Los argumentos que Boric y la izquierda dieron al TC (2020) para defender derecho a voto Extranjeros

Los argumentos que Boric y la izquierda dieron al TC en 2020 para defender el derecho a voto de los extranjeros
El gobierno del Presidente Gabriel Boric presentó hace algunos días indicaciones para restringir el derecho a voto de los extranjeros, contradiciendo la postura que él y su coalición defendieron en 2020 ante el Tribunal Constitucional. En ese entonces, el FA, el PC y el PS argumentaron que limitar el sufragio migrante vulneraba la igualdad ante la ley. Desde la oposición acusan “cálculo electoral” al advertir que los votantes extranjeros, especialmente venezolanos, podrían inclinarse hacia la centroderecha.




El Presidente Gabriel Boric presentó 12 indicaciones al proyecto de ley que establece multas para los electores que no sufraguen en elecciones y plebiscitos. Tres de esas indicaciones buscan imponer restricciones al voto extranjero. Por ejemplo, que el derecho al sufragio solo lo puedan ejercer en elecciones municipales y plebiscitos comunales; presentar requisitos como un certificado de antecedentes penales y que solo puedan votar aquellos extranjeros con residencia definitiva en el país. Sin embargo, la propuesta presidencial va en contra de lo que defendió el Frente Amplio y el propio Boric –entonces diputado– cuando se discutía la Ley de Migraciones actualmente vigente.

Esto ha llevado a que desde la oposición se acuse al gobierno de “cálculo electoral”, ya que, argumentan, el gobierno se dio cuenta de que los votantes foráneos, en especial los venezolanos, son más proclives a votar por la centroderecha.

requerimiento de inconstitucionalidad ante en Tribunal Constitucional (TC), argumentando que 14 artículos manifestaban “un enfoque restrictivo y discriminatorio respecto del ejercicio de los derechos fundamentales de las personas migrantes”.

El escrito fue impulsado por la diputada Catalina Pérez, en ese entonces presidenta de Revolución Democrática, y llevaba la firma de legisladores como Gabriel Boric (FA), y de otros que actualmente están o estuvieron en el gobierno, como Maya Fernández (PS), Camila Vallejo (PC), Manuel Monsalve (PS), Miguel Crispi (FA) y Giorgio Jackson (FA).

Uno de los artículos que cuestionaban de la tramitación hecha en el Congreso era el 175 –actualmente en la ley es el artículo 174– referido al derecho al sufragio de los extranjeros y alude al tiempo que debe pasar un migrante en el país para poder votar.

En el proyecto de ley se establecía un plazo de cinco años desde que el extranjero obtenía el permiso de residencia definitiva; pero en la Comisión de Derechos Humanos del Senado (en una discusión liderada por el frenteamplista Juan Ignacio Latorre) se acordó contabilizar ese plazo desde que el extranjero obtiene la residencia temporal. Así figura en la Ley de Migraciones vigente y es uno de los aspectos en los que el gobierno busca dar vuelta atrás.

“Diferencias arbitrarias”
El artículo 14 de la Constitución exige cinco años de avecindamiento a los extranjeros para poder ejercer el derecho a sufragio. Originalmente el artículo 175 exponía que “la pérdida de la categoría migratoria de residente pondrá término al periodo de avecindamiento y ocasionará la pérdida de todo el tiempo transcurrido hasta esa fecha para los efectos de este artículo”. Y también se excluía de la norma a los trabajadores de temporada.

Latorre se opuso fuertemente a esto en la sala del Senado, en la discusión del 30 de septiembre de 2020. El senador citó la Constitución cuando dice que: «Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias». Días antes, el 26 de agosto, el frenteamplista también había defendido frente al pleno: “Yo llamo a mis colegas a generar una cultura de la hospitalidad, y a tratar a los migrantes como nos gustaría que los chilenos fueran tratados en el extranjero”.

Cinco años después, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, hizo un alto en sus vacaciones para defender las indicaciones del Presidente Boric, cuestionando que Chile es una excepción porque «basta la residencia temporal para participar en las elecciones en todos los niveles, incluido el Jefe de Estado».

“Las indicaciones presentadas exigen residencia definitiva, no tener antecedentes penales (lo que se acreditaría mediante un certificado oficial del país de origen) y participar solo en elecciones de nivel local. ¿Por qué una persona con prontuario criminal que se encuentra sólo temporalmente en Chile habría de decidir el futuro de nuestro país?». El ministro omite que para votar en Chile un extranjero debe tener cinco años de residencia temporal y que para contar con este estatus uno de los requisitos es presentar el certificado de antecedentes penales del país de origen.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se unió al debate en la misma línea que Elizalde -quien ya había participado en la discusión como senador, aunque sin mayores intervenciones en Sala ni en comisiones-. «Si quieren participar en las decisiones políticas del gobierno y del Parlamento, que lo hagan si se nacionalizan. Si no, no”, planteó Tohá.

