NARCOS CHILE ll | las amenazas al detective que denuncia red de policías corruptos en la PDI

Narcos Chile II: las amenazas y hostigamientos al detective que denuncia red de policías corruptos en la PDI

Laura Landaeta

21/03/2021 - 06:00

PDI


En esta segunda entrega, Patricio Sánchez relata cómo fue amedrentado por oficiales de la unidad de antinarcóticos de Arica tras denunciar que en el asesinato de un informante estarían involucrados agentes corruptos. Además, INTERFERENCIA contesta carta de la PDI.

Patricio Sánchez es ex detective antinarcóticos de Arica y aún es funcionario activo de la PDI. Lleva seis años denunciando a una camarilla de policías de esa ciudad norteña a los que acusa de orquestar el asesinato en abril de 2015 de Alex Cuevas, cabecilla de una banda de drogas pero también informante de la propia policía de investigaciones. Cuevas iba a delatar a los agentes por narcotráfico y corrupción.

A lo largo de los años Sánchez realizó diversas indagaciones que sólo acrecentaron las sospechas sobre los policías y que INTERFERENCIA dio a conocer en el reportaje “Narcos Chile: el caso de un grupo de policías corruptos que complica al alto mando de la PDI”.

En este período interpuso una decena de denuncias internas solicitando investigar a fondo el asesinato (que judicialmente está resuelto con la condena de dos hombres) y las supuestas prácticas de corrupción y extorsión del grupo de policías. Pero en vez de despertar el instinto investigativo de la institución, desencadenó la furia burocrática en contra de él.

Pese a estar obligada por ley, la PDI no remitió la mayoría de las denuncias al Ministerio Público. Por eso, en noviembre de 2018 Sánchez pidió una reunión con el fiscal nacional Jorge Abbott, presentando él mismo una denuncia formal en contra de cuatro compañeros de la institución por los delitos de tráfico ilícito de drogas y estupefacientes, homicidio, falsificación ideológica de partes policiales, falso testimonio, obstrucción a la investigación, extorsión y sustracción de dinero, entre otros.

Fue así como se originó la causa RUC: 1800837264-7, a cargo del fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia Cerda. “Esto solo generó una enemistad manifiesta con mi actual Director General, ya que claramente hice lo que él no quería, que los hechos denunciados fueran puestos en conocimiento de la Fiscalía”, afirma.

En paralelo, el detective consiguió los correos electrónicos personales del presidente Sebastián Piñera, del entonces ministro del Interior Andrés Chadwick, y del director nacional de la PDI, Héctor Espinosa, a quienes les envió todos los antecedentes del caso. Sánchez les solicitaba expresamente a ambos políticos que tomaran cartas en el asunto e intervinieran e investigaran a la PDI. Ambos correos nunca fueron respondidos, ni por los destinatarios ni por sus asesores.

Durante más de un año el fiscal Arancibia Cerda no realizó ninguna diligencia, por lo cual Sánchez presentó una denuncia en su contra por posible encubrimiento de delitos.

Además, Sánchez tenía antecedentes que lo hacían dudar acerca de la gestión de la fiscalía de Tarapacá. Esto no sólo por la condena en tiempo récord en el homicidio de Alex Cuevas, sino también porque en una posterior causa llamada “Barroco” y otras más llevadas tanto en Arica como en Iquique, el fiscal Arancibia Cerda habría condenado a personas con pruebas falsas e investigaciones mal llevadas. Curiosamente, esta causa involucra al padre y hermano de Alex Cuevas, quienes semanas antes de ser detenidos, contrataron al estudio de abogados de Vinko Fodich, José Luis Andrés Alarcón y Eduardo Riquelme Portilla para reabrir la causa por la muerte de Alex. Se trata de los mismos que consiguieron la más alta multa económica que el Estado de Chile haya pagado por un juicio mal avenido, en el cual se culpó de narcotráfico a funcionarios del OS7 y se les encarceló indebidamente durante un año.





