Ministerio del Trabajo entrega millonarios fondos a organizaciones que integran funcionarios público

Ministerio del Trabajo entrega millonarios fondos para “educación previsional” a organizaciones que integran funcionarios públicos
La cartera de la ministra Jeannette Jara, a través de la Subsecretaría de Previsión Social, ha entregado más de $4 mil millones durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric a 33 entidades que imparten cursos para informar sobre el sistema de pensiones. En al menos cuatro de estas organizaciones figuran actuales trabajadores del Estado. Si bien a juicio de expertos en transparencia esto no representaría una irregularidad, señalan que es algo “muy antiestético” y se puede prestar para faltas a la probidad. Desde la subsecretaría señalan a El Líbero que “el marco normativo del FEP, permite expresamente la participación de instituciones públicas y privadas, así como de personas naturales y jurídicas. Esto no solo valida su consideración dentro del marco legal, sino que excluirlas sería una decisión arbitraria e incluso podría interpretarse como discriminatoria”.




El año 2008, como parte de la reforma previsional que impulsó el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, se creó el Fondo para la Educación Previsional (FEP), cuyo propósito es “promover una cultura previsional apoyando financieramente proyectos, programas, actividades, medidas de promoción, educación y difusión del sistema de pensiones”.

Anualmente la Subsecretaría de Previsión Social, que depende del Ministerio del Trabajo que actualmente lidera Jeannette Jara (PC), llama a concurso a entidades privadas, ONGs, personas naturales, organizaciones sociales o universidades para que presenten propuestas de educación previsional. Luego el Comité de Selección de la subsecretaría elige a las propuestas ganadoras y les entregan montos de dinero que van desde los $50 millones hasta los $100 millones para que las desarrollen.

En lo que va del gobierno del Presidente Gabriel Boric se han desarrollado los concursos en 2022, 2023 y 2024, entregando más de $4 mil millones.

El primer año la subsecretaría liderada por Claudio Reyes (PPD) destinó más de $1.300 millones a 15 proyectos, en 2023 se entregaron $1.483 millones a 17 proyectos y en 2024 cerca de $1.250 millones a los 16 proyectos ganadores.

El Líbero indagó a las 33 entidades que fueron las receptoras de estos dineros y encontró que algunas tienen en sus directorios o en su staff de trabajadores a actuales funcionarios públicos.

Contraloría emitió un informe dando cuenta de irregularidades en el uso del FEP durante los años 2016 y 2017, cuando Jeannette Jara era subsecretaria de Previsión Social del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet. Según la investigación del ente contralor, en los cursos impartidos por ICAL y CENDA -dos entidades ligadas al Partido Comunista que ganaron fondos- “participaron” personas fallecidas y con ruts falsos. Asimismo, dineros públicos se usaron para difundir contenidos de la agrupación “No + AFP”, contraviniendo el fin del programa.

FIEL: vinculada al PC y con millonarios contratos con el gobierno
La Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL) es una organización sin fines de lucro que nació el año 2005 “bajo el mandato del Consejo Directivo de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT), con el fin de propiciar un espacio para el fortalecimiento del movimiento sindical desde una perspectiva integral para el mundo del trabajo”, según señalan en su página web.

En el año 2022 se adjudicó un proyecto de difusión del Fondo de Educación Previsional denominado “Sindicatos activos en la difusión del sistema previsional chileno” por $91.677.000.

En 2023, en tanto, volvieron a ganar el concurso y se adjudicaron $90.783.333 para el proyecto “Trabajador@s y sindicatos a la vanguardia del sistema previsional”.

Es decir, entre 2022 y 2023 -en 2024 no aparecen en la nómina de ganadores- obtuvieron más de $182 millones del FEP del Ministerio de Trabajo.

Pero en lo que va del gobierno de Boric no sólo han recibido recursos por concepto del FEP. En Mercado Público figuran tres boletas por trabajos solicitados por la Subsecretaría del Trabajo.

