Los vínculos que mantienen paralizados 180 mil millones de la Caja de Empleados Públicos en el TC

Sergio Gordon Cañas, de 88 años, fue hasta hace pocos meses el controlador de la Caja de Ahorros de Empleados Públicos (CAEP), una institución que existe en Chile desde el 25 de agosto de 1858. En esa calidad, el mencionado hizo noticia en enero de 2014 porque se autoindemnizó con 3 mil 500 millones de pesos, divididos en 2.300 por años de servicio y 1.200 por vacaciones pendientes.

Solo en 2017 y ante las anomalías detectadas, el Ministerio de Justicia le caducó la personalidad jurídica a la CAEP y se inició un proceso de disolución ante el Segundo Tribunal Civil de Santiago, donde también es parte el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

En dicha causa, fue designado como interventor el síndico Roberto Vergara González. Ello, con el fin de administrar un patrimonio que supera los 180 mil millones de pesos. Eso, sin contar que solo en el ejercicio de 2017, la entidad presenta un déficit superior a los 7.228 millones de pesos y sus ingresos alcanzan a poco más de 5.434 millones de pesos, generando un desequilibrio evidente.

Pese a su nombramiento, Vergara González alcanzó a desarrollar sus funciones solo entre el 3 de septiembre y el 18 de octubre de este año, ya que la CAEP presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), cuya Segunda Sala lo declaró admisible, paralizando por completo el procedimiento y la decisión adoptada por la cartera de Justicia.

El libelo es patrocinado por el exministro del TC, Enrique Navarro Beltrán, quien firmó un contrato con Gordon por cerca de 15 mil UF, equivalente a 400 millones de pesos: 192 millones de premio si logra revertir la orden de Justicia; 103 millones por el acuerdo y 9 millones 640 mil pesos mensuales, por 12 meses.

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El caso ante el TC lleva poco más de dos meses de tramitación, en medio de presentación de escritos que han dilatado la resolución.

En conversación con Radio Bío Bío, el interventor Roberto Vergara reconoció que existe temor de que el directorio de la CAEP, liderado por Gordon, cambie los estatutos para transformarla en Fundación o Cooperativa y así evadir la orden del Ministerio de Justicia.

El abogado relató que en su breve paso por la CAEP descubrió cientos de irregularidades, hechos que plasmó en un informe que remitió al tribunal, como también la existencia de seis empresas subcontratistas constituidas por los propios directores.

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En el documento al que accedió este medio se detalla que desde 2014 a la fecha, se han pagado indemnizaciones a directores y empleados por más de 5.510 millones de pesos.

Al mismo tiempo, la CAEP mantiene colocaciones de préstamos de largo plazo en el mercado. Al 31 de diciembre de 2017 suma 22.530 millones, y los de corto, poco más de 5.800 millones de pesos.

Con más de 27 mil afiliados a nivel nacional y 20 oficinas en las capitales regionales, la entidad tiene préstamos vencidos por 7.800 millones de pesos. Préstamos vigentes por más de 734 millones de pesos, repactados por más de 3.200 y una cartera de “difícil cobro” por 12.300 millones de pesos.

Arista penal
En paralelo, Gordon es investigado por la fiscal Centro Norte Ximena Chong, bajo los delitos de uso malicioso de documento privado, actas de directorio falsas presentadas como pruebas en juicios, hurto, fraude, apropiación indebida y estafa.

La indagatoria sustanciada por Chong es la resultante de las querellas que interpuso en 2017 el exdirector y exgerente general de la CAEP, Jonathan Urra, quien aseguró que el directorio nunca quiso denunciar a Gordon.

El pasado 27 de agosto Chong formalizaría a Gordon ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, pero el abogado patrocinante de este último, Daniel Mackinnon, presentó un certificado de la Clínica Las Condes que determina problemas siquiátricos del imputado debido a su avanzada edad. De todos modos, existen también otros documentos similares emitidos por la UC y la Universidad de Chile y del propio Compín que confirmarían la situación de salud.

Debido a estos antecedentes, la investigación permanece suspendida a la espera de los exámenes que debe realizar el Servicio Médico Legal (SML), organismo que resolverá si Gordon es imputable para enfrentar un juicio.

Sumado al caso anterior, el Servicio de Impuestos Internos (SII) mantiene un proceso de fiscalización en curso, con miras a determinar las cargas impositivas que debería pagar la CAEP.

De acuerdo a los documentos a los que accedió este medio, los formularios de declaraciones están literalmente en blanco, evitando pagar los gravámenes, ya que a juicio de la CAEP les ampara un decreto del Ministerio del Trabajo dictado en 1964, hecho que es controvertido por el SII.

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TC rechaza inconstitucionalidad en demanda de CDE para disolver Caja de Ahorro de Empleados Públicos


En fallo unánime, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la Caja de Ahorros de Empleados Públicos.

