Los graves problemas metodológicos y prácticos en el Ingreso Familiar de Emergencia

Utilizando el caso de una familia con ingresos por 250 mil pesos mensuales, el autor de esta columna desarrolla una crítica detallada a la política de ingreso de emergencia creada por el gobierno. Según el autor, el IFE fue mal planificado y ejecutado y puede terminar llegando tarde y mal a las familias más vulnerables, igual como ocurrió con las cajas de alimentos.



El 10 de junio se publicó la lista de los primeros beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)[1]. Este subsidio fue creado para paliar el estrés económico que sufren millones de familias en Chile que no están recibiendo (o reciben parcialmente) ingresos formales[2] durante esta crisis sanitaria. Según las condiciones del programa, cualquier persona que reciba ingresos formales[3] superiores al valor del subsidio no debe ser beneficiaria; y aquellos que reciben ingresos formales inferiores al subsidio solamente percibirán la mitad de éste. Lo anterior significa que el Estado está entregando una ayuda extremadamente limitada a muchas familias. Para ilustrar las fallas concretas del programa usaré el caso de una familia como ejemplo. Luego describiré los problemas metodológicos y prácticos de un indicador creado en contextos de emergencia y que puede terminar haciendo que la ayuda llegue tarde y mal a las familias, como ha ocurrido con las cajas de alimentos.

Consideremos el caso de una familia compuesta por tres integrantes: una pareja y su hija. Supongamos que la madre recibe una pensión básica de $120.000. Por otro lado, ella tiene una enfermedad preexistente, por tanto, está obligada a mantener el mismo plan de salud y pagarlo de forma particular si es que pretende obtener atención de salud para su enfermedad. Supongamos que el padre, por su parte, estuvo empleado hasta diciembre de 2019. Esto, para efectos de elegibilidad del beneficio de ingreso de emergencia, significa que la familia sigue percibiendo ingresos (aunque sea de forma nominativa)[4]. Supongamos que la suma de ambos ingresos es $250 mil; el efectivo por parte de la madre más el nominativo por parte del padre[5]. Cabe destacar que esta familia se ubica en el 40% de los hogares con mayor vulnerabilidad según el Registro Social de Hogares. Sin embargo, esta familia se encuentra entre el 81% y el 90% de las personas con mayor vulnerabilidad de acuerdo con el recientemente creado Indicador Socioeconómico de Emergencia. O, de forma más técnica, esta familia se encuentra dentro de los percentiles 81 y 90 de la distribución de puntajes del citado indicador y, por tanto, no va a ser beneficiaria del Ingreso Familiar de Emergencia. Es decir, no es catalogada como vulnerable económicamente en el contexto de pandemia[6]. A partir de lo anterior surgen las siguientes preguntas. ¿Por qué el Indicador de vulnerabilidad de emergencia difiere tanto de la calificación del registro social de hogares? ¿Cómo sobrevive a esta familia al COVID-19 sin morir en el intento? Ambas preguntas tienen una respuesta en común: haciendo magia. A continuación, explicaré por qué.

MENOS MAGIA

1) Indicador Socioeconómico de Emergencia

En Chile existe el Registro Social de Hogares, el cual se actualiza mes a mes (y se demora un mes completo en actualizarse cada vez que se le añade nueva información). El registro fue construido sobre la base de un concepto de “pobreza económica”. Es decir, se entiende que se supera la pobreza cuando se traspasa una meta (formalmente, cuando se obtienen ingresos superiores a la línea de la pobreza). Este indicador también considera salud, vivienda, educación, vulnerabilidad financiera y otros que están directamente relacionados con los ingresos[7]. La fórmula del puntaje del Registro Social de Hogares es de conocimiento público; tiene un sentido y se ocupa hace años. No ocurre lo mismo, sin embargo, con el Indicador Socioeconómico de Emergencia. En la página web creada por el gobierno (www.clasemediaprotegida.cl) se lee la siguiente definición: “El Indicador Socioeconómico de Emergencia es un indicador especial que se utilizará para focalizar este beneficio en circunstancias extraordinarias, en este caso la crisis generada por la Pandemia del COVID-19”. Es decir, se trata de una versión de corto plazo del puntaje del Registro Social de Hogares. Y tiene diferencias sustanciales. Por ejemplo, en vez de considerar el promedio de 12 meses para calcular ingreso, ocupa el último dato disponible[8] . Entonces ¿qué pasa si una persona queda sin trabajo y debe actualizar sus datos? ¿qué pasa con aquellos cuya información es errónea? Estas personas mágicamente podrían quedar automáticamente fuera del IFE.

