Gerente de Falabella presenta recurso contra Lavín para evitar uso de mascarillas en lugares público

Gerente de Falabella presenta recurso contra Lavín para evitar uso de mascarillas en lugares públicos



En un recurso presentado a título personal ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el abogado Pablo Alvarado Escobar, gerente de Litigios de Falabella, el retail controlado por la familia Solari, acusa que la medida adoptada por el Concejo municipal de Las Condes se trata de un acto “arbitrario e ilegal” y “amenaza el ejercicio de diversas garantías constitucionales”.

“Además de emanar de una autoridad no competente, contradice las instrucciones y órdenes de la autoridad competente, a saber el Ministerio de Salud”, indica el escrito, donde además se cuestiona que el jefe edilicio “se jacte públicamente de las infracciones cursadas” en alusión a los tuits del mediático alcalde.

En la justicia terminó la iniciativa del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, de obligar el uso de mascarillas en lugares públicos de la comuna. Esto, porque ante la Corte de Apelaciones de Santiago ingresó un recurso de protección presentado -a título personal- por Pablo Alvarado Escobar, abogado, gerente de Litigios de Falabella, el retail controlado por la familia Solari.

La medida sobre las mascarillas obligatorias fue aprobada en el Concejo Municipal de forma unánime el pasado lunes 6 y entró en vigor el miércoles de esa semana. Sin embargo, a partir de este viernes 17, quienes incumplen con la ordenanza arriesgan el pago de hasta 1 UTM y ese mismo día el edil comentaba en Twitter que ya se había cursado la primera multa por no cumplir con la disposición, a un hombre que transitaba por Apoquindo en el sector Los Domínicos.

El recurso acusa que la medida se trata de un acto “arbitrario e ilegal” y “amenaza el ejercicio de diversas garantías constitucionales protegidas por el recurso de protección, a saber, las establecidas en los numerales 1° y 24° del artículo 19 de la CPR”. Entre diversas ilegalidades y arbitrariedades, menciona “falta de competencias de quien lo dicta (el Concejo muncipal), la contradicción a la Constitución y las leyes, en particular la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, el Código Sanitario, entre otras; además de ser arbitrario porque establece una prohibición que no tiene sentido en algunos casos, carece de fundamento”.

Según Alvarado, el recurso “no tiene por objeto simplemente que las personas circulen libremente en todos los lugares y circunstancias sin mascarillas, de hecho es todo lo contrario (…) Sin embargo, el acto ilegal y arbitrario de la Municipalidad de Las Condes, además de emanar de una autoridad no competente, contradice las instrucciones y órdenes de la autoridad competente, a saber el Ministerio de Salud. Incluso más, lleva a confusión a la población, generando sanciones a conductas que no son sancionables, y dando falsas y erróneas sensaciones de seguridad en situaciones que sí es obligatorio el uso de mascarillas”.

En ese sentido, recuerda que el propio ministro de Salud, señaló expresamente que “dado a que no ha habido claridad y ha habido iniciativas diversas en municipios respecto al uso de las mascarillas y considerando la evidencia sobre la efectividad de su utilización” emitió un dictamen publicado en el Diario Oficial de 17 de abril sobre uso de mascarillas -obligatorias solo para ciertos casos- señalando “tiene que entenderse como un mínimo y ojalá los municipios, los alcaldes, los concejos municipales, lo tomen también como un máximo”.

En su escrito, Alvarado también cuestiona que el “señor alcalde de Las Condes se jacta públicamente de las infracciones cursadas en virtud del acto ilegal y arbitrario materia de autos”, siendo que a su a juicio se trata de hechos no sancionables.

Esto porque el edil destacó el pasado 19 de abril destacó a modo de cumplimiento de la ordenanza el siguiente tuit: “Mal! 116 partes por no uso de mascarilla en el espacio público, desde q el viernes empezaron las multas por la ordenanza”.

Según determinó el Concejo Municipal de Las Condes, la infracción de la ordenanza podrá ser sancionada con una multa de hasta 1 UTM, alrededor de $50.221.



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