Presidente del Senado dice que “es urgente cambiar el Tribunal Constitucional”

Presidente del Senado dice que “es urgente cambiar el Tribunal Constitucional” tras decisión por libertades condicionales


Carlos Montes (PS) valoró que dos de los tres puntos cuestionados Chile Vamos fueran rechazados, pero lamentó que haya declarado inconstitucional el arrepentimiento. Parlamentarios de oposición también rechazaron que el TC haya decidido acoger uno de los puntos cuestionados.

“Es urgente cambiar el Tribunal Constitucional”. De esta forma el presidente del Senado, Carlos Montes (PS) se refirió al fallo del Tribunal Constitucional (TC) de rechazar los requerimientos presentados por parlamentarios de Chile Vamos respecto al proyecto de libertades condicionales, pero declarar inconstitucional la exigencia de arrepentimiento para condenados por DD.HH.

“Dos de los tres puntos que este Congreso aprobó en la discusión parlamentaria se ganaron, además de la retroactividad de los mismos, cuestión esencial para la aplicación de justicia. La colaboración, particularmente, es un requisito que rompe pactos de silencio que obstaculizan las investigaciones. Lamentamos que el TC haya declarado inconstitucional el arrepentimiento, pues priva de un elemento fundamental para asegurar que hechos de esta naturaleza nunca más vuelvan a repetirse en el país”, sostuvo Montes.

Cabe recordar que un abogado del Senado expuso los puntos de la Cámara ante el TC en la fase de alegatos de la causa.
La diputada del Frente Amplio, Claudia Mix se mostró satisfecha por la decisión del tribunal, pero respecto a la incontitucionalidad de la exigencia de arrepentimiento sostuvo que “es una señal a la UDI para evitar que siga haciéndole daño a nuestra democracia. No podemos poner en riesgo las instituciones por sostener un sesgo ideológico que afecta a nuestro país durante décadas”.

Para Karina Oliva, presidenta de Poder, “la decisión del TC nos parece razonable y es lo que corresponde. La tercera cámara no puede estar al servicio de quienes quieren instaurar la cultura de la impunidad y el negacionismo en el país”.

Mientras que Tomás Hirsh sostuvo que “me parece un grave retroceso que el TC declare inconstitucional la necesidad de arrepentimiento para la libertad condicional a violadores de DD.HH.”.

El senador y miembro de la comisión de Constitución, Alfonso De Urresti (PS), señaló que “este proyecto no persigue venganza, sino hacer justicia y entender que con este tipo de criminales y en este tipo de delitos de lesa humanidad tiene que haber un estándar mayor. Nos parece pésimo que el TC, nuevamente en el marco de su actuación como tercera cámara, tuerza la voluntad soberana del Congreso, eliminando el requisito de arrepentimiento, fundamental para una efectiva reparación a las víctimas y a la sociedad”.

Su par, José Miguel Insulza declaró, por su parte que “el TC ha dejado en claro que los requisitos para la libertad condicional quedan establecidos también para casos anteriores, como aquellos ocurridos durante la dictadura militar. Este pronunciamiento es esencial, porque sin esa interpretación, la ley se transformaba en una declaración de intenciones, sin dar una respuesta a la historia reciente de nuestro país. Pero no nos parece la eliminación del requisito de arrepentimiento. Creemos que ese es un punto de partida necesario para cualquier tipo de libertad en el caso de crímenes de lesa humanidad”.

El senador Felipe Harboe (PPD), aseguró que “era previsible, aunque lamentable el fallo del TC. Sabíamos que la mayoría política que compone ese tribunal iba a estar a favor de los condenados por violaciones a los DD.HH. Eso era evidente. Pero más allá de lo fallado, no pudieron evitar que lo hecho por el Congreso, que es aumentar los requisitos para que un condenado por violación DD.HH. pueda optar a beneficios de libertad condicional, exista”.

https://www.latercera.com/politica/...ras-decision-libertades-condicionales/462515/

 

Funcionarios del Senado se lanzan contra reformas de Montes: "Su fin no es modernizar, es politizar"

La tensión continúa. Los cambios propuestos para la Cámara Alta por el presidente del Senado, Carlos Montes (PS), y el vicepresidente Carlos Bianchi (IND), no están siendo bien recibidos por los funcionarios.

Durante la tarde de este miércoles, el presidente de la Asociación de Funcionarios del Senado (Afusem), Erwin Valencia, acusó que el senador Montes quiere politizar el servicio de los funcionarios en el Congreso, llamando a un concurso público para proveer el cargo de secretario del Senado mediante mecanismos “entre cuatro paredes” y sin diálogo con los trabajadores.

Los funcionarios concuerdan en que el conflicto inició el 17 de julio de 2018, cuando en la cuenta pública el presidente del Senado anunció el retiro del actual secretario general del Senado, Mario Labbé, a partir del 31 de diciembre recién pasado.

