HidroAysén: las frases que la Concertación preferiría olvidar.

buena acotacion .............................

 

con el 0.05 de la patagonia se hace lo mismo, es la misma wea al final, porque la energia no viaja por arte de magia igual tendrian que cablear 2000 kms para llevarles la wea a los santiaguinos qliaos, al final es igual o mas invasiva.

 

compadre la derecha e izquierda son alianza, ellos se rien de los estupidos que peleaan por la politica, ellos se llenan los bolsillos de dinero mientras algunos discutimos por quien dice la verdad o no... entiendan eso de una vez, es otra teleserie mas

 

es lamentable, pero hidroaysen es un mal necesario.....

 

el ignorante es usted amigo, debe siempre tener claro que esta energia no es para ahora sino para despues del 2015 y mas alla porque la represa no la bas hacer de un dia para otro ni las lineas de alta tensiopn de la noche a la mañana , en segundo lugar debes tener en claro que ala energia eolica solo sirve cuando hay viento 7 horas app en el norte, el otro lugar que vieron es el sur en lebu que hay buenas corrientes osea hablamos torres de alla hasta aca, y en segundo la solar es mucho mas cara y sus paneles duran 25 años y hasta el año v 20 todavia estas recuperando lo invertido, muchos hablan de brasil pero este su energia limpia es hidrica y tiene 2 plantas nucleares igual que argentina.
españa tiene 8 nucleares por si lo quieres nombran y bueno todo esto es a futuro sorry no es energia para hoy es para el futuro proximo.
y demuestre su cultura sin groserias porque la democrasi se trata del respeto que se debe tener entre los que pensamos diferentes sino solo demuestras la poca capacidad cultural suya y civica, a lo ser que se poco inteligente y ese es tu vocabulario para que te escuchen.

 

hay tienen algo mas de la concertacion



Las gestiones conjuntas de los gobiernos de Chile y EE.UU. para salvar a termoeléctrica de AES Gener

Por: Juan Pablo Figueroa

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La aprobación de la central Campiche estuvo rodeada de polémica, luego de que la Suprema paralizara las obras y el gobierno de Bachelet hiciera cambios legales que permitieron su construcción. Cables filtrados por Wikileaks dan cuenta del fuerte lobby que ejerció la embajada de EE.UU. por AES Gener. El gobierno reaccionó rápido, temiendo ahuyentar inversiones, e incluso la presidenta habría pedido a la ministra Patricia Poblete que encontrara una solución. Según el embajador, Poblete le dijo que esa era su primera prioridad y le prometió que “el gobierno solucionaría la situación”.
A fines de octubre y principios de noviembre de 2009, el entonces embajador de Estados Unidos (EE.UU.) en Chile, Paul Simons, hizo llegar una carta a varios destinatarios del gobierno. La había escrito Gary Locke, el secretario de Comercio de su país, y le urgía que las principales autoridades chilenas la leyeran. Al primero que se la entregó fue a Marcos Robledo, asesor internacional de la presidenta Michelle Bachelet. De acuerdo a un cable enviado a Washington por la embajada y filtrado por Wikileaks, el funcionario le dijo que se la haría llegar a la brevedad y le hizo saber que el gobierno estaba consciente del problema y, “comprometido a encontrar una solución”. En los días siguientes, la misiva llegaría hasta los escritorios de los ministros de Interior, Economía y Energía.
Para entonces ya habían pasado cinco meses desde que la Corte Suprema invalidara la aprobación ambiental de la central termoeléctrica Campiche, un proyecto que se encontraba en construcción en la comuna de Puchuncaví, en la V Región, y que pertenecía a la compañía eléctrica AES Gener, la segunda empresa más grande del rubro en el país y filial en Chile de la norteamericana AES. La decisión judicial no cayó nada de bien ni en EE.UU. ni en el gobierno de Bachelet.
El fallo unánime de la Suprema determinaba que la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) había incurrido en una ilegalidad al aprobar en mayo de 2008 el permiso ambiental a la termoeléctrica y permitir su construcción sin antes considerar el tipo de uso de suelo. Con eso, se paralizaba una inversión de US$ 500 millones para generar 270 MW de potencia a base de carbón, lo que equivalía al 10% de la capacidad de generación en construcción en ese momento y al 3% de la capacidad ya instalada de la matriz eléctrica en Chile.
-La eliminación ilegal de un uso de suelo para áreas verdes en una localidad afectada por la alta emisión de contaminantes provoca un menoscabo evidente al entorno en que viven los recurrentes, vulnerando su derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación –decía la sentencia de junio de 2009.
Un día después del fallo, el diario La Tercera publicó un artículo donde el gerente general de AES Gener, Felipe Cerón, decía que la empresa confiaba “en que institucionalmente se encontrará una solución que le permita mantener su plan de inversiones”.
El plan siguiente consistiría en recurrir a la embajada de EE.UU. y convertir el problema de una empresa privada en un asunto diplomático. Entonces habría reuniones. Luego vendría la carta desde Washington a las autoridades chilenas y su respuesta: que el gobierno haría todo lo posible para solucionarle el problema a AES Gener.
Los primeros pasos del lobby

