Proyecto de ley busca sancionar las fake news: No podemos permitir dar rienda suelta a mentiras

Proyecto de ley busca sancionar las fake news: “No podemos permitir que algunas personas den rienda suelta a mentiras”

Los diputados UDI Álvaro Carter y Nino Baltolu presentaron la iniciativa que contempla incluso penas de cárcel. Aseguran que estas publicaciones “muchas veces buscan hacer daño a ciertos individuos o a las autoridades de gobierno”.

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Con el fin de multar, sancionar e incluso pagar con penas de cárcel, los políticos pertenecientes a la Unión Demócrata Independiente (UDI), presentaron un proyecto de ley para evitar la difusión de las llamadas fake news a través de los medios de comunicación o las redes sociales.

Los diputados, Álvaro Carter y Nino Baltolu, son los encargados de este proyecto que, según se consigna, podría llegar a costar una multa de 200 UTM (más de $10 millones) y penas de cárcel que irían desde los 541 días hasta los 5 años.

Carter y Baltolu explicaron que la información que circula en redes sociales, principalmente en Facebook, Twitter e Instagram, dan como resultado pánico e incertidumbre en la ciudadanía, sobre todo en momentos críticos como lo son una pandemia mundial.

“Es a través de esas nuevas plataformas que las fake news llegan a miles o millones de personas, que luego la comparten de manera exponencial a sus redes de contacto. Noticias falsas que muchas veces buscan hacer daño a ciertos individuos o a las autoridades de gobierno, con el claro propósito de desestabilizar las acciones que toman las autoridades en momentos de crisis, como la que vivimos producto de la pandemia del COVID-19”, agregaron.

Además, enfatizaron en que este tipo de informaciones falsas provocan sólo “desinformación, desconcierto y desorientación” en las personas que no tienen total acceso a la información oficial entregada por el gobierno.

“Por un lado está la libertad de expresión, que está protegida por la Constitución, pero no podemos permitir que algunas personas o grupos den rienda suelta a mentiras o tergiversen datos para generar miedo en la población. Ese tipo de acciones las debemos perseguir y sancionar de manera firme”, cerraron.

https://rudo.video/vod/czouGGtNuKI/skin/simple/i/c2l0ZXMvMi8yMDIwLzA1L3VkaTIuanBn

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Cámara de Diputados aprueba en general proyecto que tipifica el delito de incitación a la violencia

El proyecto también pretende sancionar a quien, a través de cualquier medio, justificase, aprobase o negase las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante la dictadura cívico militar ocurrida en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

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Por 76 votos a favor, 36 en contra y 23 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó en general y remitió nuevamente a la Comisión Derechos Humanos, por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto de ley que tipifica el delito de incitación a la violencia.

La instancia, hace un año, había presentado un primer informe del proyecto, pero en marzo el Ejecutivo presentó indicaciones, por lo que los Comités Parlamentarios decidieron que volviera a la comisión para el análisis de estas.

• SANCIONES Y PENAS DE PRESIDIO

El proyecto modifica el Código Penal y sanciona a quien públicamente, a través de cualquier medio, incite directamente a la violencia física, al odio contra un grupo o sus integrantes basándose en su etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología, opinión o afiliación política o deportiva, religión o creencia, visión filosófica, sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, trabajo que realiza, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad.

La norma señala que este delito será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo (de 61 a 540 días) y multa de veinte a cuarenta UTM ( de $990.000 a $1.990.000 app.). Y si las conductas las realiza un funcionario público en el ejercicio de su cargo, la pena aumentará un grado y se aplicará la multa máxima, junto a la inhabilitación absoluta temporal en su grado mínimo para el ejercicio de funciones públicas.

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• CONDENAS AL NEGACIONISMO

El proyecto también pretende sancionar a quien, a través de cualquier medio, justificase, aprobase o negase las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante la dictadura cívico militar ocurrida en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, consignadas en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en el Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Re-conciliación, en el Informe de la Comisión de Prisión Política y Tortura; y en el Informe de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, sin perjuicio de los posteriores informes que sean reconocidos por el Estado sobre la materia.

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La pena para este delito será de presidio menor en su grado medio (de 541 a tres años y un día) y multa de cuarenta a sesenta UTM ($1.990.000 a $2.980.000 app). Y, al igual que para la incitación a la violencia y el odio, si las conductas las realiza un funcionario público en el ejercicio de su cargo, la pena aumentará un grado y se aplicará la multa máxima, junto a la inhabilitación absoluta temporal en su grado mínimo para el ejercicio de funciones públicas.

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Arrestos por publicaciones ofensivas en Facebook y Twitter se disparan en Londres

En 2010 se hicieron 625 detenciones por presuntos delitos del artículo 127.

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El número de personas detenidas por “delitos del discurso en línea” ha aumentado drásticamente en Londres.

Si bien las detenciones por discurso agresivo, amenazante o de odio en los medios sociales disminuyeron entre 2010 y 2013, las cifras aumentaron el año pasado.

Según The Register, un total de 2.500 londinenses han sido arrestados en los últimos cinco años por presunto envío de mensajes “ofensivos” a través de los medios sociales. En 2015 se detuvo a 857 personas, lo que supone un aumento del 37% desde 2010.

En la Communications Act (Ley de Comunicaciones) de 2003 se define la comunicación ilegal como “la utilización de la red pública de comunicaciones electrónicas con el fin de causar molestias, inconvenientes o ansiedad innecesaria”. El incumplimiento de la ley conlleva una pena de seis meses de prisión o una multa de hasta 5.000 libras.

Las cifras, obtenidas de la policía metropolitana mediante una solicitud de libertad de información, sólo se aplican a la zona de Londres.

La legislación se ha utilizado para detener a los usuarios de Twitter responsables de expresiones de odio racistas. Según Vocativ, entre los muchos arrestados recientemente se encontraba un ciudadano escocés que había publicado un discurso de odio sobre los refugiados sirios en su página de Facebook.

Un estudio reciente encontró que las palabras “puta” y “prostituta” fueron usadas por los usuarios de Twitter del Reino Unido 10.000 veces en tres semanas.

En 2010, Paul Chambers fue condenado en virtud de la Communications Act después de twittear un chiste sobre la explosión del aeropuerto Robin Hood de Nottingham. Su condena fue revocada después de una batalla legal de dos años.

Fuente: Arrests for offensive Facebook and Twitter posts soar in London

 

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