Los vínculos de cinco convencionales con presos por acciones violentas

Los vínculos de cinco convencionales con presos por acciones violentas
Natividad Llanquileo, Ramona Reyes, Francisca Linconao y Adolfo Millabur tienen nexos con condenados por acciones violentas en la Macrozona Sur, mientras que la convencional Isabella Mamani tiene un hermano que estuvo en prisión por tráfico de estupefacientes.


Terminó la Convención Constitucional y lo hizo en su peor momento de popularidad, de acuerdo con los sondeos de opinión. Desde abril, la opción del Rechazo comenzó a aparecer como la alternativa preferida de los electores y la brecha se fue agrandando precisamente durante las últimas semanas de la instancia. Parte del desencanto con el proceso obedece a factores como la plurinacionalidad o el pluralismo jurídico impulsado por los ahora ex convencionales de los escaños reservados.

De aprobarse la propuesta de nueva constitución, uno de los artículos que comenzaría a regir señala que “cuando se trate de personas indígenas, los tribunales y sus funcionarios deberán adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia, tomando debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, los protocolos y los sistemas normativos de los pueblos indígenas”.

Un artículo que de haber estado vigente antes habría podido ser aplicado -aunque el borrador no es claro-, por ejemplo, en los casos de atentados incendiarios; o en el de los disparos que sufrió la comitiva del ex fiscal de Cañete, Mario Elgueta; o en el asesinato al matrimonio Luchsinger-Mackay; el ataque incendiario que afectó al fundo Pisu Pisué en 2013; y hasta en un caso por tráfico de estupefacientes. En cada una de estas acciones han estado involucradas personas ligadas con ex convencionales pertenecientes a escaños reservados, quienes precisamente fueron los impulsores del pluralismo jurídico.

El hermano de Isabella Mamani condenado por tráfico de estupefacientes
Fidel Félix Mamani Mamani, alías el Jefe o Yarete, según se describe en la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique emitida en febrero de 2013, fue condenado a cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, además de inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes.


De este modo el juzgado dio la razón a la investigación de la Fiscalía Local de Alto Hospicio con respecto al hermano de la ex convencional Isabella Mamani Mamani (presente en la Convención por un escaño reservado para el pueblo Aymara).

De acuerdo con la sentencia, Fidel Mamani Mamani “se dedicaba a comercializar y proveer a distintos sujetos en la región de importantes cantidades de drogas ilícitas”. Al momento de su detención, en 2011, al hombre se le incautó una bolsa con dinero en efectivo, y al requisar su vivienda las autoridades hallaron siete paquetes contenedores de “cocaína base”, que pesaban poco más de 7 kilos. Y antes de ser detenido había entregado a otro sujeto 10 paquetes con cerca de 10 kilos de pasta base de cocaína. Hechos que fueron reconocidos por Fidel Mamani Mamani en el juicio.

El hermano mayor de la ex convencional cumplió su condena en el Complejo Penitenciario de Alto Hospicio -a donde la abogada acudió varias veces a visitarlo- hasta que quedó libre en julio de 2016.

En su rol como convencional, Isabella Mamani Mamani protagonizó una polémica en septiembre de 2021, cuando acusó a la mesa en ese entonces presidida por Elisa Loncón y Jaime Bassa de “vulnerar los derechos de los pueblos originarios”. El reclamo a viva voz se dio porque la mesa quería someter la propuesta de consulta indígena a una aprobación de 2/3 de los 155 constituyentes. Finalmente, el impasse obligó a suspender la sesión de ese 9 de septiembre de 2021.




Con el avance de la Convención, Isabella Mamani fue coordinadora de la comisión de Pueblos Indígenas desde enero de 2022 -tras la renuncia a ese puesto de Victorino Antilef- y en mayo pasó a integrar la Comisión de Armonización.

En entrevista con The Clinic aseguró que “la plurinacionalidad reconoce las raíces verdaderas de Chile” y destacó la importancia de la norma que establece la restitución de tierras indígenas.

