¿Lenguaje “inclusive” en tribunales? Expertos debaten su uso en resolución de polémico juez Urrutia

¿Lenguaje “inclusive” en tribunales? Expertos debaten sobre uso de idioma en resolución de polémico juez Urrutia

El juez Daniel Urrutia.

El 15 de julio, las constituyentes María Rivera y Manuela Arroyo presentaron un recurso de amparo vía telefónica ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, acusando que 11 personas -entre ellos algunos de sus pares en la Convención Constitucional- fueron arrestadas de forma ilegal. El magistrado Daniel Urrutia resolvió a favor de su requerimiento. Y lo redactó de una forma distinta a la habitual, reemplazando la "o" en distintas palabras por la "x". Para la mayoría de los abogados consultados, la utilización del lenguaje de Urrutia en este caso no es inclusivo, sino un intento de llamar la atención de una agenda política y lo ven como un error. Otros, en cambio, piensan que satisface la función y que es una idea integradora.

El 15 de julio, un grupo de personas y familiares de imputados por ilícitos cometidos durante las protestas por la crisis social, tras el 18-O, se manifestaban a un costado de la Catedral Metropolitana en el centro de Santiago. En este contexto, 11 de ellos fueron detenidos, según Carabineros, por el delito flagrante de oponerse a la acción de la autoridad. Entre los aprehendidos estaban los constituyentes Alejandra Pérez y Manuel Woldarsky, quienes fueron llevados a la Tercera Comisaría de Santiago.

A raíz de esta situación, las constituyentes María Rivera y Manuela Arroyo presentaron un recurso de amparo vía telefónica ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, acusando que las personas fueron arrestadas de forma ilegal y que se le negó el derecho de hablar con los detenidos por orden del comisario a cargo del procedimiento. Justo estaba de turno el magistrado Daniel Urrutia, quien resolvió admitir a trámite el requerimiento.

No se trata de cualquier juez: Urrutia fue marginado de sus funciones en los tribunales de garantía durante varios meses, por sus superiores jerárquicos del Poder Judicial, por liberar -en una decisión tomada de oficio- a los detenidos denominados de la “primera línea” que estaban en prisión preventiva. El hecho molestó a la Corte de Santiago, la que dejó sin efecto la resolución de Urrutia y volvió a ordenar la medida cautelar más gravosa. Además, le abrió un sumario al magistrado, lo suspendió de sus funciones y lo trasladó a un tribunal de cobranzas. Luego de un año de esa decisión, el pleno de la corte resolvió de manera unánime suspender la medida cautelar.

La situación causó sorpresa en el ambiente penal en relación a si se puede o no usar este lenguaje y se abrió un debate sobre si es aceptable que un magistrado de la República use estos términos en una resolución legal, de acuerdo a nuestro sistema procesal penal y al Código Orgánico de Tribunales.

Uno de los magistrados cercanos al juez sostuvo que Urrutia defendió su resolución asegurando que, a su juicio, “todos los modos de hacer justicia están en revisión y que el uso del lenguaje también. La constituyente deberá refundar el Poder Judicial desde la plurinacionalidad, la perspectiva de género, la paridad y desde la promoción y defensa de los derechos humanos, cambiando toda la estructura autoritaria y abusiva del Poder Judicial que inhibe una cultura de los derechos humanos”.

Sin embargo, entre los penalistas consultados, la mayoría no estaba de acuerdo con la forma de resolver de parte de Urrutia.

¿Puede generar vicios?
En ese sentido, el profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Chile Jonatan Valenzuela sostuvo que “los jueces no están vinculados a la RAE, pero sí están obligados a usar un lenguaje claro y formal. Esto se deriva del hecho de que la administración de justicia es una actividad de alto interés público. El lenguaje inclusivo parece constituir un intento por equilibrar por la vía de ciertas formas lingüísticas las expectativas de igualdad entre personas. Usar ‘equis’ no es lenguaje inclusivo a mi juicio”.

El docente advirtió que “una de las cosas más peligrosas para los jueces es caer en un intento de llamar la atención de cierta agenda moral o política. Si sus actos se explican como actos que buscan la aprobación de algunos sectores de la sociedad (búsqueda de ‘likes’) lo que tenemos es, en realidad, un sesgo ideológico. La justicia debe combatir la concurrencia de sesgos, porque estos constituyen disonancias que dificultan el conocimiento de los hechos del caso que se juzga”.

