Eliminar visas y restringir a la PDI: los requerimientos del Frente Amplio por Ley de Migración

Eliminar visas y restringir a la PDI: los requerimientos del Frente Amplio por Ley de Migración


Reducir las facultades del Ejecutivo, ponerle trabas a la expulsión de extranjeros que hayan cometido delitos o entrado clandestinamente al país y la entrega del bono marzo o de vivienda a cualquier extranjero que ingrese como turista, estudiante o temporero desde el día uno, serían algunos de los efectos que provocaría la impugnación de los 13 artículos de la Ley de Migración que el Frente Amplio presentó al Tribunal Constitucional.

Este miércoles 15 de diciembre, 41 diputados principalmente del Frente Amplio, del PC y del PS, presentaron un documento de más de 150 páginas, redactado por los abogados Patricio Zapata, Jaime Gajardo y Martín Canessa, al Tribunal Constitucional en el que plantean que 13 artículos de la aprobada Ley de Migración no se adecuan a la Constitución, ya que “manifiestan un enfoque restrictivo y discriminatorio respecto del ejercicio de los derechos fundamentales de las personas migrantes”.

De esta manera, buscan impugnar estos preceptos y seguir demorando la entrada en vigencia de la Ley de Migración, la que se aprobó el 3 de diciembre en el Senado tras 8 años de tramitación. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli señaló: “Después de 8 años de tramitación, de discusión parlamentaria, el Frente Amplio recurre al Tribunal Constitucional para poder imponer aquellos puntos donde ellos no estuvieron de acuerdo y perdieron las votaciones en el Congreso Nacional. Este proyecto de ley es completamente constitucional y aquellas normas que están siendo impugnadas van a tener efectos que pueden ser dramáticos para la migración”.

La diputada Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática, es la representante de la tramitación y firma junto a otros 40 diputados principalmente del FA, PC y PS, tales como Gabriel Boric (CS), Karol Cariola (PC), Marcelo Díaz (PS), Maya Fernández (PS), Hugo Gutiérrez (PC), Carmen Hertz (PC), Giorgio Jackson (RD), Maite Orsini (RD), Marisela Santibáñez (PC), Camila Vallejo (PC) y Gael Yeomans (CS), entre otros.

Los 13 artículos se dividen en 3 o 4 temas, pero el que causa mayor preocupación, según fuentes de Interior, es aquel que le quita legitimidad al Estado para determinar las reglas de quién entra y sale del país mediante la implementación de los visados.

El artículo 27 es uno de los que se busca impugnar, sobre la autorización previa o visa. En éste, se pretende eliminar que “por interés nacional o por bajo cumplimiento de las normas migratorias”, un Estado puede exigir visa a los ciudadanos de determinados países. Con esta impugnación llevada a cabo, no se hubiera podido exigir visa a Haití o Venezuela, lo que habría permitido la entrada de al menos unos 700 mil extranjeros adicionales a los que hay hoy, en uno de los momentos de mayor crisis económica y de empleo en Chile.

Según el subsecretario Galli esto impediría “un adecuado orden y control en el ingreso a nuestro país”.

Otro de los puntos es el artículo 3, en el que se plantea que no permitir que cualquier extranjero entre a Chile va en contra de la Constitución, de manera que el Estado no podría determinar quién entra a territorio nacional, estableciendo una lógica de “derecho a migrar” para que todos puedan entrar.

También, se busca eliminar la facultad del Subsecretario del Interior contenida en el artículo 133 que dice que “solo en casos debidamente calificados, fundados en razones de seguridad interior o exterior” podría expulsar extranjeros y establecer el plazo de prohibición de ingreso al país.

Trabas a la expulsión
Mediante la impugnación de al menos 5 artículos de la Ley de Migración, los diputados del Frente Amplio le estarían poniendo “trabas a la expulsión” de los extranjeros que hayan cometido delitos, tengan antecedentes penales o que hayan ingresado clandestinamente mediante mentiras sobre su ingreso al país, señalan desde Interior.

