Gobierno repondría polémica "repatriación de capitales" en el Senado

Medida inserta en reforma tributaria fue rechazada por diputados, pero Ejecutivo insistiría. Recaudaría US$ 1.000 millones.



Los más de US$ 1.000 millones que recaudaría la medida serían el gran "gancho". El gobierno retomaría su apuesta por una de las medidas más polémicas, pero recaudadoras, inserta en su reforma tributaria y que la Cámara de Diputados descartó: la declaración de capitales en el exterior que nunca han pagado impuestos.El mecanismo, que ya fue utilizado en Chile en 2014 bajo el mandato de la ex presidenta Michelle Bachelet –y que recaudó US$ 1.500 millones– fue rechazado por Parlamentarios de oposición, los que no apoyaron abrir nuevamente una amnistía tributaria. Sin embargo, fuentes conocedoras del proceso aseguran que el ministerio de Hacienda lo intentará nuevamente, reponiendo el artículo en el Senado.

La opción de reconocer capitales que se mantienen irregularmente en el exterior, sin sanción del Servicio de Impuestos Internos, recaudaría US$ 1.062 millones entre 2019 y 2020, según el informe financiero de la reforma. El cálculo contemplaría que la tasa de 10% con que propone para gravar el patrimonio no declarado, se aplicará sobre una base cercana a los US$ 10.000 millones.Quienes apoyan la medida afirman que ésta generará recursos en un complejo escenario fiscal. Otros rechazan que se vuelva a abrir la alternativa de evitar una sanción, ya que, según la reforma de 2014, se trataba de un "perdonazo" de una sola vez, por lo que sentaría un complejo precedente.“Tiene un aspecto cuestionable, pero la legislación a veces tiene que hacerse cargo de la realidad, este tema de los capitales no declarados existe”, dice José García Ruminot, senador de RN y miembro de la Comisión de Hacienda. “Uno puede dejar que los recursos permanezcan en la oscuridad, o bien regularizarlos y recaudar, lo que sirve para financiar programas sociales”, plantea.“Son capitales que no se han declarado y por eso nunca han pagado impuesto”, dice el senador DC, Jorge Pizarro, también miembro de la Comisión que comenzará el estudio de la reforma tributaria la próxima semana. “Es probable que conversemos antes con el gobierno”, señala Pizarro, si bien adelanta que en 2014 “no todos" en el oficialismo votaron la medida favorablemente. "Nunca estuve de acuerdo con la declaración de capitales, pero la reforma de 2014 se aprobó como un paquete completo”.Juan Antonio Coloma (UDI) llama a pensar en las cuentas fiscales. “Tiene el mérito positivo de recaudar mucho e incorporar a la economía –y por tanto también a futuras recaudaciones– dineros que hoy no están”, dice el senador de la Comisión de Hacienda. Con todo, reconoce que repetir la medida excepcional incurre en el riesgo de dar “cierta normalidad” al manejo de recursos que “no debieron salir o dejaron de ingresar”.

Consultados por El Mercurio Inversiones, los senadores Carlos Montes (PS), y Ricardo Lagos Weber (PPD), que completan la Comisión de Hacienda, no se refirieron a la medida.La norma prácticamente no difiere de la opción que se abrió para la reforma de 2014, que entonces llevó a la presentación de 7.832 declaraciones. En ambas, se extinguen las responsabilidades civiles, penales o administrativas de los contribuyentes, establecidas por la legislación cambiaria, tributaria, de sociedades anónimas y de mercado de valores. Además, mandata la no divulgación del valor o fuente de los bienes o rentas.Así, la principal diferencia es la tasa única que se aplica sobre el patrimonio no declarado, que sube a 10% respecto del 8% aplicado por la reforma anterior. Esta vez, además, incluye la opción de registrar inmuebles no declarados. “Como ya hubo una oportunidad para regularizar, y no se aprovechó, quizás podría pensarse en una tasa un poco más alta que un 10%. Está dentro de las opciones”, acota el senador Ruminot.Algunos especialistas del área reconocen problemático volver a abrir la alternativa. “Las personas pueden pensar que los plazos no son serios, porque se vuelven a abrir oportunidades. Es un poco como el cuento del lobo”, dice Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la FEN de la U. de Chile. “Desde el punto de vista ético, veo con harta reticencia esta norma”, sostiene.Además, Polanco explica que ya existen mayores facultades para fiscalizar y sancionar a quienes evaden impuestos en el exterior. Recuerda que Chile ha suscrito múltiples tratados internacionales que incorporan el intercambio de información entre administraciones tributarias, por lo que el SII está adquiriendo más armas para fiscalizar activos en el exterior. “La tendencia general en la tributación internacional es que van desapareciendo todos los espacios de opacidad”, plantea.