Un mes después del fallo, el 23 de julio de 2009, Cerón llegó junto al presidente de AES, Andrés Gluski, a una reunión con el embajador Simons. Lo que pasó allí aparece detallado en el cable Nº 221.119. Según el documento, Gluski le hizo saber al diplomático norteamericano que si pasaba más de un año de retraso, Campiche debería cancelarse por el alto costo que significaba la paralización, que estimaba entre los cuatro y los ocho millones de dólares mensuales. Y que las pérdidas no sólo serían para ellos, sino que también para sus proveedores, “principalmente en Corea (contratista general) e Italia (turbinas)”. También le recalcó que la prohibición no se debía a un tema ambiental, sino que era por el uso de suelo. Le dijo además, que el fallo ponía en duda las bases legales de otras plantas de energía. Para él, la sentencia judicial era “una señal activista de la Corte Suprema al gobierno de que no aprueba los procesos de permisos ambientales”.
Gluski le pidió a Simons que elevara la preocupación de AES sobre los costos a las autoridades chilenas y les hiciera notar la importancia de hacer un rápido seguimiento a los cambios en el uso de suelo en la zona donde la central se estaba instalando. Días después, el embajador lo hizo y encontró nada más que apoyo absoluto por parte del gobierno.
El 4 de agosto, Simons se reunió con el entonces ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma. El jefe de gabinete de Bachelet le dijo al diplomático que el gobierno entendía la gravedad del problema: que no sólo implicaba las inversiones de AES, sino que a todo el ambiente de inversión extranjera en el país, principalmente en el área energética. Le aseguró también que pondría a uno de sus asesores más experimentados a trabajar en la materia. Luego Simons lo hablaría con Marcelo Tokman, titular de Energía, quien le “prometió todo su apoyo”.
La siguiente gestión de los diplomáticos estadounidenses fue reunirse con Álvaro Sapag, quien dirigía la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Sapag le dijo a un representante de la embajada que ya se había reunido con los ejecutivos de AES en seis ocasiones a discutir los pasos a seguir para conseguir un nuevo permiso ambiental después de que se solucionara el tema del uso de suelo, ya que no estaba claro si debían partir de cero ni qué partes del antiguo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) podrían ser usadas de nuevo.
En el cable, fechado el 17 de agosto de 2009, el embajador aseguraba que la ministra de Vivienda, Patricia Poblete, era la responsable de las directrices generales de zonificación y que ya se le había pedido que desarrollara nuevas guías que se acomodaran al fallo de la Suprema. Según la empresa, Poblete estaba dispuesta a solucionar el problema de las zonas industriales, pero no de las zonas de “alto riesgo”. Unos meses después llegaría la carta firmada por el secretario de Comercio norteamericano Gary Locke en la que se refería al problema de AES, y Simons la haría llegar a los escritorios de la presidenta y los titulares de Interior, Economía y Energía. Entonces, el embajador confirmaría la disposición de Poblete y los demás ministros de Bachelet para apurar la reapertura de la termoeléctrica en Puchuncaví.
La promesa de la ministra Poblete