Las presiones de Natividad Llanquileo
Natividad Llanquileo fue noticia en octubre de 2021 en la Comisión de Sistemas de Justicia por ejercer presiones sobre sus compañeros, no a la hora de votar sobre las normas que se discutían para el borrador de Constitución, sino en la elección de coordinadores de dicha comisión.


Según lo que trascendió, y que en su momento se vio obligada a salir a aclarar, habría amenazado a Vanessa Hoppe y Manuela Royo (ambas de Movimientos Sociales) por votar para el cargo de coordinador por Andrés Cruz (PS), ex fiscal en la Región del Biobío que hizo parte en una causa que involucró a dos de los hermanos de Llanquileo, y en la que uno de ellos terminó pagando condena junto a Héctor Llaitul.

En 2010 Cruz acusó a la que entonces era reconocida en medios de comunicación como la “cúpula” de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) de robo con intimidación, del homicidio frustrado del fiscal Elgueta y de asociación ilícita terrorista. El persecutor pidió 103 años de cárcel para Llaitul y 65 para Ramón Llanquileo, uno de los hermanos de la ex convencional que ocupaba un escaño reservado en representación del pueblo mapuche.

“Ella (Llanquileo) reconoce que efectuó presiones, me parece lamentable tomando en consideración que yo no tengo ninguna causa abierta por violación de ninguna cosa”, le dijo Cruz a El Líbero después de lo ocurrido.

El atentado contra el ex fiscal Mario Elgueta
El atentado contra el fiscal Mario Elgueta ocurrió en Puerto Choque, la zona en que crecieron Natividad Llanquileo y sus hermanos. La emboscada ocurrió entrada la noche y pocos metros más adelante de a donde había ido la comitiva integrada por el fiscal, carabineros y la PDI para brindar atención a una víctima el 16 de octubre de 2008.

Cuando todo se detuvo, las camionetas en las que se trasladaban habían recibido más de 300 impactos de bala; y el fiscal que tenía dedicación exclusiva para los casos de violencia en el Biobío declaró durante el juicio: «Si no me agacho, me vuelan la cabeza».

Luego del atentado las autoridades detuvieron a quienes identificaban como integrantes de la alta estructura de la CAM, incluyendo a nombres como el de Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo Pilquimán, José Huenuche Reyman (señalados como los números 2 y 3 de la organización, por detrás de Llaitul) y Jonathan Huillical. El último en ser aprehendido por este caso fue Víctor Llanquileo Pilquiman, quien se mantuvo en la clandestinidad hasta noviembre de 2009.

En ese momento se informó que Ramón Llanquileo tenía en su poder un botiquín de campaña, documentación de construcción de armamento y folletos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En el caso de Huenuche fue acusado de poseer un fusil M-16.

En 2010, Natividad Llanquileo fue vocera de la huelga de hambre que protagonizaron 34 comuneros detenidos en penales de la zona sur y que exigían la derogación de la ley antiterrorista.

Para ese momento la dirigente, perteneciente a la comunidad Esteban Yevilao, aún no era abogada. Congeló sus estudios para abocarse a esta causa en la que estaban involucrados dos de sus hermanos: Ramón y Víctor. La huelga se prolongó por más de 80 días.

Y existen registros de que mientras estuvieron en prisión por este caso, Natividad Llanquileo visitó tanto a sus hermanos como a Héctor Llaitul en la cárcel de Angol.

En febrero de 2011, cuatro de los 17 implicados fueron declarados culpables por el atentado contra el fiscal: Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical.

El Tribunal Oral de Cañete condenó a Llaitul a 25 años y dos días de prisión por el delito de robo con intimidación al agricultor José Santos, el homicidio frustrado del fiscal Mario Elgueta y las lesiones graves a tres de los detectives que lo acompañaban. En tanto, Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche fueron condenados a 20 años y dos días en total por los mismos delitos.

No obstante, en junio de ese año la Corte Suprema les rebajó las penas, quedando Llaitul condenado a una suma de 14 años de presidio, y el resto de los comuneros a ocho años de cárcel.

En 2013 Llanquileo, incluso, estuvo prófugo durante unos días, ya que no regresó a la cárcel de Lebu tras gozar de un beneficio intrapenitenciario. “El dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco”, como es definido en la nota del Poder Judicial, fue capturado por la PDI en Puerto Choque y se ordenó que cumpliera su condena en CCP Biobío.

