Redes de Hermosilla: las causas judiciales en las que operó con o sin patrocinio representando a cli

Los casos Penta, SQM, Caval, Cascadas, Spiniak y O’Reilly, y las representaciones del exjefe de la PDI, Héctor Espinosa, del actual jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, y de empresarios como Gonzalo Vial, Roberto Sumar y Antonio Jalaff, figuran en la veintena de causas de alto impacto en las que Luis Hermosilla dejó las huellas de sus privilegiados vínculos con el poder. Antes de que CIPER difundiera un audio en el que figura planificando pagar coimas en Impuestos Internos, intervenía incluso en procesos judiciales en los que no contaba con patrocinio. Por ejemplo, no representaba a parte alguna en el caso Penta, pero el exfiscal nacional Sabas Chahuán revela que Hermosilla lo llamó para saber si Sebastián Piñera y Andrés Chadwick serían citados. El exfiscal Carlos Gajardo relata que cuando allanó las oficinas de SQM, lo recibió Hermosilla. Y el fiscal Emiliano Arias confirma que le hacía consultas sobre el caso Caval: “Nunca se le entregaron antecedentes secretos”, dice.



El exfiscal nacional Sabas Chahúan recordó para CIPER un episodio de la investigación del Caso Penta que hasta ahora se desconocía. Justo después de que la defensa de los controladores de ese grupo empresarial -Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín-, aportaron antecedentes que develaron vínculos entre Penta y sociedades ligadas al círculo cercano del expresidente Sebastián Piñera, a su celular le entró una llamada del abogado Luis Hermosilla:

– Me preguntó por varios nombres. Si los íbamos a citar a declarar. Le dije que estábamos haciendo diligencias y que no le podía adelantar. Y me preguntó si íbamos a citar a declarar a (Sebastián) Piñera y a (Andrés) Chadwick. Y le dije “no, por ahora”. Él me preguntó si se iba a investigar el tema de los forwards, que al parecer esa era una hebra relevante.

Los contratos forwards se usan para comprar “a futuro” algún activo cuyo valor fluctúa en el tiempo, como el dólar. El comprador y el vendedor firman un contrato y fijan el precio que ellos creen que tendrá ese activo cuando llegue el día de ejecutar la transacción. Según como evolucione el valor, uno ganará dinero y el otro perderá. Pero, Penta hacía trampa: pagaba bonos a sus ejecutivos y, para evadir los impuestos, los disfrazaba como forwards en los que sus empleados regalones siempre ganaban. Las alarmas se encendieron en la oficina de Hermosilla cuando la fiscalía supo que en la trama de los forwards estaban involucradas sociedades relacionadas con Piñera.

Chahuán no es el único persecutor que recuerda este tipo de episodios. También los vivieron los encargados de investigar el caso SQM. El exfiscal Carlos Gajardo dijo a CIPER que fue Hermosilla la persona que los recibió en las oficinas de la minera cuando concurrieron a incautar su contabilidad. Era una diligencia importante, que SQM intentó evitar con ahínco:

– Cuando se efectuó el allanamiento (…) y fuimos a incautar los computadores y sobre todo la contabilidad, el abogado que nos recibió en SQM para concretar la diligencia fue Luis Hermosilla-, recuerda Gajardo.


Luis Hermosilla

En ese entonces Hermosilla era el abogado del directorio de SQM. Así lo prueban cientos de documentos alojados en el expediente judicial del caso. Allí consta, por ejemplo, como en septiembre de 2015 la fiscalía tenía dificultades para acceder a los correos electrónicos de la empresa, y cómo Luis Hermosilla prometía la entrega de documentos a la PDI, aunque luego no cumplía (ver aquí).

El fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, es otro persecutor que recuerda gestiones de Hermosilla para obtener información de investigaciones penales. Los registros de transparencia indican que, entre diciembre de 2016 y octubre de 2018, Arias recibió 11 veces a Hermosilla. El fiscal aseguró a CIPER que “Hermosilla hablaba mucho y de variados temas, se hablaba de las investigaciones en que era interviniente y también de otros aspectos públicos de otras investigaciones. Preguntaba por Caval, pero nunca se le entregó información o antecedentes secretos de tal investigación. Después de esas reuniones y hasta hoy no he visto a Luis Hermosilla” (vea la respuesta completa). En una de las aristas del caso Caval, Hermosilla representaba al empresario Gonzalo Vial Concha, quien en 2016 se querelló por estafa contra Natalia Compagnon, Sebastián Dávalos y Mauricio Valero.

