Mineduc gastó más de $100 mil millones en una beca para profesores sin asegurar retribución

En noviembre de 2010, el entonces ministro de la cartera de Educación, Joaquín Lavín, anunció uno de los proyectos estrella del primer gobierno del presidente Sebastián Piñera: la Beca Vocación de Profesor (BVP). La iniciativa le permitiría estudiar gratis la carrera de Pedagogía, Educación Parvularia y Educación Diferencial a todos aquellos alumnos que se destacaran en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) a lo largo del país.

Desde 2011, año en que se implementó esta beca, hasta 2016, el Estado gastó más de 100 mil millones de pesos, según cifras del Ministerio de Educación, para financiar a los beneficiarios de este programa, cuyo principal requisito es que, una vez titulados, trabajen entre uno y tres años en el sistema escolar público. Esta investigación envió al Ministerio de Educación (Mineduc) ocho solicitudes de Transparencia pidiendo cifras de alumnos que pagaron su compromiso de retribución y la fiscalización que existía para controlar a los becarios. La respuesta, enviada 40 días después, reveló que la autoridad ministerial no lleva un control de los alumnos que han estudiado con este beneficio y tampoco sabe qué ocurrió con los dineros que invirtió en uno de los principales proyectos para mejorar la educación en el país.

En abril de 2006, miles de estudiantes secundarios llenaron las calles de las principales ciudades del país: la llamada Revolución de los Pingüinos exigía al Estado mejorar la calidad y el acceso a la educación. “Había indicadores de que la educación en Chile no era muy buena, muy desigual y, a su vez, de que la inversión pública en educación era muy baja”, explica María José Valdebenito, doctora en Ciencias Sociales y docente del Magíster en Política Educativa de la Universidad Alberto Hurtado (UAH). La beca fue una de las iniciativas creadas para mejorar la calidad de la planta de docentes del país. “Los profesores son el eslabón más importante si queremos mejorar un sistema de educación”, afirma Andrea Horn, doctora en Educación de la Universidad Autónoma de Madrid.

El beneficio busca premiar a todos aquellos alumnos que ponderen sobre 600 puntos en la PSU, pagándoles la totalidad de su matrícula y carrera universitaria, en instituciones acreditadas por al menos dos años y cuyo puntaje de corte sea superior a los 500 puntos. Aquellos que ponderen sobre 700 puntos en la prueba obtendrán, además, una asignación mensual de $80 mil y a los que ponderen más de 720 puntos, el Estado también les costeará un semestre de estudios en el extranjero.

A cambio, los alumnos se comprometen a retribuir la inversión del Estado una vez que se hayan titulado, trabajando en el sistema escolar público entre uno y tres años, dependiendo de si estudiaron luego de una licenciatura o entraron directamente a una pedagogía. Otra posibilidad de saldar su deuda es devolviéndole al fisco todo el dinero que gastó en sus estudios. En los últimos nueve años, el Estado ha costeado más de 58 mil cupos para el ingreso y renovación de los beneficiados de esta beca.

“Ese, por supuesto, es un requisito esencial, porque estamos dando esta beca para que los jóvenes vayan a trabajar a las escuelas donde más se necesita”, recalcó en el anuncio del proyecto el entonces titular de Educación, Joaquín Lavín, haciendo referencia al compromiso de retribución que firman año a año los alumnos que estudian con la Beca Vocación de Profesor.

En 2018 se cumplió el plazo máximo de tiempo para pagar la retribución de la primera generación que estudió con esta beca en la modalidad de licenciaturas. The Clinic consultó por la nómina de aquellos becados que habían pagado o se encontraban pagando su retribución en el sistema escolar público, tomando en cuenta que a esta generación se le concedió un plazo máximo de siete años una vez asignado el beneficio el año 2011. El Ministerio señaló que no contaba con estos datos, ya que el plazo se había cumplido recientemente y estaban en desarrollo, sin entregar ningún tipo de cifra, documento o información; aunque hay becarios que ya pagaron su retribución hace más de cuatro años.

A lo largo de esta investigación, se enviaron solicitudes a la institución ministerial para verificar si el organismo tenía conocimiento del estado de cada uno de sus becarios. Se requirió información de aquellos que habían pedido prórroga del plazo para cumplir su compromiso y cuánto tiempo se les había asignado; por aquellos a los que se les extinguió la deuda y por qué motivo; por los beneficiarios que cumplieron parcialmente su compromiso, cuánto les cobró el fisco para saldar su deuda y si pagaron o no este monto y, finalmente, por aquellos a los que no cumplieron su compromiso dentro del plazo asignado. La respuesta fue siempre la misma: “Según lo informado por el Departamento de Financiamiento Estudiantil de la División de Educación Superior, a la fecha no se dispone de antecedentes que den cuenta de la información solicitada“.


Valdebenito, experta en políticas públicas de educación, considera grave que el Mineduc no haga seguimiento al programa, ya que “no tienes certeza, hoy día, de cuál es el retorno social de un recurso público, que puede haber estado bien orientado, pero que en la medida en que tú no puedas medir el impacto, no puedes calibrar si estás haciendo bien el gasto o no”.

María Teresa Rojas, doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Chile y la Universidad René Descartes de Francia, concuerda con la gravedad de la situación porque “una política pensada para tener impacto en las escuelas que más lo necesitan, termina alimentando al mercado privado y no logra retener a los sujetos”, explica haciendo referencia a su propia experiencia como docente en la UAH, donde ha recibido llamados de colegios particulares solicitando profesionales que hayan estudiado con esta beca.