Nexos con las FARC
Mientras se desarrollaba la investigación por el atentado al fiscal Elgueta comenzaron a salir a la luz informaciones sobre el ingreso a Colombia de ocho dirigentes de la CAM y su relación con las FARC. Dos de los integrantes del grupo que atentó contra el fiscal en Tirúa se contaban entre los que habían viajado, uno de ellos: Ramón Llanquileo, esto según información entregada oficialmente por la Fiscalía General de Colombia a la Fiscalía chilena. El otro mencionado era José Huenuche.

En ese momento trascendió que los radicales se trasladaron a Colombia en cuatro grupos de dos entre los años 2004 y 2007, con la finalidad de recibir entrenamiento paramilitar de las FARC.

De acuerdo con la información suministrada por Colombia, el primer grupo salió de Chile el 21 de julio de 2004 y estuvo encabezado por Ramón Llanquileo. El segundo grupo lo hizo en enero de 2005. Una tercera pareja viajó el 30 de julio de 2005 y el cuarto grupo lo hizo en octubre de 2006. Entre quienes viajaron se mencionaba a José Huenuche, Marco Huaquilao, Mauricio Maillanao, Luis Tralcal y José Queipul.

Y, de acuerdo con la indagatoria, habrían salido por Perú hasta Ecuador, para luego ingresar a territorio colombiano.

También hubo evidencia de los correos del ex segundo jefe de las FARC, Raúl Reyes, donde mantuvo contactos con algunos chilenos. En uno de los mails Reyes aceptaba entrenar a un grupo de no más de 15 comuneros.

El ex fiscal regional de La Araucanía, Francisco Ljubetic, en una conversación previa con El Líbero, confirmó que miembros de la CAM recibieron instrucción paramilitar en el extranjero.

Ljubetic, ahora vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Temuco, declaró que gracias a un informe de la Policía de Investigaciones, que a su vez obtuvo la información de las autoridades de cada país, se logró establecer que había personas de la etnia mapuche que viajaron a Colombia y habían permanecido allá algunos de 2 a 3 meses, y en un caso hasta por un año.

Normalmente, señaló, esos viajes eran en pareja, conformada por una persona de la Región de La Araucanía y por otra del Biobío, específicamente de Cañete y Tirúa. Los viajes se realizaban por tierra, según registros oficiales de Bolivia, Perú, Ecuador y también Venezuela.

La otra detención de Huenuche y la visita de la convencional
En 2005, José Huenuche, con estudios universitarios de Contabilidad, fue sindicado como integrante de la CAM y además de ser el administrador de una página web de la organización llamada «weftun».

Mientras contaba con el beneficio de libertad condicional, en el marco de la condena por el ataque a Elgueta, cayó nuevamente en prisión, en enero 2015, por receptación de madera, delito por el que fue condenado por el Tribunal de Juicio Oral de Cañete en octubre de ese año. Al ser calificado el delito como “receptación” -y no el hurto que pedía la Fiscalía- Huenuche quedó nuevamente en libertad.

Existen antecedentes de que la ex convencional Natividad Llanquileo visitó en dos ocasiones a Huenuche en el CDP de Lebu, mientras estuvo en prisión por este caso.

Los “escudos humanos” de Víctor Llanquileo
Si bien Víctor Llanquileo no fue condenado por el caso Elgueta, actualmente se encuentra en prisión. Está condenado a 21 años de cárcel por los delitos de robo con violencia, porte ilegal de arma, lesiones menos graves y tenencia ilegal de municiones.

Según la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, de diciembre de 2019, se dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que cerca de las 8:30 horas del 24 de abril de 2018, José Rodrigo Cáceres Salamanca y Víctor Adelino Llanquileo Pilquimán “previamente concertados, llegaron premunidos de armas de fuego y un par de cuchillos tipo machete, hasta la sucursal de la Caja de Compensación Los Héroes”, ubicada en Galvarino, “intimidando, reduciendo y reteniendo con sus armas a los trabajadores y guardia de seguridad, sustrayendo desde la bóveda una cantidad de dinero que pusieron en un saco”.

