La ONU empuja a Chile a no “reconducir” a la frontera a inmigrantes ilegales y a darles dinero...

Cómo la ONU empuja a Chile a no “reconducir” a la frontera a inmigrantes ilegales y a darles alojamiento y dinero


La ONU se dirigió a la Contraloría para hacer reparos al reglamento de la Ley de Migraciones apuntando “los riesgos de la reconducción” de migrantes. En otro documento sugieren que se considere el alojamiento de los que ingresan mediante un subsidio de alquileres, “a través de la entrega de transferencias monetarias”, y recomiendan “entrega de tarjetas (CBI) para la compra de alimentos”.

Las tomas ilegales, carpas en las calles y personas deambulando son solo una cara de los estragos que –hasta el momento– ha dejado la crisis migratoria en la Macrozona Norte del país. Y es que los límites fronterizos se han convertido en una zona de conflicto entre los residentes y quienes buscan ingresar de forma ilegal, tensión que incluso impulsó al Gobierno a autorizar el uso de maquinaria pesada para ampliar las zanjas fronterizas entre Chile y Bolivia.

Se trata de un escenario político-social en que la Organización de Naciones Unidas ha tomado un enfático rol sobre la defensa ciega de los migrantes y contra la aplicación de algunas cláusulas de la Ley de Migraciones chilena, principalmente la atribución de la reconducción.

Una de las últimas apariciones del organismo causó preocupación en el Gobierno. Sin hacer mención sobre la importancia del resguardo fronterizo del territorio chileno, la ONU se dirigió a la Contraloría General de la República para cuestionar el funcionamiento de la nueva Ley de Migraciones, la aplicación de la reconducción, además de emitir una serie de conclusiones por las cuales debía regirse este proceso. La institución a cargo de Jorge Bermúdez ya había recibido otros dos documentos organizaciones distintas para impedir la iniciativa del gobierno, un esfuerzo que también fue respaldado por la oposición.

Y es que según establece el Artículo 131 sobre la reconducción o devolución inmediata, “el extranjero que ingrese al país mientras se encuentre vigente la resolución que ordenó su expulsión, abandono o prohibición de ingreso al territorio nacional será reembarcado de inmediato o devuelto a su país de origen o de procedencia en el más breve plazo, y sin necesidad que a su respecto se dicte una nueva resolución, válidamente notificada”.

Asimismo, explica que el extranjero que sea sorprendido por la autoridad contralora intentando ingresar al territorio nacional eludiendo el control migratorio –ya sea por pasos habilitados o no (…)– previa acreditación de su identidad, será inmediatamente reembarcado o reconducido a la frontera, según corresponda.

Desde la Organización de las Naciones Unidas consideran, de acuerdo con el oficio entregado a Contraloría en enero de este año, que –entre otras cosas– si bien el artículo Nº 131 de la Ley de Migraciones y el artículo 153 de su Reglamento reconocen a la persona que se encuentre en la frontera en situación de ser reconocida o reembarcada, el derecho a ser oída o ser informada del procedimiento, “las disposiciones reglamentarias no son suficientes para garantizar al extranjero afectado la posibilidad de hacer ejercicio de su derecho a solicitar asilo y evitar que el actuar discrecional de la autoridad fronteriza derive en la vulneración del principio de no devolución y prohibición de retorno en frontera de personas que requieren de protección internacional”, esto se indica en un apartado del documento que lleva como título: “Los riesgos de la reconducción y el reembarco al incumplimiento del principio de no devolución”.

Fuentes fuera de micrófono y cercanas al gobierno aseguran a El Líbero que la ONU omite que el proceso de reconducción sí tiene la posibilidad de que uno solicite la necesidad de protección. Asimismo, no contempla que en muchos casos los venezolanos que llegan al país ya residían por muchos años en Bolivia y en Perú. “Claramente ahí hay un mal uso o una excusa del refugio para fomentar la impunidad o el ingreso clandestino“, cuentan.



El intento no fue un impedimento para que el pasado 11 de febrero, el órgano fiscalizador fallara a favor del Ejecutivo y diera luz verde al oficio que días antes había sido retirado de sus oficinas para modificar específicamente el Decreto 206 –presentado el seis de diciembre pasado– tras las observaciones que ponían en riesgo la legalidad del documento.

Las sugerencias
Según los datos del Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes Venezolanos (Rmpr), en diciembre de 2021 había más de 6 millones de venezolanos fuera de su país de origen. Asimismo, reporta que 17 países de América Latina y el Caribe –cubiertos por el (Rmpr)– albergan cerca del 84%, es decir, unos 5 millones de refugiados y migrantes de Venezuela. Asimismo, estiman que la población venezolana en necesidad será de 40.076 personas que se encontrarán transitando internamente “hacia otras ciudades de destino en Chile, y 3.833 personas residiendo en la Región de Tarapacá”.

Otro documento emitido por la ONU, denominado como “Nota Conjunta del Sistema de las Naciones Unidas en Chile sobre la Situación Humanitaria de la Población Refugiada y Migrante en la Región de Tarapacá”, sugiere que se debe contar con la elaboración de un plan de respuesta coordinado para fortalecer la respuesta a la situación humanitaria, que contemple; medidas sanitarias, de protección, una etapa de acogida inicial “que incluya el registro e identificación de las personas y de sus necesidades”, un alojamiento, en lo que se prevé, además de los albergues, el subsidio de alquileres, que se concretaría “a través de la entrega de transferencias monetarias”; la entrega de alimentación diaria y de tarjetas (CBI) para la compra de alimentos, distribución de kits de higiene, así como un transporte humanitario y reubicación en otras regiones del país.