La revelación de Sabas Chahuán sobre la gestión de Hermosilla en la investigación sobre Penta aporta un dato relevante, porque da cuenta de que, sin ser partícipe de una causa, el abogado igual hacía gestiones para obtener información o intervenir. Seguramente mucha información sobre este tipo de intervenciones -con y sin patrocinio- se encuentra entre las más de 700 mil páginas del informe de extracción del celular del penalista, dispositivo que tiene en su poder la fiscalía.

El pasado 4 de abril, el abogado Mario Vargas presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago para evitar que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) acceda a las conversaciones contenidas en el celular de Hermosilla. Esto basado en que podría vulnerarse la privacidad de sus WhatsApp con el penalista, considerando que él no era investigado. Vargas también señaló en entrevista con T13 Radio, que “se debiera destruir toda la información que está en el teléfono del señor Hermosilla”. Aunque la corte admitió el recurso y debe pronunciarse sobre el fondo del mismo, rechazó la solicitud de no innovar que pretendía suspender el eventual envío de los chats al CDE.

CIPER detectó gestiones del abogado Luis Hermosilla en al menos 20 causas que involucraban a clientes VIP, con independencia de si era interviniente o no en la trama judicial:

• Caso Penta: la llamada a Sabas Chahuan.
• Caso SQM: el allanamiento a la sede de la minera.
• Caso Caval: representación de Gonzalo Vial Concha.
• Caso Caval: defensa de Herman Chadwick (sobrino de Andrés Chadwick).
• Defensa del entonces alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, en la causa por malversación en el teatro regional.
• Defensa del mismo exalcalde de Rancagua en una causa por acoso sexual.
• Intervención para coordinar la declaración de la periodista Claudia Vera (UDI), investigada por un audio en el que le dijo a un empresario que para ganar una licitación debía pagar $10 millones a Rodrigo Delgado (UDI), entonces alcalde de Estación Central.
• Representación de la entonces subsecretaria Katherine Martorell, luego de que la empresa Pegasus se querellara en su contra en 2022, aun cuando Hermosilla tenía una relación laboral previa con esa sociedad.
• Caso Cascadas: representación del actual gerente general de SQM, Patricio de Solminihac.
• Caso LAN: defensa de Ignacio Cueto Plaza.
• Defensa de la Universidad San Sebastián (USS) en causa contra la Municipalidad de Recoleta.
• Defensa de Claudio Spiniak.
• Defensa del sacerdote John O’Reilly.
• Defensa del actual jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi (RD).
• Representación del exjefe de la PDI, Héctor Espinosa.
• Patrocinio de Antonio Jalaff en una causa en que fue víctima de robo.
• Patrocinio de María Zaldívar Grass en querella por falsificación de instrumento público y usurpación de identidad de su padre, el notario Patricio Zaldívar.
• Patrocinio -junto a su padre Nurieldín y su hermano Juan Pablo- de Jorge Yarur Bascuñán.
• Patrocinio de Roberto Sumar Müller, exsocio fundador de Grupo Patio.
• Patrocinio del empresario Munir Hazbún.

(lea aquí el primer reportaje de CIPER que reveló esa trama). La investigación fue llevada inicialmente por los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, pero en febrero de 2015 el entonces fiscal nacional, Sabas Chahuán tomó el control de las pesquisas.

Consultado por CIPER, Chahuán recordó que la intervención de Hermosilla no ocurrió “inmediatamente” cuando él se puso a la cabeza de la causa, sino que tuvo lugar después de que la defensa de los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, aportaron antecedentes que revelaron nexos entre Penta y “varias sociedades vinculadas al círculo de amigos o socios del expresidente Piñera y se especulaba en los medios que se podía citar a declarar a familiares… al ministro Chadwick”. Chahúan señala que ese fue el momento en que recibió una llamada de Luis Hermosilla, en la que le preguntó si Sebastián Piñera y Andrés Chadwick serían citados a declarar. También le consultó si se iba a investigar el tema de los forwards, señalándole que “al parecer esa era una hebra relevante”.

