Corrupción en Carabineros: los secretos vínculos con narcos y bandas de ladrones

Un grupo de asaltantes se encuentra en un banco en la comuna de La Reina robando cajeros automáticos. La alarma suena en Carabineros. El policía que debería acudir al lugar recibe la instrucción, pero, antes de partir, llama a uno de los ladrones y entablan el siguiente diálogo:

– ¿Aló?

-Aló, dígame.

-Oye, saltó, pero no por Cenco, me llamaron al cuadrante. Así que yo tengo que ir a verificar allá y según eso van a mandar gente pa’ allá, pero hasta el momento nadie.

-Ya.

-Oye, ¿cuánto te demorái?

-Eh, tres minutos más.

-Ya, tres minutos.




El intercambio dura cerca de un minuto y medio. Los participantes de la llamada se quedan en silencio durante varios segundos para que la banda que está dentro del banco escuche los mensajes radiales de Carabineros y sepa de sus movimientos.

–Tení tres minutos, hermano, dice otro uniformado antes de colgar y dirigirse al lugar del atraco.

Esta pista de audio, que revela la coordinación entre ladrones y policías para facilitar el robo de cajeros automáticos, forma parte de una de las decenas de carpetas de Contrainteligencia a las que CIPER tuvo acceso, en el marco de la masiva filtración de documentos de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar) que este medio ha publicado en su serie de investigación “Archivos secretos de Carabineros” (vea aquí el artículo sobre el monitoreo al movimiento estudiantil, el reportaje acerca del reclutamiento y uso de informantes, y los registros que confeccionó la inteligencia policial sobre dirigentes políticos).

LA LARGA LISTA DE CARABINEROS INVOLUCRADOS EN DELITOS
En esta entrega, CIPER revela expedientes secretos del Departamento de Asuntos Internos de la Dipolcar, encargado de indagar a los carabineros que cometen delitos. En la jerga de la Dipolcar a esta labor se la conoce como contrainteligencia. Los archivos revelados en esta investigación están fechados entre 2009 y 2016, y tratan sobre uniformados que se coluden con narcotraficantes, pero también con bandas de ladrones que roban cajeros automáticos, además de otros delitos, como el caso de un suboficial que utilizaba grúas familiares para trasladar vehículos que eran abandonados en las carreteras, o que quedaban inmovilizados luego de un accidente.

Los delitos indagados por la contrainteligencia de Carabineros también incluyen a un civil de la Dirección de Finanzas de la institución que, en horario laboral, recorre la Plaza de Armas de Santiago en busca de menores de edad a las que les ofrece dinero a cambio de sexo. O de un cabo 1° que en la ciudad de San Felipe fue detectado ebrio exhibiendo sus genitales en la calle. Ese mismo cabo 1° antes había sido sancionado por mostrar su pene a menores de edad. A pesar de la gravedad de ese hecho, solo fue castigado con 12 días de arresto.

Hay otros casos de uniformados a los que pillaron solicitando dinero a conductores ebrios para evitar ser detenidos durante controles policiales; una capitana detenida por robar en una tienda Ripley; un sargento 2° robando en un Homecenter; y un grupo de 18 suboficiales de Puerto Montt, los que se repartieron 988 kilos de salmón incautados en un control policial, los que debían ser entregados a un hogar de beneficencia. Algunos de esos casos aparecen en uno de los informes mensuales que elabora el Departamento de Asuntos Internos de la Dipolcar (ver aquí).

Dentro de los archivos secretos revisados por CIPER, hay documentos que agrupan los delitos y las faltas cometidas por carabineros durante algunos años específicos. Por ejemplo, en 2012 hubo 1.019 funcionarios involucrados en algún tipo de irregularidad: 152 en faltas a la Ley del Tránsito, 137 en delitos militares, 95 en delitos contra la propiedad, 91 en violencia intrafamiliar, 86 en delitos contra las personas, 43 en delitos de drogas, y 37 en delitos de connotación sexual (vea aquí informe de 2012).

