Información El Frente Amplio, el gobierno y las AFP

El Frente Amplio, el gobierno y las AFP


Volver a un sistema de reparto administrado por el Estado impondría una grave amenaza a la propiedad de los fondos de los trabajadores y, por cierto, al mercado de capitales, elemento clave para el desarrollo del país. Eso no se puede permitir.

El jueves pasado el Frente Amplio salió a “instruir” a la población a través de lo que llamaron volanteo, con la idea de “democratizar” el debate sobre las pensiones. La convocatoria fue escasa, pero a los pocos adherentes que quisieron escucharlos les mintieron.

Entre las consignas coreadas dijeron que “las AFP hacen negocio con su plata. Esa es la mentira que han tenido durante 40 años”. También inventaron que las AFP usan la plata de las cotizaciones para hacer propaganda en favor del sistema. Todo esto es falso y la gente lo sabe, porque no tuvieron empacho durante años en mentir diciendo que las AFP les robaban la plata, pero cuando vinieron los famosos retiros, ¡oh, sorpresa!, la plata estaba y pudieron tenerla en 48 horas. No se la habían robado y tenían más de lo depositado.

Pero lo del Frente Amplio no debe extrañar y la postura del gobierno tampoco, porque terminar con las AFP es parte del programa del Presidente Gabriel Boric y de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, fiel representante del PC, que quiere lo mismo, para qué engañarnos. Lo que quieren es reparto, porque por esa vía logran la captura del mercado de capitales a través de la administración estatal de los fondos de pensiones, lo que les permite nombrar directores en las empresas y tener control sobre toda la actividad económica del país y hacer a la gente dependiente del Estado.

Muchos no saben lo que fue el sistema previsional en Chile antes de las AFP, con las famosas cajas que administraban los fondos de los trabajadores, por lo que es muy importante conocer de aquello para no volver a caer en lo mismo. Y nada mejor para tomar conciencia de lo que termina siendo el sistema de reparto, que como lo describió en 1968 el Presidente Eduardo Frei Montalva, lo que sintetizo a continuación.

“Hay 2.000 leyes sobre previsión en Chile. Piensen ustedes lo que eso significa: 2.000 leyes previsionales, más los reglamentos, más los acuerdos de las cajas, es decir, una monstruosidad que va en aumento. En la ley de reajuste de 1966 se introdujeron 46 nuevas normas previsionales, 44, el año 1967; y 1.234, el año 68. O sea que en sólo tres años a las 2.000 leyes previsionales se le han agregado como 1.300 nuevas disposiciones previsionales”.

“Sin embargo, el ejecutivo no tiene medios de parar esta monstruosidad. En cada grupo de previsión hay muchas leyes con nombre y apellido. En Chile hay 30 cajas de previsión y 70 servicios de bienestar en organismos complementarios de seguridad social. Hay 2.100 empleados de notarías y archivos judiciales que han sacado 27 leyes de previsión. El gasto fiscal en previsión ya va llegando a la locura. ¿Qué presupuesto fiscal puede resistir?”.

Así era el sistema previsional chileno. Lo que pasa es que cuando el Estado se hace cargo del reparto, comienza el clientelismo y se empiezan a dictar leyes para responder a demandas de grupos, de regiones, de sindicatos, de cualquier grupo con poder para obtener prebendas y beneficios para sus afiliados, con lo cual se fomenta la corrupción, el favoritismo y el Estado se transforma en un repartidor de favores políticos.

Eso es lo que está en la génesis de este gobierno, que no ha renunciado a las posiciones radicales con las que logró llegar al poder. En la reunión de este fin de año, el Frente Amplio ratificó como objetivo central la “superación del neoliberalismo” y se declara en “alerta” respecto de la reforma previsional, advirtiendo contra “los intentos de poner en duda su componente solidario y de neutralizar la separación de la industria (…), sin los cuales la reforma no cumple su objetivo político central”. Como se puede observar, el objetivo de la reforma es político, no mejorar las pensiones.

Dicho lo anterior, es imprescindible que la oposición se mantenga monolíticamente unida en rechazar cualquier intento del gobierno de destinar parte de las cotizaciones a reparto y de imponer la separación de la industria, porque una vez aceptado el más mínimo porcentaje, el sistema quedaría expuesto al populismo de las pymes políticas que comenzarían a ofrecer más y más porcentajes para mantenerse vigentes.

Volver a un sistema de reparto administrado por el Estado impondría una grave amenaza a la propiedad de los fondos de los trabajadores y, por cierto, al mercado de capitales, elemento clave para el desarrollo del país, lo que no se puede permitir.