La justicia deberia investigar las violaciones a los DDHH en el gobierno de Allende?:

Las violaciones a los DDHH y los crimenes de Lesa Humanidad NO PRESCRIBEN tienen la especial característica de ser imprescriptibles, es decir que pueden ser perseguidos en todo tiempo.

Las violaciones a los DDHH no pudieron ser perseguidas judicialmente porque el Informe Rettig fue hecho por gente de izquierda quienes se negaron a incluir las violaciones a los DDHH del gobierno de Allende.

Porque se opone la gente de izquierda a que se investigue el gobierno de Allende? de que tienen miedo? Si dicen que no se violaron los DDHH en su gobierno, entonces porque se oponen a que la justicia lo investigue? El que nada hace, nada teme, dice un refran

Y tambien es incomprensible porque la justicia chilena no investiga los crimenes de Lesa Humanidad que tambien se cometieron en el gobierno de Allende


Para comprender como el gobierno de Allende violo los DDHH es necesario, primero, leer como Allende violo la constitucion, asi sera mas facil entender como se violaron los DDHH en su gobierno, y de esto tambien se puede deducir que el golpe fue juridicamente legitimo, ya que se saco del poder a un gobierno que habia caido en la ilegalidad que no quiso renunciar, y su inconstitucionalidad fue declarada asi por el congreso:



"Por fin se demuestra convincentemente
que la remoción de Allende en 1973 fue el resultado del rechazo de las instituciones chilenas a sus reiteradas violaciones a los procedimientos democráticos y a sus esfuerzos por instalar
en Chile un sistema totalitario".
(Richard Pipes, Profesor Émerito de Historia, Universidad de Harvard).

El presente Texto es un Acuerdo de la Cámara de Diputados sobre el Grave Quebrantamiento del Orden Constitucional y Legal De La República del Gobierno Socialista representado por Salvador Allende

"Santiago, 23 de agosto de 1973

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

Tengo La honra poner en conocimiento de V.E., que la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

ACUERDO:

Considerando:

1º Que es condición esencial para la existencia de un Estado de Derecho que los poderes Públicos, con pleno respeto al principio de independencia recíproca que los rige, encuadren su acción y ejerzan sus atribuciones dentro de los marcos que la constitución y la ley les señalan, y que todos los habitantes del país puedan disfrutar de las garantías y derechos fundamentales que les asegura la Constitución política del Estado;

2º Que la juricidad del Estado chileno es patrimonio del pueblo que en el curso de los años ha ido plasmando en ella el consenso fundamental para su convivencia y atentar contra ella es,pues, destruir no sólo el patrimonio cultural y moral de nuestra nación sino que negar, en la práctica, toda posibilidad de vida democrática;

3º Que son estos valores y principios los que se expresan en la Constitución Política del Estado que, de acuerdo a su artículo 2º, señala que la soberanía reside esencialmente en la nación y que las autoridades no pueden ejercer más poderes que los que ésta les delegue y, en el articulo 3º, se deduce que un Gobierno que se arrogue derechos que el pueblos no le ha delegado, incurre en sedición;

4º Que el actual Presidente de la República fue elegido por el Congreso Pleno previo acuerdo en torno a un estatuto de garantías democráticas incorporado a la Constitución Política, el que tuvo como preciso objeto asegurar el sometimiento de la acción de su Gobierno a los principios y normas del Estado de Derecho, que él solemnemente se comprometió a respetar;

5º Que es un Hecho que el actual Gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema democrático representativo, que la Constitución establece;

6º Que, para lograr ese fin, el Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta,llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás Poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República, y permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho.

7º Que, en lo concerniente a las atribuciones del Congreso Nacional, depositario del Poder Legislativo, el Gobierno ha incurrido en los siguientes atropellos: a) Ha usurpado al Congreso su principal función, que es la de legislar, al adoptar una serie de medidas de gran importancia para la vida económica y social del país, que son indiscutiblemente materia de ley, por decretos de insistencia dictados abusivamente o por simples resoluciones administrativas fundadas en “resquicios legales”, siendo de notar que todo ellos se ha hecho con el propósito deliberado y confeso de cambiar las estructuras del país,reconocidas por la legislación vigente, por la sola voluntad del Ejecutivo y con prescindencia absoluta de la voluntad del legislador;

b) Ha Burlado permanentemente las funciones fiscalizadoras del Congreso Nacional al privar de todo efecto real a la atribución que a éste le compete para destituir a los Ministros de Estado que violan la Constitución o la ley o cometen otros delitos o abusos señalados en la Carta Fundamental, y

c) Por último, lo que tiene la más extraordinaria gravedad, ha hecho “tabla rasa” de la alta función que el Congreso tiene como Poder Constituyente, al negarse a promulgar la reforma constitucional sobre las tres áreas de la economía, que ha sido aprobada con estricta sujeción a las normas que para ese efecto establece la Carta Fundamental;