Durante los hechos, y ante la presencia de Carabineros, “retuvieron, intimidaron y usaron al personal de la caja como escudos humanos. Mientras huían en dirección al río Quillem, dispararon reiteradamente al personal policial, el que repelió el ataque haciendo uso de sus armas de servicio. En algún momento, Cáceres Salamanca que portaba un armamento sub-fusil, automático, 9 milímetros, disparó a un cabo primero, hiriéndolo en ambas piernas, mientras que un empleado de la caja resultó herido por un disparo de proyectil”, agrega el fallo.

El texto también señala que Víctor Llanquileo portaba “una ametralladora semiautomática de 9×19 milímetros y una mochila”. Fue detenido en la ribera del cauce, “recuperando la mochila que portaba en la que se encontraron una caja con cartuchos, y posteriormente se encontró el arma que portaba, sin contar con las autorizaciones para el porte y tenencia del arma de fuego, ni tampoco las pertinentes para las municione”.

Entre 2018 y 2020, Natividad Llanquileo visitó a su hermano en prisión nueve veces.

El vínculo entre la convencional Ramona Reyes y la machi “encubridora” de Jones Huala
En 2016 Natividad Llanquileo por el área de comunicaciones de la Red por la Defensa de los Territorios emite una declaración pública en la que acusa que “es violencia la persecución político judicial a la machi Millaray Huichalaf, quien ha enfrentado detenciones, encarcelamiento y juicio, siendo una activa defensora del lugar sagrado Pilmaiken, amenazado por una empresa hidroeléctrica transnacional noruega Statkraft”.

Huichalaf ha encabezado las protestas en contra de este proyecto hidroeléctrico aduciendo que estaría emplazado en un “lugar sagrado” en Osorno, pese a que ya la iniciativa contaba con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada.

Huichalaf fue acusada por la usurpación no violenta de las dependencias de las oficinas de la empresa, por hechos ocurridos en 2019. En este caso, según consta en la página que difunde información de la causa mapuche Radio Kurruf, una de sus abogadas fue Natividad Llanquileo Pilquiman.

Sin embargo, esta no es la única ex convencional que ha intercedido alguna vez por Huichalaf. Ni es la primera vez que la machi tuvo problemas con la justicia.

Huichalaf fue condenada en 2014 como encubridora del incendio que el 9 de enero de 2013 destruyó la casa de los cuidadores del fundo Pisu Pisue, ubicado en la comuna de Río Bueno, quienes fueron maniatados y amenazados con un revólver. Mismo caso por el que tiempo después también fue condenado el radical argentino, actualmente prófugo, Facundo Jones Huala.




El 30 de enero de 2013, la PDI allanó el domicilio de Huichalaf, entonces detuvieron a seis personas, incluidos la machi y Jones Huala. Además, encontraron bidones con combustibles, pasamontañas, pistolas a fogueo, radios portátiles, pinturas spray, ropa con consignas mapuche, capuchas, guantes y botas tipo militar.

En ese entonces Ramona Reyes Painequeo (PS), quien era alcaldesa de Paillaco (Valdivia), participó de una actividad para apoyar a los detenidos. Según Reyes, citada por radio Biobío, el proceso contra los seis imputados evidenciaba la discriminación y el montaje contra el pueblo mapuche.


No obstante, por estos hechos la Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de la machi y mantuvo a firme la sentencia de 61 días de presidio dictada el 26 de noviembre de 2014 por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia.

El respaldo de Reyes a Huichalaf incluyó una visita al C.P. de Valdivia en febrero de 2013.

En la Convención se supo tras bastidores que Ramona Reyes estuvo entre las favoritas para sustituir a Elisa Loncón en la presidencia del órgano constituyente, pero al final su candidatura se fue diluyendo luego de que trascendieron sus antecedentes con la justicia, que se generaron mientras se desempeñaba como alcaldesa de Paillaco, cargo en el que estuvo por tres períodos, del 2008 a 2021.

En 2019 la Contraloría responsabilizó a Reyes por el desvío para una actividad gremial de 70 millones de pesos que debían ser destinados para atención en salud primaria.