De hecho, Valencia calificó como una “falta de respeto” la forma en que fue removido, considerando que es el más alto cargo de los funcionarios de la Corporación y ejerce un liderazgo entre los trabajadores de la planta del Senado. “Él es nuestro jefe, es como que se lo hicieran a todo el personal”, remarcó.


Mario Labbé en la testera del Senado | Pablo Ovalle | Agencia UNO
Así, acogiéndose al bono de incentivo al retiro, Labbé oficializó el asunto mediante una carta el 14 de noviembre de 2018. Pero unos días antes del plazo, el 17 de diciembre, retiró su renuncia y pidió extender el plazo hasta abril o hasta junio de 2019.

De todos modos, Montes dio curso al proceso para encontrar a su reemplazante y publicó el llamado en el Diario Oficial, El Mercurio y El Mercurio de Valparaiso el pasado 30 de diciembre de 2018.

Bajo dicho confuso escenario, y según confirmaron fuentes de Radio Bío Bío, finalmente se ratificó este miércoles que el actual secretario va a permanecer en su cargo hasta el 8 de marzo de 2019.

En tanto, en medio de las pugnas internas, el proceso de llamado definirá al nuevo titular del cargo durante febrero, un mes donde la mayoría de la Corporación se encuentra de vacaciones, razón por la que los funcionarios alegan falta de transparencia.

Los más poderosos del Senado
Labbé ostenta uno de los cargos más apetecidos e influyentes de la corporación, sobre todo porque es de los pocos profesionales que poseen un sueldo superior al de los parlamentarios: 10,2 millones de pesos, y que incluso puede llegar a los 16 millones de pesos considerando bonos de antigüedad y desempeño.

Si bien el abogado permanece en la planta del Congreso desde 1987, se encuentra en el cargo desde 2011, cuando asumió en reemplazo del controvertido Carlos Hoffmann (2000-2010).

Quien le sigue es el segundo alto cargo, el prosecretario José Luis Alliende, quien trabaja en el Congreso desde 1975 y percibe un salario de 9,3 millones de pesos.

Según explican los funcionarios, tras la salida de Labbé, las presiones se enfocarán en remover a Alliende, sumado también al secretario de comisiones y al jefe de relaciones públicas.

Si bien algunas voces admiten que las relaciones entre Labbé y Alliende no eran buenas, los trabajadores de la Corporación insisten en que la forma de removerlo no fue la adecuada.

“Modernización” de la Cámara Alta
Los funcionarios apuntan contra el plan de modernización, probidad y transparencia del Senado, propuestos por Montes desde el polémico anuncio en la cuenta pública de 2018.

Si bien Bianchi, en esa línea, presentó una propuesta al Ministerio de Hacienda para quitar del escalafón a las dos categorías de sueldo más altas -lo que permitiría un ahorro de 800 millones anuales-, Montes planteó una reforma que suma tres nuevas figuras: un prosecretario legislativo, otra administrativo y uno especial para comunicaciones.

Según Valencia, el texto de las iniciativas presentadas apenas tienen tres hojas, cuando -en su opinión- una propuesta de esa envergadura debería considerar unas 30 hojas.

Los funcionarios apuntan a que la idea de Montes no supone que las nuevas figuras sean un reemplazo de las actuales direcciones, por lo que estiman que el aumento podría significar unos 400 millones anuales adicionales.

“No entiendo yo de qué plan de modernización hablamos”, acusó. Ellos han propuesto una reducción en el mismo sentido de Bianchi, pero señalan que Montes se ha empecinado con Labbé y Alliende y ha descartado la iniciativa de los funcionarios .

“Su fin no es modernizar, es politizar”, remarcan, ya que -por ejemplo- el llamado se publicó sólo en Santiago y Valparaíso, y no se realizó mediante el sistema de Alta Dirección Pública, ya que en los hechos los postulantes los elige el Régimen Interno del Senado, con plazos acotados y bajo un proceso que debe ser ratificado por 2/3 (29 de 43 miembros) de la Sala.

Montes se defiende
El presidente del Senado, Carlos Montes, se refirió más tarde a estas acusaciones contra su plan de modernización.

“Descarto (un intento de politizar). Acá hay una institucionalidad que eso no lo permite. Los cambios de directivos dentro del Senado son procesados finamente por Régimen Interno, eso va a la Sala y requiere dos tercios, por lo tanto requiere acuerdo y un proceso de discusión para buscar las personas adecuadas”, argumentó a Radio Bío Bío.

“El Senado requiere cambios, estoy convencido. El punto nodal para iniciar algo nuevo es cómo se dirige el sistema. Tiene una forma de dirigirse que no permite innovar, que no permite pasar a otra etapa”, aseguró.

https://www.biobiochile.cl/noticias...es-su-fin-no-es-modernizar-es-politizar.shtml