Admiten recurso contra Subsecretario de Pesca por licitación de licencias transables

La Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró admisible el recurso de protección presentado por pequeños y medianos empresarios pesqueros en contra del Subsecretario del área, Raúl Súnico, por la denominada “licitación de licencias transables de pesca”.

La licitación de licencias transables, a juicio de los pequeños y medianos empresarios de la pesca, sitúa la discusión en cómo se accede al recurso pesquero.

En el caso de Pymepes, asociación gremial que realizó esta acción judicial, recursos que se obtienen para ser procesados.

El problema, a juicio de las pymes pesqueras, es que las resoluciones exentas emanadas desde la Subsecretaría, impiden la entrada de nuevos actores al mercado pesquero y solo beneficia a los grandes industriales.

Alfredo Irarrázabal, Gerente de Pymepes, indicó que la Subsecretaría de Pesca ha establecido restricciones imposibles de cumplir para los pequeños y medianos empresarios, atentando contra su supervivencia.

En esta oportunidad la problemática se centra en las licencias transables para la sardina común y los crustáceos demersales.

Al respecto, la Subsecretaría de Pesca indicó que acoger a tramitación este tipo de recurso, solo da cuenta que los escritos cumplen con los requisitos de admisibilidad, pero en ningún caso constituye un pronunciamiento por la materia de fondo, donde a la fecha, cerca de 70 proponentes han presentado ofertas, como lo explicó Paolo Trejo, jefe jurídico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Mientras, los pequeños y medianos empresarios procesadores del recurso pesquero insisten que, desde la Subsecretaria, se ha vulnerado derechos constitucionales como la libertad de trabajo y la igualdad ante la ley.

Este miércoles se realiza la licitación de crustáceos y el jueves la de sardinas.

http://www.biobiochile.cl/2015/12/15...ansables.shtml

 

Caso La Polar: Pablo Alcalde, Julian Moreno y Maria Isabel Farah cumplirán pena de 5 años en libertad vigilada.

Se trata de la primera condena por lavado de dinero derivado de la Ley de Mercado de Valores, así como por los delitos de declaración maliciosamente falsa.



El Segundo Juzgado de Garantía confirmó la pena de cinco años de cárcel y el pago de millonarias sumas de dinero al ex presidente del directorio y ex gerente general, Pablo Alcalde, el ex gerente de Productos Financieros, Julián Moreno y la ex gerenta de Administración, María Isabel Farah, en el marco del caso La Polar. Sin embargo, el tribunal accedió a la petición de la defensa para que los ex ejecutivos para que cumplan la condena en libertad vigilada.

El lunes los ex ejecutivos fueron declarados culpables de diferentes delitos de los que los acusó la Fiscalía Centro Norte en el marco de las repactaciones unilaterales que realizó la empresa del retail entre 2006 y 2011. En un juicio abreviado los acusados reconocieron los delitos de los que los acusó el fiscal José Morales, por los que solicitó una pena de cinco años de cárcel y el comiso de millonarias sumas de dinero para cada ejecutivo. Los querellantes estuvieron de acuerdo con la acusación de la fiscalía.

Se trata de la primera condena por lavado de dinero derivado de la Ley de Mercado de Valores, así como la primera condena por los delitos de declaración maliciosamente falsa (Ley de Mercado de Valores) y declaración maliciosamente falsa sobre la conformación del capital de una empresa (Ley general de bancos).

DETALLES

Pablo Alcalde Saavedra, ex presidente de La Polar, fue condenado como autor del delito de entrega de información maliciosamente falsa al mercado; además, la Fiscalía obtuvo su condena como como autor del delito de lavado de dinero y como autor del delito de declaración maliciosamente falsa. Por estos ilícitos el tribunal concedió la pena solicitada por la Fiscalía Centro Norte y lo condenó cinco años de presidio y al pago de $220 millones, que fue lo que el imputado recibió por concepto de bonos. Durante la audiencia del lunes, Alcalde entregó voluntariamente de $155 millones para reparar el mal causado a las víctimas. Accediendo a la solicitud de las defensas le concedió la libertad vigilada. (en un simple ejercicio matematico, vemos que 155 millones entre las mas de 500.000 personas afectadas, son 300 pesos por cabeza. no te alcanza ni pa un super-8).

María Isabel Farah fue condenada por los delitos de entrega de información falsa al mercado, uso de información privilegiada, lavado de dinero y declaración maliciosamente falsa sobre la conformación del capital de una empresa. Por estos delitos fue condenada a cinco años de presidio y el comiso de $228 millones que la imputada recibió por concepto de bonos más el mayor valor que recibió por medio de la venta de acciones.

Julián Moreno, en tanto, fue condenado por los delitos de entrega de información falsa al mercado, uso de información privilegiada, lavado de dinero y declaración maliciosamente falsa sobre la conformación del capital de una empresa. La pena para Moreno fue de 5 años de presidio y el comiso de $228 millones, que correspondían a dineros que recibió por concepto de bonos más el mayor valor que recibió por medio de la venta de acciones. También se le concedió la libertad vigilada.

