Documento revela que funcionarios de Contraloría realizaron safari durante horario laboral en Kenia

El Consejo Superior de la Contraloría General de la República resolvió en diciembre pasado abrir un sumario por el safari que realizaron en Kenia altos funcionarios de la institución, mientras ejecutaban una auditoría financiera a los fondos que entrega la Organización de Naciones Unidas (ONU) a programas humanitarios en ese país.

La defensa de los involucrados apunta a que el paseo al parque nacional “Masái Mara” se realizó el 17 de agosto del año pasado fuera de horario de labores. Sin embargo, la reserva realizada por la jefa del “Departamento de Auditoría Externa, Junta de Auditores ONU-CGR” María Francisca del Fierro Vensprezmy, indica que el safari comenzaba a las 13:00 horas de ese día viernes, en jornada laboral, trabajo que les reportó a los funcionarios hasta 30 mil dólares por viáticos (poco más de $20 millones).

El horario y el detalle del safari en Nairobi aparece en el documento de la agencia “BCD Travel” al que tuvo acceso en exclusiva Radio Bío Bío.

Vea la reserva para el safari a Kenia:
https://www.biobiochile.cl/assets/b...19/01/reserva-safari.pdf?title=reserva-safari


Del Fierro fue la encargada de contactar al operador turístico en Kenia, Benjamín Murwayi, el 7 de agosto de 2018, poco después de arribar a Nairobi. Junto a ella hicieron el recorrido turístico dos funcionarias a su cargo, Cristel Bustos y Aracelli Ahumada -que aparecen en la fotografía- y el abogado Alejandro Valenzuela Marín, asesor directo del contralor Jorge Bermúdez.

Los cuatro funcionarios pudieron disfrutar de los paisajes de la reserva nacional Masái Mara, ubicada al sudoeste de Kenia, cerca de la frontera con Tanzania, donde se pueden ver leones, elefantes, cebras, jirafas y otros animales por las llanuras y colinas que atraviesan los ríos Mara y Talek.

Misión ONU
La Contraloría General de la República resultó escogida en noviembre del 2017 para ser miembro de la Junta de Auditores de las Naciones Unidas que integran además los organismos fiscalizadores de India y el Tribunal de Cuentas de Alemania.

La labor comenzó en julio pasado y su objetivo es auditar financieramente los fondos que se emplean en cada uno de los programas como ONU-Habitat, Fondo de pensiones de la ONU, ONU Mujer y Misiones de paz de las Naciones Unidas.

Para enfrentar el desafío, el contralor Jorge Bermúdez creó el “Departamento de Auditoría Externa, Junta de Auditores ONU-CGR” para cumplir con esta tarea y designó como jefa a quien -hasta ese momento- ejercía como abogada jefa de la Unidad de Medioambiente, María Francisca del Fierro Vensprezmy. Ambos se conocieron cuando trabajaron en la superintendencia del ramo.

Pues bien, los equipos de fiscalizadores se instalaron desde julio pasado en diversos países para revisar en terreno los gastos con fondos de la ONU. Todos los “teams” quedaron bajo la dirección general de del Fierro Vensprezmy. El superior directo de esta última es Eduardo Díaz, jefe de la División de Auditoría de la Contraloría, quien cuenta con el apoyo de Arturo Vera titular del “back office”; es decir, el apoyo logístico desde Chile para las labores de control administrativo y contable en otros continentes.

Sin calificación
El 21 de octubre de 2018 llegó a Kenia Macarena Martínez, una nueva auditora cuya labor sería fiscalizar la revisión que se estaba realizando. Ahí detectó que las labores de control financiero eran ejecutadas por abogados, administradores públicos o personal no calificado, lo que afectaba directamente la calidad de los trabajos.

En noviembre reportó directamente a su jefa María Francisca del Fierro -quien se encontraba en Santiago- que el nuevo especialista informático, Gonzalo Cortés contratado y enviado por la Contraloría a África para revisar los sistemas Oracle, IPas, entre otros, no sabía hacer las pruebas computacionales necesarias.

“No tiene experiencia en este trabajo y no sabe cómo hacer estas pruebas (…) no tiene el perfil profesional requerido”, escribió Martínez.

Agregó que su comportamiento “no está acorde con el esperable de un funcionario público en comisión de servicios”, se lee en el reporte redactado por Martínez a su jefa. Al no obtener respuesta inmediata, la fiscalizadora tomó contacto con Eduardo Díaz, Jefe de la División de Auditoría de la CGR, al que denunció que Del Fierro estaba actuando autoritariamente y que ejercía conductas de acoso laboral.

El 7 de diciembre, tras su regreso a Chile, Martínez volvió a tomar contacto con Díaz indicándole que la contratación del especialista informático había significado el retraso de toda la auditoría y la pérdida de 30 mil dólares en viáticos.

Apuntó, además, que del Fierro estaba tratando de sacarla del equipo, a pesar de hacer su trabajo correctamente. Según el relato de la profesional, Díaz le pidió que tratara de “no distraerse ni hablar mucho con nadie” sin tomar medidas.

El 17 de diciembre, Macarena Martínez comunicó a sus superiores que Del Fierro la destituyó del equipo de Kenia y de paso les informó que se había enterado del safari, realizado en horario laboral.

Ante los reclamos, del Fierro acudió a la “oficial de integridad” de CGR para denunciar que Martínez amenazó con demandarla.
Sin embargo, el Consejo de Integridad del organismo fiscalizador, presidido por la subcontralora, Dorothy Pérez, y compuesto por dos contralores regionales y 4 jefes de División -incluido Eduardo Díaz- propuso al contralor Bermúdez iniciar un sumario administrativo. Ello, con el fin de establecer si efectivamente el safari a Kenia se realizó en horario laboral y por la contratación de un profesional que no cumplía el perfil, con el gasto en viáticos asociado. La indagatoria administrativa se encuentra en curso.