Dos años antes, en 2017, la Contraloría determinó que debía devolver los recursos públicos que había recibido para asistir a una pasantía en Europa.

Una nota de Cooperativa de julio de 2019 dice que la machi Millaray Huichalaf estaba entre los asistentes en el lanzamiento del libro «Chem ka Rakiduam. Pensamiento y acción de los ORT de la CAM», hecho por Héctor Llaitul en el Hogar Mapuche Pelontuwe de la Ufro.

Cuando Millabur tuvo que desvincularse de la CAM
El 7 de enero de 2014 El Mercurio citó un informe de la Jefatura de Inteligencia de la Policía de Investigaciones, sobre violencia en el sur que indica: «Los hechos aumentaron levemente en 2013, lo que podría estar motivado por la presencia en la zona de miembros de la CAM vinculados directamente con su líder, Héctor Llaitul Carrillanca, recluido en la cárcel de Concepción, además del accionar en la zona de José Huenchunao Mariñán, líder de la CAM y del Lof de Resistencia Arauco, y de Adolfo Millabur Ñancuil, alcalde de Tirúa y líder de la Identidad Territorial Lafquenche, quienes tienen distintos objetivos personales, pero que podrían estar coordinando su accionar, ya que se sabe que mantienen conversaciones entre ellos”.


Frente a esto, Millabur acusó “ignorancia” en los señalamientos. Y sobre Huenchunao dijo que eran miembros de la misma comunidad, por lo que desde niños han compartido juntos.

José Huenchunao tomó relevancia mediática en junio de este año por señalar en una entrevista que «seguramente vamos a tener que apoderarnos de los colegios de los territorios mapuche».

“Yo vivo a 500 metros de donde él vive, su familia, su papá. Paso todos los días a 30 metros de la casa. Somos parte de la misma comunidad. Fuimos al colegio juntos, desde niños, aprendimos a jugar a la pelota juntos. Compartimos el mismo rewe. Entonces, escribir como algo tremendamente novedoso esa nota es porque no conocen nada de los mapuche. Es porque no saben cuál es la convivencia que tienen los mapuche. Es particularmente llamativo. O lo hacen desde la ignorancia o lo hacen desde una intención que naturalmente no es contribuir con el diálogo, el entendimiento entre los mapuche y la sociedad chilena en general”, declaró Millabur.

Huenchunao fue detenido en 2007, se encontraba prófugo desde 2003. Al momento de ser detenido tenía pendiente por cumplir una condena de 10 años de prisión por el incendio al fundo Poluco Pidenco.

Millabur se cuenta entre los convencionales que usó su derecho de palabra en la Convención para presionar públicamente a sus compañeros con respecto a la forma en la que debían votar.

“Valoro mucho que la derecha vaya de frente y no tengo ninguna esperanza en ella (…) Quiero hacerle un llamado a quienes te dicen ‘compañero’, te abrazan en el pasillo y votan en contra (…) No hagamos que estamos con ellos y luego votamos en contra de los pueblos originarios. No me digan compañero los que votan en contra de su compañero”, dijo al micrófono y luego lo publicó en sus redes.

La visita de Linconao al CET de Victoria
En noviembre de 2019, un reportaje de La Tercera dio cuenta de la visita que hizo Francisca Linconao, ex convencional de escaños reservados, al Centro de Educación y Trabajo (CET) de Victoria, en La Araucanía, para entrevistarse con Luis Tralcal Quidel y José Tralcal Coche, ambos sentenciados a 18 años de cárcel por el caso Luchsinger-Mackay.

Linconao también estuvo envuelta en este caso, pero fue llevada a juicio y absuelta en dos ocasiones.


La machi habría asistido acompañada por sus asesoras Viviana Polanco y Massiel Ojeda. Según consigna el diario, Luis Tralcal se negó a recibir al grupo y solo José Tralcal accedió al encuentro que se prolongó durante dos horas.

En la Convención Linconao aprobó, entre otros, un artículo que crea una comisión que determinará catastros y elaborará propuestas para la regularización, demarcación, reparación y restitución de tierras indígenas, mientras su comunidad, Pedro Linconao II, participaba de una “toma pacífica” en Vilcún.

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