OTRAS CONDENAS

En este caso también fue condenado el ex gerente Nicolás Ramírez, quien fue sentenciado a la pena de cinco años de cárcel por los delitos de entrega de información maliciosamente falsa al mercado; uso deliberado de información privilegiada; declaración maliciosamente falsa en la escritura de emisión de valores de oferta pública y obtención fraudulenta de créditos suministrando datos falsos o maliciosamente incompletos. Tras dictar la condena el tribunal le aplicó a Ramírez el beneficio de la libertad vigilada.

En este caso también fueron condenados el ex gerente de informática de la Polar, Pablo Fuenzalida May, quien fue sentenciado a la pena de dos años de presidio como autor del delito de uso de información privilegiada y cómplice de entrega de información falsa al mercado. Junto con la pena de dos años de presidio remitido, Fuenzalida fue sancionado con una pena que lo inhabilita por dos años para desempeñarse en cargos del mercado de Valores.

Asimismo, fueron suspendidos condicionalmente los acusados con menor responsabilidad en el caso. Le salida se aplicó a Ismael Tapia Vidal y Marta Bahamondes, acusados como cómplices del delito de entrega de información falsa al mercado, y a Martín González Iakl, acusado por el delito de declaración maliciosamente falsa para valores de oferta pública, para quienes se pedía una pena de 541 días de presidio.

La suspensión condicional, que se fijó por el plazo de un año, establece como condiciones para los tres acusados cumplir 60 horas de trabajocomunitarios, colaborar con la investigación de la Fiscalía, no comunicarse con los otros acusados y fijar domicilio. ( 60 horasuna semana y media.).



Punto 1: era obvio, no nos vamos a sorprender. y ojo que Penta, Caval, SQM y todas esos procesos van a terminar exactamente igual. Con unas penas de chiste (un futbolista expulsado de la cancha por agresion pasa mas tiempo sancionado) y unas multas que son la venta de algun departamento cuico en vitacura y ya, de entre las decenas de propiedas que estos pelafustanes tienen malhabidas.

Punto 2: CIPER ya nos advertia de los trucos usados por los 3 imputados principales para blanquear pistas y patrimonio. disolver sociedades conyugales, cambiar titularidades, y otros trucos --> http://ciperchile.cl/2011/10/13/la-...olar-para-disimular-su-millonario-patrimonio/

algunas pildoritas de este reportaje, que data desde OCTUBRE DEL 2011

- el 25 de enero de de 2011, el presidente del directorio, Pablo Alcalde Saavedra, y su esposa María Inés Lagos Salas, tras 34 años de matrimonio, decidieron poner término a su sociedad conyugal y formar una comunidad bajo el pacto de separación de bienes beneficiando a Lagos.
- Moreno concretó su liquidación el 30 de junio de 2011, a sólo días de celebrar su 35º aniversario de matrimonio. Así, puso fin a tres décadas y media en que compartió todos los bienes con su esposa bajo el régimen de sociedad conyugal
- Según la escritura pública redactada el 27 de junio de 2011, y timbrada por el notario el 30 de ese mes, que certifica la liquidación parcial del patrimonio de la comunidad del matrimonio Alcalde Lagos, los bienes de la pareja sumaban $11.998.784.143 ($8.376.286.624 tras la resta de los pasivos). Es decir, por ley, este patrimonio aparecía hasta antes de la liquidación únicamente como de Alcalde. En el caso de Julián Moreno, los bienes de su matrimonio ascendían a $1.208.943.004.
- El 28 de junio de 2011, la ex gerenta María Isabel Farah Silva concurrió ante la oficina del notario Sergio Jara Catalán, en la calle Príncipe de Gales, y constituyó usufructos para seis de sus propiedades. La constitución de usufructo puede transformarse en una limitación para los derechos de eventuales acreedores.

http://www.latercera.com/noticia/ne...ah-cumpliran-pena-de-5-anos-en-libertad.shtml

 

Trabajadores de la industria pesquera de Bío Bío preocupados por licitación









Perjudicados se sienten los trabajadores de la industria pesquera de la región del Bío Bío por la licitación del 15% de la cuota de pesca este año.


La reciente subasta pública del 15% de la cuota industrial de pesca de este año, que en el caso de la sardina común equivalió a 9 mil toneladas, es rechazada por los dirigentes laborales de la flota industrial pesquera de la zona, quienes sentenciaron que con ello se produce un cambio en el rubro que perjudica directamente a los trabajadores.


Erick Riffo, presidente del Sindicato de Motoristas, señaló que las licitaciones afectan considerablemente a los trabajadores de la industria, creando inestabilidad laboral, además de un desmedro económico.


Riffo agregó que muchas de las pymes que participaron de la subasta no tienen embarcaciones y lo más probable es que vendan o arrienden los permisos.


Al respecto, la directora zonal de Subpesca, Lilian Troncoso, dijo que es normal que aquellos que no cuenten con embarcaciones puedan asociarse y hacer una especie de convenio.


Explicó que el 15% de la cuota de pesca que se licitó corresponde al excedente industrial, pero añadió que esto no debería afectar a los trabajadores con el “Bono por captura” porque las empresas también participaron de la subasta, quedando con mayor cuota de pesca que la inicial.


La autoridad de Subpesca agregó que no se descartan otro tipo de licitaciones para así determinar los porcentajes para ambos sectores en la captura de productos marinos. Proceso que será continuo con la aplicación de la Ley de Pesca.



http://www.biobiochile.cl/2016/01/0...a-de-bio-bio-preocupados-por-licitacion.shtml