En agosto de 2022 por $14 millones a cambio del “servicio de escuelas de mujeres líderes región de Atacama”. En septiembre de 2023 por $12 millones para “implementar mesas de diálogo social en la Región Metropolitana”. Y en septiembre de 2024 por $43.750.000 por la contratación del servicio de implementación de la estrategia de formación sindical 2024 en la Región Metropolitana.

En suma, bajo la actual administración han recibido $251 millones de parte de las subsecretarías dependientes del ministerio de Jeannette Jara.

En el directorio de FIEL hay al menos dos funcionarios públicos
El directorio de FIEL es presidido por el actual líder de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez Debelli, quien es funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y recibe un sueldo bruto mensual de $2 millones.

Una de las directoras es Yobana Salinas, también parte de la CUT, quien es educadora de párvulos y trabaja desde 1995 en la Fundación Integra -dependiente del Ministerio de Educación- como directora de un jardín infantil. Actualmente tiene una renta de $2.130.000 brutos.

El tesorero de FIEL es Guillermo Salinas, miembro del Comité Central del Partido Comunista al igual que la ministra Jara. Fue secretario general de las Juventudes Comunistas en los años 90, y uno de los discípulos de la histórica dirigente Gladys Marín.

En la CUT tiene una larga trayectoria, ya que fue subsecretario general y mano derecha de Arturo Martínez cuando presidió la multisindical. De hecho, a él le tocó firmar el cheque de $600 mil para pagar la cuenta del polémico almuerzo de la cúpula de la CUT en Valparaíso tras la marcha que protagonizaron el 21 de mayo de 2011.

La vicepresidenta de FIEL es Ana Bell Jaras, que entre 2014 y 2018 trabajó en la Dirección del Trabajo en momentos en que Jeannette Jara era subsecretaria de Previsión Social en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet.

$97 millones para Combinar Edu: en su equipo hay al menos cuatro funcionarios públicos
El 3 de mayo de 2023 la empresa Combinar Edu se adjudicó un proyecto de formación del Fondo de Educación Previsional denominado “Previsión para trabajadores y trabajadoras: conoce, aprende y construye tu futuro” por $97 millones.

Según su sitio web, es “una empresa que impulsa el desarrollo de habilidades digitales y ofrece soluciones integrales en tecnología”.

En Instagram se puede ver que impartieron su taller al menos en el Centro Educacional Eduardo de la Barra.


En la sección “nuestro equipo” figura Freddy Moreno Minda como director de Innovación. Según el portal de Transparencia del gobierno, Moreno es desde el 16 de agosto de 2023 el encargado de proyectos e innovación de la Fundación Integra, recibiendo una renta bruta de $2.900.000 aproximadamente.

Según se desprende de sus redes sociales, Moreno fue un activo militante de Revolución Democrática -hoy Frente Amplio-, llegando a ser parte de la Comisión Desafíos del Conocimiento.



Dentro del equipo de Combinar Edu también figura la periodista Helen Gutiérrez Núñez, quien desde noviembre de 2022 trabaja en la Municipalidad de Santiago en el área de “gestión institucional” por una renta bruta de $1.400.000 aproximadamente.

Otra profesional de Combinar Edu que trabaja en la Municipalidad de Santiago es Mónica Olivares. Ejerce como docente del Liceo Manuel Barros Borgoño por $470.000 mensuales brutos por una jornada de 13 horas semanales.

El ingeniero informático de Combinar Edu es Mauricio Galindo Vergara, quien según su Linkedin desde agosto de 2022 trabaja como jefe de proyecto en la Empresa de Ferrocarriles del Estado.

Abbanz Consultores y la “puerta giratoria”
Abbanz Consultores se adjudicó un proyecto por $100 millones en el ámbito de la innovación del Fondo de Educación Previsional el 10 de mayo de 2024. El título: “Tu futuro es hoy: promoción del sistema previsional chileno. Una oportunidad para encantar a jóvenes y trabajadores independientes que nos visitan desde el futuro”.