Hay otro archivo que solo enumera denuncias y detenciones de funcionarios policiales durante 2016. A octubre de ese año 72 carabineros habían sido denunciados o detenidos por la justicia. La conducción en estado de ebriedad (11) y las detenciones por violencia intrafamiliar (10) lideraron en ese periodo de tiempo. Extrañamente no aparecen funcionarios denunciados o detenidos por delitos relacionados con el narcotráfico (vea aquí).

CIPER consultó a Carabineros cuántos de los uniformados mencionados en los documentos secretos del Departamento de Asuntos Internos fueron sometidos a sumarios y dados de baja, pero la institución no respondió y señaló que esos antecedentes debían solicitarse vía Ley de Transparencia.

CARABINEROS INSISTE EN QUE NO TIENE CIFRAS
Hace un año CIPER publicó un reportaje que reveló que al menos 40 carabineros fueron investigados internamente por nexos con narcos y asaltantes entre 2014 y 2016 (vea aquí). Ahora, tras revisar los nuevos antecedentes, este número aumentó a 55 funcionarios durante el mismo período de tiempo.

El dato se ha divulgado exclusivamente gracias a filtraciones e investigaciones periodísticas, pues Carabineros insiste en que no cuenta con un registro interno sobre vínculos de sus funcionarios con bandas criminales (vea aquí respuesta de la institución vía Ley de Transparencia). Si eso es cierto, ese vacío de información podría atentar gravemente contra la evaluación de la eficacia de las medidas de prevención, investigación y sanción que ha aplicado la policía para evitar la penetración del narco entre sus filas.

Tras una solicitud de información vía Ley de Transparencia, la Fiscalía entregó a CIPER una nómina que registra a 112 carabineros imputados en causas relacionadas con el tráfico de drogas entre 2010 y 2020. Según este conteo, 41 funcionarios resultaron condenados (vea aquí el detalle).

En su respuesta, Fiscalía precisó que dentro de su base de datos existe una casilla donde se anota la profesión de cada imputado, y que la información entregada a CIPER considera aquellos casos “en que se anotó ‘Carabinero’ como profesión”. Eso quiere decir que si en esa casilla solo se anotó el grado del uniformado en vez de el nombre de la institución, o cualquier palabra que no haga mención a Carabineros, el caso no fue incluido dentro de la nómina. Pese a esto, la información entregada por la Fiscalía es la más completa que existe al respecto.

De acuerdo con las disposiciones legales por las que se rige cualquier funcionario público, los 41 policías que fueron condenados debieron ser apartados de sus funciones. Pero no hay cómo comprobarlo: esa es, precisamente, la información que Carabineros dice no tener.

CARABINEROS ROBANDO CAJEROS AUTOMÁTICOS
De entre las decenas de informes que CIPER tuvo a la vista para esta investigación, cuatro expedientes revelan indagatorias internas sobre uniformados que colaboran con bandas dedicadas al robo de cajeros. En esos cuatro casos se monitorea a un total de 10 policías.

Uno de los casos más desarrollados se denominó internamente “Operación Sésamo”, e involucró a personal de la 58° Comisaría de Estación Central. Un informe de la Dipolcar fechado en marzo de 2014, da cuenta de cómo dos cabos denunciaron que al interior de esa comisaría existían funcionarios que colaboraban con narcos y con asaltantes de cajeros automáticos.

Según la información consignada en el informe, los cabos entregaron los nombres de sus compañeros que estaban involucrados en esos ilícitos. Tal como consignó CIPER en un reportaje de 2015, esta denuncia no fue investigada por el alto mando de Carabineros, y los acusados fueron repartidos en distintas comisarías de la capital. Un año después del informe de la Dipolcar, dos de los carabineros denunciados fueron detenidos por la PDI participando en un asalto a las bodegas de una empresa de transportes en Quilicura. (vea reportaje “Carabineros detenidos por asaltos figuran en denuncia de 2014 que alto mando no investigó”).