Martínez había anunciado una “demanda de tutela” en los tribunales laborales ante los presuntos actos acoso, lo que de acuerdo a fuentes consultadas por Radio Bío Bío reemplazará por un recurso de protección en contra sus superiores.

El asesor de Bermúdez
El abogado Alejandro Valenzuela Marín, uno de los cuatro integrantes del safari, estudió Derecho en la Universidad Católica de Valparaíso y se tituló en diciembre de 2015, una semana después que su profesor Jorge Bermúdez, asumiera como Contralor General de la República.

Su cargo es “Abogado Asesor de Gabinete del Contralor General”, con sueldo grado 8, que con metas e incentivos puede llegar a los 6 millones 800 mil pesos mensuales. Esta tarea la comparte con los juristas Loreto Valenzuela y Gonzalo Gálvez. Ambos son los que revisan todos los documentos para la firma rápida de Bermúdez. Valenzuela, en cambio, según las fuentes consultadas por este medio, tiene un rol más cercano, pues lo acompaña en viajes al extranjero y mantiene contactos políticos con asesores de diputados y senadores.

En documentos requeridos, invocando la Ley de Transparencia, Valenzuela aparece con 62 viajes en total entre 2016 al 24 de octubre del año pasado. De estos, 16 han sido al extranjero, a destinos tan diversos como Nairobi en Kenia; Bonn en Alemania; Asunción en Paraguay; Punta Cana en República Dominicana; Buenos Aires en Argentina; Lima en Perú; Bogotá en Colombia; o San Salvador en El Salvador.

Los cuestionamientos al interior de la entidad revisora por el safari a Kenia apuntan a que en su estadía de casi un mes, la institución debió costear los 20 mil dólares en viáticos que recibió la profesional.

En particular, destacan que el trabajo a desarrollar es la auditoría a “estados financieros” que se basan en estrictas normas internacionales, que requieren profundos conocimientos y certificación en la materia. En esta área, en general, los abogados carecen de experiencia.

Pues bien, en el currículum de Valenzuela no figuran aspectos académicos relacionados con este tipo de trabajo de carácter transnacional.

Este medio requirió una versión de Contraloría. En ella se explicó que el Consejo Superior de Integridad revisó este caso y propuso a Bermúdez “la realización de un procedimiento disciplinario, el cual ya se inició con el fin de dilucidar la efectividad de los hechos denunciados”. En esa línea se aclaró que la indagatoria no busca determinar qué actividades realizan en sus horarios libres.

Se indicó, asimismo, que al menos hasta ahora, “ningún funcionario ha sido desvinculado de la institución ni degradado, por lo mismo, respecto de la funcionaria Macarena Martínez, ella no ha experimentado la rebaja de grado (…) manteniéndose en el grado 13 de la planta profesional.


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Justicia da la razón a funcionaria de Contraloría que denunció visita a safari y volverá a su puesto



La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo unánime, acogió un recurso de reposición y emitió una “orden de no innovar” que suspende la remoción de su cargo de la funcionaria de la Contraloría General de la República que reveló que sus colegas habrían realizado un safari en horas de trabajo en Kenia.

Se trata de Macarena Martínez, quien hasta el 27 de diciembre pasado pertenecía al “Team Leader en el Departamento de Auditoría Externa-Junta de Auditores de las Naciones Unidas de la Contraloría General”.

Sin embargo, por orden del contralor, Jorge Bermúdez, la profesional salió del grupo de auditores que trabajaba fiscalizando las misiones de la ONU y trasladada a la Segunda Contraloría Regional Metropolitana, por lo que la afectada presentó un recurso de protección, acusando “actuar arbitrario e ilegal”.

Martínez acusó que cuatro funcionarios, entre ellos la jefa del equipo de la Contraloría en Kenia, María Francisca del Fierro, y Alejandro Valenzuela Marín, abogado asesor de Bermúdez, participaron de un safari en Naoirobi en agosto pasado, presuntamente, en horas laborales.


Funcionarios que habrían realizado safari
El recurso presentado se basa en que Bermúdez habría infringido el estatuto administrativo, que prohíbe cambiar de función al funcionario público que denuncie algún acto de corrupción o falta a la probidad. “Constituye una desviación de poder para hacer sufrir consecuencias a mi representada por su actuación debida, legítima y lícita”, concluye el recurso.

La afectada, además de denunciar las presuntas irregularidades en el safari de sus colegas, reveló que otro funcionario de la Contraloría destinado a Nueva York para fiscalizar las misiones de la ONU no contaría con las capacidades profesionales para desarrollar su labor.

En su oportunidad, desde Contraloría reconocieron que Macarena Martínez “estaba amparada por el artículo 90 A del Estatuto Administrativo, que prohíbe reubicar a funcionarios que denuncien hechos potencialmente constitutivos de infracción al principio de probidad administrativa mientras dure la investigación respecto de los antecedentes que ella puso a disposición”.

Por ello, el 4 de febrero aseguraron en la Contraloría que “en cuanto se tomó conocimiento de la situación, el secretario general dejó sin efecto la medida adoptada contra la profesional que, en todo caso, no fue materializada por encontrase la funcionaria con licencia médica”.

Sin embargo, tras este fallo de la Corte de Apelaciones, se da cuenta que la Contraloría no alcanzó, a tiempo, a informar a la justicia sobre el fallido traslado de Martínez, pese a que Bermúdez firmó un escrito, enviado a los tribunales el martes, en el que se reconoce el procedimiento inadecuado.

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