Famosos se suman a campaña para sacar a Patricia Maldonado de Mega por su apoyo al diputado Urrutia

Que paja que le den tribuna en la tv, a gente estupida que hace estupida a otra gente... a no espera la tele es para eso. Igual no creo que con firmas la saquen, y tampoco creo que de aqui a una semana se acuerden la manga de viejas culias que ven esos programas.

 

ahora soy un psicopata? eres psiquiatra ?

"odiame" jajaja fleto ql

 

eray

 

eray

 

Un simio tratando de simio a otros jajajajaja, un tipo incapaz de articular una oración en base a argumentos sino que lo hace en base a insultos como un niño pequeño. Gente como tú es la causa de que los políticos parezcan buenos, comparados con "gente" así, puta no me extraña que Urrutia no se vea tan malo. En fin, siga en su mundo de Bilz y Pap, y suerte (se nota que la necesitará)

 

eray

 

De todo lo que leí puedo decir: zurdos doble discurso, les gusta la del burro nomas.

 

Jajajajaja, oka pequeñito

 

Que aprovechen de hacer una campaña pa que saquen también al egocéntrico culiao' del lusho jara

 

Mas weon qye hacer campañas por change.org si esa wea nunca a funcionado

 

Víctimas de prisión y tortura presentan proyecto al gobierno

Después de la bochornosa actuación del diputado UDI Ignacio Urrutia, y el retiro de la iniciativa del bono reparatorio para los ex presos políticos, las organizaciones de víctimas han activado distintas líneas de acción. Mientras los parlamentarios van tras los pasos del ministro de Justicia, Hernán Larraín.







A 28 años de terminada la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet aún quedan cosas pendientes. Evidencia de esto fue el incidente ocurrido en la Cámara de Diputados, en el que la congresista Pamela Jiles, quien también fue víctima de torturas en los ochenta, encaró al parlamentario de la UDI, Ignacio Urrutia, después de que este calificara de “terroristas con aguinaldo” a las personas que sufrieron los vejámenes de la represión.

El conflicto se tomó la agenda mediática por varios días, con opiniones desde ambos sectores e incluso una campaña para retirar a Patricia Maldonado de la televisión por respaldar a Urrutia. Pero las consignas nunca tocaron el tema específico que gatilló la pelea.

Urrutia celebraba durante aquella sesión que el gobierno de Sebastián Piñera retiraba el proyecto de ley para otorgar un bono de 3 millones de pesos a las víctimas de prisión política y tortura, el cual sería entregado en tres cuotas anuales. Hoy en los medios ya se diluye el episodio entre Jiles y Urrutia, pero la lucha de los ex presos políticos continúa.

La constante desde 1990 es que las mismas víctimas se agrupen y busquen la forma de conseguir sus reivindicaciones, en ocasiones con apoyo de algunos partidos políticos. Ahora nuevamente distintas organizaciones están dando pasos concretos. Una de estas fue la Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile (Unexpp) quienes rápidamente reaccionaron a la medida del Ejecutivo y presentaron el pasado jueves a Sebastián Piñera un proyecto de ley en pro de la reparación.

La iniciativa dista de la idea de un bono único como quiso la ex presidenta Bachelet. Basada en la ley 24.043 de Argentina, la Unexpp plantea una indemnización por cada día que duró la medida represiva, pero añadiendo un mínimo razonable para todos considerando el daño moral y las secuelas que deja la tortura. El piso básico para la pensión propuesta es de 2 mil UF (cerca de 54 millones), añadiendo diez UF por cada día adicional a los 90 días de detención, arresto domiciliario, prisión preventiva, reclusión, presidio o relegación, también esto para quienes vivieron el exilio forzado.

No es fácil para los colectivos el llevar esta lucha, por ejemplo, dos días antes de presentar el proyecto murió Grisnery Sepúlveda Robles, dirigenta lotina y una de las fundadoras de Unexpp. Como la tónica es que todos los meses fallecen víctimas de prisión y tortura, ya sea por la avanzada edad o las consecuencias de las violaciones sufridas, la celeridad es algo fundamental. Esta vez fue factible en parte por ser una demanda histórica. La propuesta legislativa de la organización ya había sido ofrecida anteriormente a Michelle Bachelet durante su último mandato, sin embargo no la consideró. En este nuevo intento, los demandantes señalaron al gobierno en una carta que acompañó el contenido legal, que al reparar debe existir una indemnización acorde al daño causado.