Todo lo relativo a la carta aparece en el documento que salió el 20 de noviembre de ese mismo año desde la embajada de EE.UU. rumbo a Washington, el cable Nº 235.975. El texto de Locke reconocía los esfuerzos del gobierno chileno para solucionar la situación de AES y solicitaba “medidas oportunas para desarrollar una salida positiva para la compañía y sus inversiones”. Luego de haberla despachado, Simons habló con cada uno de los ministros de las tres carteras destinatarias. Todos le dijeron lo mismo: que estaban al tanto de la situación, que al gobierno le urgía resolver el tema para evitar un impacto negativo en el clima de inversiones en Chile y que quien podría hacer algo era la ministra Poblete. Pérez Yoma también aprovechó de indicarle que “la compañía (AES Gener) no ha hecho lo suficiente para pulir su imagen pública o construir relaciones con la comunidad colindante al proyecto Campiche”.
El 9 de noviembre Poblete recibió a Simons, quien le llevaba una copia de la misiva. Lo primero que dice el cable sobre aquella reunión es que la ministra de Vivienda le señaló “que ha recibido muchas peticiones para encontrar una vía para que AES Gener pueda reanudar el trabajo en la planta”. Poblete le dijo al diplomático que entre éstas estaban una carta enviada por el gobierno de Corea del Sur e incluso una llamada de la presidenta Bachelet. Además, le aseguró que “para ella y el gobierno chileno es la principal prioridad apuntar a resolver el tema antes de fin de año (2009)”.
Durante la conversación, la ministra mencionó que bajo el Plan Regulador Regional de Valparaíso, que comprende la zona donde se estaba instalando la termoeléctrica, hay limitaciones claras y estrictas para proyectos industriales. Agregó también que AES Gener nunca tuvo el permiso para construir en Campiche y que “la empresa debería haberse acercado a su ministerio mucho antes de empezar a trabajar en el proyecto”.
–Ella se lamentó –dice el informe de Simons– de que en vez de recurrir directamente a ella, la compañía perdiera tiempo tratando de trabajar en una solución con el Ministerio de Energía y afirmó que en esta etapa la solución es enmendar el Plan (Regulador) para acomodar el proyecto Campiche.
Poblete le habría explicado al diplomático norteamericano que el equipo del Ministerio de Vivienda (Minvu) ya había presentado una propuesta de cambios al Plan Regulador a través de la Corema y que la Contraloría lo había devuelto con 66 observaciones. Según el cable, la ministra se veía confiada. Le dijo también que hacía poco su cartera había completado las respuestas a las dudas y cambios solicitados por la Contraloría y que “usó canales internos de comunicación con la oficina del contralor (Ramiro Mendoza) para asegurarse de que las respuestas sean aceptables”. Que sólo faltaba que el documento fuera formalmente reenviado desde la Corema hacia la Contraloría. Que al día siguiente se juntaría con Pérez Yoma, Tokman y el alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, –también llegaría a esa reunión Ana Lya Uriarte, ministra del Medio Ambiente– para idear una estrategia que resolviera el tema. Que “el gobierno solucionaría la situación, recurriendo a un decreto ejecutivo de ser necesario”.
Camino abierto para Campiche

