En dos semanas el gobierno elevó en casi $ 100 millones más el precio de la casa de Allende

En dos semanas el gobierno elevó en casi $ 100 millones más el precio de la casa de Allende

En dos semanas el gobierno elevó en casi $ 100 millones más el precio de la casa de Allende.

En la causa penal por la fallida compra de la casa del expresidente declaró el jefe de la División de Bienes Nacionales. Ahí detalló que tras formalizarse la compra del inmueble por $ 828 millones, la familia Allende-Bussi ingresó una carta -fechada el 9 de octubre- para reclamar y en 14 días el Ejecutivo consideró una nueva tasación y el precio subió a $ 922 millones. La Fiscalía indaga si es regular este tipo de “modificación exprés” y si se ha hecho en otras adquisiciones del Estado.

Se anunció con bombos y platillos, pero en sólo cuestión de días la idea se desmoronó por completo y días más tarde se judicializó.

Era el martes 31 de diciembre de 2024, cuando el Ministerio de Bienes Nacionales (BB.NN.) informaba que el gobierno había logrado un anhelo que el Presidente Boric venía planteando desde 2022. A eso de las 11.57 horas de este día la cartera envió el comunicado donde confirmaba que se habían adquirido las casas de los expresidentes Patricio Aylwin y Salvador Allende.

Eso sí, los festejos en torno a esa segunda adquisición duraron poco más de 72 horas. Tras duros cuestionamientos, la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público y una serie de reproches respecto de la constitucionalidad del acto, se echó pie atrás. Y es que lo más complejo era que la adquisición involucraba a dos autoridades -la senadora Isabel Allende (PS) y la ministra de Defensa, Maya Fernández (PS)-, que -por ley- tenían restricciones en celebrar contratos con el Estado.

La tarde del 3 de enero, desde BB.NN., en ese momento encabezado por Marcela Sandoval (FA), comunicaron que La Moneda se desistía de la compra. Veintiún días después, el gobierno la haría la responsable política del hecho, pidiéndole su renuncia, y más tarde la Fiscalía la citaría en calidad de imputada, al igual que la hija y la sobrina del fallecido Presidente Allende.

Sandoval es una de los más de 10 representantes oficialistas que han sido citados a declarar en la indagatoria que dirige el fiscal regional Patricio Cooper. Su testimonio es uno de los elementos del expediente, al que tuvo acceso La Tercera, y donde se ha develado -a través de distintos interrogatorios- que hubo funcionarios de gobierno que habrían advertido de forma previa inconsistencias en el proceso, pero que no fueron considerados.


En dos semanas el gobierno elevó en casi $ 100 millones más el precio de la casa de Allende

Un plan “perfecto”
A pesar de que las diligencias del Ministerio Público -que impartió orden de investigar a la Brigada Anticorrupción de la PDI- recién comienzan, hay un elemento que ya quedó meridianamente claro. Luego de concretar la venta, la familia Allende pretendía -luego de la millonaria venta al Fisco- seguir teniendo el control del inmueble, un antecedente que llamó la atención de los investigadores.

De acuerdo con la declaración que entregó José Rafael Cortés (PC), abogado asesor de la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo, fue así que se presentó el proyecto de parte del abogado de la familia Allende, Felipe Vio (yerno de la senadora) y del arquitecto Genaro Cuadros, encargado de la iniciativa.

“Los representante de la familia Allende me entregaron el proyecto escrito, consistente en un documento de cinco carillas, denominado “Guardia Vieja 392, Casa Museo Presidencial Salvador Allende Gossens”, donde se propone la adquisición por parte del Fisco de esta propiedad, para ser destinada a una casa-museo, que conservara la memoria del expresidente, proponiendo un modelo de gestión que involucre a la Fundación Salvador Allende (FSA), que recibiría en comodato de parte del Fisco”, declaró el 21 de enero en dependencias de la Fiscalía Nacional.

Ese antecedentes, como él mismo planteó, habría sido la razón para que el servicio del que formaba parte no ejecutara la compra y se traspasara la misión a Bienes Nacionales, ya que así el inmueble que iba a ser comprado por el Estado podría ser administrado por una entidad pública o una privada.

Pero el “expediente del caso por la fallida compra de la casa de Allende” cuenta con más declaraciones que son hoy de interés para la Fiscalía.

Junto a las advertencias de funcionarios públicos, que fueron desatendidas, están también huellas de cómo en el proceso la propia familia Allende solicitó que la adquisición fuera por más dinero respecto de las primeras tasaciones y cómo de manera exprés estos requerimientos se cumplieron al pie de la letra.

