Gobierno de Maduro desestima informe de Bachelet y acusa a “acólitos” de EE.UU. de generar violencia

La Alta Comisionada para los derechos humanos de la ONU había señalado durante su intervención en Ginebra que las fuerzas de seguridad de ese país han ejercido "uso excesivo de la fuerza" contra disidentes, entre otros puntos.

El embajador de Venezuela en la ONU, Jorge Varelo, se refirió al informe entregado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos del organismo, Michelle Bachelet, donde cuestiona la violencia ejercida por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas y asegura que el gobierno de Nicolás Maduro no ha enfrentado de manera correcta la crisis que vive el país sudamericano.


“Los actos violentos y criminales que se han repetido en Venezuela en los últimos años son promovidos por un sector de la oposición financiado desde el exterior”, aseguró el diplomático en su intervención en la sede europea de Naciones Unidas.

El embajador venezolano afirmó también que el país reconocía el “derecho a manifestar”, pero explicó que las recientes protestas eran “actos vandálicos y criminales (…) promovidos por un sector violento de la oposición financiado por el exterior”.

En ese sentido, el representante de Venezuela, acusó hoy a EE.UU. y sus “acólitos regionales” de estar detrás de las manifestaciones violentas en el país, del ataque contra Maduro en agosto de 2018 o del reciente apagón general en diversas ciudades venezolanas, entre otros sucesos.


Durante su intervención en Ginebra, Bachelet expresó su preocupación por el modo en que las fuerzas de seguridad actuaban durante las últimas manifestaciones. “En el contexto de la última oleada de protestas en todo el país en los primeros dos meses de este año, mi Oficina documentó numerosas violaciones de derechos humanos y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y grupos armados pro gubernamentales”.


En la instancia, además, afirmó que las jornadas de manifestaciones pacíficas “han sido criminalizadas”.


En ese sentido, denunció que las instituciones de seguridad han ejercido violencia en las detenciones de disidentes que han incluido “uso excesivo de la fuerza, homicidios, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos bajo custodia, y amenazas e intimidaciones”.


Además, mostró preocupación por el limitado acceso de la “libertad de expresión y prensa” en el país. “Autoridades han utilizado arbitrariamente la ley contra el odio para procesar a periodistas, opositores y cualquiera que exprese opiniones disidentes”.


Cabe señalar que el informe presentado este jueves está basado en la información recopilada por el equipo de la oficina de DD.HH. que se encuentra desde el 11 de marzo en Venezuela.


Sin embargo, muy a su estilo, Bachelet presentó este miércoles un duro informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela en el que responsabiliza al actual gobierno, liderado por Nicolás Maduro, de gran parte de los problemas que se viven en el país, como el desabastecimiento de alimentos y medicinas, así como la precariedad en la prestación de los servicios públicos y la hiperinflación.
La chilena expuso que el ejercicio de los derechos sociales y económicos en Venezuela se ha deteriorado de manera continua desde el 2018, cuando se publicó el último informe de la ACNUDH sobre Venezuela. La alta comisionada hizo especial énfasis en cómo los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y los pueblos indígenas se han visto especialmente afectado por estos problemas, y acusó al gobierno de no hacer lo suficiente para enfrentarlos.

“Las autoridades se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos, por lo que las medidas que han adoptado no han sido suficientes”, afirmó la expresidenta chilena.

“La propagación de enfermedades infecciosas, que habían estado previamente bajo control, es el foco de la reciente campaña de vacunación implementada por el Gobierno con la ayuda de la Organización Panamericana de la Salud”, alertó Bachelet en su informe.

El más reciente apagón que sacudió a Venezuela también tuvo espacio en el informe de la Alta Comisionada. Según Bachelet, la reciente interrupción del abastecimiento de fluido eléctrico “simboliza los problemas de infraestructura que afronta el país” y dice que esto redujo “aún más el acceso de la población a los alimentos, el agua y los medicamentos”.
El tema de los hospitales y el sistema de salud fue también un problema que detectó Bachelet. De acuerdo con la oficina de la Alta Comisionada, el deterioro del sistema de atención sanitaria repercute “considerablemente” en la mortalidad y morbilidad materna, la mortalidad infantil.

“La propagación de enfermedades infecciosas, que habían estado previamente bajo control, es el foco de la reciente campaña de vacunación implementada por el Gobierno con la ayuda de la Organización Panamericana de la Salud”, alertó Bachelet en su informe.

La chilena también alertó sobre los problemas en el suministro de servicios públicos como el agua, el gas natural y el transporte. “Esta situación, combinada con la hiperinflación, genera atroces condiciones económicas que han desencadenado miles de protestas sociales”, afirmó la chilena.



“Las autoridades se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos, por lo que las medidas que han adoptado no han sido suficientes”, afirmó la expresidenta chilena.


“Estoy sumamente preocupada por la magnitud y la gravedad de la repercusión de la crisis actual sobre los derechos humanos, que constituye además un inquietante factor de desestabilización regional”, afirmó la Alta Comisionada este miércoles durante una convención en Ginebra, Suiza.


"Reducción del espacio democrático"
A pesar de responsabilizar en gran parte al gobierno de Maduro de los problemas que se viven en Venezuela, Bachelet instó a encontrar una "solución política" a la crisis venezolana y afirmó que la polarización en la que vive hoy el país y la región “está agravando una situación ya de por si crítica”.

La expresidenta chilena denunció que le preocupa profundamente la reducción del espacio democrático, en particular la continua criminalización de la protesta y dijo que en los primeros dos meses de este año se documentaron “numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales”.