Para fines de 2009, cuando la embajada envió el cable, AES Gener ya había dejado el tema judicial en manos del estudio Bofill, Mir & Álvarez, Hinzpeter, Jana Abogados, del cual era socio el actual ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. También se había enfrentado al municipio de Puchuncaví, que le exigía demoler lo que ya habían edificado en Campiche por haber construido sin permisos de edificación, lo que correspondía al 40% de la obra total. A la empresa le urgía acelerar el proceso del cambio de suelo. Por eso, sólo unos días después de que Patricia Poblete recibiera al embajador Simons, llegó hasta el Minvu el gerente general de la compañía, Felipe Cerón.
Según consta en el mismo cable, Cerón le contó a funcionarios de la embajada que la ministra le explicó que la enmienda del Plan Regulador podría tomar más tiempo que lo esperado y que recién en febrero de 2010 el trámite podría estar listo. Sólo entonces la compañía estaría en condiciones de reanudar las obras. Él creía que para lograrlo antes del cambio de mando, el gobierno de Bachelet lo cambiaría por decreto. Eso fue lo que ocurrió.
El 31 de diciembre de 2009, el Diario Oficial publicó el Decreto Supremo Nº 68. La norma se refiere a los terrenos afectos a dos o más usos de suelo distintos y estableció que si “al menos el 30% de su superficie permite los usos de suelo de actividades productivas y/o infraestructura, se admitirá en todo el terreno dicho uso de suelo”. El documento también indicó que en los casos donde se permita la actividad industrial, “estará siempre admitido el emplazamiento de las instalaciones o edificaciones destinadas a infraestructura”. Todo beneficiaba a Campiche: según AES Gener el decreto dejaba superadas las razones por las que la Suprema detuvo el proyecto. La empresa aseguró que el 33% del terreno donde se emplazaba la termoeléctrica era de uso industrial, por lo que la nueva normativa le permitía extender esa utilización al resto de su proyecto.
A esas alturas, las modificaciones causaban revuelo público. Una nota del diario electrónico El Mostrador denunciaba que el gobierno había hecho un traje a la medida de Campiche y apuntaba principalmente a la ministra Poblete, pero también a sus colegas Pérez Yoma y Tokman. “No hemos hecho nada especial para que Campiche se pueda resolver”, se defendía al día siguiente la ministra de Vivienda.
Pero el escenario era claramente favorable para AES Gener. Cerón solicitó entonces un informe a la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo de la V Región que incorporara las modificaciones en la ordenanza y ratificara que el terreno de Campiche cumplía con las exigencias municipales. También le pidió a la Corema la inclusión de los cambios en el proceso de calificación ambiental y que el proyecto pasara a ser sometido para la aprobación definitiva. Pero aún no estaba el camino llano. En relación a la extensión del uso de suelo industrial, el decreto agrega que “el instrumento de planificación territorial que corresponda podrá prohibir la aplicación de este inciso dentro de su territorio”.
Los días previos al terremoto del año pasado fueron movidos para AES Gener y su proyecto. El 18 de febrero de 2010, el Concejo Municipal de Puchuncaví rechazó por unanimidad el decreto del Minvu. Un artículo de La Tercera señala que el alcalde de Puchuncaví, Agustín Valencia, dijo que “se rechaza el cambio y vamos a pedir congelar esa área para que no se pueda construir”. Menos de una semana después, la Corema de Valparaíso aprobó la calificación ambiental de Campiche. Aunque el municipio anunció que recurriría a la justicia, el proyecto podía reanudarse apenas la empresa lo estimara conveniente. Pero para eso faltaba la seguridad de que el proyecto no se detendría nuevamente.
La certeza que AES Gener necesitaba llegó recién en julio de 2010. Durante ese mes, luego de varias semanas de negociación, el municipio de Puchuncaví desistió de cualquier acción judicial que trabara la reapertura de las obras. A cambio, la empresa se comprometió a invertir unos US$ 4.000.000 en aportes sociales a la comunidad, otros US$ 80 millones en mejoras de las tecnologías usadas en las cuatro plantas termoeléctricas de la zona y a no construir ninguna otra central eléctrica en el sector. El 10 de agosto de 2010, la dirección de obras de Puchuncaví le otorgó a AES Gener los permisos de construcción que hacían falta. Campiche empezará a operar en 2012.












