joven demanda al Estado por estar en prisión preventiva en caso de bus quemado: era inocente

Joven inocente acusado de quemar bus del Transantiago demanda al Estado por $250 millones



El viernes 31 de mayo de 2019 la vida de Luis González tuvo un abrupto quiebre, luego que fuera detenido junto a otras tres personas, acusado de participar en la quema de un bus del Transantiago en Providencia, en la región Metropolitana. Debió cumplir 18 días de prisión preventiva en Santiago 1 y tras varios meses, el tribunal decretó su sobreseimiento definitivo de la causa.

Durante el proceso perdió su trabajo y vivió episodios traumáticos al interior del penal. Por eso, demandó al fisco por $250 millones por daño moral y perjuicios.

La aprehensión del joven de 19 años y estudiantes de Auditoría del Duoc UC se concretó de camino a su casa en Conchalí tras salir de su trabajo en Las Condes.

Un supuesto testigo lo habría individualizado como unos de los autores de la quema de un bus en la intersección de las calles Huelén con Providencia.

Con ese argumento fue formalizado por el delito de incendio y desórdenes públicos, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva, la que cumplió por 18 días en el penal Santiago 1, ya que luego fue reemplazada por la firma mensual.

Varios meses después, tal como lo indicó desde el primer momento la familia del estudiante, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago determinó sobreseerlo definitivamente.

La lucha de la familia para demostrar su inocencia
Según relató la madre del joven, Ivonne Valdivia, su hijo estaba esperando un bus cuando fue detenido por carabineros.

Es más, cuando estuvo recluido, una de sus amigas se consiguió los registros de las cámaras de seguridad del sector, las que evidenciaban que el joven transitaba por otras calles cuando se produjo la quema del Transantiago, así como antes previo y después del hecho.

En base a los videos, entre las 20:09 y 20:11 cuando se produjo el delito, Luis iba caminando por avenida Providencia. Minutos más tarde, a las 20:17 se le observa caminando y a las 20:20 pasa por una galería.

“Carabineros jamás pensó que nosotros éramos tan aperrados y dejaríamos los pies en la calle buscando pruebas. Yo me arrodillaba para que me dieran los registros de las cámaras”, destacó.

El relato de Luis
En conversación con BioBioChile, Luis González detalló su recorrido el viernes 31 de mayo, luego de salir del trabajo, pasar a ver unos cerámicos al Costanera Center y el trayecto que hizo para tomar el bus de regreso a su casa.

Aseguró que cuando iba a tomar la micro B27, en cercanías de Salvador, donde se percató que entre esa estación y Manuel Montt había desmanes por las marchas que se había desarrollado previamente en el lugar.

“Mientras más caminaba, el efecto de la bomba lacrimógena me hacía llorar y me secaba la garganta”, recordó González. Siguió su camino hasta la Copec ubicada en la intersección de Huelén con Providencia, donde -según dijo- “no se veía nada porque estaba lleno de humo”, devolviéndose a tomar el Metro.

A mitad de camino se arrepiente para girar por Andrés Bello. “Salí a Andrés Bello y comencé a caminar nuevamente hacia Salvador, crucé la Plaza de la Aviación y esperando a que el último semáforo diera verde para cruzar, un carabinero de Fuerzas Especiales me tocó el hombro”, comentó.



Acto seguido le revisaron la mochila y le pidieron el carnet, fue esposado y llevado a un vehículo policial donde se encontraban los otros tres jóvenes. “Pregunté por qué nos estaban llevando. Supuestamente éramos amigos, pero yo no conocía a ninguno de los tres”. De allí fueron trasladados a la comisaría.

“Expliqué que no andaba en la marcha y no me pescaban (…) Decía que yo estudiaba, trabajaba y que para qué iba a estar metido en esas cosas. Fue un momento de impotencia, rabia y pena”, nadie le prestó atención.

Demanda
El pasado 8 de septiembre, Luis González, a través de su abogada Yasna Celis, interpusieron una demanda de indemnización de $250 millones en contra del fisco por daño moral y perjuicios por falta de servicios de parte de Carabineros y el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Oriente.

