Fabricantes y proveedores de vacunas contra el COVID-19 reciben inmunidad hasta 2029

Una enmienda del 11 de diciembre a la Ley PREP suscitó un debate sobre la responsabilidad por las lesiones relacionadas con la vacuna COVID-19

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La administración Biden amplió las protecciones de responsabilidad para los fabricantes de la vacuna COVID-19, los proveedores de atención sanitaria, entre otros, hasta 2029. La decisión, que ha suscitado un renovado debate sobre la responsabilidad por las lesiones relacionadas con las vacunas y el futuro de la política de salud pública, garantiza la inmunidad frente a la mayoría de las demandas judiciales a quienes participan en el desarrollo y la distribución de las vacunas COVID-19 y otras contramedidas médicas.

La prórroga de cinco años, firmada por el secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS) Xavier Becerra el 11 de diciembre, continúa una política implementada por primera vez durante la pandemia bajo el entonces presidente Donald Trump. Es una de las protecciones de responsabilidad más largas en la historia de la Ley de Preparación Pública y Preparación para Emergencias (PREP). Los defensores argumentan que las protecciones son esenciales para fomentar la innovación y mantener la preparación de la salud pública, pero los críticos sostienen que dejan a las personas lesionadas por vacunas sin recursos y podrían limitar la capacidad de las futuras administraciones para promulgar cambios políticos significativos.

Aunque la emergencia de salud pública oficial COVID-19 finalizó el 11 de mayo de 2023, la nueva declaración advierte sobre un «riesgo creíble de una futura emergencia de salud pública».

La Ley PREP, promulgada en 2005, concede inmunidad de responsabilidad para fomentar el rápido desarrollo y despliegue de contramedidas médicas durante emergencias de salud pública. Sin esta protección, los fabricantes y proveedores podrían dudar a la hora de producir o distribuir productos críticos, como vacunas o tratamientos, por temor a demandas por efectos secundarios imprevistos. La ley se invocó por primera vez para el COVID-19 en marzo de 2020, y cubre vacunas, tratamientos antivirales, herramientas de diagnóstico y equipos de protección.

Mientras Estados Unidos se prepara para posibles brotes futuros, esta última prórroga garantiza que las protecciones legales para fabricantes y proveedores de atención sanitaria permanezcan intactas. Sin embargo, la decisión ha suscitado nuevas peticiones de reforma —o incluso derogación— de la Ley PREP, con críticas que exigen una mayor responsabilidad y apoyo a las personas perjudicadas por las contramedidas médicas.

Ampliación del ámbito de aplicación de la Ley PREP

Las enmiendas a la Ley PREP durante la pandemia ampliaron su ámbito de aplicación para incluir a los proveedores de telesalud y a los técnicos de farmacia, acelerando así la distribución de vacunas en respuesta a las necesidades sanitarias urgentes. Según la Asociación Americana de Farmacéuticos, estos cambios mejoraron el acceso en las comunidades desatendidas, donde las farmacias locales a menudo actúan como proveedores de atención sanitaria primaria. Casi el 90 por ciento de los estadounidenses viven a menos de ocho kilómetros de una farmacia. Las enmiendas anteriores también apoyaron a los proveedores de atención médica en entornos no tradicionales, lo que refleja las demandas cambiantes de las emergencias de salud pública.

«Las medidas que hoy adopta el HHS seguirán salvando vidas y reduciendo los costes sanitarios, sobre todo en las zonas rurales y desatendidas, donde la farmacia local puede ser el único proveedor de atención sanitaria en muchos kilómetros a la redonda», declaró en un comunicado de prensa Michael D. Hogue, director general de la Asociación Americana de Farmacéuticos.

