¿Sabían que en Chile las empresas NO pagan impuestos?

Así es. En nuestro hermoso país, las empresas NO pagan impuestos, ya que, gracias a una disposición de 1984 (Pinochet), los tributos de primera categoría a los que están afectas se rebajan de los impuestos que tiene que pagar los empresarios. Chile es el único país del mundo donde las empresas y los empresarios reciben semejante beneficio.

Como resultado de lo anterior, todos los servicios que les entregan el Estado y la sociedad a las empresas, son un regalo. No pagan por ellos. Son, en la práctica, un subsidio que todo Chile (incluyendo los más pobres) les entrega a los empresarios.

¿No les parece eso un escándalo? ¿No les parece vergonzoso que esto se haya mantenido 30 años sin que nadie haga algo por remediarlo?

Lean, por favor, el siguiente artículo:


¿Por qué nuestros políticos se niegan a considerar siquiera la reforma tributaria que Chile necesita?
Quienes detentan el poder hoy en Chile, y sus partidarios, se jactan de los buenos índices que el país muestra en términos de crecimiento, ingreso per cápita, empleo y vivienda. Nada dicen, sin embargo (y sus opositores guardan cómplice silencio), acerca de los dos brutales estigmas que arrastramos en materia de equidad:

· Uno de los sistemas tributarios más inmorales, injustos e inequitativos del mundo;

· Una de las peores distribuciones del ingreso familiar (y, por consiguiente, de la riqueza) del planeta.
El sistema tributario es inmoral porque, aparte de contener numerosas franquicias que permiten eludir impuestos a los más pudientes (haciendo que su carga tributaria sea incluso inferior, en términos porcentuales, a la de los menos favorecidos), lleva implícito desde 1984 un grosero subsidio a las empresas (y, por ende, a los empresarios), otorgado con recursos de todos los chilenos (incluso de los más desposeídos), y que totaliza varios miles de millones de dólares anuales.
Este subsidio se produce porque en Chile, al contrario de lo que ocurre en todo el resto del mundo, las empresas NO tributan (el impuesto de primera categoría al que están afectas, es en la práctica un pago provisional a cuenta de los impuestos de sus propietarios, de manera que éstos tienen derecho a rebajarlo de su global complementario o del impuesto adicional, según establece el artículo 20, primer párrafo, de la Ley de la Renta), por lo que todo el uso que ellas hacen de los sustanciales servicios y beneficios que les otorgan el Estado y la sociedad ―un mercado de bienes y servicios donde colocar sus productos y adquirir sus insumos; un mercado laboral donde contratar a sus trabajadores; un marco normativo para desenvolverse y resolver los conflictos que se les presenten; una infraestructura caminera para distribuir su producción; un sistema económico pujante que les permite crecer y desarrollarse; un sistema monetario para efectuar sus transacciones; seguridad; iluminación pública; información; convenios bilaterales de comercio, oportunidades y quizás cuántos otros servicios que se me escapan―, sin los cuales no tendrían posibilidad alguna de funcionar y menos de obtener sus utilidades, lo efectúan a título gratuito. En otras palabras, no pagan un peso por él; lo reciben graciosamente de regalo, a vista y paciencia de nuestros políticos, de parte de quienes lo financian: todos los chilenos. ¿Puede haber, en términos tributarios, algo más inmoral, injusto e inequitativo que esto?

En cuanto a la distribución del ingreso familiar, ella es tan escandalosamente mala que el decil más acomodado recibe, según cifras del Banco Mundial, 28,3 veces más ingresos que el decil menos favorecido, situación que se ha mantenido sin variaciones (y sin que los políticos hagan nada por corregirla) durante los últimos 30 años, y que ubica a Chile entre los quince peores países del mundo en la materia. A modo de comparación, para apreciar mejor nuestra penosa realidad, en Venezuela esta relación es de 17,8 veces; 15,9 en Estados Unidos; 14,3 en Uruguay; 10,3 en España; 7,8 en Corea del Sur; 6,2 en Suecia; y 4,5 en Japón. La pregunta obvia es: ¿por qué nosotros no podemos aspirar a cifras similares? ¿No es acaso esa relación un acuerdo que podemos tomar como sociedad? ¿Cuánto debiera ser ese guarismo en Chile? ¿Tendrán alguna respuesta nuestros señores políticos?

Pues bien, ocurre que la herramienta indicada para corregir el impresentable subsidio señalado y la que además permite generar suficientes recursos adicionales (varios miles de millones de dólares anuales) como para comenzar a enfrentar ahora, de una vez por todas (porque ya se ha esperado demasiado), la vergonzosa distribución del ingreso, es la reforma tributaria. Pero no cualquiera. La reforma tributaria que se requiere debe contener (al menos; se requieren varias más para corregir todas las inequidades que contiene el sistema vigente), dos medidas drásticas:

· Eliminar la posibilidad de que los empresarios imputen contra sus impuestos personales los tributos de primera categoría que pagan las empresas.

