«No tengo problemas con inmigrantes sin papeles»: La «romantización» de migración ilegal de Boric

«No tengo problemas con inmigrantes sin papeles» y otros ejemplos de la «romantización» de la migración ilegal de Boric y el oficialismo
En su momento, el Presidente Gabriel Boric afirmó: “Uno de los problemas en Chile es que hay muchos chilenos. Bienvenidos inmigrantes!”. Además, el programa con el que compitió en las primarias de Apruebo Dignidad de julio de 2021 planteaba el “fin de las expulsiones”. Por su lado, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, ha dicho que “tienes que generar mecanismos para, en un contexto de fuerte presión migratoria, garantizar el ingreso”. En otro episodio, 41 diputados del PS, PC y FA llevaron al TC la actual ley de migración, antes de ser promulgada.




“¿Descarta que exista un ‘buenismo’ migratorio por parte de la izquierda y la centroizquierda?”, le preguntaron el lunes en Radio Infinita al diputado socialista, Tomás de Rementería. Su respuesta fue: “Yo creo que en algún momento hubo eso. Sin lugar a dudas, hubo una posición que era porque no sabíamos, no habíamos tenido una experiencia migratoria así. Entonces, teníamos romantizada la idea de eso, pero ahora nos damos cuenta de que la migración tiene que ser ordenada y responsable y que eso favorece a que las personas buenas puedan cambiar de país; pero no recibir a las personas que vienen a delinquir o que vienen a no aportar al país”.

Esa “romantización” a la que alude el legislador en el pasado se evidenció en distintas figuras que hoy día son parte del gobierno, comenzando por el propio Presidente Gabriel Boric. Aún en los anales de X (antes Twitter) queda evidencia de que en el pasado el Jefe de Estado no tenía ningún problema con la migración irregular, es decir con aquellos ingresos que se realizan sin cumplir con las formalidades migratorias que exige el país receptor.

“Que alegría la llegada de migrantes a Chile. Ojalá sigan llegando y los tratemos con respeto y cariño. Bienvenidos!”, publicó el 27 de febrero de 2018 a las 4:46 pm. Poco más de una hora después respondió a su propio tuit: “Nop. No tengo problemas con inmigrantes sin papeles. Creo que debemos acogerlos, darles oportunidades y tratarlos como los iguales que son”.





Este posteo se suma a otro de 2016 en el que señaló: “Uno de los problemas en Chile es que hay muchos chilenos. Bienvenidos inmigrantes!”.

Y ese mismo año, cuando el ex Presidente Sebastián Piñera declaró que “muchas de las bandas de delincuentes en Chile son de extranjeros”, el entonces diputado Boric replicó: “Que irresponsable que un ex pdte se sume a estigmatizar la inmigración. Tenemos que decir con más fuerza: Bienvenidos inmigrantes!!”.





Sin embargo, varios años después, Chile vive “un aumento en la violencia con la cual se ejercen ciertos delitos”. Una crisis de seguridad, que según Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, tiene entre sus causas un flujo migratorio descontrolado, que tiene como resultado que no se tengan los antecedentes o información de quienes entran clandestinamente al país.

En el último año el país ha experimentado secuestros extorsivos y desmembramientos. Tanto que la ministra del Interior, Carolina Tohá, habló de “hechos de sangre que además se desarrollan a través de prácticas extremadamente repugnantes que en Chile no habíamos conocido y a los que no nos queremos acostumbrar”. Y el subsecretario Monsalve prepara una visita a Venezuela para poder agilizar la repatriación de migrantes irregulares provenientes de ese país.

El propio Boric ha tenido que endurecer su discurso y, no solo eso, también abrazar la política de expulsiones que alguna vez rechazó.

Lo que decía sobre migración el programa de gobierno borrado
El Mandatario aludió esta semana a los extranjeros que se encuentran de forma irregular en Chile y que no han realizado el trámite de empadronamiento –que busca conocer las identidades de todos, independientemente de que no tengan un carnet de identidad– y les dijo: “Vamos a buscarlas, vamos encontrarlas y las vamos a expulsar”; ya que todo aquel que no cumpla con el proceso “se presume sospechoso”.

