Migración, el nuevo objetivo del trío Latorre, Provoste y Navarro

Migración, el nuevo objetivo del trío Latorre, Provoste y Navarro



Con los votos de Juan Ignacio Latorre (RD), Yasna Provoste (DC) y Alejandro Navarro (País-PRO), la Comisión de DD.HH. del Senado aprobó la indicación que introdujo el legislador del FA al proyecto de Ley de Migración y Extranjería, que permite que extranjeros que entren de manera clandestina a Chile puedan ser regularizados automáticamente después de dos años. Para Interior, esto solo promoverá la migración irregular. El debate se da precisamente cuando Chile y Brasil, que no firmaron el Pacto Migratorio de la ONU, son los únicos países de la región que han permitido el regreso de sus connacionales y residentes extranjeros a sus territorios.

La Ley de Migración y Extranjería lleva siete años esperando su aprobación en el Congreso. El proyecto que se encuentra en la Comisión de DD.HH. de la Cámara Alta tiene ahora discusión inmediata, pues el Gobierno considera que una vez superada la pandemia la presión migratoria sobre Chile será mayor. El lunes el senador de RD Juan Ignacio Latorre -quien preside la comisión- introdujo una indicación que permite que extranjeros que entren de manera clandestina a Chile sean regularizados automáticamente después de dos años si tienen contrato de trabajo. Con esta disposición se les otorga la residencia temporal por un año y luego pueden acceder a la permanencia definitiva.

La propuesta fue aprobada con los votos a favor de Alejandro Navarro (País PRO) y de Yasna Provoste (DC), quien participó en la discusión en reemplazo de la senadora Adriana Muñoz (PPD). Este trío de senadores se presentó el 29 de abril en el hall del Senado, con mascarillas con la consigna NO+AFP. Mismo día que introdujeron el proyecto que elimina las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las reemplaza por el Instituto de Seguridad Social de Chile, un organismo público y descentralizado. Medida que además busca la nacionalización de los fondos de pensiones.

La indicación con respecto a la migración se asemeja a una de las propuestas presentadas en abril de 2019 por distintas organizaciones de la sociedad civil, encabezadas por el Servicio Jesuita de Migrantes y también con la participación de la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado y del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (estas últimas han introducido recursos de amparo contra deportaciones de extranjeros condenados por delitos graves). Entre los aspectos que consideran que debe tener una ley de migración está incorporar posibilidades de cambio de categoría migratoria dentro del país y mecanismos de regularización. De acuerdo con esta propuesta, se debería establecer una categoría de residencia temporal por motivos extraordinarios para personas que estén en situación irregular y que luego de 2 años de estadía acrediten vínculo laboral o solvencia económica.

Esta indicación hecha por tierra la necesidad de entrar por un paso fronterizo o hacer el control migratorio, incentiva a estos migrantes a permanecer escondidos por dos años, y los deja trabajando precariamente y a merced de su empleador», dijo el director del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio.

Al Ejecutivo le preocupa que se continúe por esa línea, que representa un retroceso en materia de respeto a los derechos de los migrantes y al hacer un llamado a la irregularidad. “Esta indicación hecha por tierra la necesidad de entrar por un paso fronterizo o hacer el control migratorio, incentiva a estos migrantes a permanecer escondidos por dos años, y los deja trabajando precariamente y a merced de su empleador, con dificultades para demostrar sus dos años de irregularidad ya que no hay registro de su ingreso al país”, dijo a su salida de la sesión el director del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio.

Desde esta oficina se calcula que una vez superada la pandemia y siendo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que Chile será uno de los países con mayor recuperación económica en 2021 la presión migratoria sobre el país podría crecer con entre 500.000 a 1.000.000 de extranjeros tratando de entrar en cualquier condición o cualquier medio. Lo cual se vería aún más incentivado con esta propuesta orientada a la migración sin restricciones.

Incluso el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, advirtió que de aprobarse esta indicación se elimina cualquier posibilidad de tener una política migratoria, porque cualquier persona, independientemente de cómo entre podrá regularizarse; además genera incentivos que hacen más vulnerables a los migrantes, ya que al estar dos años en condición de irregulares se exponen a los abusos de los trabajos informales.

Las reminiscencias al Pacto Migratorio
El senador Latorre, autor de la cuestionada indicación fue uno de los más críticos a la decisión del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera de restarse del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular en diciembre de 2018. Incluso en una sesión de agosto de 2019 en la que se discutía precisamente la ley de migración recordó este punto y llamó a firmar el pacto promovido por las Naciones Unidas. Dijo: «Es preciso el derecho al desplazamiento y la libre circulación y elegir el lugar de residencia». Para el legislador la norma resultante debe contener la consagración de no devolución y asegurar la igualdad de oportunidades.

El senador Navarro también cuestionó la decisión del gobierno y seis meses después incluso escribió una columna en la que se refirió al tema diciendo: “Entendemos que una política inmigratoria humanitaria no se trata solo de abrir la frontera de forma indiscriminada. Es necesaria una regulación, por supuesto. Pero lo que ha hecho Sebastián Piñera es cambiar las reglas a medio camino, en un acto que solo puede ser catalogado como una jugada sucia”.



