Convención constitucional: $6 mil 700 millones para los primeros siete meses de funcionamiento

En tanto que lo que corresponderán a 2022 se verán en la próxima Ley de Presupuesto.











El gobierno definió finalmente los montos que se destinarán para el funcionamiento de la convención constitucional, un tema que estaba pendiente y que -dicen en el Ejecutivo- fue ingresado a través de una indicación ayer al Congreso, junto con otras enmiendas a la Ley de Presupuesto para 2021, que será revisada esta semana por el Senado.



En el texto, al que accedió La Tercera, se establece una cifra de $ 6 mil 700 millones para los siete meses en que opere la convención durante 2021, cuyos integrantes serán elegidos en abril. Para el resto de los meses, que corresponderán a 2022, los recursos deberán definirse en la próxima Ley de Presupuesto.



De esa manera, para todo el período en el que funcione la convención, que serán al menos 9 meses y máximo 12, se llegaría a una cifra entre $ 10 mil millones y $ 14 mil millones, de acuerdo a las estimaciones que se han realizado.



“Este programa tiene por objeto regular el financiamiento del apoyo técnico, administrativo y financiero que sea necesario para la instalación y funcionamiento de la convención constitucional, conforme a lo dispuesto en el inciso final del Artículo 133 de la Constitución Política de la República”, señala el documento.



De los $ 6 mil 700 millones de aporte fiscal -que irán con cargo a la partida de la Segpres-, alrededor de $ 3 mil 750 millones se destinarán para gastos en personal, los que se dividirán en el financiamiento de una secretaría técnica y una secretaría de apoyo administrativo, además del pago de la “retribución” al trabajo de los convencionales constituyentes. “Una vez instalada la convención constitucional, estos recursos serán ejecutados a la solicitud del órgano que el reglamento de la convención determine o de su presidente, mientras no se dicte dicho reglamento”, se lee en la indicación del Ejecutivo.





Asimismo, se mencionan los recursos destinados a “apoyo equipo técnico especializado para la contratación de expertos que apoyen en el funcionamiento de la convención constitucional”. Al respecto, se explica que serán ejecutados “a solicitud de la secretaría técnica, en la forma en que el reglamento de la convención lo determine, respetando criterios de transparencia, probidad y pluralismo”. Y se agrega: “El ministerio deberá elaborar reportes mensuales sobre las solicitudes efectuadas por la convención constitucional, el tiempo de tramitación y pago efectivo de esos recursos”.



Por otro lado, del total, se destinará alrededor de $ 1.407 millones para asignaciones, las que podrán utilizarse para la contratación de asesores. “Con cargo a estos recursos se financiarán las asignaciones que se establezcan en el reglamento de la convención constitucional, conforme a lo dispuesto en el Artículo 134 de la Constitución Política de la República, incluyendo a asesores”, señala el texto, agregando que esos recursos “se distribuirán conforme lo disponga el reglamento de la convención y serán administrados por el comité externo de administración de asignaciones señalado en la citada disposición”.



La enmienda también detalla -dentro de la cifra total- un gasto de $ 854 millones para la “habilitación del Palacio Pereira, y para equipamiento necesario en el edificio del ex Congreso Nacional”. Esto, pese a que el gobierno aún no ha logrado un acuerdo con ambas cámaras del Poder Legislativo para que la convención funcione en este último edificio. En todo caso, el Presidente de la República es quien tendrá la última palabra. Con cargo a esa glosa, de todas formas, “se podrán adquirir activos no financieros”, dice el texto.



En relación a actividades de participación ciudadana y difusión, que podrán ser ejecutadas “a través de convenios con entidades públicas o privadas” -según propone la indicación-, se asigna un total de cerca de $ 500 millones, mientras que $ 192 millones se asignan a la compra de bienes y servicios de consumo.





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