8º Que, en lo que concierne al Poder Judicial, ha incurrido en los siguientes desmanes:

a) Con el propósito de minar la autoridad de la magistratura y de doblegar su independencia,ha capitaneado una infamante campaña de injurias y calumnias contra la Excma. Corte Suprema y ha amparado graves atropellos de hecho contra las personas y atribuciones de los jueces;

b) Ha burlado la acción de la justicia en los casos de delincuentes que pertenecen a partidos y grupos integrantes o afines al Gobierno, ya sea mediante el ejercicio abusivo del indulto, o mediante el incumplimiento deliberado de las órdenes de detención;

c) Ha violado leyes expresas y ha hecho “tabla rasa” del principio de separación de los Poderes, dejando sin aplicación las sentencias o resoluciones judiciales contrarias a sus designios y, frente a las denuncias que al respecto ha formulado la Excma. Corte Suprema, el Presidente de la República ha llegado al extremo inaudito de arrogarse en tesis el derecho de hacer un “juicio de méritos” a los fallos judiciales, determinando cuándo éstos deben ser cumplidos;

9º Que en lo que se refiere a la Contraloría General de la República –un organismo autónomo esencial para el mantenimiento de la juricidad administrativa- el Gobierno ha violado sistemáticamente los dictámenes y actuaciones destinados a representar la ilegalidad de los actos del Ejecutivo o de entidades dependientes de él;

10º Que entre los constantes atropellos del Gobierno a las garantías y derechos fundamentales establecidos en la Constitución, pueden destacarse los siguientes:

a) Ha violado el principio de igualdad ante la ley, mediante discriminaciones sectarias y odiosas en la protección que la autoridad debe prestar a las personas, los derechos y los bienes de todos los habitantes de la República, en el ejercicio de las facultades que dicen relación con la alimentación y subsistencia y en numerosos otros aspectos, siendo de notar que el propio Presidente de la República ha erigido estas discriminaciones en norma fundamental de su Gobierno, al proclamar desde el principio que él no se considera Presidente de todos los chilenos;

b) Ha atentado gravemente contra la libertad de expresión, ejerciendo toda clase de presiones económicas contra los órganos de difusión que no son incondicionales adeptos del Gobierno; clausurando ilegalmente diarios y radios; imponiendo a estas últimas “cadenas” ilegales;encarcelando inconstitucionalmente a periodistas de oposición; recurriendo a maniobras arteras para adquirir el monopolio del papel de imprenta, y violando abiertamente las disposiciones legales a que debe sujetarse el Canal Nacional de Televisión, al entregarlo a la dirección superior de un funcionario que no ha sido nombrado con acuerdo del Senado, como lo exige la ley, y al convertirlo en instrumento de propaganda sectaria y de difamación de los adversarios políticos;

c) Ha violado el principio de autonomía universitaria y el derecho que la Constitución reconoce a las Universidades para establecer y mantener estaciones de televisión, al amparar la usurpación del Canal 9 de la Universidad de Chile, al atentar por la violencia y las detenciones ilegales contra el nuevo Canal 6 de esa universidad, y al obstaculizar la extensión a provincias del Canal de la Universidad Católica de Chile;

d) Ha estorbado, impedido y, a veces, reprimido con violencia el ejercicio del derecho de reunión por parte de los ciudadanos que no son adictos al régimen, mientras ha permitido constantemente que grupos a menudo armados, se reúnan sin sujeción a los reglamentos pertinentes y se apoderen de calles y camiones para amedrentar a la población;

e) Ha atentado contra la libertad de enseñanza, poniendo en aplicación en forma ilegal y subrepticia, a través del llamado Decreto de Democratización de la Enseñanza, un plan educacional que persigue como finalidad la concientización marxista;