Hermosilla tenía razón. Al abogado le preocupaba uno de los hallazgos más controversiales revisados por el Ministerio Público: un contrato forward que involucraba en los movimientos irregulares del holding de Lavín y Délano a Bancorp S.A., en ese entonces el principal vehículo de inversión del fallecido expresidente Sebastián Piñera y que en la actualidad es propiedad de sus hijos. Según los antecedentes recopilados por la fiscalía, la sociedad de los Piñera suscribió un forward bajo sospecha de ser ficticio con el Grupo Penta el 7 de diciembre de 2009, a solo días de la realización de las elecciones presidenciales de ese año.



La influencia de Luis Hermosilla también se registró en el Caso SQM. El abogado fue la persona que recibió a los fiscales Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Emiliano Arias en las oficinas de Soquimich, cuando la sede de la minera fue allanada. La diligencia ocurrió el 26 de marzo de 2015 y Gajardo lo recuerda así:

– Cuando se efectuó el allanamiento a la empresa SQM y fuimos a incautar los computadores y sobre todo la contabilidad, el abogado que nos recibió en SQM para concretar la diligencia fue Luis Hermosilla. Esta fue una diligencia que SQM intentó evitar a toda costa, incluso recurrieron al Tribunal Constitucional (TC). Pero, una vez que el TC la rechaza, teníamos una orden del juez y la diligencia se realizó sin contratiempos.

Pese a que Hermosilla era asesor legal de SQM, quien tuvo la representación de ejecutivos del directorio, como Ricardo Ramos -actual CEO de la minera-, fue el abogado Carlos Cortés. Y su colega Samuel Donoso es quien lleva hasta hoy la defensa del entonces gerente general de la minera, Patricio Contesse.

Hermosilla se preocupaba de los asuntos más delicados de la empresa. Por sus manos pasaron los documentos más explosivos de la causa. En 2015 el escándalo del financiamiento ilegal de la política amenazaba con manchar a todo el espectro político, y el abogado -como representante del directorio de SQM-, estaba a cargo de entregar documentación sensible a la fiscalía: contabilidad, copias de boletas de honorarios, acceso a los correos electrónicos de directores y ejecutivos, comprobantes de pago y contratos con personas políticamente expuestas, entre otros.

(vea esa audiencia). Consultado para este artículo, el fiscal Arias afirmó a CIPER que “es falso que el procedimiento abreviado se haya producido a consecuencia de una petición en tal sentido (de Hermosilla y Andrés Chadwick)”.

La investigación contra Herman Chadwick terminó en un juicio abreviado, donde se le aplicó una pena de tres años y un día. Sobre esto, Arias señaló que no fue él quien hizo el cálculo de la pena en este caso, “sino que varios abogados asesores”. Un informe policial de marzo de 2020, que forma parte de la indagatoria que se inició luego de la denuncia de Moya, consigna que fueron los abogados Macarena Bustos y Nicolás Núñez quienes participaron en ese cálculo.


Herman Chadwick Larraín.

La denuncia realizada por Moya fue investigada en la arista administrativa por el fiscal Alberto Ayala y en lo penal por el fiscal Eugenio Campos. Ayala la descartó y Campos decidió no perseverar (vea esa resolución). Más tarde, el persecutor Raúl Arancibia resolvió el sobreseimiento definitivo (vea esa resolución). Luego de eso, Arias presentó una querella por denuncia calumniosa contra Moya.

Los registros de transparencia indican que entre el 5 de diciembre de 2016 y el 29 de octubre de 2018, el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, y el abogado Luis Hermosilla, se reunieron en 11 ocasiones en la oficina del fiscal. Todos esos encuentros quedaron en la agenda pública de este último, pero en ese archivo no quedó registro el motivo de cada reunión o de lo conversado en ellas. Arias aseguró a CIPER que esas citas fueron solicitadas por Hermosilla a través de su secretaria y que “la razón de las reuniones debe consignarse en la solicitud de la misma y deben estar asociadas a alguna investigación en que el abogado fuera querellante o defensor”.

