Medio venezolano afirma que convenio entre Chile y Venezuela abrió puertas a inteligencia de Caracas

Medio venezolano afirma que convenio entre Chile y Venezuela “abrió las puertas” a inteligencia de Caracas para rapto de exmilitar

Las interrogantes que abre el secuestro del exmilitar venezolano en Chile

El diario La Razón, opositor al régimen de Maduro, sostuvo que el convenio de colaboración en materia policial, firmado en enero pasado por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, permitió la operación de la inteligencia venezolana en Chile. Agrega que jefe de inteligencia venezolano habría solicitado específicamente a Monsalve colaborar en la captura del teniente (r) Ronald Ojeda. Desde el gobierno negaron la versión.

El periódico venezolano La Razón, que se declara disidente al régimen de Nicolás Maduro, aseguró esta jornada que el secuestro del teniente (r) venezolano Ronald Ojeda, registrado la madrugada del pasado miércoles 21 de febrero en la comuna de Independencia, se realizó en el marco de un “convenio policial” firmado entre el gobierno de Gabriel Boric y la administración venezolana.

Este hace referencia al acuerdo firmado por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, durante su viaje a Caracas el pasado el 18 de enero pasado, el que, recordó La Razón, “promueve y mejora la relación en materia de colaboración policial entre Chile y Venezuela”. En ese entonces, indica el periódico, Monsalve se habría reunido con los jefes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional Boliviariana (GNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). A esta última, se le ha acusado por voces disidentes al régimen de estar detrás del plagio de Ojeda, lo que La Razón da como un hecho.

Más aún, sostiene que “tras la firma del convenio policial, el jefe de operaciones (y torturas) de la DGCIM, teniente coronel Alexander Gramko Arteaga (…), habría solicitado al alto funcionario de la seguridad chilena (el subsecretario Monsalve), la cooperación para lograr la captura del teniente Ronald Ojeda Moreno, domiciliado en Santiago y que en el año 2017 se había fugado de la prisión militar de Ramo Verde”.

Así, el medio asegura que expertos en seguridad sostienen que “la firma del convenio de colaboración en materia policial” entre el gobierno de Boric y el régimen de Maduro, con motivo del auge del “Tren de Aragua” en Chile, “abrió las puertas de ese país a los organismos policiales y militares venezolanos, cuestionados internacionalmente tanto por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU como por el Fiscal de la Corte Penal Internacional”.

Asimismo, destaca que el secuestro del teniente (r) Ojeda “por parte de un grupo armado con evidente entrenamiento militar” se produjo a sólo 33 días de la firma del convenio de cooperación entre ambos países.

La Razón agrega que “según expertos en la materia, el rapto del militar venezolano en Chile, podría ser considerado como la primera incursión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en el exterior, ya que se da por descontado que la captura del teniente Franklin Caldera, en el año 2017 en la ciudad de Cúcuta, Colombia, fue realizada directamente por el ELN (la organización guerrillera Ejército de Liberación Nacional) y entregado a la DGCIM en la frontera entre ambos países”.

La versión del diario venezolano contrasta con lo afirmado el pasado jueves 22 de febrero por el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, quien es sindicado como el “número dos del Chavismo”, quien rechazó con ironía que personal de inteligencia de su país podría haber estado detrás del secuestro de Ojeda.

“Por ahí anda una versión que descubrió Simonovis (…) Él dice que -escuchen estas historias, por eso lo corren- que un comando de la DGCIM fue a Chile -saquen la cuenta cuántos kilómetros hay de aquí a Santiago de Chile-, secuestraron a un tipo allá y se lo trajeron de Chile para acá. Y pasaron por todos los países que había que pasar hasta aquí y nadie se enteró. Es que nosotros somos unos campeones. Si nosotros podemos hacer eso, ¿quién nos para en este mundo?”, señaló con ironía.

Gobierno rechaza versión
Tras conocer la publicación, fuentes de gobierno descartaron de plano que el acuerdo firmado en enero haya facilitado el secuestro.

Detallaron, además, que el convenio fue entre las policías de ambos países, el cual estaba enfocado en intercambiar información delictual de personas miembros del crimen organizado.

Será durante la jornada del lunes que se espera exista una versión oficial por parte del Ejecutivo

En tanto, uno de los primeros políticos en reaccionar a la publicación del medio venezolano fue el diputado UDI Sergio Bobadilla, quien posteó en su cuenta de X: “¿Monsalve, Tohá y Boric trabajan para la inteligencia militar venezolana, para el narco dictador genocida, que controla al Tren de Aragua? ¿Todo cuadra?”.



El acuerdo firmado por Monsalve
En su viaje a Caracas en enero pasado, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, selló un pacto destinado al traspaso de información que es catalogada como clave para combatir ilícitos graves, especialmente los relacionados con el crimen organizado transnacional.

“Este es un hecho inédito que reafirma vínculos de cooperación para proteger a nuestros pueblos de una amenaza común que afecta a nuestros países, a la seguridad de los ciudadanos de nuestros países y para lo cual estamos estableciendo vínculos y procedimientos para protegerlos”, destacó Monsalve en esa oportunidad.

Asimismo, detalló que “esa protección implica que nuestras policías van a tener mecanismos de colaboración, de compartir información, que nos va a permitir ser más eficaces en las investigaciones criminales, en el traspaso de información sobre estructuras criminales, para poder asegurarle a nuestros países que vamos a trabajar para desarticular a las organizaciones que se dedican al crimen transnacional”.

Sin embargo, en ese momento, las autoridades chilenas explicaron que el acuerdo entre ambos países dice relación con encontrar y llevar ante la justicia a criminales peligrosos y desarticular bandas de crimen organizado, sin que se hiciera mención a disidentes del régimen de Maduro.

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