Para el abogado penalista César Ramos, “existen alternativas de lenguaje inclusivo distintas al uso de la ‘x’. Por ejemplo, la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial recomienda el uso de perífrasis como ‘las personas detenidas’ en un caso como éste. Sin perjuicio de eso, lo relevante aquí es que las resoluciones deben expresarse en un lenguaje claro y accesible a las personas. Y la incorporación del lenguaje inclusivo se orienta a cumplir ese fin, pues acerca nuestras instituciones judiciales al contexto social y las valoraciones culturales en las que se enmarca su función”.

Por su parte, el abogado penalista Cristián Muga opinó que la resolución del juez Urrutia es directamente un error: “En lo formal, nuestro idioma posee múltiples alternativas para reemplazar aquellas palabras o expresiones no neutrales por otras que sí lo son. En lo sustantivo, todas las guías, nacionales y extranjeras, sobre uso de lenguaje inclusivo en resoluciones administrativas y judiciales piden, precisamente, no incluir signos como los utilizados en la resolución para evitar categorizaciones binarias de géneros. El magistrado quiso parecer inclusivo, pero logró precisamente lo opuesto”.

En la misma línea, el abogado Alejandro Espinoza indicó que el idioma oficial de nuestro país es el español, de manera que es en ese idioma que deben llevarse adelante los procesos judiciales, “no teniendo facultades un juez inferior para expresar sus resoluciones intercalando expresiones que no se ajusten a ese idioma”. Así, sostuvo que el problema de fondo, “a mi entender, dice relación con autoridades judiciales que exceden sus facultades legales y pretenden en los hechos transformarse en legisladores, lo que es contrario a lo que se entiende por una republica democrática, donde resulta esencial la separación de los poderes del Estado”.

En una postura distinta, el abogado Miguel Chaves señaló no ver ningún inconveniente en los términos usados por Urrutia: “El lenguaje sirve para comunicarse y si ello comunica, entonces satisface la función. El lenguaje muta y son continuos los cambios introducidos en ese diccionario. Desde el punto de vista estilístico no me gusta, pero creo que mi opinión y la discusión misma, por lo dicho, carecen de importancia”.

En tanto, la abogada y profesora de Derecho de la Universidad Católico María Elena Santibáñez, indicó que es bueno que las sentencias sean redactadas en forma amigable para que puedan ser comprendidas por todos y deben ser escritas en idioma español. “Sin perjuicio de que los idiomas van cambiando en forma natural, eso sí. Pero ello supone que lo debe cambiar es el idioma español. Sin perjuicio de que se entiende la idea integradora que hay detrás”, agregó.

Otro que defendió la acción del magistrado fue el exfiscal y hoy abogado particular Juan Pablo Buono Core señala que el fallo del juez Urrutia contiene lo que se denomina el lenguaje de género indeteminado. “La Real Academia de la Lengua Española suele manifestarse en contra de esas formas nuevas de lenguaje, de hecho, no la acepta, señala que el uso de la x es ajeno a la morfología propia del lenguaje castellano. Sin embargo, hay que tener claro que el lenguaje está en constante evolución y no lo dicta la RAE, sino que es el medio que utiliza el ser humano en su vida. Yendo al fondo, en vez de preocuparse tanto de la forma de la redacción del fallo, lo importante es el contenido del mismo”, dijo.

Inhábiles en sumario
En tanto, hoy, en un hecho inédito, todos los integrantes de la corte santiaguina se declararon inhábiles de seguir conociendo el sumario en contra del juez Urrutia por la liberación, sin audiencia, de presos del estallido social.

Esto ya que está en tramitación una querella en contra de los integrantes del tribunal de alzada capitalino por el presunto delito de prevaricación que está vinculado también a cuando fue suspendido de sus funciones jurisdiccionales y fue enviado a labores en un tribunal de cobranza. Será entonces la Corte de Apelaciones de San Miguel quien decida ahora el futuro de Urrutia, de si es sancionado o absuelto por sus actos de supuesta indisciplina.

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