Uno de los tres socios fundadores de esta consultora es el profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales Esteban Andrés Vega Toro, quien en la última elección de octubre fue candidato a Core Regional de Valparaíso II, representando a la Democracia Cristiana, sin resultar electo. Anteriormente fue candidato a diputado por el mismo partido.

En el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Vega fue director regional de Valparaíso del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), dependiente del Ministerio del Trabajo, que es el que entrega los FEP.

Otro de los fundadores de Abbanz Consultores es el veterinario Pedro Goic Boroevic, quien fue director nacional del Sence durante gran parte del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet.

El tercer socio es Miguel Andrés Toro Aguilar, quien es trabajador social y magíster en Trabajo Social. En el segundo gobierno de Bachelet también trabajó en el Sence -dependiente del Ministerio del Trabajo- como jefe del Departamento de Empleo y Capacitación de Empresas y algunos meses como director nacional subrogante.

Según el portal de Transparencia, desde el 13 de mayo de 2024 -tres días después de que su empresa se adjudicara los $100 millones del FEP- comenzó a trabajar como jefe del Área de Fortalecimiento y Diálogo Social de la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales (ChileValora) y recibe una remuneración bruta de $4.500.000 mensuales.

ChileValora tiene como tarea “reconocer las competencias laborales de las personas a través de la certificación, para favorecer y mejorar la empleabilidad y oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, mediante procesos de evaluación basados en estándares de competencias, alineados con el mercado laboral, definidos y validados a través del diálogo social tripartito”.

Cecal: $98 millones al centro de estudios de una actual funcionaria pública
El Centro de Estudios y Capacitación Laboral (Cecal) se adjudicó en el año 2024 $98.627.250 para desarrollar el proyecto “Aprendiendo sobre previsión social en Chile: programa de formación en las regiones de Los Lagos, Los Ríos, Valparaíso y Metropolitana”.

Según su página web, el equipo directivo de Cecal está compuesto por Claudia Fachinetti Farrán, quien es abogada de la Universidad Católica y cuenta con diversos postgrados en materia laboral. Ha sido dirigente sindical por más de 15 años y actualmente trabaja en la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana -organización que depende del Ministerio de Justicia- como “abogada jefe de la unidad de causas declarativas”. Según el Portal de Transparencia está en el servicio desde 1996 y percibe una renta bruta aproximada de $5.200.000.

Otro miembro del equipo directivo es el técnico superior en gestión Víctor Ulloa Zambrano, quien según su biografía en la página de Cecal fue ex presidente de la Asociación de Funcionarios de la DIBAM, ex vicepresidente de la ANEF, ex integrante del Comité Ejecutivo de la CUT, ex secretario nacional de Formación Sindical de la CUT, ex presidente de ChileValora y ex encargado del Departamento de Diálogo Social de la Subsecretaría del Trabajo.

De hecho, en el año 2015 se vio envuelto en una polémica luego que El Mercurio publicara que en el segundo gobierno de Bachelet, mientras Ulloa era el encargado de esta unidad de la Subsecretaría del Trabajo, se entregaron millonarios recursos a la CUT, en momentos en que él también ejercía como un alto dirigente de esta organización sindical.

A raíz de esa polémica, la ex ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, señaló que “así paga el gobierno los silencios de organizaciones que en lugar de representar a los trabajadores defienden intereses políticos”.

En el equipo directivo también figura el contador auditor Roberto Morales Farías, quien fue director ejecutivo de FIEL, asesor en diálogo social de ChileValora y vocero de Amnistía Internacional-Chile.

En lo que va del actual gobierno, Cecal también ha emitido tres boletas a la Subsecretaría del Trabajo por otros trabajos desempeñados. Dos en 2023 que suman $34.000.000 y una en 2024 por $17.000.000.

Expertos en Transparencia dicen que es “antiestético” y que debiera haber “control efectivo” del trabajo que se hace con los fondos
Para el ex presidente del Consejo para la Transparencia y director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, Jorge Jaraquemada, que organizaciones lideradas o compuestas por actuales funcionarios públicos ganen un FEP “es muy antiestético, pero no hay incompatibilidad específica si el fondo lo asigna una entidad pública distinta (sin relación de dependencia) de aquella en la que trabaja el funcionario público”, señala a El Líbero.