Continuar con la declaración de la Ley PREP para las vacunas es un paso lógico, dado que las vacunas COVID-19 siguen evolucionando, según el Dr. Daniel Aaron, profesor de Derecho de la Universidad de Utah. Las vacunas suelen tener una rentabilidad limitada a largo plazo en comparación con otros productos farmacéuticos, lo que puede repercutir en su desarrollo, explicó Aaron a The Epoch Times en un correo electrónico.

«La idea principal aquí es que tal vez no queramos imponer responsabilidad a productos esenciales para hacer frente a emergencias de salud pública actuales o futuras», dijo.

Preocupación por la ampliación de la inmunidad

Los defensores de la Ley PREP sostienen que es esencial para fomentar la innovación y proteger la salud pública. Los críticos, sin embargo, sostienen que las amplias protecciones de responsabilidad de la ley tienen un coste significativo, a saber, la falta de rendición de cuentas para quienes sufren daños a causa de las vacunas u otras medidas médicas.

El abogado Aaron Siri, que ha representado a personas lesionadas por vacunas, sostiene que la Ley PREP desplaza la balanza en detrimento de la rendición de cuentas.

«La Ley PREP incentiva el desarrollo de productos sin que los fabricantes se preocupen de rendir cuentas por los daños resultantes», declaró en un correo electrónico a The Epoch Times. «Sacar al mercado un producto que puede causar más daños que beneficios, y que por tanto necesita inmunidad frente a la responsabilidad, no tiene sentido».

La ampliación de las protecciones de inmunidad ha levantado ampollas, sobre todo a la luz de las continuas garantías sobre la seguridad de las vacunas COVID-19. «Puesto que ahora se nos ha dicho, hasta la saciedad, durante más de cuatro años que las vacunas COVID son seguras, ¿por qué la necesidad de inmunidad continua?», preguntó Siri.

Las peticiones para reformas radicales —o incluso la derogación— de la Ley PREP son cada vez más fuertes. El 5 de marzo, el representante Chip Roy (R-Texas) presentó la ley Let Injured Americans Be Legally Empowered (Ley para que los estadounidenses lesionados tengan poder legal – LIABLE), que eliminaría las protecciones de responsabilidad de los fabricantes de la vacuna COVID-19 y permitiría a los particulares demandar a empresas como Pfizer y Moderna por lesiones relacionadas con las vacunas.

«Muchos se han enfrentado a lesiones por la vacuna, pero pocos han tenido acceso a un recurso mínimo. Hasta la fecha, sólo se han pagado 11 demandas por lesiones a pesar de que se han administrado casi 700 millones de dosis de la vacuna», declaró Roy en un comunicado de prensa. «El pueblo estadounidense merece justicia por la violación a su libertad médica personal y los perjudicados médicamente merecen una restitución».

Siri está de acuerdo en que la ley ya no sirve para los fines previstos. «La Ley PREP debería ser derogada en su totalidad. No aporta ningún valor», dijo. Sugiere fomentar el desarrollo de productos médicos que sean eficaces y seguros, eliminando la necesidad de la inmunidad de responsabilidad.

El calendario de la 12.° enmienda plantea dudas

La prórroga entrará en vigor el 1 de enero de 2025. El calendario —apenas unas semanas antes de una transición presidencial— garantiza que estas protecciones se extenderán durante la próxima administración y más allá, limitando potencialmente la flexibilidad de los futuros responsables políticos.

El momento de la prórroga coincide con las especulaciones sobre la futura dirección del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Robert F. Kennedy Jr. ha sido propuesto como Secretario del HHS en la nueva administración. Los antiguos llamamientos de Kennedy a un mayor escrutinio a la seguridad de las vacunas y a la reducción de las inmunidades legales a los fabricantes podrían crear tensiones con las protecciones consolidadas en la enmienda.

Al bloquear las protecciones de responsabilidad hasta 2029, la enmienda establece un marco de salud pública que da prioridad a la estabilidad en un momento de incertidumbre política y deja poco margen para ajustes por parte de futuras administraciones. Aunque en teoría cualquier secretario del HHS podría modificar o rescindir estas protecciones a través de enmiendas o declaraciones adicionales, el calendario de la prórroga actual puede reducir la flexibilidad para un nuevo liderazgo a corto plazo.