Por ejemplo, en el artículo 135 se busca eliminar que el plazo para materializar una expulsión sea de 72 horas, acortándolo a 24. Actualmente la policía puede privar de libertad al extranjero por un plazo máximo de 3 días ya que, aseguran, sería impracticable que se expulse a extranjeros de lugares remotos o sin aeropuertos a países no fronterizos en tan corto plazo, por ejemplo, alguien de Magallanes a Europa.

También se cuestionan las prohibiciones de ingreso del artículo 33, en el que se eliminarían las facultades de la PDI para expulsar a un extranjero que realice declaraciones o porte elementos que sean indicios de que se dispone a cometer un crimen o delito, o que realice declaraciones o porte elementos que acrediten que el motivo del viaje difiere de la visa que obtuvo.

Es decir, la PDI estaría imposibilitada de actuar, no solo con esa impugnación, sino también con la que se refiere a las causales de expulsión de extranjeros, en la que se busca eliminar el numeral que establece que efectuar declaraciones falsas o adulteración de documentos, como el porte de un pasaporte falso, es causal de expulsión.

A su vez, los diputados de oposición proponen eliminar otro inciso que no permitiría que un extranjero que fue expulsado, ya sea por homicidio, tráfico de drogas u otro ilícito, pueda volver a su país de origen en un breve plazo, sino que tendría que realizar todo el proceso administrativo y judicial de nuevo.

Bono marzo para turistas
Otro de los temas cuestionados es el de los servicios sociales. En el requerimiento se cuestiona el artículo 16, que se refiere al acceso a seguridad social y beneficios de cargo fiscal, y se plantea que no se puede exigir un plazo de 24 meses de residencia para obtener acceso a prestaciones y beneficios de seguridad social no contributivos y financiados con recursos del Estado, como el bono marzo o el subsidio a la vivienda ya que, según los firmantes, “contraviene el derecho a seguridad social”.

De esta manera, un extranjero que lleva un día como estudiante, trabajador temporero o turista podría solicitar y obtener estos bonos. Una medida calificada como “irresponsable” por fuentes de Interior, ya que no se tendría control y podría provocar incluso que algunos extranjeros llegaran los meses que se entrega el bono de vacaciones.

El otro artículo tiene relación con el acceso a la vivienda. En él se cuestiona el concepto de “propia”, de manera que se podría provocar la misma irregularidad en que se solicitara un subsidio de vivienda o arriendo al primer día de llegado al país.

Otro de los puntos llamativos es el que se refiere al sufragio. Actualmente Chile es uno de los 5 países en el mundo que permite a los extranjeros votar en todas las elecciones sin estar nacionalizados, siempre y cuando se demuestre un avecindamiento o residencia temporal de 5 años continuos en el país. Se solicita eliminar la continuidad de este plazo, es decir, que sean 5 años en toda la vida de un extranjero y no de manera continua.

El Tribunal Constitucional tiene 45 días para acoger este requerimiento. De hacerlo, el Ministerio del Interior tendrá que defender la constitucionalidad de los artículos, pero el encargado de hacerlo no está definido todavía.

Aún así, aseguran que “los 13 puntos planteados no tienen ninguna duda de su legalidad y constitucionalidad” , además de que no habría sustento jurídico para la impugnación.

Así lo confirmó el subsecretario Galli, quien también señaló que “para tener una migración regular, ordenada y segura, es necesaria esta regulación migratoria. Hay otros que al parecer lo que quieren es abolir las fronteras y permitir la entrada de cualquier persona sin ningún control”, declaró.

Revise el requerimiento completo aquí:
https://es.scribd.com/document/488415259/Requerimento-TC-Migraciones

https://ellibero.cl/actualidad/elim...entos-del-frente-amplio-por-ley-de-migracion/