Arias recordó que en ese momento Hermosilla representaba a Vial Concha en Caval, que el abogado “hablaba mucho y de varios temas, se hablaba de las investigaciones en que era interviniente y también de aspectos públicos de otras investigaciones. Preguntaba por Caval, pero nunca se le entregó información o antecedentes secretos de tal investigación”.

Aunque Ciro Colombara fue el abogado de Herman Chadwick en el caso Caval, durante dos meses Hermosilla sí representó al sobrino de su amigo Andrés Chadwick. Lo hizo cuando la investigación estaba recién comenzando y era llevada por el exfiscal Luis Toledo y Sergio Moya.

En los registros judiciales de la arista del caso Caval que se inició luego de la querella de Gonzalo Vial, aparecen varios abogados cercanos al entorno de Hermosilla: Juan Urrutia Rivas, quien se integró a al estudio jurídico de Hermosilla en septiembre de 2015, y Ximena Risco Fuentes, abogada senior del mismo bufete. Esta última asumió, un día después del retorno de Sebastián Piñera a La Moneda, el 12 de marzo de 2018, como jefa de la División Jurídica del Ministerio del Interior. En esa misma fecha Hermosilla fue recontratado como abogado externo en esa cartera (vea el artículo “Los $239 millones que los gobiernos de Piñera le pagaron a Hermosilla y a su estudio jurídico a través de boletas y convenios”).

(lea ese artículo).

La denuncia de acoso sexual fue finalmente descartada por los tribunales, pero la de irregularidades en el teatro regional siguió vigente, y ahí a Soto se le incautó su celular. La fiscalía tuvo acceso a sus conversaciones, en las que se evidenciaba la confianza que existía entre el alcalde y Andrés Chadwick. Y también la certeza que tenía Hermosilla sobre cómo se resolvería el caso. En uno de esos mensajes vía WhatsApp, de junio de 2017, Soto le preguntó a Luis Hermosilla si había alguna novedad sobre la causa del teatro regional. “Vamos a declarar en próxima fecha y después archivar”, respondió el penalista.


Eduardo Soto, exalcalde de Rancagua.

La corazonada de Hermosilla era correcta. El 15 de abril de 2019, antes de ser retirado de la investigación y suspendido de su cargo, el fiscal Sergio Moya solicitó la formalización de Eduardo Soto. Esa audiencia quedó fijada para el 24 de mayo siguiente, pero, aun cuando el proceso contra el exedil continúa en tramitación, hasta hoy esa audiencia no ha tenido lugar. El 8 de mayo de 2019 una arista de esa causa, la que se relacionaba con Soto, se trasladó a la Fiscalía Metropolitana Sur y cuatro días antes de la fecha fijada para la formalización del exalcalde, la audiencia se suspendió (vea ese documento). El 11 de marzo de 2020 se decretó el archivo provisional de la causa, la cual se reactivó poco tiempo después.

Patricio Henríquez, concejal de Rancagua y parte querellante de la investigación, comentó a CIPER que en junio de 2022 un funcionario de la fiscalía le indicó que “estaban por cerrar la causa. Preguntamos cómo era posible, porque había cosas que no se investigaron. Y nos señaló que faltaba solamente la autorización del Banco Estado para abrirle las cuentas al exalcalde y que eso demoraba seis meses”. Henríquez cuenta que hasta la fecha no han sido informados del resultado de esas diligencias y que entiende que “en julio se pretende cerrar la causa”. Al ser consultado el exalcalde Soto, señaló a CIPER que sus cuentas fueron abiertas y que fue él quien dio acceso en forma voluntaria.

The Clinic reveló unas interceptaciones telefónicas captadas por la PDI y protagonizadas por la periodista de la UDI, Claudia Vera, quien era muy cercana al entonces diputado del mismo partido, Gustavo Hasbún. En el diálogo, la periodista le indica a un empresario que para ganar una licitación en Estación Central debía pagar $10 millones. Por entonces la comuna estaba en manos del alcalde Rodrigo Delgado (UDI), quien en noviembre de 2020 se convertiría en ministro del Interior del segundo gobierno de Piñera. Delgado había sucedido en el sillón edilicio de Estación Central, en 2008, a Gustavo Hasbún, quien era su amigo y le prestó apoyo en la campaña electoral municipal.

