Javiera Olivares, del canal de TV de Hugo Chávez a la secretaría de comunicaciones de Boric

Javiera Olivares, del canal de TV de Hugo Chávez a la secretaría de comunicaciones de Boric
La primera presidenta del Colegio de Periodistas asumirá como subdirectora de la Secretaría de Comunicaciones (Secom). La militante comunista fue corresponsal de Telesur en 2011 y, más tarde, panelista en los programas de la televisora fundada en 2005, por iniciativa de Hugo Chávez y Fidel Castro.


Las últimas apariciones públicas de Javiera Olivares se remontan al periodo de primarias de Apruebo Dignidad, cuando fue la coordinadora de la Comisión Programática sobre Derecho a la Comunicación y Medios del programa del excandidato Daniel Jadue. Se trataba de uno de los aspectos más polémicos del programa comunista y que puso al alcalde de Recoleta más de una vez en aprietos en los debates frente al ahora presidente electo Gabriel Boric. Las definiciones sobre libertad de prensa en Chile, el pluralismo y diversidad de los medios, la “injerencia” del Estado en la comunicación, además de la posibilidad de evaluar la regulación de los medios en el país fueron parte de los asuntos que causaron preocupación sobre el documento y, a la larga, limitaron las aspiraciones de Jadue.

Mediante una imagen en redes sociales que subió la futura vocera de gobierno, Camila Vallejo, en Instagram se dio a conocer que Olivares se convertirá en la subdirectora de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), secundando al publicista e ideólogo de la franja de Boric, Pablo Paredes. Si bien es cierto no hay nada confirmado, la idea es que Olivares se preocupe de la relación con los medios de comunicación y Paredes del área creativa.



De ahí la importancia de saber quién es Javiera Olivares y su percepción sobre los medios de comunicación, ya que tiene una mirada crítica como ella misma ha declarado, “cuando el dueño de un canal de televisión es a la vez dueño de uno de los bancos más importantes del país, por supuesto que ahí hay intereses económicos y conflictos de interés que se cruzan a la hora de escoger temas, de reportearlos, de cubrirlos”.

Javiera Olivares tiene 40 años, es periodista de la Universidad Católica, y partió como reportera de diversos medios de comunicación, entre ellos el desaparecido diario La Nación Domingo, La Tercera, y también se desempeñó como corresponsal de Telesur en Chile. Además, en 2014 asumió la presidencia del Colegio de Periodistas. Al momento de ser designada por Boric coordina el Programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía del Instituto de la Comunicación y la Imagen de la Universidad de Chile.

Es militante del Partido Comunista y encargada política de las comunicaciones de la tienda.

En una entrevista concedida al diario “El Siglo”, en agosto 2016, Olivares declaró: “El derecho a una comunicación democratizada y plural, a la libertad de expresión, debe instalarse en el poder político. Hoy ya no se puede seguir obviando el cambio en las comunicaciones en el país, ya no se puede seguir vetando como tema. Por lo menos hemos conseguido visibilizarlo como algo de urgencia política. No creo que haya piso político para que un candidato a la Presidencia, o al Parlamento diga que está todo resuelto en el ámbito de las comunicaciones. Hay que tener ley de medios, hay que terminar con un esquema de mercado que no funciona y que nos tiene con monopolios, duopolios, oligopolios en la prensa”.

Desde su rol como coordinadora de la comisión Programática sobre Derecho a la Comunicación y Medios de la campaña, la periodista de la Pontifica Universidad Católica, se desempeñó como vocera en lo que respecta al tema. Uno de los contenidos más álgidos que le tocó enfrentar fue la propuesta Ley Orgánica de Comunicación (LOC) incluida en el programa, ante el cual explicó: “Que exista una legalidad que hoy no existe en Chile y que profundice lo que ya está estipulado en la ley 19.733 y otras normativas legales que no garantizan ni la diversidad ni el pluralismo en el sistema de medios. Tenemos una regulación deficiente para el ejercicio periodístico, regulación para el sistema de radios y televisión comunitaria”.

Mientras que también se ha manifestado a favor de la garantía de la libertad de expresión, del derecho a la comunicación, del acceso a la información de interés público, teniendo que ser garantizado por el Estado, y no la propiedad privada.

De visita en Venezuela
Su paso por Telesur ocurrió en 2011, de acuerdo con los tuits de la propia televisora debió cubrir, como corresponsal en Chile, una huelga de hambre de comuneros mapuche, manifestaciones en contra de la Central de HidroAysén, la erupción del volcán Puyehue y, sobre todo, las protestas estudiantiles de ese año en las que Boric fue protagonista.

Telesur, un canal de televisión con foco en noticias, tiene su sede central en Caracas, y de acuerdo con un especial difundido cuando cumplió 10 años de operaciones nació en 2005 como resultado de “una idea conjunta de los líderes Hugo Chávez de Venezuela y Fidel Castro de Cuba”. La señal tiene una marcada línea editorial a favor de los gobiernos con ideologías de izquierda latinoamericanos. Luego de su paso como corresponsal, Olivares ha sido panelista en programas del canal como “periodista y analista política”.