Claramente acá hay un problema de improvisación, pues para la elección del Ingreso Familiar de Emergencia se impuso una metodología nueva: el Indicador Socioeconómico de Emergencia.

2) Cuarentena en familia

Sigamos hablando de la familia que usamos como ejemplo.

Sabemos que el ingreso familiar es de $120.000, y sabemos que el plan de salud mensual tiene un costo de $110.000. Por tanto, quedan $10.000 para pagar electricidad, agua, luz, comida y vivienda. Ahora, supongamos que dos integrantes de esta familia tienen enfermedades crónicas y que están tratados en el GES[9]. La Isapre es la responsable de entregar el medicamento a domicilio. Según lo expresado el 19 de marzo por la superintendencia de salud “las Isapres deberán coordinar con las farmacias su envío inmediato al domicilio del beneficiario”[10]. Esta familia hizo la solicitud para que la Isapre fuera a dejar los medicamentos a su casa y ¿cuál fue la respuesta de la institución? “Hola, buenas tardes. De acuerdo al requerimiento mencionado informo lo siguiente: Se solicita a la Farmacia entregar a domicilio de paciente, pero no cuentan con la factibilidad de realizar despacho a domicilio en la localidad donde nos solicita. Por lo cual paciente debe acudir a local a retirar sus medicamentos y en caso de que no pueda ir, se genera autorización de retiro de medicamentos GES por parte de un familiar u otro. Se necesitará que la tercera persona lleve su cédula de identidad junto con un poder simple y una copia del carnet de identidad del paciente GES + la receta o copia de receta”. Al parecer, entonces, es responsabilidad de la farmacia entregar el medicamento. Otra respuesta de la Isapre respecto al requerimiento de la superintendencia de salud podría ser la siguiente: “la Isapre ha solicitado aclaración a la autoridad respecto a lo instruido, existen aspectos de seguridad que deben ser considerados. Por el momento se ha extendido la vigencia de la receta GES por 6 meses y mantenemos la coordinación con farmacia para la obtención de sus medicamentos”[11]. Obvio, aspectos de seguridad… Sin embargo, la Isapre no se puso buena persona y mágicamente apareció alguien de la Isapre cobrando cuotas impagas en la puerta del domicilio de la familia. Al parecer, el representante de la Isapre estaba cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Ahora, ¿qué pasa si la familia se contagia por ir a buscar los medicamentos?, ¿quién paga los costos de recuperación?, ¿la Isapre? No… la familia ¿y cómo? Magia.

Bueno, sigamos con los $10.000, los cuales ni siquiera alcanzan para 3 litros de agua al día. Supongamos ahora que esta familia, producto de los cambios recientemente anunciados por el gobierno, recibe el Ingreso Familiar de Emergencia 2.0[12]. En este caso, como son tres personas y el ingreso reportado es de $250.000, la familia recibe $50.000: la diferencia entre el beneficio ($100.000 por cada persona) menos los ingresos reportados. Tenemos entonces que gracias al generoso aporte del gobierno, el ingreso de esta familia de tres personas es de $60.000, los cuales ni siquiera rozan la línea de la extrema pobreza. Entonces, hay que salir a trabajar ¿En qué? Lo más complicado desde el punto de vista de la política pública es que, si esta familia sale a trabajar, se pierde el objetivo de la cuarentena, el cual es reducir la movilidad y por ende el contagio. Entonces, ¿cómo podrían sobrevivir respetando la cuarentena, no enfermándose, y no muriendo de hambre? La respuesta es clara: con políticas públicas basadas en más racionalidad y menos magia.