Los tratados internacionales, a los cuales nuestro país está suscrito, amparan los planteamientos de los ex presos políticos. El 18 de diciembre de 2013, la Asamblea General de la ONU resolvió que los Estados deben resarcir a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos con una reparación “adecuada, efectiva y rápida, la cual debe incluir la restitución, una indemnización justa y adecuada, la rehabilitación, la satisfacción y garantías de no repetición, teniendo plenamente en cuenta las necesidades específicas de la víctima”.

En la misiva la organización incluso le plantea a Sebastián Piñera y al ministro de Justicia, Hernán Larraín, que el Estado podría optar a un crédito internacional a 20 o 30 años para cubrir el costo: “De esta forma cada año se debería considerar en el presupuesto un ítem que permita abonar tal deuda, lo que a su vez serviría como “garantía de no repetición” de estos hechos; manteniendo presente en la memoria nacional, al menos durante los años que tarde el pago de la deuda, que cometer crímenes de lesa humanidad no puede ser gratis para ningún Estado”, señala la Unexpp.

Por otra parte, de manera paralela el Comando Unitario de Ex Presos Políticos también desarrolla líneas de acción. El pasado miércoles realizaron una junta de urgencia en dependencias de la CUT en Santiago. En la reunión determinaron una serie de acciones, tales como exigir la reposición del proyecto del bono de 3 millones. Esto si bien no coincide con la propuesta de Unexpp, no las vuelve excluyentes. Hasta finales del año pasado las distintas organizaciones de víctimas de prisión y tortura se mantenían coordinadas por la fracasada mesa de diálogo que mantuvieron con el gobierno de Michelle Bachelet, pero hasta ahora no han vuelto a agruparse, aunque se vislumbra la posibilidad de marchar en conjunto el próximo 1 de mayo.

El Comando Unitario además lleva en curso desde noviembre del año pasado una acusación contra el Estado chileno en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los incumplimientos con los ex presos políticos. En la reciente junta, el colectivo también determinó sumar los antecedentes de las actuaciones del presente gobierno de Sebastián Piñera en el tema.

Pero en el mundo parlamentario también se prepara el movimiento de piezas. El Comando Unitario solicitó que los diputados realicen una interpelación al ministro de Justicia, Hernán Larraín, y un grupo de congresistas del Partido Socialista, el Comunista y el PPD, ya trabaja en esto.

En conversación con nuestro medio, Carmen Hertz, diputada del PC que aprobó el proyecto del bono en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, señaló que como bancada están insistiendo en desmentir a Hernán Larraín en que no había financiamiento para la entrega del beneficio, puesto que los fondos están considerados en la Ley de Presupuesto para 2018. En esta línea, buscan impugnar el retiro del mensaje presidencial ingresado por Michelle Bachelet, puesto que señalan que es ilegal hacerlo una vez que ya fue votado en una instancia.

Más allá de esto puntual, la congresista que defendió esta causa durante décadas como abogada, expresó que otro punto que es necesario reactivar es la tramitación de la iniciativa que busca levantar de manera parcial el secreto del Informe Valech I, insistiendo en que los organismos internacionales han declarado que se debe levantar el ocultamiento que pesa sobre estos antecedentes hasta 2054.

http://radio.uchile.cl/2018/04/30/victimas-de-prision-y-tortura-presentan-proyecto-al-gobierno/

 

Diputados votan reposición de proyecto que repara a víctimas de la dictadura


La diputada comunista Carmen Hertz se preparaba hace días para la interpelación de este miércoles al ministro de justicia y derechos humanos, Hernán Larraín. Y si para medir el éxito o fracaso del acontecimiento se utiliza la votación para el proyecto de reparación 2 que ella misma presentó, que consiste en volver a reponer la iniciativa de reparación a ex presos políticos de la dictadura que el actual gobierno retiró, le fue bien, porque la pre normativa fue aprobada con 74 votos a favor, 53 en contra y 10 abstenciones.