Actualmente las causas contra los detectives acusados y el fiscal de Tarapacá siguen abiertas. En Tarapacá se unificaron las denuncias de Sánchez en una sola causa donde, según la filtración de un audio el día jueves de esta semana, el fiscal señala que “no existen elementos probatorios de que los funcionarios identificados como presuntos culpables hayan cometido algún ilícito”.

En ese audio editado, que comenzó a circular poco después del primer reportaje publicado por INTERFERENCIA, el fiscal Raúl Arancibia Cerda califica erróneamente a Sánchez de “ex funcionario de la PDI”, e infiere serias acusaciones sobre el detective. Reinaldo Cuevas, hermano del narcotraficante asesinado, habría dicho que en su juventud el detective fue drogadicto y muy cercano a su familia. “Reinaldo Cuevas señala que conocía a Patricio Sánchez desde niño, que se criaron en la misma población y que muchas veces cuando Sánchez tenía problemas en su casa se iba a alojar a la casa de él, es decir tenía un vínculo muy estrecho con la familia. Situación que explica por qué tenía este interés por investigar”, señala el fiscal en el audio que comenzó a circular.

Sánchez no sólo niega esas imputaciones, sino además siembra una duda razonable: “Primero, ¿cómo me aceptan en la PDI si soy un drogadicto? Y segundo y aún más grave, ¿por qué esa declaración que el fiscal lee al magistrado no aparece en la carpeta investigativa de la cual mi abogado y yo tenemos copia? En este mismo momento estoy redactando una solicitud para que se me entregue copia de esa declaración y saber así si realmente existe y es verídica”.

En la grabación el fiscal prosigue: “Él quería limpiar el nombre de su amigo de infancia, algo así. De otra forma no se explica cómo sigue con sus denuncias pese a que no incorpora nada nuevo en ellas”.

INTERFERENCIA también tuvo acceso a una grabación donde la madre de uno de los condenados por el asesinato de Alex Cuevas señala que su hijo no fue responsable del crimen. El hijo de esta mujer, Jean Luis Araya, quien fue condenado siendo menor de edad, asegura que se le entregó dinero por auto inculparse. La conversación fue en noviembre de 2018 y en ella el hombre habría confesado lo mismo.

Este medio también pudo constatar mensajes telefónicos y una carta que le mandó Reynaldo Cuevas, el hermano de Alex, al detective Sánchez. En estas, Cuevas habla de sobornos a agentes antinarcóticos de Arica. El pago eran vehículos de alta gama, uno de ellos de marca Jeep de color verde y otra Hummer de color negra. Ambos vehículos habrían sido entregados a los detectives acusados por Sánchez en una automotora que era investigada por ser una posible fachada de lavado de dinero, la cual pertenecía a Alex Cuevas. Estos datos fueron remitidos en varias oportunidades a la PDI y la fiscalía de Tarapacá, pero no se investigaron.

Los antecedentes de los vehículos también están en escuchas telefónicas realizadas por la propia PDI en el marco del llamado “Caso Barroco”, así como en diversas denuncias hechas por Sánchez y que generaron los sumarios internos 309 y 504 de la PDI. En ambos el detective entregó información sobre estos vehículos, lo cual no fue investigado ni remitido al ministerio público por la PDI.

Incluso el departamento de asuntos internos de la policía tuvo esos antecedentes y tampoco los remitió a fiscalía. Simplemente se limitaron, dice el detective, a saber de dónde habían salido los vehículos sin preocuparse de que la automotora que los importó era de propiedad de Alex Cuevas y que la administraba un palo blanco llamado Fernando Cabrera Acuña, quien posteriormente fue acusado de liderar una red de importación de armas desde Houston en el interior de los vehículos.

Hostigamientos

Desde que inició las denuncias, Patricio Sánchez lo ha pasado mal.

Primero fue hostigado en la puerta de su casa, pistola en mano, por parte de uno de los delincuentes que Sánchez liga a los policías corruptos (ver artículo Narcos Chile).