Otro reporte interno de la Dipolcar establece que eran más los carabineros involucrados: 11. De ellos, cuatro fueron dados de baja, y los otros siete permanecieron en la institución, no sabemos hasta cuándo. CIPER pudo comprobar que al menos tres seguían activos en 2019: un sargento de apellido Quezada que cumplía funciones en la 7a Comisaría de Renca; un cabo 2° de apellido Linco que figuraba en la 10° Comisaría de La Cisterna; y un cabo 2° de apellido Barra que estaba en la 23° Comisaría de Talagante.

Otro caso vinculado al robo de cajeros automáticos está contenido en un informe fechado en noviembre de 2014. Esta vez, el documento se basa en que un policía de la 24°Comisaría de Melipilla comunicó a Asuntos Internos que un amigo de infancia le pidió ayuda para perpetrar un asalto, aduciendo que otro funcionario de esa unidad ya había colaborado con el robo de cajeros automáticos instalados en un supermercado de la comuna. Según recoge el informe, en aquella oportunidad el policía “habría prestado protección en las comunicaciones y en la huida, no siendo detenidos” los asaltantes.

Asuntos Internos constató que los integrantes de la banda delictual concurrieron a la 24° Comisaría para hablar con el carabinero que supuestamente ya les habría prestado colaboración. Luego de esa reunión, algunos miembros del grupo recorrieron “en su totalidad la línea bancaria de la comuna, con la finalidad de revisar las vulnerabilidades que mantienen los locales y donde están ubicados los dispensadores de dinero”. De regreso a la Comisaría, le dijeron al carabinero con el que hablaron anteriormente que “ya tenían unos cajeros vistos pero que estaban en duda si perpetrar el delito en el del Banco Santander, ubicado en calle Serrano Nro. 274, o los dispensadores ubicados al interior del Mall Melipilla”.

Asuntos Internos concluyó que no hubo evidencia suficiente para involucrar al carabinero denunciado en algún ilícito, pero levantó una alerta por “la cercanía” que existía entre el uniformado que denunció esta situación y el líder de la banda delictual (vea aquí ese informe).

El tercer caso de esta índole también se remonta a noviembre de 2014. En esta oportunidad un sujeto detenido por portar elementos que se utilizan en robos a bancos (cilindros de gas acetileno, contenedores llenos de miguelitos y cables de electricidad) dijo que un sargento de la 6° Comisaría de Recoleta había “prestado protección en las comunicaciones y en la huida, de unos robos a cajeros automáticos ocurridos anteriormente”.

El detenido detalló que uno de los asaltos habría ocurrido a las dos de la madrugada del 21 de junio de 2014, específicamente en el cajero del BancoEstado ubicado en Avenida Recoleta 2248. Según él, en esa ocasión lograron extraer $30 millones de los cajeros, pagándole $2 millones al carabinero que les ayudó con la cobertura.

Asuntos Internos revisó las cámaras del banco y comprobó que el sargento denunciado fue el primero en llegar al lugar del asalto, y que demoró siete minutos desde la Comisaría donde se desempeñaba, ubicada a 200 metros del inmueble. No se logró la detención de ningún individuo.

A la luz de estos antecedentes, la contrainteligencia de la Dipolcar concluyó que las acusaciones sobre el sargento “no son suficientes para acreditar su participación”, pero permiten abrir una investigación para determinar si forma parte de la banda (ver aquí).

El sargento denunciado siguió en la institución. En noviembre de 2019 la Corte de Apelaciones de San Miguel acogió un recurso de amparo en su contra por haber “vulnerado la libertad e integridad” de cuatro estudiantes secundarios, y ordenó a Carabineros realizar un sumario. Hasta abril de 2021 ese sumario no había tenido consecuencias graves para él, pues seguía siendo sargento 1° en la 13° Comisaría de La Granja. En ese rol fue testigo en un juicio contra dos personas acusadas de incendiar el Metro La Granja durante la revuelta social de 2019.

