El Gobierno Regional (GORE) de La Araucanía detectó que la empresa del padre de la alcaldesa de Vilcún, Katherine Migueles (RN), recibió $50 millones en un programa que no permitía la postulación de familiares de autoridades.
Una serie de antecedentes salieron a la luz tras la querella que presentó el gobernador de La Araucanía, René Saffirio, en contra de 10 personas por irregularidades detectadas en un programa por cerca de $9 mil millones que ejecutó la Agencia de Desarrollo Productivo entre 2022 y 2023.
En la acción legal figuran nombres conocidos, como es el caso del exgobernador Luciano Rivas y su exjefe de gabinete Juan Pablo Leonelli, además de la actual seremi de Justicia, Stephanie Caminondo, el exdirector de la Corporación Cristian Salas y el exencargado del fondo concursable, Carlos Banchieri, entre otros.
La querella del GORE Araucanía
Una querella que se ingresó por los delitos de administración desleal y prevaricación, y que luego de ser declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Temuco, se agrupó a la investigación que ya realiza el Ministerio Público por el caso “Agencia”.
El documento explica que, de acuerdo a las bases del programa de Reactivación Económica, los proyectos tenían que pasar por una Comisión de Admisibilidad que permitió el avance de 684 iniciativas, antes de cerrar la etapa a las 12:30 horas del 26 de septiembre de 2022.
Al menos así lo establecería el acta firmada por 5 personas que acordaron no evaluar en el proceso de admisibilidad uno de los requisitos denominado como “Anexo 5”, relacionado con la carpeta tributaria del 2021, certificado de vigencia e iniciación de actividades.
Un documento que, tras la modificación, solo sería solicitado al momento de notificar a los postulantes como beneficiarios de la iniciativa.
En la querella se indica que el mismo día que la comisión cerró el plazo, el encargado del fondo de la Agencia, Carlos Banchieri, envió un correo electrónico al responsable del proceso informático para instruir la incorporación de 412 iniciativas para que estas quedaran admisibles.
Padre de alcaldesa de Vilcún se adjudicó millonario fondo de programa pese a prohibición
El Gobierno Regional también detectó que, entre las postulaciones admisibles fuera de plazo, está la de Guillermo Migueles Beltrán, de la empresa Gambi SPA, que se adjudicó $50 millones rechazados en las rendiciones. A eso se agregan facturas anuladas, falta de inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y una sola cotización, entre otras.
El empresario es el padre de la alcaldesa de Renovación Nacional en la comuna de Vilcún, Katherine Migueles, quien se encontraba ejerciendo su primer período como jefa comunal cuando la Agencia de Desarrollo Productivo lanzó el programa en 2022.
La acción legal del gobernador explica que la situación se traduce en una incompatibilidad y prohibición de participar en el concurso, ya que el beneficiado es familiar directo de una autoridad en ejercicio.
La consejera regional y presidenta de RN en La Araucanía, Sara Suazo, reconoció que desconocía esta situación porque en la época no integraba el cuerpo colegiado. De todas maneras, dijo que los hijos no siempre saben todo lo que hacen los padres.
“Como no lo sabía y ahora estoy en conocimiento, voy a llamar a la alcaldesa para ver qué es lo que ella sabe al respecto. No siempre que uno es la hija de alguien puede estar en conocimiento de todo lo que hace el papá o viceversa”, esgrimió.
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Una serie de antecedentes salieron a la luz tras la querella que presentó el gobernador de La Araucanía, René Saffirio, en contra de 10 personas por irregularidades detectadas en un programa por cerca de $9 mil millones que ejecutó la Agencia de Desarrollo Productivo entre 2022 y 2023.
En la acción legal figuran nombres conocidos, como es el caso del exgobernador Luciano Rivas y su exjefe de gabinete Juan Pablo Leonelli, además de la actual seremi de Justicia, Stephanie Caminondo, el exdirector de la Corporación Cristian Salas y el exencargado del fondo concursable, Carlos Banchieri, entre otros.
La querella del GORE Araucanía
Una querella que se ingresó por los delitos de administración desleal y prevaricación, y que luego de ser declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Temuco, se agrupó a la investigación que ya realiza el Ministerio Público por el caso “Agencia”.
El documento explica que, de acuerdo a las bases del programa de Reactivación Económica, los proyectos tenían que pasar por una Comisión de Admisibilidad que permitió el avance de 684 iniciativas, antes de cerrar la etapa a las 12:30 horas del 26 de septiembre de 2022.
Al menos así lo establecería el acta firmada por 5 personas que acordaron no evaluar en el proceso de admisibilidad uno de los requisitos denominado como “Anexo 5”, relacionado con la carpeta tributaria del 2021, certificado de vigencia e iniciación de actividades.
Un documento que, tras la modificación, solo sería solicitado al momento de notificar a los postulantes como beneficiarios de la iniciativa.
En la querella se indica que el mismo día que la comisión cerró el plazo, el encargado del fondo de la Agencia, Carlos Banchieri, envió un correo electrónico al responsable del proceso informático para instruir la incorporación de 412 iniciativas para que estas quedaran admisibles.
Padre de alcaldesa de Vilcún se adjudicó millonario fondo de programa pese a prohibición
El Gobierno Regional también detectó que, entre las postulaciones admisibles fuera de plazo, está la de Guillermo Migueles Beltrán, de la empresa Gambi SPA, que se adjudicó $50 millones rechazados en las rendiciones. A eso se agregan facturas anuladas, falta de inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y una sola cotización, entre otras.
El empresario es el padre de la alcaldesa de Renovación Nacional en la comuna de Vilcún, Katherine Migueles, quien se encontraba ejerciendo su primer período como jefa comunal cuando la Agencia de Desarrollo Productivo lanzó el programa en 2022.
La acción legal del gobernador explica que la situación se traduce en una incompatibilidad y prohibición de participar en el concurso, ya que el beneficiado es familiar directo de una autoridad en ejercicio.
La consejera regional y presidenta de RN en La Araucanía, Sara Suazo, reconoció que desconocía esta situación porque en la época no integraba el cuerpo colegiado. De todas maneras, dijo que los hijos no siempre saben todo lo que hacen los padres.
“Como no lo sabía y ahora estoy en conocimiento, voy a llamar a la alcaldesa para ver qué es lo que ella sabe al respecto. No siempre que uno es la hija de alguien puede estar en conocimiento de todo lo que hace el papá o viceversa”, esgrimió.
Padre de alcaldesa de Vilcún recibió $50 millones de fondo que no permitía a familiares de autoridades
El Gobierno Regional (GORE) de La Araucanía detectó que la empresa del padre de la alcaldesa de Vilcún, ...
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