En el audio, Claudia Vera le dice al empresario: “Oye ganso, ¿cachaste lo que te puse? Estuve con Gustavo hoy día. Le dije cómo iba la cuestión. Me dice que sí, que bien, que habló la firme con Rodrigo y que Rodrigo le pide 10 palos. Así tal cual”.

Según cuentan testigos de lo que ocurrió con la defensa de la periodista, en cuanto se conocieron los audios Claudia Vera fue citada a una reunión en la oficina que por entonces mantenían Luis Hermosilla y Andrés Chadwick.

Las mismas fuentes indican que la profesional fue instada por personeros de la UDI a manifestar públicamente que había mentido y la ayudaron a redactar un mensaje publicado en redes sociales: «Me arrepiento de haberme agrandado. Me las di de tener info que no tenía y con ello pude dañar a otras personas”. Al ser consultada por CIPER, Vera no quiso referirse a esta parte de los antecedentes.

La periodista sí confirmó la reunión urgente que tuvo lugar en la oficina de Hermosilla. Según su versión, también participó Andrés Chadwick.

A sugerencia de Hermosilla, Rodrigo Delgado tomó a la abogada Ximena Risco para su defensa. El exalcalde de Estación Central y exministro del Interior confirmó a CIPER que Hermosilla le recomendó a Risco. Esta última, según su perfil de LinkedIn, en esa época integraba el bufete de Hermosilla y Chadwick.

Lo que sucedió después fue público: Delgado y Hasbún negaron tener relación con los $10 millones mencionados por Vera. El exministro Delgado explicó a CIPER que fue clave para su defensa acreditar que la licitación aludida se había otorgado a otro oferente antes de ocurrida la conversación entre Claudia Vera y el empresario.

Rodrigo Delgado volvió a enredarse en una causa judicial nueve años después. El pasado 4 de abril declaró, en calidad de testigo, en la Fiscalía Oriente Metropolitana. Lo citaron porque él era el ministro del Interior cuando en julio de 2021 La Moneda nombró a Sergio Muñoz como jefe máximo de la Policía de Investigaciones (PDI). Actualmente Sergio Muñoz está en prisión preventiva acusado por revelación de secreto. Los chats del celular de Hermosilla mostraron como Muñoz le entregaba al abogado información confidencial de causas que involucraban a dirigentes de Chile Vamos.

En la fiscalía indagan si Hermosilla cumplió algún rol en el nombramiento de Muñoz: “Quiero ser enfático en señalar que no recuerdo haber recibido algún llamado de alguien externo o haber estado en reuniones con personas que hayan sugerido nombres para ese cargo. En absoluto (…) Descarto absolutamente que haya conversado conmigo el Sr. Hermosilla”, declaró Delgado, según publicó Ex-Ante.

Eso sí, Delgado agregó que quién estuvo más involucrado en el nombramiento de Muñoz fue la Subsecretaría del Interior, comandada entonces por Juan Francisco Galli, quien ya fue citado a declarar en la causa.


Sergio Muñoz, exdirector de la PDI, y Luis Hermosilla.

en una publicación del diario El Mostrador, señaló: “Global Systems SpA obtuvo muy atrás el tercer lugar en las calificaciones aplicadas por la comisión, la misma que luego, por una decisión absolutamente arbitraria, la adjudica a Global Systems por representar el mejor interés de Gendarmería, lo que se aleja absolutamente de los criterios de transparencia y buena fe que deben guiar las acciones del Estado”.


Katherine Martorell.

vea esa querella).

De acuerdo a la acción judicial, los ilícitos habrían ocurrido en el tiempo en que Yarur Elsaca estuvo a cargo de la administración de la fortuna de Yarur Bascuñán, estimada en US$300 millones. Pero durante 10 años esa investigación se mantuvo sin movimientos en el tribunal y terminó siendo archivada el pasado 23 de octubre.

La Tercera publicó que el 27 de marzo pasado el abogado de Yarur Elsaca, Francisco Pfeffer, presentó un escrito a la Corte de Apelaciones de Santiago en la que solicitó declarar la inhabilidad del ministro Antonio Ulloa Márquez por los vínculos que mantiene con Hermosilla (vea el reportaje de CIPER “Chats de Hermosilla: conversaciones del abogado revelan su influencia en nombramientos de ministros del Poder Judicial”). Fue Samuel Donoso, actual defensa de Jorge Yarur, quien contestó a esa embestida: “Ni Luis Hermosilla ni Juan Pablo Hermosilla son abogados de Jorge Yarur en ninguna de las causas que actualmente se litigan”.