Otro de los puntos considera un enfoque de derechos humanos con consideraciones de edad, género y diversidad donde “promuevan un enfoque de protección basado en la comunidad, la autosuficiencia y el empoderamiento de las personas refugiadas y migrantes”. De la misma forma, dicen que la respuesta debe ser en función a las necesidades de las comunidades acogidas como, por ejemplo, “favorecer el incremento de capacidades de gestión fronteriza, con miras a favorecer un ingreso ordenado, seguro y regular”.

Dentro de las tres principales recomendaciones no enfatizan en la protección de la nación. “Siguen incentivando que los extranjeros ingresen de forma clandestina cuando acá les ofrecen alojamiento, transporte, incluso bonos, pero cuando hay que hacerse cargo del ingreso clandestino y del control fronterizo van a Contraloría para tratar de bloquear medidas como la reconducción. Medidas que están plenamente aprobadas”, comentan fuentes cercanas a La Moneda.

Asimismo, apuntan contra las autoridades internacionales del organismo: “Si tú miras su discurso están justificando la impunidad hacia los venezolanos y los extranjeros como que diera lo mismo que ingresen clandestinamente, que si cometen delitos no puede ser expulsados, como forzando a que los migrantes mientras se queden en Latinoamérica puedan hacer lo que quieran”.

La mirada del Gobierno indica que igualmente se consideran los casos de reunificación familiar, así como aquellos en que las personas hayan sido víctimas de determinados delitos de trata o de tráfico agravado de personas, derechos que el migrante puede hacer valer. También se cuestiona que las organizaciones firmantes, integrantes del sistema ONU, en su misiva ignoren el problema de origen que es la crisis económica y social en Venezuela y que las atenciones preferenciales recomendadas puedan tener el efecto de incentivar el ingreso clandestino y hasta el tráfico de personas, lo que a la larga podría causar graves problemas de cohesión entre nacionales y extranjeros.

El oficio enviado a la Contraloría es firmado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Oficina Nacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y la Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Además, los otros dos oficios enviados a la Contraloría con reparos corresponden a uno firmado por el Servicio Jesuita a Migrantes, la Clínica Jurídica de la Universidad Diego Portales y la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado, y otro a la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes.

El rol del Ejecutivo
Hace dos semanas, el Ministerio de Relaciones Exteriores informaba de una serie de medidas para facilitar la entrega de ayuda humanitaria a Arica, Colchane e Iquique. Entre ellas, destaca la gestión de los 3,5 millones de dólares asignados por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con el fin de establecer residencias transitorias para migrantes en Colchane e Iquique, además de la donación por parte de la Unión Europea destinada a la atención de salud.

Sin embargo, la situación en el norte del país no solo ha trascendido en la función de Cancillería, sino también entre las decisiones de Presidencia e Interior que determinaron la puesta en marcha –para el pasado 16 de febrero– del Estado de Excepción en cuatro provincias de la zona: Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa. La medida, que fue presentada por el Ejecutivo, permanecerá vigente durante 15 días y tiene como fin reducir el impacto de la crisis migratoria en el lugar. Sin embargo, llegó luego de las persistentes movilizaciones de los camioneros que paralizaron las rutas a modo de protesta por la falta de seguridad y la muerte de uno de sus compañeros de labores, Byron Castillo, a manos de un grupo de inmigrantes.



Una agenda política que marcó la reunión entre el ministro del Interior Rodrigo Delgado e Izkia Siches, quienes fueron los primeros en inaugurar el ciclo de conversaciones entre los actuales secretarios de Estado y los representantes del gobierno de Gabriel Boric. A menos de un mes de que el nuevo mandato llegue a La Moneda y como era de esperar, la cita bilateral tuvo entre sus ejes el manejo de la crisis migratoria en la Macrozona Norte.



Tras el encuentro, la expresidenta del Colegio Médico aseguró que esta semana tienen programado un primer borrador de trabajo, “mirando la difícil situación y la crisis humanitaria que se vive en el norte”. Frente a esto, dijo haber agendado una reunión con los gobernadores y también con los alcaldes para esta semana y “junto a ellos, con las comunidades, con las autoridades que viven día a día los problemas de este territorio poder ajustar y evaluar la continuidad o no del estado de Excepción, ver mejoras o correcciones”.

“Esperamos seguir dialogando con el ministro Delgado y su equipo sobre sucesivas medidas”, añadió.

https://ellibero.cl/actualidad/como...tes-ilegales-y-a-darles-alojamiento-y-dinero/
https://www.eldinamo.cl/politica/Re...ria-por-Ley-de-Migraciones-20220222-0018.html

 

No creas, estás organizaciones son hábiles en encontrar "vacíos, interpretaciones" o algúna declaración o tratado firmado por Chile. Y si son gobiernos de tendencia globalista llegan a algún acuerdo y usan alguna triquiñuela, sin que la ciudadanía se enteré.

Mirá el casó Bachelet, dejo de cumplir la ley migratoria y dejo entrar a todos los "turistas" del país más pobre del hemisferio! jajajaja