El cuarto caso que vincula a Carabineros con robos de cajeros se revela en un informe de marzo de 2014. Allí se señala que un sargento 2° de apellido Vidal (conocido como el “Paco Raiban”) de la 49° Comisaría de Quilicura, fue denunciado por participar en delitos junto a un conocido delincuente del sector -“Guatón Mutema”- (ver aquí).

Asuntos Internos corroboró que el sargento denunciado registraba antecedentes “por declarar hechos falsos en procedimiento policial” y “emisión de documentos falsos a estamentos institucionales”, sin entregar más detalles. La conclusión del informe es que no existen insumos que respalden fehacientemente la denuncia, pero que el perfil del uniformado y el nivel de detalle de la información entregada es suficiente para “levantar pruebas”. En 2021 el sargento figuraba trabajando como guardia de seguridad en la Municipalidad de Quilicura.

NARCOS Y ASALTANTES DE CAMIONES
La “Operación Sésamo” y el vínculo entre el sargento 2° de Quilicura y el “Guatón Mutema” (actualmente en prisión preventiva por tráfico de drogas y lavado de activos), no son las únicas investigaciones que realizó Asuntos Internos entre 2014 y 2016 por nexos con narcos o bandas criminales. Otros cuatro casos, que involucran a cinco uniformados en total, se suman al conteo.

El más antiguo del registro se remonta a junio de 2014, luego de que una persona se dirigiera a la 30° Comisaría de Independencia para denunciar que un cabo 2° era amigo de un traficante que vendía droga al interior del Hipódromo, ubicado en la misma comuna.

Según la denuncia, el uniformado no solo mantendría un grado de amistad con el narco, sino también le prestaba ayuda en las transacciones realizando labores de guardia y cubriendo los traspasos de dinero.

Los antecedentes indicaban que el narcotraficante y el carabinero llegaban juntos al Hipódromo y realizaban estas acciones preferentemente los jueves y los sábados. Pasadas las 19:00 horas, afirmó el denunciante, el sujeto comenzaba a vender cocaína a los postores de carreras con la colaboración del uniformado.

Personal de la Dipolcar se apostó en el Hipódromo y logró establecer que la información señalada era real: la persona identificada como vendedora de droga efectivamente comercializaba cocaína mientras el cabo adoptaba “una conducta similar a quienes prestan cobertura en este tipo de ilícitos”.

Sobre esa base, la investigación interna recomendó que los antecedentes fueran enviados al Departamento de Drogas de Carabineros (OS-7) y que el policía, en vez de ser dado de baja o expulsado de la institución, fuera trasladado a otra unidad debido al “vínculo de amistad que éste tiene con una persona ligada al tráfico de droga” (ver aquí).

Otro documento, de agosto 2014, evidencia un nexo entre un carabinero que por entonces trabajaba en la Dipolcar y el robo de camiones con mercadería de la marca de alimentos Ideal. La primera alerta sonó al interior de la empresa: durante los primeros seis meses de ese año, un chofer de camiones denunció cuatro asaltos distintos. La empresa Ideal investigó los contactos de ese funcionario y encontró su nexo con la Dipolcar: su hermana estaba casada con un carabinero de inteligencia, el que guardaba parte de los productos robados en su auto particular (ver aquí).

El tercer caso de este apartado se sitúa a 114 kilómetros de Santiago, en la localidad de Llolleo (Región de Valparaíso). Y, al igual que la anterior, la investigación se centra en el posible vínculo de policías con el robo de camiones.

De acuerdo con lo expuesto en un informe de mayo de 2015 (ver aquí), la historia se origina en una investigación que llevaba adelante la Fiscalía Local de San Antonio en contra de cuatro sujetos por diversos delitos. Uno de ellos, para aminorar cargos, declaró bajo reserva de identidad que para realizar esos ilícitos contaban con una red de protección basada en dos cabos de la Subcomisaría de Llolleo, a quienes les pagaban $2 millones por encubrir los asaltos y evitar la detención de los ladrones.