A continuación, algunas partes de la indagatoria que hoy complica a la senadora Allende y su sobrina, ambas consideradas como imputadas en la indagatoria.


En dos semanas el gobierno elevó en casi $ 100 millones más el precio de la casa de Allende.

Aumento del precio y problemas con los cheques
Cuando el gobierno informó que se había firmado la compraventa de la casa del expresidente Allende, los primeros reproches, sobre todo de la oposición, fueron por lo referente al valor que se pagaría.

Pero la familia Allende no lo veía así. De hecho, como se desprende de la declaración de Pablo Maino, quien está a la cabeza de la División de Bienes Nacionales en la cartera del mismo nombre, los vendedores apostaban a que fuera más. Esto, porque inicialmente las tasaciones que había realizado el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat) -que estaba a cargo de compra en una primera etapa- habían arrojado un precio superior.

Al constatar disparidad de criterios en las evaluaciones solicitadas por Serpat, Bienes Nacionales hizo una nueva valoración. “El día 12 de septiembre del 2024, la unidad de fiscalización y tasación elabora este informe de tasación Nº 22-2024, la que determina un valor total del inmueble de 21.904,59 UF equivalentes a $ 828.920.942″, declaró Maino.

Pero la disconformidad se planteó por parte de la familia Allende y fue acogida. Como indicó a los investigadores, el 7 de octubre del 2024 se reunió con el representante legal de la familia Allende, Felipe Vio, quien le pidió “aclarar por qué hay tanta diferencia entre el valor de las tres tasaciones comerciales contratadas por el Serpat y la tasación de Bienes Nacionales”. Agregó que ahí “le informé el análisis efectuado por la Unidad de Fiscalización y Tasación que fundamentó la elaboración de la tasación del ministerio. En esta reunión, Felipe Vio manifestó su disconformidad respecto de criterios empleados y ante esto le dije que lo dejara por escrito”.

Dos días más tarde Vio respondió ratificando el interés de vender, pero insistió en que el precio era bajo y “que había dos aspectos que corregir”. En función de eso, Bienes Nacionales hizo una nueva evaluación y finalmente definió un valor a pagar por el inmueble de $ 922.152.558, esto en función de lo que planteaba Vio y producto de un nuevo informe de tasación con el N°23-2024, todo en menos de 15 días desde que los vendedores ingresaron la carta.

“El día 28 de octubre del 2024, el representante legal de la familia Allende responde aceptando el precio”, declaró Maino.

A la hora de emitir los cheques para el pago, se sumaron otros inconvenientes que tuvieron que corregir con urgencia. Como el mismo Maino planteó, se cursaron cuatro cheques a nombre de los cuatro propietarios, pero luego se indicó que debía ser sólo uno y a nombre de Vio.

“El 30 de diciembre, cerca de las 16.00 horas, Denisse Hernández, del gabinete de la ministra, me informó que se quiere cambiar la modalidad de pago, pasar de cuatro cheques para cada uno de los propietarios a un cheque extendido al representante legal, desconozco los motivos de esta solicitud”, dijo al respecto.

De igual forma, el profesional destacó que no recibió alertas sobre errores en el proceso y tampoco presiones. “No tengo recuerdos que se me hubiese informado, ya sea como una alerta o una observación de algún tipo de consecuencia jurídica que pudiese acompañar en este proceso. Sin embargo, dentro de la DBN lo habíamos conversado con Felipe Lanchares, como un efecto político y comunicacional, en el sentido de que se pudiera cuestionar que se impulsara la compra de una vivienda donde había una senadora y una ministra de por medio”, aseguró.


La senadora Isabel Allende, el fiscal Patricio Copper y la ministra Maya Fernández.

Todas las advertencias desoídas
Si bien el asesor del Segundo Piso de La Moneda que estaba a cargo de seguir la compra de la casa del expresidente, el abogado Leonardo Moreno, indicó en su declaración judicial que nadie le hizo advertencia alguna respecto de las inconsistencias de la operación, en la carpeta investigativa hay al menos cuatro declaraciones de funcionarios que mencionaron que sí se encendieron alertas.

En primer lugar, la otrora ministra Sandoval indicó que ella misma le manifestó ciertas complejidades a Moreno. Ante los investigadores, indicó: “Recuerdo que en algún momento, cuando se había aprobado el presupuesto, le manifesté a Leo Moreno, vía telefónica, indicando que era complejo que la ministra Maya Fernández fuera parte de los vendedores. A lo cual Moreno me indicó que esto se manejaría de forma comunicacional”.