Datos de la PDI –dados a conocer por el Observatorio de la Migración Responsable– indican que los ingresos clandestinos de 2018 a 2021 fueron 87.792, y de 2022 a octubre 2023 van en 94.086.

Pero antes de ser gobierno, la postura del ahora Presidente Boric era distinta. En su programa para las primarias de Apruebo Dignidad llevadas a cabo en julio de 2021, Boric tenía un capítulo dedicado a “Migración y Política Migratoria”. Allí había una propuesta que garantizaba “el acceso de las personas migrantes independiente de su situación administrativa, al Banco de Vivienda Protegida y a los programas de vivienda humanitaria para la primera acogida”. Otra se refería a abrir un “proceso de regularización extraordinario, que incluya a todas las personas sin documentos, independiente de la forma en que se hayan ingresado al país. Quienes lleven avecindadas más de un año obtendrán un documento de residencia definitiva”.

Las propuestas para el “nuevo Chile 2022-2026” también incluían el “fin a las expulsiones ilegales”. En detalle esto implicaba que “en alianza con instituciones de protección de DD.HH., se revisará la legalidad de los decretos de expulsión administrativa no ejecutados a la fecha y se permitirá el acceso de estas personas a la regularidad”. Así como eliminar la expulsión como sanción por faltas administrativas, “priorizando la adopción de medidas que favorezcan la regularización e inclusión”.

Sin embargo, todas estas fueron borradas una vez que se impuso como candidato de la coalición de izquierda.

El director de Migraciones
Quien participó de la elaboración del programa de gobierno en materia migratoria es el actual director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, cuya renuncia es actualmente solicitada por la bancada de diputados de Renovación Nacional a propósito de la fallida expulsión de 60 migrantes venezolanos.

Los legisladores afirman que “el gobierno debe designar a un sujeto cuyas capacidades y convicción estén a la altura de la emergencia que enfrentamos”.

En una línea similar a la de Boric cuando era diputado, Thayer simplificó el tema migratorio en abril de 2020: “El presidente y el min. de salud dicen que situación irregular de algunos migrantes es un problema frente al COVID-19, la solución es simple y fácil de implementar: entréguenle carnet y permiso de permanencia definitiva a todos los residentes del territorio que no lo tengan”.

También en 2020, entrevistado por El Mercurio de Antofagasta, declaró que “el gobierno ha sido bien consistente con esta idea de que la migración es un problema, con esta figura del mal migrante”. A su juicio si un Estado quiere cerrar su frontera completamente “no va a lograrlo”. Describió las expulsiones como “una respuesta muy comunicacional”, con una “puesta en escena”, pero “poco sostenible en el tiempo. Como que no apunta a resolver el problema sino a reaccionar a una presión mediática que se da en un momento determinado”.

Y concluyó: “Tienes que generar mecanismos para, en un contexto de fuerte presión migratoria, garantizar el ingreso. Que se haya multiplicado el ingreso clandestino es un problema que se ha generado por el cierre de la frontera. Tienes que tener un ingreso ordenado, que las personas puedan entrar al país con carnet con un número y que tengan la posibilidad de renovar o no ese carnet según las condiciones de asentamiento que vayan demostrando. Pero no puedes exigirle a una persona el día uno que esté integrada (…). Si tú no les das la posibilidad a esa gente, si le cierras la puerta, es falta de realismo. Lo que hay que hacer es hacerse cargo del flujo y evidentemente que va a llegar un momento donde tienes que hablar con otros países, sobre todo en esta coyuntura. Hay que legitimar que personas que vienen de otro país puedan integrarse a la sociedad”.

Ya en 2021, con Boric como Presidente electo, su expectativa antes de asumir el gobierno era “incentivar la migración regular con respeto de DD.HH.”.





Thayer además fue crítico de la actual ley de migraciones, promulgada en abril de 2021.

A su juicio el instrumento conduce “a la institucionalización de una serie de normas que redundarán en la precarización de la residencia y el acceso al trabajo de las personas migrantes”, según un análisis que publicó en Ciper. Sobre las expulsiones calificó como positivo que con la nueva ley el ingreso clandestino dejaba de ser delito. No obstante, cuestionó “que esto, que en el papel puede constituir un avance, en virtud de la implementación de la política, constituye uno de los riesgos de vulneración de derechos que tiene la nueva normativa. Los anuncios hechos por la autoridad, en el sentido de que la nueva ley facilitará las expulsiones, van en esta dirección”.