Wikileaks revela presiones de EEUU y red de influencia política de AES Gener en Chile

Miércoles, 02 de Marzo de 2011 22:06 Sohad Houssein y Rodrigo Alarcón


Un nuevo cable de Wikileaks, dado a conocer por el sitio periodístico Ciper Chile, reveló cómo las presiones de la embajada de Estados Unidos lograron que la ex Presidenta Michelle Bachelet y su gabinete pasaran sobre un fallo unánime de la Corte Suprema y la institucionalidad medio ambiental para lograr la aprobación de la termoeléctrica Campiche. Escándalo que roza además al actual ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.

Fue en junio de 2009, luego de la larga pelea que la comunidad de Puchuncaví había dado para impedir que ahí se instalara termoeléctrica a carbón, que la Corte Suprema, por unanimidad falló en contra de la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) de Valparaíso, que en 2008 había aprobado la construcción de la central Campiche. Según el máximo tribunal, la resolución era ilegal pues no consideraba el uso de suelo para áreas verdes con el fin de permitir la construcción del proyecto altamente contaminante lo que “provoca un menoscabo evidente al entorno” y vulneraba el “derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”.

El fallo de la Suprema encendió la alerta en Washington ya que AES Gener, empresa de dueña de Campiche, es la filial de AES, la segunda compañía energética de Estados Unidos, según informa Ciper y detalla que la inversión que en ese momento quedaba paralizada ascendía a US$ 500 millones. Además, la termoeléctrica buscaba generar 270 MW de potencia, correspondiente a un tres por ciento de la matriz chilena en ese momento y a un diez por ciento de los proyectos en construcción.
Fue entonces que el embajador estadounidense en Chile, Paul Simons, según revela Wikileaks, tomó cartas en el asunto y comenzó un fuerte lobby al interior de La Moneda. Repartiendo entre los ministerios una carta del secretario de Comercio en Washington, Gary Locke, el diplomático aseguraba que la paralización de Campiche ponía en riesgo la inversión extranjera en el país, no sólo de Estados Unidos, también de Corea e Italia, proveedores del proyecto.
Y Simons encontró un apoyo cerrado en las autoridades chilenas. Luego de reunirse con los entonces ministros del Interior, Edmundo Pérez Yoma; de Energía, Marcelo Tokman, y de Economía, Hugo Lavados, el embajador recibió todo el respaldo del gobierno para “resolver el problema” y sacar adelante el proyecto, incluso, el jefe de gabinete se comprometió a dedicar al mejor de sus asesores a solucionar el tema.
El blanco de las gestiones diplomáticas para instalar la empresa privada estadounidense en Chile era ahora el director de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, Álvaro Sapag, pero ahí también las puertas estuvieron abiertas… y de par en par, ya que como se revela en los cables, el director del organismo público se reunió al menos seis veces con los ejecutivos de AES Gener para trabajar en conjunto los pasos que los llevarían a obtener el permiso medio ambiental.
La piedra de tope que ahora quedaba era, precisamente, la calificación en el uso del suelo impugnada por la Suprema. El tema era resorte de la ministra de Vivienda, Patricia Poblete, y hasta esa repartición llegó entonces Simons el 9 de noviembre de 2010. Según el cable revelado por Wikileaks, en la reunión la secretaria de Estado reconoció que “ha recibido muchas peticiones para encontrar una vía para que AES Gener pueda reanudar el trabajo en la planta”, entre ellas, una llamada de la Presidenta Bachelet.
El embajador contó además que en el encuentro la ministra Poblete le señaló que hubiera sido más simple recurrir a ella antes de comenzar a construir la termoeléctrica y no perder tiempo en gestiones con la cartera de Energía.
Acordaron cambiar el Plan Regulador de la zona para permitir el emplazamiento de Campiche. Trabajo en el que ya estaba abocado ese ministerio y que, en vista de que la propuesta había recibido 66 observaciones desde la Contraloría General de la República, Poblete le contó que estaban conversando directamente con la oficina del contralor Ramiro Mendoza para asegurarse de que fuera aceptado.
Pero el gobierno de Bachelet ya estaba llegando a su fin y el tiempo apremiaba. En una movida estratégica, AES Gener decidió mirar hacia el futuro y contratar al estudio Bofill, Mir & Álvarez, Hinzpeter, Jana Abogados, del que era socio el actual ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, para llevar la arista judicial del caso.
