Ministerio del Interior borró los emails de los ex ministros Chadwick, Blumel y Pérez

El 23 de marzo la fiscal Ximena Chong, quien indaga la eventual responsabilidad de las autoridades civiles y uniformadas en las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la revuelta, solicitó al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el resguardo de los correos electrónicos de quienes ocuparon los cargos de ministros y subsecretarios de la cartera desde el 18 de octubre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020.

La nómina incluyó a Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, Víctor Pérez, Rodrigo Delgado, Rodrigo Ubilla, y Juan Francisco Galli. También se solicitó respaldar los emails del entonces asesor de Interior, Mijail Bonito. La respuesta a esa solicitud llegó a las oficinas de la Fiscalía Centro Norte el 29 de marzo pasado:

“De conformidad a las políticas de correos electrónicos y a la capacidad de almacenamiento de las plataformas de este ministerio, las casillas de quienes dejan de desempeñarse en este se deshabilitan por 30 días y luego se borran automáticamente”, señala el oficio al que CIPER tuvo acceso y que está firmado por el subsecretario Manuel Monsalve.

Eso significa que no existen copias ni respaldos de los correos de los ex ministros Chadwick, Pérez ni Blumel, ni tampoco del ex subsecretario Ubilla, quienes estuvieron al mando del Ministerio del Interior durante los días más duros de la revuelta social.

Eso sí, el oficio enviado por Interior a la fiscal Chong especifica que fue posible respaldar los emails de Rodrigo Delgado, Juan Francisco Galli y Mijail Bonito, quienes salieron de sus cargos el 11 de marzo pasado, cuando terminó el gobierno de Sebastián Piñera. “Los referidos archivos se entregarán en disco duro externo junto al presente oficio”, señala el documento, por lo que la copia de esos correos ya debería estar en poder de la Fiscalía.

Hasta 2014 existía una norma que obligaba a los órganos de la administración del Estado a conservar los registros de los emails por un periodo que no podía ser inferior a los seis años, pero al final del primer gobierno de Sebastián Piñera (el 27 de febrero de 2014), el entonces ministro de la Segpres, Cristián Larroulet, derogó esa norma, la que no fue reemplazada.

¿POR QUÉ SE BORRARON LOS CORREOS DE INTERIOR?
Actualmente la decisión de respaldar o no los correos electrónicos de ministros y subsecretarios, queda a criterio de la respectiva autoridad política. El Ministerio de Salud (Minsal), por ejemplo, sí genera una copia de los emails enviados y recibidos por sus autoridades, los que cada noche se respaldan en servidores de Entel. Gracias a eso hoy es posible acceder a ellos. CIPER está a la espera de la entrega de los correos de los ex ministros Jaime Mañalich, Enrique Paris y de la ex subsecretaria Paula Daza, luego de que la Corte de Apelaciones visara el acceso a esos mails solicitados vía Ley de Transparencia.

CIPER le preguntó a la Subsecretaría de Interior desde cuándo esa cartera tomó la decisión de borrar los correos 30 días después de que las respectivas autoridades abandonaran sus cargos, pero no obtuvimos respuesta. Tampoco nos dijeron si existía algún oficio o dictamen que formalizara esa decisión, ni cuál era la política de respaldo de correos que está ejecutando el actual gobierno. Cuando hicimos las preguntas, nos respondieron que debíamos enviarlas vía Ley de Transparencia.

Por esa misma vía, el 4 de abril pasado CIPER solicitó copias de los correos de los ex ministros de Interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, y de los ex subsecretarios Juan Francisco Galli y Rodrigo Ubilla. Un mes después, las actuales autoridades de la cartera se negaron a entregar esa información, pero además señalaron que no era posible acceder a ella, porque ya no existía:

“De acuerdo a lo informado por la División de Redes y Seguridad Informática de esta cartera de Estado, de acuerdo al procedimiento sobre el manejo de correos electrónicos implementado por la administración anterior, las casillas de correos electrónicos de los ex funcionarios se deshabilitaban en primer término por un plazo de 30 días y luego se borraba tanto la cuenta de correo como su contenido histórico”, señala la respuesta firmada por la jefa de la División Jurídica de Interior, Camila Barros (vea aquí ese documento).

Lo que omitió la respuesta del Ministerio es que sí habían logrado recuperar los correos de Juan Francisco Galli, tal y como lo indicó en su respuesta al oficio de la fiscal Chong.

El subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, recalcó en su respuesta a CIPER que las solicitudes por Transparencia son diferentes de los requerimientos de la Fiscalía: “Cuando lo solicita el Ministerio Público es porque ello es necesario para la investigación de un delito y existe obligación de prestar toda la colaboración posible dentro del marco legal”. Y agregó que “en el caso de las solicitudes de acceso a la información, todo organismo público debe tener presente que de acuerdo al artículo 19 N° 5 de la Constitución, las comunicaciones privadas son inviolables, salvo los casos expresamente señalados en la ley”.

Sobre la omisión en la respuesta vía Transparencia de que sí se habían logrado recuperar los correos de quien fue su antecesor en la Subsecretaría (Galli), Monsalve consideró que “no es efectivo que se haya respondido que toda la información era inexistente por estar borrada. Si ese hubiese sido el caso, no se habría fundamentado una causal de secreto, sino que se habría señalado la inexistencia de la información. Lo que sí se hizo, es hacer presente que aún en el caso de que dicha información fuera pública, hay partes de ella que no podrían recuperarse tras la eliminación de información realizada en el gobierno anterior”.

Debido a que la información fue denegada, CIPER ya presentó un amparo ante el Consejo Para la Transparencia para revertir esa decisión.

QUERELLANTES EVALUARÁN ACCIONES JUDICIALES
Dos de las abogadas que representan a Londres 38, organización que vela por el resguardo de los derechos humanos y que es querellante en la causa que comanda la fiscal Ximena Chong, señalaron a CIPER que evaluarán acciones judiciales por los correos borrados de ex autoridades de Interior como Andrés Chadwick y Rodrigo Ubilla. “Lo que dicen ahora es que básicamente hubo destrucción de archivos”, apuntó una de esas abogadas, Karinna Fernández.

“Esto refleja una cultura que no tiene presente la rendición de cuentas de las principales autoridades del país de los hechos y gestión de sus propios gobiernos”, complementó otra de las abogadas de Londres 38, Magdalena Garcés.

Las querellantes agregaron que en el caso del asesinato de Álex Lemún (comunero mapuche abatido por una bala de Carabineros en 2002), el Estado de Chile llegó a un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que obliga a Carabineros a reportar periódicamente al Ministerio del Interior sus movimientos. Ahí radica la relevancia para la indagatoria judicial que busca esclarecer la eventual responsabilidad de las autoridades civiles en las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, del acceso a los emails de los entonces ministros y subsecretarios de Interior.

“Resulta escandaloso que el Ministerio del interior, en un periodo en que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y donde existió una acusación constitucional por este tema, haya mantenido una práctica de destrucción de archivos, los que podrían haber aclarado una serie de situaciones que ocurrieron durante el estallido. Es necesario aclarar la responsabilidad de Interior en las actuaciones policiales que afectaron a muchas personas”, insistió Garcés.

La abogada Andrea Ruiz, ex directora general del Consejo Para la Transparencia y una de las profesionales que representó a CIPER ante la Corte de Apelaciones en la causa por los correos del Ministerio de Salud, aseguró que es necesario actualizar la política pública. Y ante la decisión de Interior de negar el acceso a los emails de las ex autoridades de la cartera, añadió:

“Ello hace ilusorio y carente de contenido el ejercicio del derecho de acceso a los correos electrónicos y desconoce la importancia del control social sobre la actividad pública, poniendo en evidencia prácticas de secretismo arraigadas en los órganos estatales que obstaculizan, entorpecen y desconocen este derecho y el principio de relevancia de la información en poder del Estado, consagrado en la Ley de Transparencia”, apuntó.

El actual presidente del Consejo Para la Transparencia, Francisco Leturia, puso el acento en la norma derogada en 2014 que obligaba a los organismos públicos a respaldar durante, al menos, seis años los correos electrónicos: “Esta materia se abordaba desde una norma técnica y quizás debiera ahora pensarse en una norma de rango legal y desde una perspectiva más integral, sobre todo teniendo en cuenta que el tema de los correos electrónicos está asociado a derechos fundamentales de las personas. Por otro lado, cualquier solución debe tener presente la modernización del Estado y, particularmente, la implementación que se está haciendo la Ley de Transformación Digital del Estado, marco en el que se están desarrollando una serie de normas técnicas que pueden establecer regulaciones asociadas a este tema”.

Fuente: https://www.ciperchile.cl/2022/05/0...-de-los-ex-ministros-chadwick-blumel-y-perez/