La migración ante el Tribunal Constitucional
Pero Thayer no es el único de los que se opuso a la ley de migraciones que luego obtuvo un cargo en el Ejecutivo. Nombres relacionados con el Servicio Jesuita a Migrantes, como el asesor del segundo piso Carlos Figueroa o como el asesor del subsecretario del Interior Manuel Monsalve, Miguel Yaksic, para quien “las políticas migratorias restrictivas son inútiles” trabajan en cargos clave. Así como otros que presentaron recursos de amparo para frenar expulsiones; como el delegado presidencial de Tarapacá Daniel Quinteros.


Antes de lograr la promulgación de la ley de migraciones, 41 diputados del Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista impugnaron ante el Tribunal Constitucional un total de 14 artículos.

De acuerdo con una carta enviada a El Mercurio por el entonces subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, y quien desempeñaba el cargo de jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio, el planteamiento de la izquierda se basaba en tres argumentos: “La nueva ley es restrictiva con respecto a la libertad ambulatoria, el rol para expulsar o para denegar el ingreso de un extranjero es arbitrario, y una restricción de acceso a seguridad social es discriminatorio”.

Con respecto al requerimiento, las ex autoridades ahondaron: “Sobre el primer punto, el PC y el FA plantean un supuesto derecho absoluto a inmigrar y que el Estado tendría un deber incondicionado de admitir a aquellas personas como inmigrantes en su territorio. Por ello, un gobierno no puede establecer visados —como fue el caso de la visa de turismo a Haití y Venezuela— y si medio millón de extranjeros desean entrar una vez que termine la pandemia, Chile debe dejarlos entrar libremente. Esta facultad no se ejerce en ningún país y es volver a insistir con el turismo laboral, lo que generaría graves vulneraciones a los derechos de los migrantes, ya que no tendrían cédula de identidad”.

Galli y Belllolio agregaron que desde el FA y el PC pretendían que “si un extranjero entra a Chile, desde el primer día puede solicitar Bono Covid, Bono Marzo o un subsidio de vivienda, lo que puede generar incentivos perversos para un ‘turismo de bonos’ y problemas con nacionales que utilizan estos servicios”.

Entre quienes acudieron al TC estaban los diputados Gabriel Boric, Miguel Crispi, Giorgio Jackson, Manuel Monsalve, Maya Fernández, Camila Vallejo, Karol Cariola, Hugo Gutiérrez y Carmen Hertz, entre otros.

Finalmente el TC declaró inconstitucionales seis artículos de la ley.

Al respecto, esta semana Galli recordó que en el requerimiento los diputados exigieron al TC la inconstitucionalidad del “plazo de 72 horas para practicar la expulsión, porque era desproporcionado y no respetaba el Estado de Derecho; bueno, el TC les concedió eso. ¿Qué hizo el actual Gobierno?, presentó un proyecto de ley para ampliar ese plazo, no en 72 horas, a cinco días…. a 120 horas, y contó con todos los votos de la oposición”.

Los comunicados del FA sobre migración
El Frente Amplio también ha emitido pronunciamientos en los que dejan clara su postura con respecto a la migración. En 2017 publicaron un texto titulado Por una Ley Migratoria para una sociedad de derechos para todas y todos, en el que entre otras cosa, a partir de la propuesta de crear de un Registro Nacional de Extranjeros proponen “orientar los recursos comprometidos en esa inversión, a garantizar que la población migrante pueda ser incluida íntegramente, e independiente de su situación administrativa, en el Registro Nacional de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social. Y de esta manera avanzar hacia un Estado garante de los derechos de todas las personas”.

En 2020 Revolución Democrática publicó otro comunicado en el contexto de la discusión de la ley de migraciones donde indican que la norma debería consagrar “el principio de cambio de categoría migratoria dentro del país, como criterio general y no como una excepcionalidad”.

https://ellibero.cl/actualidad/no-t...a-migracion-ilegal-de-boric-y-el-oficialismo/