Acusan Ministro Golbourne de querer ocultar desechos mineros peligrosos

Cómo Golborne intervino el proyecto de ley sobre relaves mineros
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El proyecto original propone que sea “información de utilidad pública: los antecedentes históricos generados durante la vida útil de una faena o instalación minera cuyas operaciones han cesado conforme a un plan de cierre, los cuales deberán ser custodiados en razón de ser de interés nacional, y que serán calificados por el Servicio previamente”. La propuesta del gobierno suprime completamente esta proposición.



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Una larga investigación periodística de CNN Chile reveló el peligro inminente que representan los residuos de la industria más importante del país, desplegados por todo el territorio sin que la población esté debidamente informada. Un proyecto de ley que se discute en el Congreso, y fue aprobado en primera instancia, incluía la obligación de entregar estos datos. Pero el Gobierno presentó un texto alternativo sin esta exigencia, una semana antes del derrumbe en la mina San José.


Henry Jurguens vivía en una trampa. Pero no lo supo hasta después del terremoto el 27 de febrero de este año. Ese día estaba en Santiago cuando recibió la noticia de que su terreno en Pencahue había sido arrasado por un relave minero depositado al lado de su propiedad. Correspondiente a la mina Las Palmas, propiedad del empresario Francisco Javier Errázuriz. La pila con desechos cedió con el terremoto llegando a pocos metros de su casa. Pero arrasó con la casa de la familia Gálvez Chamorro, cuya vivienda estaba a pocos metros de la suya, matando a sus cuatro integrantes.
Este es el caso más dramático que presentó el reportaje “Minas de oro, Desechos de Muerte” exhibido anoche por la pantalla de CNN Chile. Durante 18 meses la periodista Carola Fuentes investigó lo que ocurre con los desechos de las faenas mineras que cumplen su vida útil, o son abandonadas. La mayor parte de ellos constituye material altamente venenoso, cuyos daños, sin embargo, no son cuantificables a corto plazo.
El reportaje consignó que hay unas doscientas localidades potencialmente peligrosas a lo largo del país, a causa de los desechos mineros.

La verdad oculta

Pero lo más grave es que, en la gran mayoría de los casos, la población que habita cerca de los desechos o de piques mineros mal cerrados no está advertida del peligro. Aún cuando el equipo de CNN logró obtener el catastro de los lugares peligrosos a lo largo del país elaborado por el Sernageomin con ayuda de fondos extranjeros, el mapa está actualizado hasta 2007 y no se encuentra al alcance los ciudadanos potencialmente afectados.
“Si sólo dice en los papeles de ellos que esta es un área de peligro, eso no le sirve a nadie, la gente se va a seguir muriendo y las comunas como ésta comuna se van a seguir pudriendo”, dijo Henry Junguens a CNN. En 2000, a causa de las lluvias, el tranque de relave de la minera Las Palmas, contaminó el estero que pasa por sus terrenos, pero aunque un informe interno lo consignaba, nadie le advirtió.
En 2003 el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales de Alemania ofreció al Sernageomin la elaboración de un manual para evaluar el riesgo de los pasivos mineros, que sirviera de base para redactar un proyecto de ley que resolviera el vacío legal. El fundo Llanos de Rungue, 54 kilómetros al norte de Santiago, fue el lugar elegido como piloto de los trabajos que comenzaron a comienzos del año siguiente.
Según esta investigación, la empresa Refimet, de Alejandro Noemi, ex vicepresidente ejecutivo de Codelco en la época de Patricio Aylwin y Alfonso Dulanto, ex ministro de Minería de Ricardo Lagos, vertió en piscinas “oficiales”, autorizadas por Sernageomin 13.000 toneladas de desechos en un 40% compuestos de arsénico.

Llenando el vacío legal

Cerca de allí descubrieron otro depósito de arsénico no informado vertido directamente a la tierra. Luego de diversos procesos científicos, descubrieron que la cantidad de arsénico en el agua y tierra del sector arrojaba cantidades inadmisibles según el estándar internacional. Las conclusiones fueron demoledoras.
“Aseguraban que era necesario hacer nuevos estudios para determinar el origen exacto de la contaminación y su grado de avance, pues por las pendientes era posible que en los siguientes 30 años la contaminación pudiera llegar al estero de Rungue, y de ahí afectara a Til-Til, Polpaico, Lampa, la Laguna Carén, el Río Mapocho y el río Maipo” dice Carola Fuentes en el reportaje exhibido la noche del lunes. Hasta ahora, estos resultados no habían sido conocidos públicamente. Ni siquiera lo sabía Pedro García, quien vive cerca de los terrenos donde se ubicaban los deshechos de Refimet. García toma agua de una noria que tiene cinco veces más arsénico del que se recomienda para el consumo humano.
En tanto, el proyecto de ley para regular el cierre de las faenas mineras comenzó a tramitarse a partir de un Mensaje Presidencial el 2 de marzo de 2009. El 9 de marzo de este año, dos días antes que asumiera el nuevo gobierno, el proyecto -en primer trámite constitucional- fue aprobado en general en el Senado por 27 votos a favor y cero en contra.

Justo antes de los 33

El 28 de julio de este año, sólo una semana antes del derrumbe en la mina San José, que cambiaría para siempre la imagen de Laurence Golborne y dejaría en pausa cualquier otro tema relativo a la minería, el ministro y el subsecretario Pablo Wagner se reunieron con la comisión de Minería del Senado para discutir el proyecto. Golborne, en representación del gobierno, ya había presentado indicaciones. El ministro “llegó hasta la comisión para pedirle a los senadores que rebajaran las exigencias a las mineras” dice el reportaje de CNN, apuntando a las garantías financieras que el Estado exigiría a las empresas para cerrar una mina.
Al interior de la cartera de Minería admiten que el gobierno presentó una “indicación sustitutiva” del proyecto original, pero que en ella “no existe ninguna reducción de las garantías al momento de cierre. Lo que se propone es mantener dentro de los activos el 100% del monto de la inversión de cierre de manera líquida. Sólo varía la forma de constitución en el tiempo, que no tiene nada que ver con los recursos disponibles para el cierre. Incluso para prevenir la quiebra se estipulan varios mecanismos de cobro anticipado de la garantía, lo que el proyecto anterior no estipulaba”, aseguran en el Departamento de Comunicaciones.
Días antes del derrumbe en la mina San José el gobierno, a través de Golborne y del subsecretario Wagner, habían expuesto la “indicación sustitutiva”, es decir, la propuesta del gobierno sobre este asunto. Testigos de este encuentro aseguran que alcanzaron a exponer hasta el artículo 3. Ya en el artículo 1 hay una diferencia importante con el proyecto original. Se excluyen expresamente de lo que se define como faena minera las actividades de “exploración” minera, lo cual es contraproducente porque este proceso igualmente genera contaminación, aunque en menor medida que la actividad “extractiva” de la que derivan deshechos como el arsénico.
Fuentes ligadas a la comisión, aseguran que al menos tres de los cinco senadores estarían por rechazar esta indicación.
Pero más grave es la propuesta del gobierno que suprime una de las conclusiones más graves a las que llegó el reportaje de CNN Chile: que el catastro de las zonas de peligro no es de carácter público.
El proyecto original propone que sea “información de utilidad pública: los antecedentes históricos generados durante la vida útil de una faena o instalación minera cuyas operaciones han cesado conforme a un plan de cierre, los cuales deberán ser custodiados en razón de ser de interés nacional, y que serán calificados por el Servicio previamente”. La propuesta del gobierno suprime completamente esta proposición. La comisión de Minería volverá a reunirse este miércoles.




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