Situaciones similares manifestaron el abogado José Rafael Cortés y la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo, quienes transmitieron a la Fiscalía que en abril de 2024 el mencionado asesor y Paz Carmona, también de la misma unidad, habían elaborado una minuta donde advirtieron que un problema para la compra era la presencia de dos autoridades de Estado como dueñas del inmueble.

“Con fecha 24 de abril de 2024, Paz Carmona le escribe al jefe de gabinete de la ministra de las Culturas, Gonzalo Pinto, enviándole una minuta de la compra de casas presidenciales, en donde en el título de elementos a considerar pusimos que se debe tener presente que en la sucesión existirían dos personas miembros quienes tienen la calidad de autoridades, para efectos jurídicos y comunicacionales del proyecto”, manifestó Pozo

A su turno, Macarena Diez, quien por esos días era la jefa de la División Jurídica de Bienes Nacionales, también sinceró a los investigadores que, en septiembre de 2024, le comunicó reparos a la jefa de gabinete de la exministra Sandoval, Denisse Hernández.

“Le manifesté mis aprensiones respecto a que faltaba mucha documentación para un correcto control (...), además no había una motivación clara para la adquisición de estos inmuebles, y adicionalmente que para el caso de la casa de Allende, que las propietarias eran una ministra y una senadora, lo que podría traer un cuestionamiento jurídico y político”, se lee en la transcripción de su declaración. Ahí también recalcó que lo anterior “ponía en riesgo la transparencia, probidad y conflicto de interés de todo el proceso y, por supuesto, de las involucradas”.


La exministra Marcela Sandoval declaró que advirtió de inconsistencias en el proceso a Leonardo Moreno.

La defensa de la asesora de Boric y de Contraloría
Uno de los nombres que se han repetido a la hora de analizar el intento de compra de este inmueble es el de la abogada Francisca Moya, jefa de la División Jurídica de la Segpres y quien tiene entre sus labores revisar todos los documentos que firma el Presidente Gabriel Boric. Por lo mismo, en este caso, se llenó de cuestionamientos.

En medio de su declaración del 20 de enero ante el Ministerio Público y en calidad de testigo defendió su labor. Aseguró que se comunicó con Felipe Vio, quien le dijo que las propietarias no habían firmado. “Desconozco quién debió haber considerado las prohibiciones que establecía la Constitución, pues desconozco quiénes son las personas a quienes se les encargó planificar, analizar y materializar esta tarea”, declaró.

En ese sentido, una de las principales asesoras de Boric sostuvo que “respecto de los cuestionamientos a mi persona, específicamente por visar el decreto que firma el Presidente, quisiera señalar que el decreto es completamente legal, como fue ratificado por la Contraloría. Ni mi equipo ni yo fuimos responsables o parte de las personas que estuvieron a cargo de planificar el diseño y materializar esta tarea”.

Junto con esto, dijo: “También me gustaría aclarar que el decreto supremo no constituye un contrato, no es un acto bilateral ni suscrito por particulares. Lo que hace es autorizar la adquisición de un inmueble por sus específicas cualidades, es decir, no implica la compraventa del inmueble, el decreto no adolece de vicios de constitucionalidad ni legalidad”. Finalmente, precisó que fueron requeridos recién el 3 de enero.

Considerando que como la misma Moya planteó, el decreto que autorizaba la compra fue visado por Contraloría, el Ministerio Público también ofició a la entidad para que aportara los antecedentes que había tenido a la vista, los que fueron remitidos el 20 de enero por Dorothy Pérez. Además, el subcontralor Víctor Hugo Merino, quien tomó razón como contralor subrogante, declaró en calidad de testigo.

“En este caso particular, Contraloría estimó que se cumplían las condiciones necesarias para tomar razón (...) El decreto señala quiénes eran los propietarios de este inmueble, sin embargo, mi análisis jurídico concluyó que no era el momento jurídico de referirse a tal aspecto, por cuanto, como se indicara, la finalidad de este acto solo es autorizar la compra, y como hay dos actos administrativos que deben sucederse en el tiempo, considero que el acto administrativo donde se deben analizar las eventuales inhabilidades o prohibiciones es aquel en que se aprueba la escritura de compraventa”, expuso el 21 de enero.

Cuando estalló el caso públicamente, planteó el subcontralor, ellos revisitaron la materia de forma interna y volvieron a concluir lo mismo, incluida la contralora.

“En más de una ocasión se discutió el tema internamente, y el consenso absoluto era que no era la oportunidad de representar el acto atendido al estado del procedimiento administrativo. Asimismo, la contralora general también estaba de acuerdo con esta misma posición, respecto de que este reproche solo se debe hacer en la segunda etapa”, remarcó.

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