Casi un año y medio después el balance que se hace desde fuentes gubernamentales es que el acuerdo ha tenido poco impacto, pues son precisamente los países más complicados por la migración los que impusieron restricciones más severas en sus fronteras, incluso para el retorno de sus connacionales. Advierten que en estos casos lo que más ha funcionado ha sido el trabajo bilateral.

En América del Sur solo hubo dos naciones que no ratificaron el acuerdo -respaldado por más de 150 países- que, según las Naciones Unidas representa el primer convenio global para cooperar entre países, aprovechar los beneficios de la migración y proteger a los migrantes indocumentados. Lo curioso es que en la región Brasil y Chile, los no firmantes, son los únicos que tras la crisis global causada por la pandemia del Covid-19 permitieron libremente el regreso de sus connacionales y extranjeros residentes, cuando los vuelos internacionales estaban restringidos y las fronteras cerradas. Otros en Latinoamérica, firmantes del Pacto que defiende el derecho al libre desplazamiento y derechos asociados cerraron la frontera a sus propios connacionales, impusieron tiempos largos de espera o condicionaron la entrada.

Colombia podría ser un ejemplo. El 19 de marzo el Presidente Iván Duque prohibió el ingreso desde el exterior a connacionales y extranjeros. La medida, dijo, tendría una vigencia de 30 días, contados a partir del 23 de marzo. «Es una medida que es dolorosa, pero que se hace necesaria. Hasta este fin de semana vamos a permitir el ingreso de colombianos provenientes del exterior», explicó el mandatario.

La decisión estuvo vigente hasta el 8 de abril. Ese día se emitió la Resolución 1032 de 2020, que establece el protocolo para el regreso al país, de ciudadanos colombianos y extranjeros residentes permanentes, que se encuentren en condición vulnerable en el extranjero. El documento indica que para hacer posible este regreso el costo del traslado debe ser cubierto por la persona que está esperando viajar, así como cumplir con las medidas de autoaislamiento obligatorio en la primera ciudad colombiana donde arribe el vuelo. Lo que implica que la persona que haga uso de esto también deberá asumir la totalidad de costos que se generen con ocasión del autoaislamiento en Colombia, como son transporte urbano hasta su domicilio, hospedaje para quienes no residan en la primera ciudad de arribo, alimentación, entre otros.

Bolivia también firmó el convenio, al ser ratificado Evo Morales lo celebró en su Twitter: “El mundo rechaza los muros de la exclusión y camina hacia los puentes de la integración. Ningún ser humano es ilegal. Trabajemos juntos hasta lograr ciudadanía universal”.



No obstante, el cierre de fronteras implementado por ese país hizo que miles de bolivianos quedaran atrapados en Chile sin poder volver por decisión del gobierno Boliviano. Hace un mes el ministro de Defensa de la nación altiplánica, Fernando López, admitió desde Pisiga que no tenían las condiciones para permitir el ingreso de sus connacionales que esperaban en el Paso Colchane-Pisiga. «No, pueblo boliviano, debo decirles que el gobierno de la Presidenta Jeanine Áñez mantiene la decisión firme de mantener cerradas las fronteras al 100%. No ingresará ni saldrá ningún boliviano, esto debido a que debemos preservar la cuarentena en el país”, dijo el ministro.

Para permitir el reingreso de sus ciudadanos, el canciller Teodoro Ribera llegó a un acuerdo con su par en La Paz, Karen Longaric, y se estableció un cronograma de repatriaciones luego de que los bolivianos realicen la cuarentena en Chile total o parcial.

Los ciudadanos de Perú también esperan que se resuelva su situación. Un centenar de ellos lleva una semana acampando en las afueras de su consulado ubicado en la comuna de Providencia. El lunes el cónsul general de Perú en Santiago, Joao de Cossio, advirtió que el posible retorno de estas personas podría ocurrir en julio cuando se abran nuevamente las fronteras. Además, a principios de abril 669 peruanos estaban varados en Tacna por el cierre de la frontera peruana. Perú adoptó el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, con el objetivo de que fuese “una herramienta para lograr mayores niveles de coordinación política y de cooperación a nivel regional y global en favor de nuestros connacionales en el exterior”.

Por otro lado está Argentina, donde la política ha sido la dosificación de ingresos al país. “Así como hay restricciones al movimiento de personas dentro de la Argentina, también hay restricciones sanitarias para la cantidad de pasajeros que pueden llegar a Ezeiza”, explica un dossier elaborado por su Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Las fronteras terrestres no tienen limitación alguna para argentinos o residentes que ingresen en vehículos particulares.

Un reportaje del New York Times sobre la migración cita a Demetrios G. Papademetriou, cofundador y presidente emérito del Instituto de Política Migratoria en Washington, quien explica que la pandemia ha detenido la migración internacional y la movilidad. Sin embargo, considera que una vez que se vuelva a abrir la llave la demanda acumulada podría llevar a las personas desesperadas a comenzar a cruzar las fronteras, como lo han hecho recientemente los centroamericanos en las caravanas de migrantes. “Eso desafiará a los países que han estado utilizando la retórica de los derechos humanos, la solidaridad, la cooperación. Va a desafiar ese tipo de retórica. ¿Cómo van a reaccionar?”, se pregunta.

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