Fallos sistémicos en la indemnización por lesiones causadas por vacunas

La ampliación de las protecciones de responsabilidad en virtud de la Ley PREP llama la atención sobre los retos persistentes en el sistema de compensación de lesiones por vacunas de EE. UU., especialmente para las personas que han experimentado reacciones adversas a las vacunas COVID-19.

Para Brianne Dressen, una maestra de preescolar de Utah y participante en un ensayo clínico, la ampliación de la protección de la responsabilidad civil se siente como una desestimación de las luchas a las que se enfrentan quienes buscan justicia e indemnización. Dressen, que sufrió graves complicaciones neurológicas tras participar en el ensayo de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca, se ha convertido en una firme defensora de los lesionados por vacunas.

«Llevamos años suplicando al HHS que ayude a indemnizar a los perjudicados por las vacunas COVID», declaró a The Epoch Times en un correo electrónico. «El mensaje que la administración actual ha enviado es claro: ‘Si usted es dañado por una vacuna, no le ayudaremos’».

Becerra señala el Programa de Compensación de Lesiones por Contramedidas (CICP) como la vía principal para atender las reclamaciones relacionadas con lesiones por vacunas. Creado en virtud de la Ley PREP, el CICP fue diseñado para abordar los problemas de seguridad de las vacunas proporcionando una vía para las personas perjudicadas por las vacunas y otras contramedidas cubiertas.

Sin embargo, los críticos afirman que el programa no cumple su objetivo. «El CICP es un ‘sistema amañado’ que deja a las personas perjudicadas sin una compensación adecuada», afirma Siri.

Los críticos también señalan los bajos porcentajes de pago y el engorroso proceso de solicitud, que hace que el programa sea inaccesible para muchos.

El 1 de agosto, la Administración de Recursos y Servicios Sanitarios informó que había 10,226 reclamaciones pendientes o en proceso de revisión, un retraso que, según un informe reciente del Subcomité Selecto de la Cámara de Representantes sobre la Pandemia de Coronavirus, podría tardar casi una década en resolverse sin reformas importantes. El informe criticaba al CICP por no haber sabido gestionar la magnitud del programa de vacunación COVID-19.

La organización de Dressen, React19, apoya a las personas que se enfrentan a estos retos sistémicos. Describe los actuales programas gubernamentales como «humo y espejos», y añade: «En lugar de proteger al consumidor, el HHS se ha comprometido a proteger a las compañías farmacéuticas y los intereses corporativos».

Según React19, de las aproximadamente 14,000 reclamaciones presentadas en el marco del CICP, sólo 48 han dado lugar a indemnizaciones. El programa ha concedido menos de un millón de dólares en total. React19 afirma que puede «apoyar a las personas lesionadas mucho mejor que el gobierno».

El HHS no había respondido a las preguntas de The Epoch Times en el momento de la publicación.

Equilibrio entre preparación y responsabilidad

El debate en torno a las protecciones de responsabilidad de la Ley PREP subraya el reto de equilibrar la preparación de la sanidad pública con la responsabilidad individual.

Algunos legisladores han propuesto que las reclamaciones pasen del CICP al Programa Nacional de Indemnización por Lesiones Causadas por Vacunas (VICP). Los expertos sostienen que este cambio podría proporcionar una mayor transparencia, un aumento de los pagos y un marco jurídico más claro para los demandantes. «El CICP tiene un alcance más limitado que el VICP y sólo ofrece indemnizaciones por ‘contramedidas cubiertas’, incluidas las vacunas», escribió el representante Brad Wenstrup, de Ohio, en el informe del Subcomité Selecto de la Cámara de Representantes sobre la Pandemia de Coronavirus.