MÁS RACIONALIDAD

Hay dos problemas con el Ingreso Familiar de Emergencia, uno metodológico y uno práctico. Hablemos del metodológico: ¿cómo medimos vulnerabilidad?, ¿por qué tenemos dos métricas? La posible respuesta de los técnicos del gobierno es que la segunda métrica, el Indicador Socioeconómico de Emergencia, se hace cargo de algo coyuntural. Esto es, la vulnerabilidad por el COVID-19; mientras que el puntaje del Registro Social de Hogares es una medición más permanente de la situación del hogar. Entonces ¿cómo es posible que una familia coyunturalmente esté dentro del 20% de las personas con mejor situación, pero en el largo plazo esté dentro del 40% más pobre? Claramente acá hay un problema de improvisación, pues para la elección del Ingreso Familiar de Emergencia se impuso una metodología nueva: el Indicador Socioeconómico de Emergencia.

Sin embargo, debe probarse que una metodología nueva sirve para medir lo que se desea (en este caso, vulnerabilidad) y, siendo racionales, no hubo tiempo para medir la efectividad del indicador. Además, el sistema debe incorporar una rápida actualización de la información, lo cual actualmente no funciona así. De hecho, en caso de error, ni siquiera está claro cómo funciona el proceso de apelación ni cuánto se demora. Esto significa que el sistema va a estar lleno de errores de este tipo: personas que están en situación de vulnerabilidad a las que no les llega el beneficio.

Hablemos ahora de lo práctico: ¿cómo se entrega el beneficio? Se aplica vía online y hay que esperar alrededor de un mes para conocer los resultados. Esto, con el fin de identificar a quienes realmente les corresponde el beneficio (y a quienes no), según el criterio del gobierno. Esto definitivamente conlleva retrasos en la entrega. Por tanto, hay un sentido de urgencia que el mecanismo del beneficio no se hace cargo. Incluso luego de la anunciada junta del equipo de economistas que convocó el gobierno para llegar a un acuerdo político para despachar el Ingreso Familiar de Emergencia 2.0, no se atacó un problema que es clave: la urgencia en la entrega del beneficio. Por tanto, la junta de expertos fue un mero espectáculo político que terminó con agregar un poco más de plata, pero no se resolvió el problema de fondo: el mecanismo de entrega. Porque más que los montos y plazos o la foto del acuerdo, lo que se quiere lograr es salvar vidas y por tanto ¡se necesita el beneficio ahora!

¿Cómo se entrega el beneficio? Se aplica vía online y hay que esperar alrededor de un mes para conocer los resultados. Esto, con el fin de identificar a quienes realmente les corresponde el beneficio (y a quienes no), según el criterio del gobierno. Esto definitivamente conlleva retrasos en la entrega.

EL MECANISMO CANADIENSE

Mi propuesta es que el mecanismo de entrega del beneficio sea más simple. Por ejemplo, ocupar el Registro Social de Hogares y que el beneficio se le otorgue a aquellos del 90% de las familias más pobres que han sido perjudicados por el COVID y que la tramitación sea más corta y simple[13]. Ahora, si las restricciones se hacen más simples, puede producirse más fraude. Sí, es verdad. Sin embargo, hay formas de controlar el fraude. Por ejemplo, hacer que el beneficio sea tributable y auditarlo en la devolución de impuestos. Si una persona no recibe ingresos en ese periodo de tiempo, no deberá pagar impuestos por el beneficio. En cambio, si esa persona recibe altos ingresos, pagará impuestos y se sabrá que no necesitaba el beneficio. Por tanto, el Estado podría pedir la restitución cuando esta persona declare impuestos. Esto no es muy complicado de hacer para el SII. Así se controla quién sigue recibiendo ingresos, disminuye la capacidad de fraude y se agiliza el proceso[14].