La Sipolcar de San Antonio (sección de inteligencia policial) tenía antecedentes, pero fechados en diciembre de 2014 y “sin avances significativos”. La investigación judicial que entonces estaba en curso concluyó que, al menos, los policías conocían de las actividades delictivas del grupo, ya que había una amistad de por medio. No hay claridad sobre qué ocurrió con los carabineros involucrados luego de la denuncia.

Otro episodio de vinculación policial con la venta de droga incluye a un cabo 2° de la 22° Comisaría de Quinta Normal, de apellido Ortíz. Junto con su pareja, el uniformado vendía marihuana en la casa particular de ella, ubicada en la Villa San Fernando, Quilicura.

El informe de Asuntos Internos señala que el cabo 2° es “cómplice de este ilícito, toda vez que es él quien atiende a los eventuales compradores, recibiendo el dinero de la venta, mientras su pareja entrega las dosis correspondientes”. Los agentes de la Dipolcar llegaron a esa conclusión luego de vigilar el domicilio donde se vendía la droga (ver informe).

El documento, fechado en julio de 2015, señala que el carabinero participa del delito sin matices y que los vecinos del sector conocen esta situación, lo que “desprestigia y enloda” a la institución. Según registros de redes sociales, en diciembre de 2019 el cabo 2° Ortíz seguía formando parte de Carabineros.

EL NEGOCIO DE LAS GRÚAS
En 2021 el Ministerio Público formalizó por cohecho y asociación ilícita al general (r) de Carabineros Manuel Valdés Pinochet, al ex comandante Marco Meneses Vergara, al coronel Ricardo Barriga y al cabo Sergio Ulloa Domínguez (dados de baja) por formar parte de una red de coimas que favorecía a la empresa de grúas ACN, que retiraba vehículos y los enviaban a un aparcadero de su propiedad al sur de Santiago.

Por parte de la empresa fueron imputados los socios José María Williamson Poblete y el ex cabo de Carabineros Francisco Cortez Lovera (dado de baja de la institución en 2008 por participar en un robo con intimidación), bajo los cargos de soborno y asociación ilícita.

Lo que no se sabía, hasta ahora, es que Carabineros conocía y monitoreaba esta investigación hace, al menos, siete años. En abril de 2014 el Departamento de Asuntos Internos redactó un informe que enumera las diligencias realizadas por los agentes para conocer los avances de la investigación judicial. El objetivo del documento era saber cuánto conocía la Fiscalía y la PDI sobre el caso, y evaluar qué consecuencias podría tener para la imagen de la institución la indagatoria del Ministerio Público.

La información llega a manos de Asuntos Internos porque se la “confidencia” directamente un fiscal, quien menciona que el Ministerio Público puso atención al aparcadero administrado por el ex cabo Cortez Lovera, quien “enajena vehículos en forma irregular, aseverando que los automóviles son enviados – en su mayoría – por las Comisarías de Carabineros del sector norte de la Capital”.

El persecutor también les compartió que a esa altura ya existía evidencia de que algunos servicios de grúas “se encuentran coludidos con el aparcadero, principalmente aprovechando sus vínculos con personal de la 49ª Comisaría ‘Quilicura’”.

Las conclusiones expuestas en el documento tampoco establecen diligencias tendientes a esclarecer si hay personal de la institución participando del delito que investiga la Fiscalía. Solo se señala que “resulta pertinente hacerse la pregunta respecto a si hay Comisarías que se encuentren enviando vehículos al aparcadero” administrado por el ex cabo que es investigado por soborno y asociación ilícita (ver informe).

Esta situación no es la única que involucra a personal de Carabineros con servicios de grúas particulares. Otra investigación de Asuntos Internos, de junio de 2014, señala que un sargento de la 59° Comisaría de Lampa, de apellido Morales, “ha generado un monopolio de grúas” en esa comuna, ya que cada vez que se requiere trasladar autos hacia la unidad policial o hasta los aparcaderos, utiliza las grúas de su propiedad para realizar los servicios (ver informe).

