revisión de personal y detecta "amarres" de la administración de Bachelet

Las debutantes autoridades han detectado varias anomalías: cambios en los contratos en los últimos tres a seis meses; aumento en la plantilla en los últimos cuatro años o perfiles profesionales que no calzan con la función que se realiza. Y en algunos ministerios, hay cargos de confianza que han demorado su dimisión.

La instalación del segundo gobierno de Sebastián Piñera en medio de un ajuste fiscal que se cifra en unos US$ 600 millones no ha estado exenta de complicaciones. Por lo menos en las carteras del área económica, las nuevas autoridades han detectado varias anomalías: cambios en los contratos en los últimos tres a seis meses de manera de asegurar la continuidad laboral de parte del staff ; perfiles profesionales que no calzan con la función que se realiza; o incluso, personas que no tienen una función específica que hacer. Otras rarezas con que se han encontrado las huestes de Piñera son los traslados a última hora de una división a otra o la permanencia de cargos denominados "de confianza", es decir, que dependen de la autoridad que esté en ese momento y que aún no dimiten.

Desde el Ministerio de Minería señalan que casi la totalidad de los asesores de la anterior ministra Aurora Williams no renunciaron. Y aún quedan miembros de la llamada "G-90" en esta cartera, que tiene un carácter eminentemente técnico y estos asesores no tienen esa preparación. "Hemos tenido que llamar gente para decirle, "oiga usted es asesor del ministro, cómo no se va a ir", lo que no deja de ser incómodo", confidencia un conocedor del proceso.

En Hacienda señalan que durante la primera semana de asumido el nuevo gobierno la primera tarea fue la de ordenar la casa. El área administrativa de cada división pidió a Contraloría los curriculum vitae de cada profesional o funcionario para evaluar si su perfil y experiencia se compatibilizaba con la función que desempeñaba. Y cuando no había concordancia, se pasaba a la lista de desvinculaciones. Según trascendió, los despidos -muy acotados- se produjeron entre miércoles y jueves de la semana que recién pasó, y en Hacienda solo se fueron seis personas que estaban a honorarios. Son los encargados administrativos, no los ministros ni los subsecretarios quienes informaron de los despidos.

En este ministerio señalan que si bien "tuvimos muy buena disposición por parte de las autoridades anteriores y en materia de funcionarios, siempre hay sorpresas por decretos de última hora o por cambios de funciones que aparecen poco razonables".

La cartera comandada por Felipe Larraín señala que "respecto de cómo terminamos el gobierno en 2014, creemos que es evidente el aumento de la dotación y de los contratos a honorarios". Eso no implica que "los funcionarios están demás o que sus funciones son innecesarias, sino que más específicamente nos impulsa a realizar las evaluaciones cuanto antes, para determinar el fundamento de este aparente crecimiento y la evolución que ha tenido en este año".

Todos los ministerios están haciendo la misma tarea. Pero algunos están más avanzados que otros.

¿Qué pasa en La Moneda? Según fuentes de palacio, la primera línea de poder, que corresponde a los profesionales de mayor confianza de la era Bachelet, renunciaron el 11 de marzo. Pero muchos cuadros de segunda línea se han ido quedando, porque cada día que permanezcan es un día más de remuneración. A esta inercia contribuyeron, dice el abogado de Ferrada & Nehme, Luis Cordero, dos recientes fallos de la Corte Suprema. En uno se señala que si una persona se encuentra en un empleo a contrata, legalmente transitorio, y ha tenido renovaciones sucesivas, tiene la confianza legítima en que se mantendrá indefinidamente, a menos que existan razones calificadas que justifiquen su desvinculación. El segundo fallo es la consagración de un criterio que la Corte venía advirtiendo desde 2015, pero esta vez lo hizo de manera categórica: si alguien es contratado a honorarios para prestar servicios habituales en un organismo estatal, lo que existe es un contrato de trabajo encubierto.

"Por eso, toda desvinculación tiene que tener un argumento jurídico detrás, y de ahí la revisión de los CV y la función de cargo", explica un funcionario de la era Piñera.

A ello se suma una serie de problemas extra en la instalación: en Enap no se habían firmado los decretos de los nuevos directores ni tampoco se firmaron aquellos que designaban rectores para institutos previsionales y centros de formación técnica estatales (ver recuadro). Un problema adicional es que el Gobierno solo dispone de 12 cargos a nombrar en distintos servicios y reparticiones, de los cuales 9 ya están definidos, pero faltan algunos clave, como Corfo.

MOP: dos meses de revisión y reforzar regiones

En Obras Públicas, el subsecretario Lucas Palacios señala que ya se encuentran en el proceso de contratación e instalación de aquellos cargos de confianza que han quedado vacantes, ya que la mayoría de sus ocupantes, por razones obvias, han dejado sus posiciones. "Estamos realizando una evaluación exhaustiva de manera de cuadrar los compromisos que tenemos en materia de recursos humanos con los recursos contemplados en el presupuesto 2018". Y hasta ahora, la primera conclusión es que "hay más compromisos que recursos".

En todo caso, como esta es una cartera técnica, "valorizamos y haremos los esfuerzos por retener a todos aquellos funcionarios y profesionales de excelencia que tienen una carrera en el MOP, y si es necesario, reforzaremos aquellas áreas directamente vinculadas a la concreción de los proyectos de obras públicas."

Palacios explica que "hemos encontrado que en los últimos tres a seis meses se realizaron contrataciones y movimientos de funcionarios de parte del anterior gobierno, que no necesariamente cuentan con justificación o se encuentran respaldadas. Los casos más preocupantes son: nuevas contrataciones a honorarios, movimientos de funcionarios de confianza a funciones técnicas y traspaso de honorarios a contrata. También, agrega, han visto "aumento de grados en algunas direcciones, sin los debidos concursos; es decir, en forma arbitraria".

El subsecretario se reunió este miércoles 21 de marzo con los seremis recién nombrados. Y ellos le hicieron ver que había una gran cantidad de "asesores en las seremis sin función específica ni formación técnica, que en la práctica no cumplían con el perfil que tiene el MOP". De ahí que uno de los desafíos será "fortalecer los equipos técnicos en las regiones".

Palacios señala que esto último se observa en forma más frecuente en regiones que en las oficinas centrales del MOP, en donde, a pesar de algunas situaciones específicas, "hay una gran calidad técnica de los recursos humanos". Dado lo anterior, el subsecretario comenta que se implementarán ambiciosos planes de desarrollo de recursos humanos y sistemas de control rigurosos y modernos.

Bienes Nacionales: "Revisión uno a uno de los contratos"

El ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, dice que "estamos en proceso de revisión uno a uno de los contratos".

"La idea es que quienes trabajen en este ministerio tengan la calidad técnica y realicen el trabajo para el cual fueron contratados". Esta evaluación se hará a lo largo de todo el país, agrega Ward.

La revisión de contratos también ha traído acaparado en algunas reparticiones, como el Ministerio del Trabajo, una rebaja de los sueldos, de entre 20% y 30% en algunos casos.

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=453993