Por su parte, el gerente general de AES Gener, Felipe Cerón, se reunió con la ministra Poblete y le contó a Simons que le había señalado que el cambio en el Plan Regulador se demoraría hasta febrero de 2010, pero que el gobierno barajaba la opción de modificarlo por decreto si fuera necesario. Y así fue, el 31 de diciembre de 2009, a pocos días de dejar el poder, el Ejecutivo emitió el Decreto Supremo Nº 68 donde cambiaban las condiciones del juego estableciendo que si el 30 por ciento de la superficie permite un uso de suelo para actividades productivas, se podrán desarrollar.
Esa era precisamente la situación en la que se encontraba la zona donde se emplazaba Campiche, con un 33 por ciento del terreno destinado a uso industrial. El camino estaba ahora despejado para la instalación de la termoeléctrica, pues con esto se echaban por tierra además los argumentos que había esgrimido la Corte Suprema en su fallo.
Era el alcalde de Puchuncaví, hasta ese momento uno de los más férreos opositores al proyecto, el último escollo por salvar. La solución salió del bolsillo: la empresa se comprometió a invertir cerca de cuatro millones de dólares en la comunidad y ochenta millones de dólares para mejorar la tecnología de las cuatro plantas termoeléctricas emplazadas en la zona. Un aporte de campaña al que ningún alcalde se puede negar.
“Santos en la corte”
Pero la “presencia” de AES Gener en Chile no se limita a Campiche ni al pasado gobierno.
A través de Empresa Eléctrica Angamos, AES Gener contempla comenzar a operar en abril la primera unidad de la termoeléctrica Angamos, en Mejillones. El proyecto está conectado con el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), su construcción ha estado a cargo de la empresa surcoreana Posco Engineering & Construction Co. y la filial tiene contratos con Minera Escondida y Minera Spence, ambas de BHP Billiton, para vender casi la totalidad de la energía que produzca.
En la misma bahía de Mejillones se desarrolla la termoeléctrica Cochrane, que contempla la inversión de US$1.100 millones mediante la filial Norgener y fue aprobada por la Corema de Antofagasta en septiembre de 2009.
La compañía también desarrolla la central termoeléctrica Los Robles, en el sector Punta Pacoco de Constitución, con una inversión de US$1.300 millones. El proyecto fue aprobado por la Corema del Maule, decisión criticada duramente en un informe de la Cámara de Diputados que subraya sus efectos en el medioambiente.
Asimismo, AES Gener impulsa el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, aprobado a fines de marzo de 2009 por la Corema metropolitana. Implica una inversión de US$700 millones para la construcción de dos centrales, Alfalfal II y Las Hojas, que abastecerían con 531 megawatts al Sistema Interconectado Central. Sus efectos en los ríos del valle y el abastecimiento de agua potable en la región Metropolitana provocaron oposición ciudadana y también cuestionamientos desde la Cámara de Diputados. Aun así, el ex ministro de Energía, Ricardo Raineri, señaló en noviembre que el proyecto tendría un impacto ambiental bajo. La compañía espera iniciar las obras este año.
Sin embargo, el escándalo que se generó al conocer el contenido de los cables diplomáticos detallando la red de influencias a la que hizo mano la empresa estadounidense, motivó a parlamentarios socialistas a pedir que se investiguen estas denuncias.
Marcelo Díaz, diputado PS, recalcó que con esto se revela “el poder económico, articulado con el poder político y lobbysta… hoy día uno de ellos ministro del Interior que estuvo detrás del lobby de Campiche, y que también tiene vínculos privados con Castilla, y antes otro ministro del Interior. Aquí lo que está en juego es la legitimidad y la ley en la defensa de los intereses de las comunidades afectadas por estos megaproyectos que tienen impactos medio ambientales devastadores”.
Efectivamente, tener al ex abogado de la empresa, Rodrigo Hinzpeter, como ministro del Interior, le podría dar confianza a la multinacional de poder salvar los escollos con los que se puedan encontrar para ejecutar sus proyectos energéticos, pese a la oposición ciudadana y a las fiscalizaciones de los diputados.
El ímpetu indagatorio de los diputados, quienes solicitan ampliar el plazo e incluir estos antecedentes en la comisión investigadora por aprobación de proyectos energéticos que actualmente funciona en la Cámara, fue bien recibida desde La Moneda.
“Me parece estupendo, creo que una de las facultades de la Cámara es la de fiscalización, si quiere fiscalizar las acciones del gobierno anterior en esta materia, bienvenido sea”, dijo confiado el biministro de Energía y Minería, Laurence Golborne.
Lo que el secretario de Estado no mencionó es que la empresa sumó recientemente un nuevo “santo en la corte”: el actual subsecretario de Energía, Sergio del Campo, fue desde 2002 y hasta asumir el cargo en febrero de 2011, gerente general de Eléctrica Guacolda, empresa que opera la termoeléctrica del mismo nombre, y que también es una filial de AES Gener.