Ese documento señala que la familia del entonces sargento 1° poseía en total tres grúas: una inscrita a su nombre, otra a nombre de su esposa y una tercera a nombre de su hija. Desde Carabineros no estuvieron disponibles para responder qué sucedió con el sargento Morales luego de que se detectara el negocio que realizaba con las grúas, pero un mes después de emanado el informe de contrainteligencia, su hijo -quien conducía las grúas familiares que se usaban en los procedimientos- ingresó a la Escuela de Carabineros.

MANGA ANCHA CON LA CORRUPCIÓN
Un informe reservado del Departamento de Asuntos Internos de la Dipolcar, fechado en julio de 2015, da cuenta de la situación de una mayor de la institución (de apellido Rivas) que maneja una empresa de eventos, donde utilizaba a cabos de Carabineros como garzones. En el documento se señala que un medio regional de Atacama había publicado una noticia al respecto, y que el canal de televisión Mega preparaba un reportaje. Se califica la situación como “irregular” (ver aquí).

¿Qué hizo Carabineros? Según confidenció la entonces mayor Rivas a CIPER, la denuncia se investigó y el resultado fue favorable para ella, “debido a que este no era un trabajo fiscalizado por Carabineros. Nunca dejé de ejercer mis labores en la institución y si participaba algún funcionario este era remunerado y fuera de su horario de trabajo”.

Cinco años después del informe de Asuntos Internos, ella seguía activa en la institución como subprefecta administrativa de la Prefectura de Atacama.

El de Rivas no es el único caso donde un uniformado involucrado en situaciones irregulares sigue activo en Carabineros. El 30 de junio de 2014 los agentes de Contrainteligencia elaboraron un informe sobre una situación que se producía al interior de la 1era Comisaría de Arica:

-“Conforme a información proporcionada por una fuente interna de la 1ª Comisaría ‘Arica’, el Jefe de Unidad Comisario Mayor Oliva, ha ordenado a los Suboficiales de Guardia, modificar la tipificación en el Sistema Aupol las denuncias de los delitos de mayor incremento en la zona, ya sea Robo, Robo con Intimidación, Robo con Violencia y fuerza, Hurto, Hurto Simple y demás delitos, todo lo anterior con la finalidad de no aumentar las estadísticas en el sistema STAD de la Unidad”, señala el documento (ver aquí).

El documento agrega que esa información pudo ser corroborada cuando se revisaron algunos partes policiales, los que en vez de señalar los delitos efectivamente denunciados, por ejemplo los “robos con violencia”, se ingresaban al sistema interno como “hurtos simples”. El objetivo era mejorar artificialmente el desempeño de la comisaría en el combate a los delitos violentos. Carabineros no respondió qué hizo con la información recopilada por su Departamento de Asuntos Internos, pero cinco años después el mayor Oliva seguía activo en la institución.

El 19 de octubre de 2019 ya era coronel de Carabineros y ejercía como prefecto en la Provincia del Aconcagua. Ese día, en medio de la revuelta social, presenció una brutal golpiza por parte de sus subalternos a un manifestante al interior de la 2da Comisaría de San Felipe, y no la detuvo. La situación quedó registrada en las cámaras de seguridad y en junio de 2021 fue formalizado por el delito de apremios ilegítimos.

Otro informe elaborado por agentes de inteligencia de La Araucanía, esta vez en marzo de 2015, da cuenta de la amistad de un suboficial mayor de Carabineros, de apellido Ríos, con un ciudadano argentino que se dedica a la crianza de ovejas. El documento señala que el suboficial mayor sustrae elementos de la comisaría como fardos de pasto y sacos de avenas, los que cambia por chivos faenados, utilizando automóviles de la institución para trasladarse hasta la frontera de Chile con Argentina, donde realiza el trueque (ver aquí). Si bien el informe da cuenta de que la denuncia es efectiva, el suboficial mayor Ríos continuó prestando servicios en Carabineros hasta, al menos, cuatro después de ese informe: en abril de 2019 ejercía en la 2° Comisaría de Collipulli.

Fuente: https://www.ciperchile.cl/2022/01/3...tos-vinculos-con-narcos-y-bandas-de-ladrones/