f) Ha violado sistemáticamente la garantía constitucional del derecho de propiedad, al permitir y amparar más de 1.500 “tomas” ilegales de predios agrícolas, y al promover centenares de “tomas” de establecimientos industriales y comerciales para luego requisarlos o intervenirlos ilegalmente y construir así, por la vía del despojo, el área estatal de la economía; sistema que ha sido una de las causas determinantes de la insólita disminución de la producción, del desabastecimiento, el mercado negro y el alza asfixiante del costo de la vida, de la ruina del erario nacional y, en general, de la crisis económica que azota al país y que amenaza el bienestar mínimo de los hogares y compromete gravemente la seguridad nacional.

g) Ha incurrido en frecuentes detenciones ilegales por motivos políticos, además de las ya señaladas con respecto a los periodistas, y ha tolerado que las víctimas sean sometidas en muchos casos a flagelaciones y torturas;

h) Ha desconocido los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales o gremiales, sometiéndolo, como en el caso de El Teniente o de los transportistas, a medios ilegales de represión;

i) Ha roto compromisos contraídos para hacer justicia con trabajadores injustamente perseguidos como los de Sumar, Helvetia, Banco Central, El Teniente y Chuquicamata; Ha seguido una arbitraria política de imposición de las haciendas estatales a los campesinos, contraviniendo expresamente la ley de Reforma Agraria; ha negado la participación real de los trabajadores de acuerdo a la Reforma Constitucional que les reconoce dicho derecho; ha mpulsado el fin de la libertad sindical mediante el paralelismo político en las organizaciones de los trabajadores;

j) Ha infringido gravemente la garantía constitucional que permite salir del país, estableciendo para ello requisitos que ninguna ley contempla.

11º Que contribuye poderosamente a la quiebra del Estado de Derecho, la formación y mantenimiento, bajo el estímulo y la protección del gobierno, de una serie de organismos que son sediciosos porque ejercen una autoridad que ni la Constitución ni la ley les otorgan, con manifiesta violación de lo dispuesto en el artículo 10, Nº 16 de la carta fundamental, como por ejemplo, los Comandos Comunales, los Consejos Campesinos, los Comités de Vigilancia, las JAP, etc.; destinados todos a crear el mal llamado “Poder Popular”, cuyo fin es sustituir a los Poderes legítimamente constituidos y servir de base a la dictadura totalitaria, hechos que han sido públicamente reconocidos por el Presidente de la República en su último Mensaje Presidencial y por todos los teóricos y medios de comunicación oficialistas.

12º Que en la quiebra del Estado de Derecho tiene especial gravedad la formación y desarrollo,bajo el amparo del Gobierno, de grupos armados que, además de atentar contra la seguridad de las personas y sus derechos y contra la paz interna de la Nación, están destinados a enfrentarse contra las fuerzas Armadas; como también tiene especial gravedad el que se impida al Cuerpo de Carabineros ejercer sus importantísimas funciones frente a las asonadas delictuosas perpetradas por grupos violentistas afectos al Gobierno. No pueden silenciarse, por su falta de gravedad, los públicos y notorios intentos de utilizar a las Fuerzas Armadas y al Cuerpo de Carabineros con fines partidistas, quebrantar su jerarquía institucional e infiltrar políticamente sus cuadros.

13º Que al constituirse el actual Ministerio, con participación de altos miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el Excmo. Señor Presidente de la República lo denominó “de seguridad nacional” y le señaló como tareas fundamentales las de “imponer el orden político” e “imponer el orden económico”, lo que sólo es concebible sobre la base del pleno restablecimiento y vigencia de las normas constitucionales y legales que configuran el orden institucional de la República.

14º Que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de carabineros son y deben ser, por propia naturaleza, garantía para todos los chilenos y no sólo para un sector de la Nación o para una combinación política. Por consiguiente, su presencia en el Gobierno no puede prestarse para que cubran con su aval determinada política partidista y minoritaria, sino que debe encaminarse a restablecer las condiciones de pleno imperio de la Constitución y las leyes y de convivencia democrática indispensables para garantizar a Chile su estabilidad institucional, paz civil, seguridad y desarrollo.