Siendo presidenta del Colegio de Periodistas viajó a ese país en diciembre de 2015 para participar como observadora en las elecciones de la Asamblea Nacional de 2015 (que ganó la oposición a Maduro) y destacó “transparencia” del proceso.

En el año 2016 mediante una columna salió en defensa de Venezuela, ante una publicación de un medio de comunicación, para desmitificar que Venezuela fuera una dictadura. A continuación parte del texto:

“En un país como el nuestro, que conoce tan profundamente lo que es y significa el concepto de dictadura, es tristemente sorprendente que las líneas editoriales asociadas a la derecha se hagan eco deliberadamente de tamañas desinformaciones. Como muchos ya lo han dicho antes, el lenguaje construye realidad, por lo que resulta provocador escribir algunas líneas para romper toda clase de mitos sobre el escenario electoral de Venezuela”.

Más recientemente, en su cuenta de Twitter la periodista ha defendido al gobierno de Nicolás Maduro, acusando la existencia de una “guerra económica” contra el país petrolero y celebrando el resultado de las elecciones presidenciales de 2018, con las que Maduro se reeligió, en un proceso con alta abstención, en el que su contrincante denunció fraude y que no fue reconocido por Estados Unidos, ni la Unión Europea por falta de transparencia y garantías electorales.



En la misma línea, a través de redes sociales le rindió un homenaje al líder cubano Fidel Castro.

“Qué grande el pueblo de Cuba! Cientos de miles despiden a Fidel: “Desde aquí te decimos: hasta la victoria siempre!”



Convención, pueblos originarios, libertad de expresión, y medios de comunicación
Casi en paralelo a la designación de la periodista Javiera Olivares como subdirectora de la Secom, en la comisión de Derechos Fundamentales se aprobó, en particular, la norma sobre negacionismo y presencia de pueblos originarios en medios de comunicación públicos y privados.

Esto quiere decir que se establecen principios como el derecho de opinar e informar, el acceso a la información veraz, plural e imparcial, y la fundación de medios de comunicación. Adicionalmente, se sumó, la aprobación de una indicación que añade al artículo sobre libertad de expresión la responsabilidad del Estado de velar y promover la inclusión de los pueblos originarios en los medios de comunicación públicos y privados.

Para la convencional e integrante de la comisión de Derechos Fundamentales, Rocío Cantuarias (Independiente-Chile Vamos), la norma aprobada no es más que un “espejismo”. Y lo argumenta de la siguiente forma: “Dice consagrar la libertad de expresión, pero a renglón seguido la limita, restringe y suspende por causas aparentemente nobles, pero que no son más que justificaciones propias de un gobierno totalitario”.

La convencional que representa a la región del Biobío complementa: “Gobierno que cree poder determinar qué es lo verdadero y lo falso, y que al hacerlo, anula cualquier posibilidad de ejercer el derecho que supuestamente la mayoría de la Convención aprobó”.

Y remata: “En definitiva es la misma norma que les ‘reconoce’ la libertad de expresión a los ciudadanos, les coloca la mordaza”.

El convencional Felipe Harboe (Colectivo del Apruebo) e integrante de la comisión de Derechos Fundamentales, también tiene reparos con respecto a la iniciativa: “Normas que sancionan constitucionalmente el negacionismo con reacciones inadecuadas pueden servir de base como ha ocurrido en otros países para la censura, o para la persecución de opositores de regímenes totalitarios. Es un riesgo enorme instalar esto”.

En razón a lo anterior, es que el propio convencional junto a Luis Barceló (también del Colectivo del Apruebo) presentaron una indicación al artículo 4 que, entre otras cosas, dice:

“Libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley. La ley en ningún caso podrá establecer monopolio estatal ni privado sobre los medios de comunicación social, garantizando siempre la vigencia de un pluralismo editorial e informativo de los medios de comunicación”.

Por lo mismo, Harboe expresa: “En el derecho a informar de los medios de comunicación es tremendamente relevante que las líneas editoriales sean independiente y autónomas. No puede inmiscuirse el Estado ni ninguna otra autoridad en la líneas editoriales, pueden gustarnos o no, pero son expresiones de un régimen democrático”.

Por otro lado y en ligación a lo anterior, la comisión de Sistemas de Conocimiento, luego de entregar el informe con sus votaciones en particular, hoy se vota en el pleno los artículos de libertad de información y de prensa, entre otros.

Además, se suman votaciones que apelan a aspectos como el derecho de los pueblos originarios a acceder a medios de comunicación en sus propias lenguas, la responsabilidad del Estado de velar por el pluralismo de los medios y fomentar la “educación mediática” con perspectiva de género, de Derechos Humanos y plurinacional, así como también de garantizar la seguridad de quienes ejercen la labor de comunicar.

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