Lo anterior, por las imputaciones, formalización y sometimiento a medidas restrictivas de libertad, transgrediendo el principio de inocencia, al obligar al afectado a cumplir condena de un delito que no cometió, según quedó acreditado en sobreseimiento definitivo el 23 de octubre de 2019.

Explican que el joven “fue víctima de violaciones graves a sus derechos humanos y fundamentales” por el actuar de los organismos antes citados, los que “desembocaron en la destrucción del proyecto de vida de Luis González y de modo natural y consecuencial, la destrucción de un proyecto que involucraba a toda su familia”.

Acusan que los “eventos nefastos” que siguieron a su detención (formalización y privación de su libertad) estuvieron “plagados de despropósitos, negligencias ardides y actuaciones de mala fe”.

Sus días tras las rejas
En la demanda, Luis relató cómo vivió su formalización y su cruda estadía en la cárcel.

“Una vez en tribunales fue un proceso largo, de Carabineros pasamos a estar a cargo por personal de Gendarmería, los cuales me tomaron los datos y nos iban encerrando en calabozos, me mezclaron con todo tipo de gente. Me robaron otros reos algunas cosas, pero ya entendía que era mejor no hacer ni decir nada (…) Estuve muy asustado, realmente era otro mundo para mí”, relató.

Cuando el juez dictó veredicto de las medidas cautelares, estableció que los detenidos eran un peligro para la sociedad; sin embargo, cuestionó el estudiante, “todos los casos anteriores al mío, gente que tenía todo un curriculum criminal, eran dejados en libertad y yo sin nada en contra me otorgaban la prisión”.

Una vez en el módulo 34, “uno de los que mandan (presos) me toma y me comienza a hablar como super amigable, de hecho me extrañaba su actuar y no sabía lo que venía. Su intención era llevarme lejos de donde se encontraba los gendarmes para así poder quitarme todas mis cosas, recuerdo que me entraron a un lugar donde ellos le decían ‘El taller’ para posteriormente amenazarme con armas blancas si no entregaba todo me apuñalaban”.

Las cosas no mejoraron cuando le reemplazaron la medida cautelar. “Estuve con psicólogo y psiquiatra -tratamiento que algún día cuando disponga de recursos económicos y que espero poder retomar- para poder superar todo este episodio de mi vida que me había marcado”.

“Lamentablemente perdí mi trabajo ya que no me pudieron esperar más tiempo y realmente me habían esperado mucho. Tampoco pude retomar al 100% mis estudios, no me concentraba, no iba ya que por miedo de salir de mi casa. Recuerdo que estuve con firma mensual por 4 meses, tenía que ir a firmar a la 33° comisaría de Ñuñoa, era lo peor para mí ya que les tenía un rechazo gigantesco a la institución de Carabineros por lo que me habían hecho sin justificar nunca su actuar, no quería acercarme nunca más en mi vida a una comisaría”, agregó.

Por lo expuesto afirmó que “Carabineros y Fiscalía deben entender el daño que provocan por no cumplir con la labor que el presidente y la ley les encomienda, la ley es para todos, no sólo para mí, sino también para ellos. Yo estaba en otro lugar y no fui escuchado”.

Piden justicia
Lo mismo pidió la madre del joven, quien indicó que buscan que se haga justicia. “El dinero no le va a devolver a mi hijo la vida que tenía, pero puede servir para que aprendan a hacer bien su trabajo. Fiscalía, jueces, carabineros, hicieron un mal procedimiento con Luis y tienen que pagar por el daño que sigue sufriendo mi hijo”.

Ivonne Valdivia destacó que gracias a las buenas notas de su hijo y el apoyo de la casa de estudios y sus compañeros, es que no perdió su carrera, o de lo contrario los efectos colaterales de su encarcelamiento habrían sido mucho mayores.

Con la voz quebrada, la mujer reconoció sentir rabia y pena, y se sigue cuestionando por qué no hicieron correctamente la investigación, por qué no pusieron sobre la mesa que Luis jamás estuvo relacionado con algo delictual.

Luis González actualmente forma parte del Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública que busca imponer nuevos desafíos para mejorar ciertas prácticas, hábitos y rutinas de trabajo de los principales actores del sistema de justicia.

deberían haber responsabilidades compartidas: los pacos y el weon que lo acusó