Para conocer los procesos de fiscalización y seguimiento de los becarios que tenía el Mineduc, se solicitaron, a través de la Ley de Transparencia, los documentos que especificaran la forma de control y proceder que tiene el Ministerio para el pago de la retribución de la beca. El Ministerio no respondió ese requerimiento, limitándose a informar respecto a los compromisos y obligaciones que adquieren los estudiantes y la forma en que deben pagar la beca.

Al requerir esta información nuevamente, el Ministerio respondió por escrito que: “La recientemente creada Superintendencia de Educación Superior deberá definir si establece una estrategia para fiscalizar el cumplimiento de esta beca”.

“El Ministerio no puede emprender políticas que no tiene la capacidad de fiscalizar. Eso es una particularidad del Ministerio de Educación, lo hace siempre. Establece una serie de condiciones que sabe de antemano que no va a poder fiscalizar”, agregó Rojas.

Mariana Aylwin, ex ministra de la cartera de Educación, formó parte del “Panel de Expertos para una Educación de Calidad”, quienes en 2010 se reunieron con el ministro de la época, Joaquín Lavín, para proponerle ideas para mejorar la educación en Chile, entre ellas se encontraban los ejes fundamentales que componen la Beca Vocación de Profesor. “Es indispensable tener información de qué impacto ha tenido (la beca), porque si no ha tenido ningún impacto, hay que redefinir las políticas antes de que se conviertan en un lastre y se siga perdiendo plata”, asegura Aylwin.

Consultado en esta materia, el ex ministro y actual alcalde, Joaquín Lavín, prefirió no referirse al tema.

LA CALIDAD QUE NUNCA LLEGÓ
Angélica Rojas ha ejercido como directora en colegios públicos hace más de cinco años y nunca ha visto un docente que haya estudiado con la Beca Vocación de Profesor. Ni en los cinco años en los que dirigió el liceo Gabriel González Videla en la comuna de Santiago, ni en los dos meses que lleva de cabecera en el colegio Betsabé Hormazábal de Alarcón en San Miguel, ha firmado la carta de retribución: el documento que debe ser firmado por el director del establecimiento público, para certificar ante el Ministerio que el docente está cumpliendo su compromiso, luego de haber estudiado con esta beca.

The Clinic se contactó con 36 colegios que cuentan con subvención del Estado en 21 comunas distintas de la Región Metropolitana. En 30 de estos aseguraron no tener profesionales que estén pagando su compromiso de retribución.

El año 2015, la Contraloría General de la República (CGR) publicó una auditoría a la implementación de la Beca Vocación de Profesor en 2014. La CGR constató que la Subsecretaría de Educación no realizaba revisiones a este programa; hecho que fue subsanado debido a que, tal como se señala en el Informe de Seguimiento de auditoría publicado el mismo año 2015, “el auditor ministerial instruyó incluir el Plan Anual Auditoría 2015”, un proyecto que dependería de la División de Educación Superior del Ministerio y que debía hacer un análisis al programa Beca Vocación de Profesor.

Sin embargo, a cuatro años de las observaciones de la CGR, el Departamento de Financiamiento Estudiantil del Mineduc admitió, a través de una respuesta de solicitud de información pública, que desde 2011 no existen documentos, auditorías, estudios, informes o resoluciones que den cuenta de la efectividad, alcance u otro indicador del cumplimiento de la Beca Vocación de Profesor, realizadas por este u otro organismo. El departamento ministerial no informó sobre la auditoría hecha por la CGR ni tampoco el Plan Anual Auditoría 2015 que se comprometieron a implementar y del que hoy no hay registros.

En esta respuesta a la solicitud de Transparencia, el Mineduc tampoco dio cuenta del informe de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (Dipres), realizado entre enero y agosto de 2014, para evaluar esta beca. El informe final del panel de estudio de la Dipres aseguró que el Departamento de Financiamiento Estudiantil, encargado de velar por el cumplimiento de los compromisos de retribución, tiene problemas serios en la gestión de este programa. ”En las condiciones actuales de funcionamiento, esta unidad no tiene la capacidad efectiva de verificar el cumplimiento del compromiso de retribución de los becarios”, se lee en el informe.


Sin embargo, 48 días después, el Ministerio aseguró tener conocimiento de la existencia de este último informe.

“Estas políticas no funcionan solas (…) el problema acá es que hubo advertencias de Contraloría y de la Dipres. Entonces la pregunta ahora es ¿Qué hace la Dipres? ¿Les corta el presupuesto?”, cuestiona Valdebenito.

Pese a que en 2014 el programa Beca Vocación de Profesor fue calificado como “insuficiente” por la Dipres, en el sitio web del organismo no existen informes más actualizados sobre el control de esta beca, que sí se pueden encontrar en casos de otros proyectos que fueron mal evaluados.

Sin información ni control sobre el compromiso de retribución de sus becarios, el Estado continúa financiando la beca. En la Ley de Presupuestos del Sector Público 2019 de la Dipres, se le asignaron más de $13 mil millones.


Al cierre de esta edición, el Ministerio de Educación solo aceptó responder preguntas por correo electrónico, sin embargo, no hubo posibilidades de hacer contrapreguntas.

The Clinic intentó contactarse con la Dipres para este artículo. Tras varios días de insistencia, no hubo respuesta.

(*)Este reportaje fue realizado como proyecto final en el curso Taller de Periodismo Avanzado, impartido por Paulette Desormeaux, en la Facultad de Comunicaciones UC.

(*) Este reportaje fue realizado entre marzo y junio de este año (2019). El pasado mes de septiembre beneficiarios de la beca se contactaron con The Clinic para informar que por primera vez el Ministerio de Educación se comunicó, vía mail, con ellos para informarles que debían pagar la retribución.

Fuente: https://www.theclinic.cl/2019/10/03...-retribucion-trabajando-en-escuelas-publicas/