Con lo anterior, la caja pretendía neutralizar la demanda judicial de disolución en su contra interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) a través de la cancelación de la personalidad jurídica.

En su fallo, el TC también estableció que las objeciones del requerimiento parecen “un reproche abstracto de la preceptiva contenida en los artículos 557 y 559 del Código Civil, tendiente a sustraer de la competencia del Ministerio de Justicia la facultad de requerir al Consejo de Defensa del Estado para que demande la cancelación de la personalidad jurídica y, de éste, la atribución de accionar en ese sentido”.

La demanda se originó como consecuencia de los incumplimientos detectados en la caja en base a instrucciones emanadas por la misma cartera de Justicia desde 2010.

Aquello, por ejemplo, tiene relación con las altas remuneraciones que percibían sus empleados, actuar que quedó plasmado en un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago y que confirmado por la Corte Suprema.

Ambos tribunales señalaron que los principios que crearon la caja se desvirtuaron, los que en su origen velaron por dotar con ahorros previsionales a los funcionarios civiles del Estado.

No obstante, según indicó en la audiencia de alegatos ante el TC el abogado consejero del CDE, Rodrigo Quintana, la caja se transformó “en una entidad que otorga créditos y obtiene intereses que lucran o que benefician a sus sociedades relacionadas, pero que no se traducen en un mejoramiento de los ahorros de sus imponentes”.

A juicio del jurista, esta “desnaturalización” tuvo su “manifestación extrema en el entonces director Sergio Gordon Cañas, quien percibía una remuneración mensual de 60 millones de pesos y, tras ser desvinculado en 2015, recibió una indemnización por años de servicio de 2.500 millones de pesos”.

Gordon, de hecho, fue el controlador de la caja hasta fines de 2018.

Tal actuar por parte del organismo, señaló Quintana, muestra “una grave distracción de fondos de los ahorrantes de la caja, un total incumplimiento de los estatutos y un lucro encubierto”, situación que redujo el fondo de indemnizaciones, pozo que pasó de 5.700 millones de pesos a poco más de 500 millones en la actualidad.

“El 42% de esos recursos fueron destinados a indemnizaciones canceladas a su exdirector”, acusó.

“Ello da cuenta de que no se está frente a una situación arbitraria que ocurrió de un día para otro, sino frente a una investigación de hechos graves que se han perpetuado en el tiempo”, espetó el defensor.

La caja se fundó en 1858 y hasta fines de 2018 administraba más de 180 mil millones de pesos en patrimonio.

Tras la apertura de una investigación, un síndico alertó de un déficit superior a los 7.228 millones, una cartera de “difícil cobro” por 12.300 millones y cuatiosos pagos a través de contratos a honorarios, entre otras irregularidades.


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CDE continuará con la disolución de la Caja de Ahorros de Empleados Públicos

La entidad demandada intentaba frenar cancelación de personalidad jurídica.

El fondo de indemnizaciones alcanzaba $5.700 millones, y hoy quedan poco más de $500 millones.El 42% de esos recursos fue destinado a indemnizaciones para su exdirector”.Quinientos millones de pesos quedan en la Caja de Ahorros de Empleados Públicos luego de pagarse la indemnización a su exdirector Sergio Gordon Cañas.“El fondo de indemnizaciones de dicho organismo alcanzaba a $5.700 millones, y hoy quedan poco más de $500 millones. El 42% de esos recursos fueron destinados a indemnizaciones canceladas a su exdirector”, afirma el consejero del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Quintana, quien esta semana consiguió una sentencia unánime del Tribunal Constitucional (TC), la que permitirá seguir adelante con la disolución del organismo.La magistratura rechazó el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad con que la Caja intentaba neutralizar la demanda judicial que patrocina el CDE para la cancelación de su personalidad jurídica, producto de las graves infracciones e incumplimientos de sus estatutos.Además, condenó a la Caja al pago total de las costas del juicio.Entre otros argumentos, la sentencia del TC consigna que las objeciones planteadas en el requerimiento parecen “un reproche abstracto de la preceptiva contenida en los artículos 557 y 559 del Código Civil, tendiente a sustraer de la competencia del Ministerio de Justicia la facultad de requerir al Consejo de Defensa del Estado para que demande la cancelación de la personalidad jurídica y, de este, la atribución de accionar en ese sentido”.Ya la Corte de Apelaciones de Santiago —lo que fue confirmado por el máximo tribunal— estableció que la Caja fue transformada en “una entidad que otorga créditos y obtiene intereses que lucran o que benefician a sus sociedades relacionadas, pero que no se traducen en un mejoramiento de los ahorros de sus imponentes”.Quintana puntualizó que esto tiene “su manifestación extrema en el entonces director Sergio Gordon Cañas, quien percibía una remuneración mensual de $60 millones y, tras ser desvinculado en 2015, recibió una indemnización por años de servicio de $2.500 millones, siendo incluso recontratado y permaneciendo en servicio hasta mediados de 2018”.

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