Además, grupos de defensa como React19 siguen presionando para que se amplíe el apoyo gubernamental a las personas perjudicadas por las vacunas COVID-19, haciendo hincapié en la necesidad de programas que den prioridad a la equidad y la rendición de cuentas.

Fuente

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Médicos destacados firman una petición para la suspensión de todas las vacunas ARNm contra el COVID-19

Una petición conocida como ‘HOPE Accord’, que está reuniendo firmas de todo el mundo, se publicó recientemente en línea para alertar a la comunidad internacional sobre el uso continuo de las vacunas mRNA contra el COVID-19.

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Varios médicos y profesionales de la salud han firmado una petición solicitando la suspensión inmediata de todos los productos ARNm para el COVID-19, debido a su preocupación de que estas vacunas podrían estar contribuyendo a un alarmante aumento en las muertes en exceso.

Recientemente se puso en línea una petición conocida como HOPE Accord, que atrajo firmas de todo el mundo, para alertar a la comunidad internacional sobre el uso continuado de las vacunas COVID de ARNm. Estas vacunas, que utilizan tecnología basada en genes, recibieron autorización de uso de emergencia como una de las herramientas para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

«Cada vez hay más pruebas de que la difusión generalizada de las nuevas vacunas de ARNm de Covid-19 está contribuyendo a un aumento alarmante de la discapacidad y el exceso de muertes», reza la petición de Hope Accord.

«Esta nueva tecnología recibió autorización de uso de emergencia para abordar una situación que ya no existe. En adelante, la carga de la prueba recae en quienes aún abogan por estos productos, para demostrar de manera convincente que no están causando más daño que beneficio. Hasta que se presente dicha evidencia, los reguladores deberían suspender su uso como una medida estándar de precaución médica», señala la petición.

La petición fue complementada esta semana con una carta abierta al Consejo General Médico (GMC) del Reino Unido, redactada por el cardiólogo consultor británico-indio Dr. Aseem Malhotra, quien ha abogado durante mucho tiempo por un enfoque más basado en evidencia para todas las vacunas contra el COVID-19.

«Los daños graves de la vacuna han sido confirmados mediante una combinación de ensayos clínicos, estudios mecanísticos, ensayos controlados aleatorizados, datos observacionales, farmacovigilancia y datos de autopsias. En estos estudios, la mayoría de las muertes que ocurrieron dentro de las dos semanas posteriores a la vacunación fueron resultado del producto ARNm».

«Es innegable que existen riesgos graves asociados con las vacunas contra el COVID-19 para al menos algunos individuos… En este momento, los datos son claros: las vacunas causan más daño que beneficio», advierte.

Mientras tanto, la petición en línea solicita que se asignen recursos adecuados para investigaciones independientes que permitan una reevaluación integral de todos los productos de vacunas contra el COVID-19.

La petición afirma: «Debe realizarse una exploración completa de los mecanismos de daño para proporcionar información sobre su impacto en el cuerpo humano, tanto a corto como a largo plazo. La eficacia debe ser reevaluada a través de una revisión exhaustiva del impacto clínico real en la enfermedad y la mortalidad, en lugar de resultados sintéticos basados en suposiciones modeladas».

«Hacemos un llamado a la comunidad científica para que presente hallazgos de estudios no publicados sobre las vacunas contra el COVID-19. Esto ayudará a mitigar el sesgo de publicación, donde los resultados desfavorables a menudo fueron rechazados o retenidos por temor a daños reputacionales. Es crucial que los organismos gubernamentales y la industria farmacéutica también proporcionen total transparencia, otorgando acceso a datos anonimizados a nivel de paciente previamente no divulgados de ensayos clínicos y programas de vigilancia».

«Estas acciones acumulativas ayudarán a determinar cualquier beneficio real de estos productos frente al alcance real del daño causado».

The Hope Accord

Fuente: Leading docs sign petition for suspension of all Covid-19 mRNA vaccines

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