La fórmula propuesta no es algo que se me ocurrió a mí: es la que se está usando en Canadá. El Gobierno federal, junto con cerrar la economía, implementó un beneficio económico de emergencia (Canadian Economic Response Benefit)[15]. Este, de amplio acceso, ayuda a todo aquel que se ve imposibilitado de trabajar por la pandemia y que no sea elegible para el seguro de desempleo. La racionalidad es: si se quiere a las personas en la casa para cuidarse de la pandemia, hay que darles de comer. Además, es efectivo en términos de tiempo: una persona que postula al beneficio lo recibirá dentro de 3 a 10 días hábiles dependiendo de cómo postule (3 días vía online y 10 días vía telefónica). No hay rechazo de aplicaciones y se espera que las postulaciones erróneas sean cobradas en la devolución de impuestos del próximo año[16]. Esta estrategia fue todo un éxito. Tan así que Canadá aún no llega a los 110.000 casos de COVID-19 y ya están reabriendo la economía.

No espero que el Gobierno chileno entregue los mismos beneficios que el canadiense (2.000 dólares canadienses mensuales por persona extendibles por cuatro meses, algo así como $1.150.000 de pesos mensuales). Pero, si el Gobierno chileno aplica la misma lógica, esta familia representativa podría estar en la casa y sobrevivir a la pandemia racionalmente.

Mi propuesta es que el mecanismo de entrega del beneficio sea más simple. Por ejemplo, ocupar el Registro Social de Hogares y que el beneficio se le otorgue a aquellos del 90% de las familias más pobres que han sido perjudicados por el COVID y que la tramitación sea más corta y simple.

SOLUCIÓN: COPIAR y PEGAR

En Chile no hay tiempo para ser creativos, hay que simplemente “copiar y pegar” el modelo canadiense, cambiando la redacción. Supongamos, por ejemplo, que el gobierno entrega beneficios de $350 mil pesos a tres millones de familias[17] por 6 meses, los costos totales son de US$7.875 millones[18]. Claro, estamos en un punto en que para apagar el incendio necesitamos a todas las compañías de bomberos trabajando juntas y ocupando toda el agua que sea necesaria. Es decir, hay que hacer más masivo y expedito al Ingreso Familiar de Emergencia. Algo que ayudaría mucho sería que los parlamentarios lean y entiendan que el Ingreso Familiar de Emergencia, como está diseñado hoy, es un gotero que se quiere usar para apagar un incendio forestal, y por tanto no es una buena política pública. En síntesis, es necesario que el mundo político entienda que ya no estamos para esperar magias, ni para improvisar; solo la racionalidad nos salvará del fuego. Finalmente, ¿cómo está sobreviviendo la familia del ejemplo? No se sabe, los magos nunca revelan sus secretos.

Agradezco los comentarios y ayuda editorial de Braulio Astudillo, Juan Días, Andrea Hoces y Marcela Ramos.

NOTAS Y REFERENCIAS
[1] La Nación, 10 de junio del 2020. “Comenzó el pago del Ingreso Familiar de Emergencia para nuevos beneficiarios”

[2] Ver aquí.

[3] Se definen ingresos formales como i) Ingresos provenientes de pensiones de cualquier naturaleza en algún régimen de seguridad social o sistema previsional. ii) Ingresos del trabajo mencionados en el artículo 42 números 1° y 2° de la Ley de Impuesto a la Renta. iii) Ingresos de remuneraciones o dietas percibidas ejerciendo un cargo público. Iv) Prestaciones del seguro de cesantía y seguro de desempleo y v) Subsidios por incapacidad laboral.

[4] Esto es resultado de un posible problema de actualización de la información

[5] Esto significa que el padre no recibe ningún tipo de ingresos.

[6] Según los datos de la Encuesta Casen 2017, el 15.72% de los hogares tiene ingresos iguales o inferiores a $250 mil. Es decir, hay que ser muy pobre para recibir el beneficio.

[7] Formalmente se realiza un proximity mean test con variables que están corralacionadas con el ingreso familiar. Un ejemplo es isapre, si una familia reporta pocos ingresos pero tiene un plan de Isapre, se deduce que esa familia tiene más ingresos que los reportados. Ver resolución exenta 068. Disponible aquí.

