El rol del Frente Amplio en la trama de la megatoma de San Antonio

El rol del Frente Amplio en la trama de la megatoma de San Antonio

Entre 2021 y 2024, cuando la toma en San Antonio se expandió con mayor velocidad, la alcaldesa de la comuna era Constanza Lizana, quien fue electa por el FA. De ella hay audios que en 2020 instaba a los pobladores a no desalojar. La diputada frenteamplista Camila Rojas y su par del PC Luis Cuello enviaron este 17 de febrero un oficio a la CIDH para impedir el traslado de los usurpadores, pese a los fallos de los tribunales chilenos.

Por qué importa. Este lunes, desde el mediodía, el ministro Carlos Montes lidera una reunión para encontrar una salida alternativa al desalojo de las más de 10 mil personas que se estima viven en la megatoma de los cerros Centinela y La Virgen en San Antonio, programado para este jueves a las 10:00 horas tras una resolución judicial. En el encuentro participan el subsecretario del Interior, Luis Cordero, el alcalde Omar Vera y los dueños de los terrenos tomados.

• Montes ha apostado a un acuerdo, sin que la hipótesis de desalojar esté en los escenarios del Gobierno, pese a los fallos de los tribunales y el nudo de las conversaciones están en el precio de los terrenos y los plazos, entre otras cosas.
• En el intertanto salió a presionar Daniel Jadue, el controlador de facto del PC junto a Lautaro Carmona, y diputados del partido. El rol del Frente Amplio, que se ha opuesto a un desalojo, se remonta a los inicios de la usurpación de los terrenos.

Polémico audio. La toma comenzó en diciembre de 2019, después del estallido. Según conocedores del proceso, el campamento se extendió con velocidad, alcanzando sus actuales dimensiones durante el periodo de la alcaldesa Constanza Lizana, que entonces militaba en el Frente Amplio y encabezó el municipio entre 2021 y 2024.

• “La toma creció muy rápido y la alcaldesa de la época que era Constanza Lizana, frenteamplista, tuvo un rol crítico y cuestionó un desalojo de la megatoma. Ella daba como argumento que los dueños no podían abusar de la necesidad de compra del Estado”, plantea a Ex-Ante el arquitecto y urbanista Iván Poduje.
• “Tiene una parte de responsabilidad porque ella llegó al cargo prometiéndole a la gente cosas irresponsables y que eran imposibles de cumplir”, aseguró el diputado republicano Luis Sánchez en Pauta.
• Antes de ser electa, Lizana —actualmente cercana al colectivo Transformar, que lidera Jorge Sharp— asesoró, en su calidad de abogada especialista en vivienda y urbanismo, a grupos de vecinos de la toma.
• Fue en ese contexto que en 2020 envió a los habitantes del campamento Placilla un audio con una serie de instrucciones ante una posible inspección de la Policía de Investigaciones a los terrenos irregulares.
• “Si está la PDI ahí, en ningún caso siquiera se acerca a la posibilidad de un desalojo. Hay que ser muy claros con las respuestas: no sé, no sé, no sé, nadie sabe ni tiene que saber nada en particular”, se escuchaba en el registro recogido por Radio Biobio.
• “Si les piden sus cédulas de identidad, ustedes no están ahí, están viendo un familiar, están paseando”, añadió la exalcaldesa en el audio.
• En noviembre de 2022, el audio se filtró a través de redes sociales y Lizana explicó que “se trata de un mensaje de WhatsApp, donde respondo a una consulta jurídica sobre un posible desalojo en el campamento (…). Es una respuesta obvia de cualquier abogado, porque los procedimientos legales deben realizarse con determinadas formalidades”.
• “No voy a llamar a mentir a una persona, todo lo contrario y no se trata de una obstrucción, sino de garantizar que los procesos se hagan conforme a lo legal”, agregó en Biobio.
• Una de sus promesas de campaña fue aplicar la Ley 18.138, que faculta a las municipalidades a desarrollar programas de construcción de viviendas e infraestructuras sanitarias, y permite al Estado expropiar terrenos por un costo menor.

Presión en la CIDH. En diciembre de 2024, los diputados Camila Rojas (FA) y Luis Cuello (PC) —ambos del distrito 7, donde se encuentra la toma— presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una acción cautelar para “suspender la ejecución de toda orden de desalojo en vigencia o eventual, con el fin de evitar la crisis humanitaria posterior a tal evento” e “instruir al Estado de Chile la construcción de un plan que permita tomar medidas para que la solución de este conflicto”.

• El escrito sostiene que la medida vulnera el derecho a la vivienda y el derecho a la integridad física y psíquica de sus habitantes. Además, apunta que la expulsión constituye riesgo de “amenazas, hostigamientos y/o agresiones en contra de la vida e integridad personal” y “riesgo de pérdida del vínculo familiar” para cerca de 9 mil personas.
• Los diputados agregan que “el riesgo de violencia en la ejecución de la medida por la inevitable represión policial, el desplazamiento forzado sin garantías de una reubicación adecuada, pone en riesgo la integridad física y psíquica de las personas que habitan la toma”.
• Tras el último dictamen de la Corte de Apelaciones de Valparaíso del 17 de febrero, Rojas y Cuello solicitaron a la CIDH una resolución urgente de la medida cautelar.
• “Dada la proximidad de la fecha, como también del hecho que, hasta ahora, no existe acuerdo para una solución a los cerca de 10 mil habitantes de la toma, la aplicación de esta resolución podría acarrear graves consecuencias, es que solicitamos a la Comisión que considere este nuevo antecedente y emita un pronunciamiento sobre la solicitud”, plantearon.

La línea del FA. En la directiva del FA hasta ahora no han marcado una posición oficial sobre el desalojo, pese a que están en contra de aquello y a favor de levantar cooperativas para que los usurpadores se conviertan en propietarios, como insta el Gobierno.

• Uno de los que ha sostenido esa tesis es el diputado por la zona, Jorge Brito (FA), quien en CNN Chile señaló que “socialmente (es) inviable. Sólo sería posible con escenas de violencia, de agresiones y situaciones que no van a remediar nada porque esas personas si se desalojan por la fuerza, muy probablemente se ubicarán en alguno de los terrenos cercanos que también están en la periferia”.

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