15º Por último, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 39 de la Constitución Política del Estado. LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:

PRIMERO. Representar a S.E. el Presidente de la República y a los señores Ministros de Estado miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden institucional y legal de la República que entrañan los hechos y circunstancias referidos en los considerandos Nºs 5º a 12 precedentes;

SEGUNDO. Representarles, asimismo que, en razón de sus funciones de juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado y, en el caso de dichos señores Ministros, de la naturaleza de las instituciones de las cuales son altos miembros y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al Ministerio, les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas, que infringen la Constitución y las leyes, con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del Derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos;

TERCERO. Declarar que, si así se hiciere, la presencia de dichos señores Ministros en el gobierno importaría un valioso servicio a la república. En caso contrario, comprometerían gravemente el carácter nacional y profesional de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, con abierta infracción a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política y con grave deterioro de su prestigio institucional, y

CUARTO. Transmitir este acuerdo a S.E. el Presidente de la República y a los señores Ministros de Hacienda, Defensa Nacional, Obras Públicas y Transportes y Tierras y Colonización.”

Dios guarde a V.E.

Luis Pareto Gonzáles (Presidente) Raúl Guerrero Guerrero (Secretario)





VIOLACION DE LOS DDHH EN EL GOBIERNO DE ALLENDE

http://www.un.org/es/documents/udhr/

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones;

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;

LA ASAMBLEA GENERAL proclama la presente DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con
los otros.

Artículo 2

1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición.

2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o
internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si
se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración
fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes.

(Allende tambien cometio torturas en su gobierno leer del texto anterior:
g) Ha incurrido en frecuentes detenciones ilegales por motivos políticos, además de las ya señaladas con respecto a los periodistas, y ha tolerado que las víctimas sean sometidas en muchos casos a flagelaciones y torturas; )

Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de
la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que
infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Artículo 8
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la constitución o por la ley.

Artículo 12
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda
persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.


Artículo 16

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a
la protección de la sociedad y del Estado.

Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

(Allende expropio sin indemnizacion alguna el 80% de las empresas y el 100% de los campos, al final de su mandato)

Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de
religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así
como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y
colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el
culto y la observancia.

Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por
cualquier medio de expresión.


Artículo 20
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Artículo 23

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el
desempleo

Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido,
la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u
otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad.

Las violaciones a los DDHH no pudieron ser perseguidas judicialmente porque el Informe Rettig fue hecho por gente de izquierda quienes se negaron a incluir las violaciones a los DDHH del gobierno de Allende

Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación

http://es.wikipedia.org/wiki/Comisión_Nacional_de_Verdad_y_Reconciliación


La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación fue un organismo creado en Chile por el presidente Patricio Aylwin Azócar en 1990, mediante el artículo primero del Decreto Supremo n.° 355 de 25 de abril de 1990 y publicado en el Diario Oficial el 9 de mayo del mismo año, con el objeto de esclarecer "la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990", periodo que duró el Régimen Militar de Augusto Pinochet.

La comisión fue presidida por el jurista y político Raúl Rettig, razón por la cual se le conoce popularmente como Comisión Rettig y su resultado como Informe Rettig

La Comisión Rettig estuvo integrada por destacadas personalidades chilenas:
Raúl Rettig Guissen, presidente (jurista, ex parlamentario, militante radical);
Jaime Castillo Velasco (jurista, militante democratacristiano);
José Luis Cea Egaña (jurista de ideas cercanas a la democracia cristiana, actual integrante del Tribunal Constitucional)
Mónica Jiménez de la Jara (cientista político, independiente vinculada a la DC);
Ricardo Martin Díaz (ex ministro de la Corte Suprema y ex senador designado);
Laura Novoa Vásquez (jurista destacada);
Gonzalo Vial Correa (historiador y jurista, ex ministro de Augusto Pinochet, de ideas conservadoras);
José Zalaquett Daher (jurista, vinculado a la izquierda);
Jorge Correa Sutil, secretario (jurista, democratacristiano, miembro del gobierno de Lagos).



Informe Rettig.

Luego de nueve meses de trabajo, el 8 de febrero de 1991 la comisión entregó al presidente Patricio Aylwin un informe final en que se detallan 3550 denuncias de violaciones a los derechos humanos, de las cuales 2 296 fueron consideradas como homocidios calificados. Concluye el Informe que en total 2279 personas perdieron la vida en este período, de los cuales 164 los clasifica como víctimas de la violencia política y 2115 de violaciones a los derechos humanos. Además, el Informe propuso una serie de medidas compensatorias para los familiares de las víctimas, muchas de las cuales fueron implementadas en los años siguientes, como la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (1992-1997).

