Ripley Paris acogen Ley de Protección a Empleo y generan indignación en sindicatos y parlamentarios

Desde la bancada de parlamentarios del PPD manifestaron que” resulta inaceptable que empresas grandes se aprovechen de la contingencia y no pongan de su parte para enfrentar la crisis”. Por su parte, el ex PS Marcelo Díaz sostuvo que “Ripley acumuló 100 mil millones en ganancias el 2019 y tienen el descaro de acogerse a la ley”. Los afectados sostienen que las empresas optaron por “salvaguardar las ganancias que los mismos trabajadores le hemos generado, por sobre la posibilidad de empatizar con sus trabajadores”.

Con indignación reaccionaron sindicatos y parlamentarios al enterarse que dos de los principales actores del retail nacional, Ripley (controlado por la familia Calderón) y Paris (de propiedad de Cencosud) decidieron acogerse a la ley de Protección del Empleo.

“Esta ley busca proteger los empleos y los ingresos de los trabajadores chilenos, proteger a las pymes y dar un impulso a nuestra economía”, dijo el Presidente Sebastián Piñera al momento de promulgar esta ley, uno de los “caballitos de batalla” del Gobierno en materia laboral durante la pandemia del Covid-19.

El problema es que el marco legal que permite mantener la relación contractual pero obliga al trabajador a recurrir a los fondos de su seguro de cesantía para sus remuneraciones en los próximos meses, ha sido utilizado por firmas como H&M y Starbucks y otras cadenas del retail como La Polar, que no son precisamente pymes.

"Presionaron a sus trabajadores por el estómago"
A través de una declaración de la Federación de Sindicatos de Empresas Ripley (Feser), los trabajadores expresaron su rechazo total a la medida determinada por la empresa, señalando que “en tiempos de pandemia, cuando la incertidumbre y el miedo se instala en los distintos ámbitos de nuestro quehacer, la prudencia nos invita a actuar con cautela y esperar que nuestros líderes tomen las certeras decisiones que nos hagan transitar este duro momento histórico”.

"Quienes lideran hoy la compañía Ripley han pasado el umbral de la dignidad, al extremo de llegar a presionar a sus trabajadores por el estómago para que firmen acuerdo de suspensión de labores, con el ánimo de acogerse a aquella ley llamada 'de Protección al empleo’”, critican los colaboradores junto con informar que no se les pagó la quincena correspondiente al mes de abril.

Según la opinión de los sindicatos de la tienda, esta medida "no hace otra cosa que obligar al trabajador a que se pague con sus propios ahorros del seguro de cesantía un 'sueldo sustituto' y decreciente por -a lo menos- tres meses".

Pero no solo en Ripley se está recurriendo a esta medida. Desde el Sindicato París Portal Temuco anunciaron que la compañía les informó que también se acogerán a la Ley de Protección al Empleo.

“Este no es un acuerdo entre el sindicato y la empresa, esta puede unilateralmente acogerse a esta ley de hecho así lo hizo”, indicaron a través de un comunicado a sus afiliados.

“Nos parece inaceptable esta decisión y además que la empresa no haya tenido la decencia de haberla comunicado personalmente a todos sus trabajadores (…) Como trabajadores tenemos certeza de que Cencosud hoy optó por salvaguardar las ganancias que los mismos trabajadores le hemos generado, por sobre la posibilidad de empatizar con sus trabajadores”, añadieron.


El presidente de la Confederación de Trabajadores del Comercio, Claudio Sagardía, comentó que casi todas las empresas de retail han tomado una decisión similar a Ripley.

"La única que ha dejado por este mes ha sido Falabella, porque ellos están apostando a que a lo mejor de este mes o el próximo se van a empezar a abrir algunos malls, entonces están apostando a eso. Lo que es Johnson, París, algunos están negociados, algunos están negociando todavía para acogerse lo mejor posible a esta ley que le dio el Ejecutivo y el Legislativo de la mano", planteó.

"Un descaro"
Luego de que se conociera la situación de Ripley que involucra a parte del personal a lo largo de sus 46 tiendas en el país, hubo inmediatas reacciones del mundo político.

“Ripley acumuló 100 mil millones en ganancias el 2019 y tienen el descaro de acogerse a la ley de protección al empleo suspendiendo el pago a sus trabajadores mientras las pymes siguen sosteniendo el país. Es nuestro modelo económico el que permite este tipo de abusos”, se quejó el diputado ex PS Marcelo Díaz.

En tanto, el jefe de bancada del PPD y ex presidente de la Comisión de Trabajo, Raúl Soto, indicó que “el espíritu de la norma era el resguardo del empleo y de las pymes, por lo tanto, resulta inaceptable que mientras empresas pequeñas están haciendo grandes esfuerzos por pagarles los sueldos a sus empleados, empresas grandes se aprovechen de la contingencia y no pongan de su parte para enfrentar la crisis”.

“La Dirección del Trabajo debe fiscalizar el cumplimiento adecuado de la ley, y pediremos información respecto a cuáles empresas se están acogiendo a dicha legislación. Además, es necesario poner hincapié en por qué lo están haciendo aquellas que no tienen problemas de liquidez como es el caso de Ripley, que además han tenido un aumento considerable de sus ventas por internet”, agregó el parlamentario.

Por otro lado, el diputado y miembro de la Comisión de Trabajo, Tucapel Jiménez, aseguró que “los trabajadores del comercio de grandes empresas del retail están sumamente preocupados por sus fuentes laborales, ya que a pesar de que muchas de ellas tienen grandes espaldas y tremendas utilidades se acogen a la ley del Gobierno para ahorrarse los sueldos. No puede ser que una vez más sean los trabajadores los que tengan que pagar los costos de una crisis”.

Asimismo, la subjefa de bancada, Loreto Carvajal, señaló que “durante la tramitación de esta iniciativa se le advirtió al Gobierno el temor que esto ocurriera, e igualmente no quiso establecer barreras para que empresas con mayores utilidades pudieran utilizar este mecanismo. Cuesta entender que empresas tan grandes no tengan un mayor compromiso con sus trabajadores”.

“La resistencia del Ejecutivo, que no quiso distinguir entre grandes empresas, está llevando a que se encubra y se vulneren los derechos de los trabajadores. Se debieran aplicar sanciones penales a quienes se aparten del sentido de esta ley. Quisiéramos saber si se está haciendo y si es que se está dando curso a las reclamaciones que los propios trabajadores han realizado al respecto”, concluyó la diputada Carvajal.

Fuente: el mostrador