[8] Citando al artículo 2 de la ley NÚM. 21.230 . ¨Artículo 2.- El Indicador Socioeconómico de Emergencia tendrá por objeto identificar los hogares de la población nacional más afectados socioeconómicamente por los efectos producidos por la pandemia provocada por la enfermedad denominada COVID-19. Para tales efectos, el Indicador Socioeconómico de Emergencia medirá la vulnerabilidad socioeconómica de los hogares de la población nacional en el corto plazo, utilizando la información que caracterice la situación socioeconómica a partir de marzo del año 2020 del Registro de Información Social que establece el artículo 6 de la ley Nº 19.949.
Este Indicador Socioeconómico de Emergencia será elaborado y administrado por la Subsecretaría de Evaluación Social, de acuerdo con el inciso cuarto de este artículo.
Los hogares que integren el Registro Social de Hogares, definido en el decreto supremo N° 22, de 2015, del Ministerio de Desarrollo Social, o el que lo reemplace, serán caracterizados mensualmente por la Subsecretaría de Evaluación Social, a través del Indicador Socioeconómico de Emergencia, sin necesidad de solicitud alguna.

Mediante resolución exenta dictada por la Subsecretaría de Evaluación Social, visada por la Dirección de Presupuestos, se fijará el procedimiento y metodología para determinar quienes pertenecen al 40 por ciento más vulnerable de la población nacional, y a más del 40 por ciento hasta el 60 por ciento según el Indicador Socioeconómico de Emergencia, y la forma de verificación de los demás requisitos establecidos en esta ley.
El Indicador Socioeconómico de Emergencia no considerará vehículos de uso comercial, excepto en aquellos hogares que posean tres o más de estos vehículos.¨ Ver resolución exenta 158 disponible aquí..

[9] El ejemplo usado, que corresponde a un caso real, permite visualizar la vulnerabilidad de la clase media y el hecho de que tener Isapre no necesariamente significa tener dinero. El ejemplo da cuenta del tipo de desprotecciones con los que se enfrenta la clase media.

[10] Noticias Superintendencia de Salud, 19 de marzo del 2020. “Superintendencia de Salud instruye a Isapres medidas excepcionales con motivo del COVID-19”

[11] Esto fue extraído de una respuesta tipo a una Isapre.

[12] Radio Bío Bío, 21 de junio del 2020. “Promulgan el Ingreso Familiar de Emergencia 2.0: comenzaría a pagarse desde el 25 de junio”

[13] En este contexto, el número potencial de beneficiarios sería de 4.900.000 hogares aproximadamente vs los 2.100.000 hogares potenciales del ingreso familiar de emergencia.

[14] Esto significa hacer que la gente pague impuestos por el beneficio (siempre que su ingreso sea mayor al tramo exento de ingresos) Es decir, que el beneficio sea registrado como renta para que se pague impuesto personal en el beneficio. Esto se podría hacer coordinando con el SII la entrega del beneficio. Por ejemplo, cada persona podría emitir una boleta de honorarios, o estos ingresos podrían pertenecer a otros ingresos tributables. Los únicos costos son tener una capacidad computacional tal que no colapse el sitio web del SII.

[15] Canadá es una federación al igual que Estados Unidos, es decir hay varios gobiernos, los gobiernos provinciales y el gobierno federal. En Chile el sistema es más centralizado. Hago esta distinción para aclarar que el beneficio fue entregado a todos los canadienses, residentes permanentes y residentes temporales independientemente de la provincia dónde vivan.

[16] Esta propuesta podría aplicarse a Chile tomando en cuenta que el SII tiene registro de los ingresos formales de los contribuyentes (Disponible aquí.).

[17] Asumiendo que el 60% de las familias en el grupo objetivo necesitan del beneficio.

[18] Considerando tipo de cambio a 800 pesos por US dólar.


https://ciperchile.cl/2020/07/03/lo...acticos-en-el-ingreso-familiar-de-emergencia/