El 4 de marzo el entonces presidente de la República, Patricio Aylwin, da a conocer una síntesis del informe y pide perdón en nombre del Estado en una emisión televisada a toda la nación.

Críticas

Es necesario consignar que el informe dejó de lado los casos basados en testimonios que no poseían pruebas contundentes para comprobar su veracidad. Se cuestionó también la tergiversación o desvirtuación de los hechos por parte de uno o más de los miembros de la comisión (en especial el historiador Gonzalo Vial). La inexactitud del Informe Rettig se observa especialmente en este último punto, cuestión que suscitó la revisión exhaustiva del mismo por diversos organismos de Derechos Humanos y la edición de otros informes no oficiales, como la publicación "Nunca más en Chile" (1999) de la editorial de izquierda Lom.

Los críticos del gobierno de la Unidad Popular estimaron que el Informe también debía cubrir el gobierno de Salvador Allende, antecedente clave para comprender los hechos ocurridos durante el gobierno de Augusto Pinochet.

Algunos crimenes de Lesa Humanidad cometidos en el gobierno de Allende :
http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen_contra_la_humanidad
Encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional.
Tortura: dolor o sufrimientos graves, físicos o mentales, causados intencionadamente a una persona que el acusado tenía bajo su custodia o control.

Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género o por otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier crimen comprendido en el Estatuto. Por persecución se entiende la privación intencionada y grave de derechos fundamentales en violación del derecho internacional en razón de la identidad de un grupo o colectividad.

Justificación del golpe militar

http://www.derechoschile.com/espanol/ideologi.htm

El golpe militar del 11 de septiembre ocurrió dentro del marco de la Doctrina de Seguridad Nacional, doctrina que constituye una visión castrense de la seguridad nacional y que fue la base de la imposición de regímenes militares en toda América Latina.

En un comienzo, para justificar su intervención, las Fuerzas Armadas declararon que estaban reinstaurando la paz en un país donde predominaba el caos político y económico. Asimismo, plantearon la existencia de un supuesto "Plan Zeta," una operación marxista programada por miembros del gobierno chileno, incluyendo al presidente Salvador Allende, cuyo objetivo habría sido eliminar la cúpula de las instituciones castrenses.

Bandos Número Cinco y Seis

El mismo 11 de septiembre de 1973, la Junta militar, a través del Bando Número 5, explicó que el propósito del golpe de estado era "restablecer la normalidad económica y social del país, la paz, la tranquilidad y seguridad perdidas".

Efectivamente, según las interpretaciones posteriores, los enormes cambios sociales que tuvieron lugar incluso antes del gobierno socialista de Salvador Allende (1970-1973) dieron lugar a una profunda crisis política en el país, y a una marcada polarización de los sectores que representaban opuestos intereses económicos.

En este excelente documental "El Sonido de la Historia" puedes ver y escuchar como fue realmente el gobierno de Allende



Aqui mas pruebas:

http://www.portalnet.cl/comunidad/p...ostrar-para-no-molestar-los-de-izquierda.html

 

y si tu leyeras bien ciego, t darias cuanta q hablo DEL GOBIERNO D ALLENDE, no despues del 73

 

no le leo la mente a Meza, pero cuando se staba haiendo el informe Retting se pidio sin exito incluir al gobierno d Allende, pero como la izquierda hizo el informe, no lo incluyo

 

claro q tiene q ver con el tema, eso viola un DDHH q es proteger y respetar la propiedad privada, y deberia haber gente procesada por eso, ya q no prescriben

Lee sobre el informe retting NO SE PUEDE INVESTIGAR EL GOBIERNO D ALLENDE PORQ LA GENTE D IZQUIERDA QUIEN LO HIZO, NO QUISO INCLUIR EL GOBIERNO DE Allende no porq no hubieran crimenes, sino por motivos politicos, y se ha reclamado en se aspecto pero sin exito, porq esta d moda en el pais d perdonarle todo a la izquierda y castigar a los d derecha y militares, por eso tellier tampoco esta procesado y el mismo a dicho q mando a matar gente