Tohá respondió también a los cuestionamientos desde la oposición: “Invito a que no hagamos de toda la política algo siempre sucio. Uno podría decir el argumento contrario: ‘bueno, ellos siempre han estado por no darle ningún derecho a los extranjeros y ahora como electoralmente les conviene, se lo dan’. Yo creo que en lo que hay que pensar es en lo que es bueno para Chile”, agregó en conversación con T13..

Avecindamiento por cinco años
Para los diputados que presentaron el requerimiento ante el Tribunal Constitucional, contravenir la noción de “avecindamiento” que estableció la Constitución “podría resultar regresivo, impidiendo la votación en procesos eleccionarios próximos a quienes probablemente ya hayan ejercido este derecho recientemente (octubre 2020 y noviembre 2020). Adicionalmente, excluye a los trabajadores de temporada, lo que constituye una discriminación arbitraria”.

Entonces, planteaban como un vicio de inconstitucionalidad privar del derecho a sufragio a extranjeros que actualmente ya poseían ese derecho, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución.

Entre los argumentos presentados citan a Juan Pablo Beca, que en su artículo «Ciudadanía y migración. ¿Son compatibles? Estudios constitucionales», sostiene que “el criterio para otorgar el derecho a sufragio es el pertenecer a la comunidad política, entendida esta no como una cuestión de estatus jurídico como sería la ciudadanía, sino como un hecho, al habitar en territorio chileno durante cinco años al menos”.

Por lo que se concluye que: “De acuerdo a lo ya señalado, el artículo 14 de la Constitución establece que las personas extranjeras podrán ejercer el derecho a sufragio una vez cumplidos cinco años de avecindamiento, debiendo computarse este plazo desde que la persona comienza a habitar o vivir en el país y constituya su domicilio en este territorio, y no, desde la obtención de un permiso de residencia”.

También aluden a que “como lo ha sostenido el Tribunal Calificador de Elecciones en numerosas ocasiones, los extranjeros residentes en Chile con derecho a voto, por cumplir los requisitos de avecindamiento, forman parte de la ciudadanía electoral e interpretaciones restrictivas no pueden limitar el ejercicio de sus derechos”.


Afectación a la democracia
El requerimiento que el FA, el PC y el PS presentaron ante el Tribunal Constitucional también planteaba que el artículo 175 infringía los principios de igualdad de la ley y no discriminación, al excluir a personas que no hayan logrado obtener legalmente su residencia temporal, quienes hayan perdido provisoriamente su categoría de residente temporal y quienes hayan residido en Chile con visa de residencia de trabajador de temporada, pese a cumplir con el requisito constitucional de cinco años de avecindamiento en Chile. Y dicen que esto afecta “no sólo a los individuos excluidos, sino que al desarrollo efectivo de la democracia al vulnerar el valor esencial de igualdad sobre el que se funda”.

Finalmente, sobre lo contenido originalmente en el artículo 175, el requerimiento señalaba que “resulta evidente que la restricción legal que excluye del padrón electoral a ciertas personas extranjeras que tengan más de cinco años de avecindamiento en Chile sólo por el hecho de no contar con un permiso de residencia ininterrumpido o por haber obtenido un permiso de residencia de la subcategoría de trabajador de temporada en este periodo, contradice el principio de igualdad que funda nuestra democracia, de acuerdo a lo que establecen los artículos 19, n°2 de la Constitución, y el reconocimiento de la igual dignidad de las personas que habitan en nuestro territorio, sin que exista una habilitación constitucional ni justificación razonable que fundamente este tipo de limitación para el ejercicio del derecho a sufragio de personas extranjeras, consagrado en el artículo 14 de la Constitución”.

El TC le dio la razón a Boric
Sobre esto, el TC le dio la razón a los diputados. En una sentencia del 29 de enero de 2021 ordena que el segmento del artículo 175 que fue cuestionado por los legisladores “sea excluido del proyecto de ley”. “El artículo 175 del proyecto de ley contiene más requisitos que los que autoriza la Constitución para el goce efectivo del derecho de sufragio de los extranjeros en Chile. Altera el sistema electoral público que ordena la incorporación de los extranjeros en un sistema de registro electoral por el solo mandato de la ley, el que se vería obstaculizado por criterios migratorios. Y porque limita el alcance del artículo 14 en relación con el artículo 18 de la Constitución”.

https://ellibero.cl/actualidad/los-...efender-el-derecho-a-voto-de-los-extranjeros/

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