En tanto, el director ejecutivo de Chile Transparente, Michel Figueroa, sostiene que “en general, para la adjudicación de fondos de este tipo, no se aplican directamente normas específicas de incompatibilidad entre las organizaciones que ejecutan los programas y los funcionarios públicos que trabajan en el Estado”.

“Desde el punto de vista de la regulación de los conflictos de interés que están establecidos en la ley 20.880, lo que debiese primar es el interés general por sobre el particular. Por tanto, si hubiese funcionarios que participaron en el diseño de las bases de concursos, si participaron en procesos de evaluación y luego se termina adjudicando fondos a organizaciones en las que ellos son parte, ahí evidentemente hay un conflicto de interés y debiese existir la obligación de inhabilitarse, lo que habría que estudiar en profundidad en estos casos para ver si hay o no una irregularidad en la forma en que fueron adjudicados los fondos”, agrega.

Sobre las irregularidades detectadas en la entrega de los FEP entre 2016 y 2017, señala que “lo importante en este tipo de situaciones es que quienes adjudican los fondos no sólo se preocupen de evaluar las propuestas que se hacen llegar, sino también se les pueda dar seguimiento y control efectivo a los fondos que fueron adjudicados y si realmente están cumpliendo o no con la finalidad que fue establecida”.

Subsecretaría de Previsión Social: “Excluir (a estas personas) sería una decisión arbitraria e incluso podría interpretarse como discriminatoria”
El Líbero contactó a la Subsecretaría de Previsión Social para pedir un pronunciamiento respecto de los hallazgos de esta investigación. Desde la entidad señalan que “el Fondo para la Educación Previsional (FEP) se rige por estrictos estándares de transparencia y objetividad técnica en la selección sus adjudicatarios, de acuerdo con lo establecido en la Ley N°20.255 y el Decreto Supremo N° 78 (2008)”.

“La normativa del FEP no establece incompatibilidad para que funcionarios públicos participen en calidad de personas naturales o como representantes de instituciones públicas. De hecho, el marco legal permite la postulación de personas naturales, jurídicas, entidades públicas y privadas, lo que incluye municipios, sindicatos, universidades estatales, iglesias, asociaciones gremiales e incluso entidades como la Asociación gremial de AFP. Esto refuerza el carácter inclusivo del concurso”, agregan.

En ese sentido sostienen que “el marco normativo del FEP, permite expresamente la participación de instituciones públicas y privadas, así como de personas naturales y jurídicas. Esto no solo valida su consideración dentro del marco legal, sino que excluirlas sería una decisión arbitraria e incluso podría interpretarse como discriminatoria. Reconocer y aprovechar esta diversidad de actores enriquece los procesos y fortalece la legitimidad de los proyectos”.

“Cada equipo ejecutor firma una carta de compromiso que garantiza la probidad en el desempeño de sus funciones, además de confirmar su disponibilidad para cumplir con los objetivos presentados, asegurando que las jornadas de trabajo propuestas son plenamente compatibles con otras posibles funciones, reafirmando así la transparencia y el cumplimiento de las normas establecidas”, agregan.

Sobre este tema, señalan que “aunque funcionarios públicos pueden participar, existen estrictas prohibiciones para evitar conflictos de interés, como la autocontratación o el lucro indebido. Además, todos los proyectos seleccionados están sujetos a un riguroso sistema de rendición de cuentas y supervisión técnica, garantizando el uso adecuado de los recursos públicos. Adicionalmente, es importante mencionar que la Contraloría General de la República realiza auditorías y revisiones constantes sobre los procesos del Concurso, asegurando su correcta ejecución”.

Sobre los recursos, añaden que “no se entrega anticipos a los ejecutores. Los recursos se transfieren únicamente tras la rendición de cuentas de acciones ya realizadas y verificadas. Este enfoque asegura que los fondos públicos se asignen de manera responsable y transparente, eliminando el riesgo de desvíos o mal uso de los recursos”.


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