Después, en septiembre de 2018 el detective presentó un recurso de amparo tras constatar seguimientos vehiculares. Logró fotografiar uno de los autos y al rastrear la propiedad a través del registro de patentes, constató que se trataba de un vehículo de propiedad de la brigada antinarcóticos de la PDI. Interrogados por la Corte de Arica, los detectives de narcóticos que utilizaban ese vehículo señalaron que estaban realizando diligencias en ese lugar por otra causa.

A fines del mismo año Sánchez presentó otros dos reclamos por seguimientos, realizados ambos en un auto de marca Hyundai, el cual también pertenece a la unidad antinarcóticos de Arica. En este caso se consignó que “la ciudad es chica y que por eso se topan frecuentemente”.

En septiembre de 2019 Sánchez sufrió un violento y extraño asalto. En una esquina lo abordaron dos hombres que le propinaron dos puñaladas y sólo le roban una cosa que llevaba dentro de su mochila: una carpeta que contenía los antecedentes de su investigación en torno a la camarilla de agentes que viene denunciando. El detective denunció los hechos a la fiscalía de Arica y constató lesiones en su pecho y mano.

El 2017 Sánchez pidió el retiro definitivo de la institución debido a una enfermedad invalidante, el mal de Crohn. Su médico le dijo que no podía seguir trabajando porque tenía cálculos renales, hemorragia digestiva interna, infecciones intestinales recurrentes, lesiones cutáneas y depresión. Su condición médica se agudizó debido a que en 2016, cuando realizó la primera denuncia en contra de sus colegas, fue alejado de sus funciones durante 17 meses con un recorte de 20% de su sueldo, por lo cual, asegura, no pudo seguir pagando su tratamiento y éste empeoró.

Pero la institución le negó acogerse a retiro, razón por la cual interpuso un recurso de protección por discriminación en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Sánchez señala que actualmente se han acogido 23 retiros por causas similares a la suya, una de ellas por la misma enfermedad. Entonces no comprende por qué su caso es diferente.



Nota de la redacción:

Al cierre del primer artículo de esta serie, INTERFERENCIA publicó íntegramente una carta que la Policía de Investigaciones hizo llegar a nuestro medio en la cual presentaban sus descargos frente al caso denunciado por Patricio Sánchez. A continuación se reproduce la carta (en cursiva) y las respuestas a ésta.

1. Por el homicidio de Alex Cuevas González fueron condenados Abram Alzamora Hernández y Jean Luis Araya Gallardo, de acuerdo con el juicio realizado ante el Tribunal Oral en lo Penal de Arica, cuyo fallo de primera instancia fue recurrido de nulidad y la Corte de Apelaciones de la misma ciudad, que dejó la sentencia a firme”.

En el fallo efectivamente no existe mención a los cuatro oficiales denunciados, ni siquiera por parte de la defensa de los dos imputados. Sin embargo, el hecho de que hayan sido condenados y esta causa haya sido ratificada por la corte no significa necesariamente que sean realmente los verdaderos autores, más aún cuando existe evidencia que permite seguir otra línea de investigación. Basta con recordar el llamado “Pacos narcos”, el caso de cuatro funcionarios del OS7 Arica que fueron procesados el año 2013 por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, precisamente por la misma Fiscalía Local Arica y la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado Arica de la PDI, y luego llevados a juicio oral en 2015. En este sus abogados, los mismos contratados en el caso de Alex Cuevas, acreditaron que “había sido un montaje de la Fiscalía y la PDI”, quedando todos absueltos, y hoy el Ministerio Público arriesga pagar la indemnización más grande de la historia.

2. No existe registro que Alex Cuevas González fuera informante de la PDI.

Esto es falso. Según información reservada que consta en el expediente 309, aparece reiteradamente escrito que el fallecido era informante del suscrito, documentos tanto de la Brigada Investigadora de Robos Arica (minutas), la Subdirección Operativa (oficios), la Contraloría regional Arica PDI, Asuntos Internos y otras unidades. Además, en la propia resolución 309 de la unidad jurídica aparece mencionado esto mismo. En ninguna de estas instancias, la mayoría falladas por la PDI y conocidas por el ministerio público, jamás se cuestionó que esto fuera falso, ya que si así hubiese sido, habría significado una sanción al detective por inventar un informante.