Hermosilla fue el defensor de Claudio Spiniak, el empresario acusado de abusar sexualmente de menores. En 2008, la Corte Suprema fijó en 12 años la pena de Spiniak, condena que fue rebajada en 2013, año en que el exempresario salió en libertad. Años más tarde, el penalista asumió la defensa de otro acusado de abuso sexual: la del sacerdote John O’Reilly, rostro de la Legión de Cristo en Chile, quien fue condenado en 2019 por abuso sexual reiterado en contra de una menor de edad estudiante del Colegio Cumbres.

En 2012, en el marco del Caso Cascadas, el penalista representó al actual gerente general de SQM, Patricio de Solminihac. Así lo revela el historial de esa trama judicial (vea esa representación).

Al año siguiente el abogado sumó otro caso a su historial de causas. Ocurrió cuando la Universidad San Sebastián (USS) se enfrentó judicialmente a la Municipalidad de Recoleta en la arista que involucró al entonces director de obras, Carlos Reyes. Este último, en un juicio abreviado, mencionó que Enrique Herrera, representante legal de la USS -en la que Andrés Chadwick es decano- y patrocinado por Luis Hermosilla en el caso, ofreció coimas para que rebajara el precio por el uso de suelo comunal.

En 2015, asumió el patrocinio de Antonio Jalaff, quien forma parte de la familia que controlaba el grupo Patio, en una querella interpuesta por un robo que habría afectado al empresario. Los lazos entre los Jalaff y los Hermosilla son antiguos y traspasan la asesoría legal, pues han compartido negocios (vea el artículo La relación de confianza entre Luis Hermosilla y los Jalaff, los empresarios beneficiados con la bicicleta financiera de Factop).

Más tarde, en 2017 y entre las hebras que dejó el caso LAN -que surgió luego de que se revelaran grabaciones que daban cuenta de que el expresidente Piñera manejaba información privilegiada en la compra de acciones de la aerolínea en 2006-, Hermosilla asumió la defensa de otro empresario: Ignacio Cueto Plaza, gerente general de la empresa en esa época y miembro de una de las familias dueña de la empresa (hoy Latam Airlines). Cueto fue querellado por Jorge Said, empresario y accionista minoritario de la empresa, por supuestamente haber ocultado al mercado el pago de coimas a sindicatos de Argentina en 2006. Esa investigación no duró mucho. El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dictaminó la decisión de no perseverar en octubre de 2017 (vea ese patrocinio).

También en 2017, Hermosilla se hizo parte de otra acción judicial. En noviembre de ese año, el abogado Darío Calderón González presentó una querella en representación de Roberto Sumar Müller, exsocio fundador de Grupo Patio, contra William Sumar Concha, cuya firma, “Servicios Financieros Sumar SpA”, mantenía relación comercial con Sumar Müller. Según ese documento, Calderón ingresó la acción judicial por el delito de robo con intimidación. En ese proceso, junto a Calderón, participó no solo Hermosilla, sino también otros abogados de su estudio con los que acostumbraba a asumir patrocinios: Javier Cornejo Santiagos y Ricardo López Zegers (vea esa querella).

En 2022, Hermosilla asumió la representación del empresario Munir Hazbún -dueño de la Hacienda Santa Martina, del Instituto Valle Central, de los colegios Wessex, y de la Universidad de Aconcagua-, quien estaba en una guerra judicial con su exesposa. En esas causas a Hazbún también lo defendió Leonarda Villalobos, la otra abogada que aparece en el audio que reveló CIPER en noviembre pasado y que activó una serie de investigaciones judiciales (vea reportaje “Asesores de confianza: los procesos en los que ya se habían cruzado Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos”).

De forma más reciente, el abogado asumió la representación del exdirector general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, por la apropiación de dineros de gastos reservados de la institución; el patrocinio de María Zaldívar Grass en una querella presentada por los delitos de falsificación de instrumento público y la usurpación de la identidad de su padre, el notario Patricio Zaldívar, y la del jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, compañero de universidad de uno de sus hijos.