 

Muy cierto, es necesario, o si no, que apagen todo lo que consumen energia, todo por el planeta, no?

 

ignorante estupdio
de cualquier forma si Frei seria presidente tambien se aprovaria el proyecto
si todo estaba coordinado para que el gobierno 2010-2014, independiente del presidente, diera luz verde a hidroaysen

 

y Alinco??, politicos hijos de p...

 

x2... no faltan los que defienden lo indefendible..

 

No cacho cual es la gracia de echarle la culpa a los políticos, son truchos, son chantas TODOS o si no, su mayoría.
La concerta ahora se lava las manos, en cambio Piñera por weón se las mama todas las puteás de twitter, de facebook y los millones de "revolucionarios de internet", no digo que vayan a protestas esa weá es peor. Lo que aquí me molesta es que, los culiáos defensores de la naturaleza metan sus weás de narices donde no tienen nada que ver. Porque, tienen celular, pero no quieren antenas, tienen autos, pero no quieren contaminar, ¿Cuantos de los ambientalistas o "verdes" anda en bicicleta? Pocos. El que quiera defender ese hermoooso ecosistema, que lo conozca primero, no digan que cualquiera puede ir a visitarlo, ¿Acaso has conocido lo que se va a destruir? ¿Vas a echar de menos algo que viste? El gusto de la naturaleza humana de tener algo por lo que webear. Tiene que pasar algo para que se vuelvan verdes los culiáos. Igual que con el terremoto, tiene que haber uno para que nos acordemos de que vivimos en un país que es brutalmente sísmico, pero cuando no hay ninguna weá, se les olvida. Se les olvida que no sólo Frei vendió, que todos han vendido pequeños trozos del país a "inversionistas" extrangeros. Chile no es de los Chilenos, y dejen de creerse weás.

 

-. Son Todoooooooooooooos Unos Vendios Culios ! ASi De Claroo .. ! Todo Por La PLata ! Todo Los Politicos Ladrones qL ... No Piensan En Todo Lo Qe Van a Destruir Por Dinero.... Pishula Para Todos Ellos. Empezando De La Cagá De PResidentee...