3. Las reiteradas denuncias que el inspector Sánchez ha formulado en contra personal de la PDI de Arica, de superiores y de distintas autoridades, por medio de reclamos, solicitudes de transparencia, correos electrónicos y otras vías, han sido debidamente canalizadas. Producto de ellas existieron numerosos actos administrativos donde se descartó responsabilidad administrativa de los funcionarios denunciados. En el ámbito judicial existe una investigación penal cerrada con sobreseimiento definitivo por cuanto no existen elementos para imputar delitos de ningún tipo asociados a los hechos denunciados por Sánchez (RUC: 1800837264-7) y otra que aún se tramita en la Fiscalía Local de Arica RUC: 1800818555-3, reagrupada en el RUC 1801149391-9.

Tanto por ley de transparencia como por comunicación de la propia PDI es conocido que no se tramitaron estas denuncias como exige el código procesal penal en su artículo 84, 173, 174 y 175. Y no sólo eso, sino que además la PDI realizó su propia investigación interna señalando que no se determinó antecedentes que hicieran necesario enviar las denuncias a fiscalía. Todo esto pese a que la ley les exige hacerlo y es tajante al señalar que no son ellos los llamados a investigar sin haber hecho la denuncia.

4. A la fecha, el inspector Sánchez se encuentra con licencia médica prolongada desde hace cinco años, buscando mantener su permanencia en la institución a fin de lograr beneficios previsionales, ya que se le diagnosticó una enfermedad que intentó hacer pasar como enfermedad profesional y que la comisión médica en su momento determinó como enfermedad común. Además, se encuentra con dos sumarios con medida de separación, por cometer graves faltas y transgredir el principio de probidad administrativa. Es importante señalar que ambos se encuentran en el último trámite ante la Contraloría General de la República.

Al respecto, el detective Sánchez asegura que jamás ha sido citado a la comisión médica para evaluar su caso y hoy tiene un recurso de protección en la corte de Valparaíso por los temas ya comentados en el reportaje. Además, en el primer capítulo de esta serie INTERFERENCIA reveló que la PDI realizó sumarios para expulsar al detective. Pero ninguno de ellos puede prosperar en la medida que no se resuelvan las demandas laborales presentadas por el detective en este caso en el juzgado laboral de Arica. En paralelo existe una investigación penal en curso por los presuntos delitos cometidos en ese sumario.

Los antecedentes de la denuncia realizada por correo electrónico por el inspector Sánchez, el 27.SEP.2018. al Departamento V, fueron remitidos mediante el Oficio Reservado N°364 de fecha 28.SEP.018 a la Fiscalía Local de Arica (Puede ser solicitado vía Transparencia).

En nuestro primer reportaje exhibimos tanto correos internos como la tramitación en transparencia que desacredita esta información, pues en la fecha señalada (y hasta hoy) no se entregaron al ministerio público los antecedentes de este caso. A decir de la fiscalía, faltaba adjuntar la documentación.

6. La PDI no admite de ningún modo que se efectúen acusaciones sin fundamento alguno en contra de ella y su personal y reitera que ejercerá ante los tribunales de justicia todas las acciones legales contra quienes quieran enlodar la imagen de la institución y de quienes la componen, pues no es permisible que cualquier persona se sienta con el derecho de difundir informaciones sin sustento fáctico, que más encima afectan la honra de quienes son señalados en dichas acciones, así como la de sus familias.

Al respecto sólo cabe señalar que INTERFERENCIA basa sus reportajes en testimonios y documentos públicos, ninguno de los cuales han sido desacreditados por la PDI. Este medio continuará publicando informaciones relevantes y sustentadas para nuestros lectores, pues es un deber periodístico fiscalizar el actuar de las instituciones públicas que se financian con los impuestos de todos los ciudadanos.

Fuente: https://interferencia.cl/articulos/...tos-al-detective-que-denuncia-red-de-policias