Cristian Vargas, ex director jurídico del SII, actual socio y director Tax & Legal de BDO Chile, ve posible abrir la opción de blanqueamiento de capitales por última vez. “Para el futuro no debiera adoptarse, porque no declarar rentas del exterior es cada vez más difícil, dada la creciente mayor información con que cuenta la administración tributaria”, señala.“Resulta más eficiente incentivar una política de autodeclaración, que permita asegurar recursos y evitar juicios largos y costosos entre el Fisco y los respectivos contribuyentes”, señala Eduardo Elgueta, socio de Astur Consultores, quien se muestra a favor de la iniciativa. “Es una buena oportunidad para que el Estado pueda percibir recursos extra, considerando una tasa mayor a la establecida en la oportunidad anterior”.“Con los más de 100 convenios firmados de intercambio de información, cada vez las brechas de capitales no declarados se van a ir acortando”, dice Marcos Bravo, socio de BEPS Chile Consultores. Pese a esto, ve espacio para una última oportunidad de "blanquear a los contribuyentes del país”. Asegura que "hay un tema temporal: hacia 2022 se realizarán los primeros estudios a nivel internacional (de esta nueva red de administradores tributarios), la información cruzada que se levantará ahí será bastante interesante”.


http://www.elmercurio.com/Inversion...-en-el-exterior-en-la-reforma-tributaria.aspx

 

Repatriación de capitales aportará 58% de los nuevos ingresos de la reforma tributaria

En 2021, registro representará 78% de toda la recaudación. Gobierno destinará total de nuevos recursos de la reforma al Presupuesto del próximo año.

Un total de US$ 917 millones para financiar el proyecto de Ley de Presupuesto 2020 aportarían los primeros ingresos proyectados que recaudaría la reforma tributaria, si es que la iniciativa es aprobada antes de fin de año.La provisión de esos recursos para financiar el erario fiscal fue comunicada por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, la semana pasada en la comisión de esa área del Senado, que es la instancia donde se está empezando a estudiar el texto tributario que despachó la Cámara de Diputados. De ahí que Larraín llamó a los parlamentarios a aprobar el proyecto antes del despacho del Presupuesto fiscal, cuyo plazo límite es el 30 de noviembre.En la comisión, el ministro hizo una presentación que incluyó una actualización del último informe financiero de la reforma, documento en el que aparecen los casi US$ 1.000 millones que se esperan recaudar en el primer año de vigencia de la iniciativa. Se precisa que en términos globales —sin contabilizar los gastos—, la reforma aportaría 0,2% del PIB, unos US$ 705 millones al fisco en régimen.Al hacer un desglose de los nuevos ingresos, en 2020 destaca que el 58% (unos US$ 531 millones) proviene del proceso de repatriación de activos desde el exterior que propone el Ejecutivo. Esa norma fue rechazada por la Cámara de Diputados, pero el Ministerio de Hacienda anunció que la repondrá en la discusión en particular en el Senado. El registro de activos ya se aplicó en 2015, como una de las normas claves de la reforma impositiva de 2014. Esa vez recaudó más de US$ 1.500 millones.

En los datos de Hacienda, se muestra que la ventana de registro de capitales por doce meses en el año 2021 mantiene su recaudación de US$ 531 millones, pero su peso relativo es mayor: representa el 78% del total de los nuevos ingresos (US$ 679 millones) que se esperan ese año vía la reforma.En 2022 —período en el que ya no estaría vigente la figura de repatriación— la recaudación tributaria sigue cayendo, a US$ 430 millones, pero en 2023 más que se triplica a US$ 1.422 millones, gracias a la implementación de la boleta electrónica obligatoria.En el período en régimen de la modernización impositiva, los recursos vía la boleta electrónica suben a US$ 970 millones, pero en ese tiempo la integración total del sistema restará ingresos por US$ 833 millones. La suma de esos dos factores y otros lleva a que la recaudación total definitiva quede en US$ 705 millones.Las cifras de recaudación expuestas por Teatinos 120 no consideran los mayores recursos por la eliminación de las contribuciones a los predios forestales, ya que no son ingresos que irán al Gobierno Central.Además de la repatriación de capitales, en los datos se contemplan normas rechazadas en la Cámara de Diputados, como el crédito de 50% al impuesto de Primera Categoría en el caso de la contribución de 1% de la inversión regional. Dicha norma también será repuesta por el Ejecutivo en el Senado.

Mejoras al registro

Según Rodrigo Benítez, socio líder Tax & Legal de BDO Chile, la propuesta de la nueva ventana para declarar activos desde el exterior realiza mejoras al mismo proceso que hubo en 2015. “Este proyecto corrige algunas deficiencias que tenía la reforma de 2014, hace más amplia las posibilidades de declaración. Genera otros incentivos como que se pueden declarar bienes inmuebles que tengan en el extranjero. También se pueden declarar seguros y gastos que se efectuaron en el extranjero, que no pueden justificarse”, mencionó.Recuerda que en 2015 “muchos residentes chilenos no pudieron acogerse porque no todos los activos se podían declarar y porque también hubo poco tiempo para la declaración. Hubo muchos que no alcanzaron y hubo cambios de interpretación a última hora de los bienes que se podían declarar y de la metodología del registro”.Benítez estima que si la norma es aprobada en los términos en que se planteó en la reforma original, “aquellos que no pudieron acogerse en 2015, se acogerán ahora”.

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