· Eliminar para siempre el acceso al FUT, para evitar que los empresarios sigan reduciendo sus impuestos personales con cargo a tributos enterados por sus empresas en períodos anteriores.
Ésas son las medidas básicas para enfrentar las lacras que arrastra hoy nuestra sociedad. Cualquier proyecto de reforma tributaria que realmente pretenda crear un sistema impositivo más justo y equitativo, debería considerarlas, ya que por medio de ellas se elimina el subsidio mencionado y se obtienen a la vez varios miles de millones de dólares adicionales al año, los que provienen en su totalidad de los bolsillos de los más pudientes. Uno esperaría, entonces, que en los que se han presentado a la consideración pública estuviesen presentes. Pero no. Ni en el del gobierno (que más parece una burla en el escenario descrito) ni en los de la oposición (alguno por ahí menciona tibiamente la segunda medida), ni tampoco en los de los centros de estudios, están presentes. Parece que todos se hubiesen puesto de acuerdo en omitirlas.

¿Por qué? ¿Por qué nuestros políticos persisten obstinadamente en mantener vigente un sistema tan escandalosamente inmoral e inequitativo? ¿Por qué no hacen nada para corregir sus monumentales falencias? ¿Por qué protegen a quiénes se benefician de él? ¿Por qué actúan como si diera lo mismo que estas infamias (porque no merecen otro calificativo) que se arrastran desde hace ya más de tres décadas, se perpetuasen, asemejando a Chile más a una sociedad feudal, con señores y vasallos, que a una nación moderna, donde todos sus habitantes reciben lo que les corresponde y merecen? ¿Por qué se hacen cómplices de este verdadero atentado que se comete contra casi todos los chilenos, en particular contra la gente más necesitada?

Se me ocurren cuatro posibles razones (debe haber, seguramente, varias más):

§ Los políticos ignoran la magnitud real de los problemas que afectan a la sociedad chilena; no están bien preparados; no disponen de los conocimientos ni de la información necesarios para desarrollar a cabalidad su función; son ignorantes;

§ Los políticos no la ignoran, pero no les interesa; no están ni ahí con los problemas reales y sólo aplican la ley del mínimo esfuerzo y el máximo beneficio en su penoso tránsito por el cargo que mal desempeñan; son flojos, negligentes y aprovechadores;

§ Los políticos no la ignoran, les interesa, pero no saben qué hacer para solucionar los problemas; son bien intencionados pero carecen de las herramientas adecuadas, y como no quieren quedar en evidencia, no hablan para evitar que el resto se percate de ello; son ineptos;

§ Los políticos no la ignoran, les interesa, saben qué hacer, pero no les conviene ejecutar los cambios necesarios porque ello, de alguna u otra forma, afecta negativamente sus intereses; son venales.

Cualquiera que sea la razón ―alguna combinación de las cuatro anteriores u otra que se me escapa―, lo concreto es que condena a un altísimo porcentaje de la población de nuestro país a vivir eternamente como un estrato de segundo orden, como una clase inferior que no tiene ni tendrá el acceso a los derechos y a las oportunidades que disfrutan los más favorecidos. Además de perpetuar legalmente esta suerte de pleitesía que le rinde la sociedad toda a los empresarios, por la vía de regalarles ingentes servicios que en todo el resto del mundo están obligados (y no podría ser de otra manera) a pagar.

¿Qué hacer ante tan penoso escenario?
Hay que actuar en consecuencia: explicarles la situación a los políticos que ignoran, presionar y controlar a los negligentes para que comiencen a actuar, identificar y reemplazar a los ineptos y, por supuesto, cortar de raíz a los venales. Pero lo principal es conseguir que la sociedad toda tome nota; que los millones de esforzados chilenos que hoy le regalan, sin saber, parte de su trabajo a las empresas, sepan lo que está ocurriendo y se percaten de que a sus representantes no les interesa corregir tamaño despojo. Que se enteren de que, a la fecha, ninguno de los potenciales candidatos presidenciales siquiera ha mencionado esta aberrante situación. Que tomen conciencia de que quien lidera hoy las encuestas, durante cuatro años no hizo nada, pero nada, por corregirla. Que internalicen que el actual gobierno, como vulgarmente se dice, “no está ni ahí” con hacer algo al respecto. Así, por lo menos, tendremos la esperanza de que cuando llegue el momento de concurrir a las urnas, lo hagan responsablemente y favorezcan con su voto a quienes tengan considerado en sus programas corregir estas bárbaras injusticias.

Porque en eso consiste la democracia, ¿verdad?: en que el poder está en manos de la gente.

¿O estaremos equivocados?

Sergio Fernández Figueroa
Ingeniero Comercial