El proyecto solicita al presidente Sebastián Piñera la reparación integral y que sea proporcional con el daño causado, lo que implica un aumento significativo del bono reparativo anual para poder igualar el ingreso mínimo en su división mensual. A la vez, busca inyectar recursos al Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (Prais) para dotarlo de infraestructura y personal necesario.

Claro, la aprobación del proyecto llegó tras más de dos horas de intenso cruce de palabras entre Hertz y Larraín. El secretario de Estado fue interpelado precisamente por el retiro del proyecto de reparación que este miércoles los diputados volvieron a aprobar.

Poco antes de las 11 de la mañana, comenzó la interpelación. En ella, la diputada Carmen Hertz encaró a Larraín por el retiro del proyecto, ante lo cual el militante UDI respondió afirmando que su gobierno ha avanzado en materia de derechos humanos y reparación sobre la base de convenios internacionales.

Hertz afirmó que las reparaciones que ha hecho el Estado de Chile a las víctimas de la dictadura son miserables y tardías, ante lo cual Larraín replicó que él no considera miserables los 6.170 millones de pesos que, afirmó, se han entregado por concepto de reparación.

La parlamentaria comunista, que perdió a su esposo Carlos Berger en la llamada Caravana de la Muerte, incomodó al titular de justicia al recordarle que él habría solicitado personalidad jurídica para ex Colonia Dignidad. Larraín se defendió afirmando que el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Colonia Dignidad siempre contará con el respaldo de nuestro Gobierno”.

Otro punto que llamó la atención fue el reproche que la parlamentaria comunista hizo al titular de justicia por referirse como gobierno militar a la dictadura de Pinochet. “Uno puede hablar de dictadura, gobierno militar. El gobierno militar fue una dictadura ¿o alguien cree lo contrario?, respondió Larraín, añadiendo que por lo demás, esto no era el tema a discutir en la interpelación.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, dijo a Radio y Diario Universidad de Chile que la ocasión mostró la verdadera cara del gobierno de turno, que no está comprometido con la búsqueda de la verdad y justicia respecto a los crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura.

“Hemos presenciado una interpelación en la cual se confirma la falta de voluntad política de un gobierno que tiene a su haber muchos integrantes de la dictadura cívico militar, responsable de los crímenes de lesa humanidad, motivo por el cual está siendo interpelado (Larraín). Estamos acá, y hemos visto un ministro que, incluso, para referirse a una dictadura, se refiere a ella como un gobierno militar. La verdad es que ese Chile, que no ha sido capaz de hacer verdad y justicia, es el que hemos visto en las respuestas de hoy del ministro de justicia y derechos humanos”.

Por su parte, el diputado PPD Tucapel Jiménez se mostró sorprendido por la insistencia que, según él, hace Hernán Larraín de defender la que las millonarias pensiones a violadores de derechos humanos son producto de su trabajo.

“Lo que más me llama la atención de todo lo que se dijo, es que el ministro siga insistiendo en que las pensiones de los violadores de derechos humanos se las han ganado. Debo recordarles a los chilenos, que las pensiones de ellos se las paga en un 95 por ciento el Estado, no es una cotización individual como lo hacen el resto de los chilenos, y si ese trabajo que han hecho ha sido asesinar y torturar, debe hacernos sentir vergüenza como país. Creo que el gobierno perdió una oportunidad, quedamos foja cero nuevamente”.


Quien también tuvo palabras fue el diputado DC Mario Venegas, quien afirmó que para la derecha, ayudar a las víctimas del terrorismo de Estado es ayudar a los terroristas, y para el ministro Larraín, es un gasto que no procede.

¿Alguien podría señalar que 3 millones de pesos, por una sola vez, representan una cifra desproporcionada, para reparar tanta vejación?, se cuestionó el representante de la Región de la Araucanía.

El gobierno justificó el retiro del proyecto catalogándolo de inviable por la significativa suma de dinero que representan tres millones de pesos a cada uno de los ex prisioneros políticos de la dictadura. La oposición indicó, por su parte, que hubo estudios previos que comprueban la factibilidad de la reparación y que simplemente el ejecutivo carece de la voluntad para concretarla.

http://radio.uchile.cl/2018/06/06/r...cto-de-reparacion-a-victimas-de-la-dictadura/