Bruselas impulsa una 'tasa woke' en plena guerra comercial que afectará a miles de pymes

Empresarios y 'lobbies' se movilizan contra la directiva que exige a los empresarios auditar a sus proveedores en materia de derechos humanos y sostenibilidad

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.
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Multitud de empresarios no dan crédito. En plena escalada de la guerra comercial, con los aranceles de Washington golpeando ya a la UE, la Comisión Europea está impulsando una norma que afectará al día a día de miles de pymes. Se llama 'Directiva sobre Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad'. Un largo nombre que esconde un nuevo requerimiento burocrático, cuya consecuencia final será el incremento de costes y la pérdida de competitividad.

Organizaciones empresariales y 'lobbies' se están movilizando en la capital belga para intentar que el Ejecutivo comunitario replantee sus exigencias. La directiva en cuestión echó a andar a mediados de 2024, tras la aprobación del Europarlamento. Pero el escenario ha cambiado radicalmente desde entonces: la imposición de aranceles por parte de Donald Trump ha activado ya una guerra comercial de la que la UE -y España, obviamente- no se librará. Y las principales víctimas serán las empresas que exportan.

La directiva sobre Diligencia Debida afecta de lleno a muchas de ellas. Es de aplicación obligatoria para las compañías europeas que tengan más de 1.000 empleados y 450 millones de facturación. ¿En qué consiste la norma? Bruselas quiere obligar a los empresarios a comprobar si todos sus proveedores respetan los derechos humanos y prevenir los impactos ambientales negativos que pudieran derivarse de su actuación.

"Aunque la directiva se dirige principalmente a grandes empresas, su impacto indirecto sobre las pymes será significativo", advierte el Club de Exportadores e Inversores, cuyos socios suman 800.000 empleados en nómina y facturan el equivalente al 20% del PIB español. La asociación explica por qué: las empresas afectadas "deberán exigir a sus proveedores, y a los proveedores de estos -independientemente de su país de origen, incluidos pequeños negocios- que implementen procedimientos de diligencia debida similares". Esto "supondrá que muchas pymes se enfrenten a una complejidad operativa y unos costes que podrían dificultar su acceso a mercados internacionales, limitando su competitividad y capacidad de crecimiento", alertan desde el club.

Subida de precios

Los fines últimos de la directiva son loables. El problema es que la petición de la Comisión acarreará, según los afectados, un aumento de costes que, a su vez, tendrá impacto en los precios de los bienes y servicios que producen. Y todo ello en un escenario de guerra comercial. Es comprensible, por tanto, que la directiva 'bienintencionada' de Bruselas sea percibida como una especie de 'tasa woke', que dificultará aún más la actividad de los exportadores.

Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores, recuerda que los empresarios tienen claro "el compromiso con la sostenibilidad y con el respeto a los derechos humanos". Ahora bien, considera "imprescindible que las normativas sean equilibradas y no generen desventajas estructurales para las empresas europeas en el mercado global”.

El encargo de la Comisión es de difícil cumplimiento. Las compañías estarán obligadas a establecer planes de contingencia, introducir cláusulas específicas de prevención en sus contratos con proveedores, prestar apoyo a pymes para que también puedan cumplir con los requisitos, y, en su caso, cancelar los contratos con proveedores que no cumplan.

Las dificultades para 'aterrizar' la directiva no han convencido, de momento, a sus promotores. Prueba de ello es que que Bruselas aboga por sancionar a quienes no la respeten. El texto normativo establece la obligación de designar una autoridad nacional en cada uno de los 27 países miembros para supervisar el cumplimiento.

Cuenta atrás

La cuenta atrás para aplicarla ya está en marcha. Antes del 26 de julio del próximo año debe transponerse a las legislaciones nacionales de los 27 países miembros. El objetivo es que la directiva entre en vigor en los meses siguientes. El calendario apremia, de ahí que el Ministerio de Economía esté preparando ya la documentación necesaria para presentarla al Congreso y proceder a la transposición.

Hay otras posibles consecuencias. Por ejemplo, existe el riesgo de que algunos países tomen represalias si sus exportaciones a la UE se ven afectadas por la directiva. También de que las empresas europeas tengan que competir en una posición de desventaja por el incremento de la burocracia y los costes.

Este temor gana intensidad en un contexto como el actual. Un informe reciente de Freemarket, el 'think tank' que preside Lorenzo Bernaldo de Quirós, cifra el impacto de la amenaza arancelaria de Estados Unidos sobre España. Una 'tasa' del 15% recortaría las exportaciones en 3.686 millones. Si los aranceles subieran al 25%, esa cifra superaría los 6.000 millones. Habría otro "daño colateral": las menores ventas a los países europeos que compran en España y exportan a Estados Unidos elevaría la factura entre 2.500 y 3.500 millones más.

Fuente

LA UE AHOGA A MILES DE PYMES CON ESTA NUEVA TASA WOKE
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