El ataque de nervios de Orrego en vísperas del fin de la reserva del Caso ProCultura...

El ataque de nervios de Orrego en vísperas del fin de la reserva del Caso ProCultura (y el riesgo de que declare como imputado)

El gobernador Claudio Orrego tuvo que retroceder en sus fuertes críticas en contra del Ministerio Público y de la prensa, en las que puso en duda su integridad al sugerir que filtraban por dinero antecedentes reservados de casos judiciales. El episodio ocurre a dos semanas del fin de la reserva de las pesquisas del caso ProCultura, donde Orrego fue declarado “sujeto de interés” por contratos firmados con esa fundación. Ahora se espera que declare como imputado.

Por qué importa. Las destempladas declaraciones del gobernador Orrego contra la Fiscalía y la Prensa sorprendieron por la forma en que las realizó y la ausencia de cualquier evidencia que apoyara sus dichos. “Todas las semanas tenemos alguna filtración. Entonces la verdad es que uno se pregunta si aquí a alguien le están pagando por liberarlo. ¿Hay alguien que compra favores por la prensa?”, afirmó.

• “A mí me parece que es un despropósito y una falta de control por parte de los fiscales. Lo que está pasando dentro de la fiscalía es abismante porque quiere decir que aquí alguien está moviendo plata. ¿Cómo llega tanta información a la prensa?”, dijo Orrego, refiriéndose a la divulgación de chats entre la ex alcaldesa Irací Hassler y la diputada Carol Kariola.
• Las asociaciones de la prensa, así como el Ministerio Público, lanzaron duras críticas contra Orrego, insistiendo en que si tiene antecedentes de lo que dijo tiene la obligación de darlos a conocer.
• “Todo empleado público que tenga conocimiento de un hecho que reviste de carácter de delito tiene la obligación legal de hacer la denuncia, sino comete un delito que se denomina omisión de denuncia”, le recordó Eugenio Campos, encargado de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público.

Lo que viene. Con el fin de la reserva de la investigación de ProCultura, en dos semanas más, saldrán a la luz antecedentes que se estima no solo van a complicar a Orrego, sino también a importantes figuras del oficialismo.

• El sucesor de Palma en el caso ProCultura, Patricio Cooper, inicialmente fue muy criticado por la lentitud en que llevaba las investigaciones, en contraste con la velocidad de su antecesor. Sin embargo, su labor en la arista del Caso Sierra Bella, reveló que su trabajo ha ido más allá de lo que inicialmente se pensaba.
• Todavía no se han dado a conocer informaciones obtenidas en celulares, el contenido de interrogatorios y pruebas y evidencias documentales. Palma, además, dejó avanzadas algunas diligencias en esa línea.
• Otro gobernador que tiene razones para estar nervioso es el de Magallanes, Jorge Flies, a quien se le incautó el celular en la escala del avión en el cual aterrizó en Punta Arenas tras un viaje.
• En La Moneda existe preocupación, ya que se espera que este 6 o 7 de abril se desclasifique información reservada del caso.

Larga amistad. Frente a sus dichos sobre la prensa, Orrego optó por suavizarlos: “No he denunciado ni acusado a nadie (menos aún a fiscales, con quienes he tenido un excelente trabajo en temas de seguridad). No es mi estilo y nunca lo he hecho”.

• La forma y el fondo de lo que dijo fue atribuida por fuentes judiciales y políticas a la proximidad del momento en que saldrán a la luz antecedentes del Caso Pro Cultura.
• La gobernación de Santiago le transfirió $1.683.788.000 a esa fundación para el programa Quédate Conmigo, destinado a prevenir suicidios, de los cuales ProCultura solo rindió $600 millones. A eso se suman una serie de otros casos judiciales que involucran a gobernadores a lo largo del país.
• ProCultura fue cerrada en noviembre de 2023, en medio de una serie de acusaciones y escándalos. Uno de los puntos que complica al gobierno es que en los dos primeros años del mandato de Boric los ingresos de la fundación por contratos con reparticiones públicas pasaron de $316.849.723 en 2021 a $3.282.841.556 en 2022.
• La relación entre Larraín y Orrego es antigua. El ex novicio jesuita y cofundador del grupo Cardumen de la Democracia Cristiana (DC) trabajó en el consultorio de Salud Mental de Peñalolén encabezado por el entonces alcalde Orrego, a quien apoyó en las primarias presidenciales de 2013.
• Larraín también desarrolló una fuerte relación con Boric cuando éste era diputado e impulsaron una “bancada” por la salud mental.
• Tras conocerse públicamente detalles del caso, la gobernación de Santiago se querelló contra ProCultura.

Blindaje judicial. Hasta ahora el momento más difícil enfrentado por el gobernador en el caso ocurrió en junio de 2024, cuando el fiscal entonces a cargo de las indagaciones era Carlos Palma. En junio de 2024, Palma informó en el Ministerio Público que pretendía allanar la gobernación de Santiago y tomarle declaración a Orrego.

• El actual gobernador tuvo una ventaja que no tuvieron sus colegas de Antofagasta, Valparaíso, Biobío, Ñuble y Magallanes, cuyas reparticiones sí fueron allanadas. En el caso de Orrego, alertado por las diligencias que pretendía realizar el fiscal Palma, interpuso un recurso judicial que le permitió impedir que ocurriera.
• El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de entrada y registro formulada por el fiscal Palma, en que pedía la incautación de los celulares de los sujetos de interés, entre ellos el de Orrego
• Palma fue removido del caso luego de que Ciper Chile publicara el 15 de junio la existencia de un supuesto chat de Palma con el abogado Luis Hermosilla, el cual no consta en el celular incautado al penalista. Pero reconoció que le envió al abogado un pantallazo de un diálogo con la pareja de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, posteriormente destituída.
• Después se conocerían diálogos de Palma con Hermosilla que concluyeron con su suspensión el 26 de septiembre, por violación de secreto.

Los tres delitos investigados. El fiscal Palma indagaba tres delitos en la arista metropolitana de ProCultura: tráfico de influencias, fraude al fisco y apropiación indebida.

• Tráfico de influencias. El tráfico de influencias derivaba del convenio firmado por el Gore con Pro Cultura -“Transferencia prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental”- cuando Larraín era director de la Corporación Regional del Gore. Larraín recibió pagos por el convenio, lo que mostró su participación directa en la iniciativa.
• Fraude al fisco. El fraude al fisco se basaba -por una parte- en la contratación en ProCultura de un funcionario que trabajaría en el Gore, con un sueldo con cargo al convenio de salud. Es decir, se usarían fondos del proyecto para aumentar la planta de la gobernación. El contrato estipulaba que estaría en comisión de servicio en el Gore Metropolitano.
• Por otra parte, Larraín, quien a febrero de 2023 recibía $5.220.000 líquidos mensuales como director ejecutivo de ProCultura, apareció en su rendición de abril de ese año con valores que no cuadraban: un sueldo base de $6.590.000; $1.500.000 con cargo al convenio de Quédate, pero sin que apareciera como suma rendida y con un contrato para que se desempeñara como director ejecutivo, cargo que ejercía desde antes.
• Apropiación indebida. Este delito se configuraba por la querella presentada por el Gore de Orrego, que el 16 de noviembre de 2023 terminó anticipadamente el convenio para prevenir suicidios y pidió a la fundación la restitución de $1.010.379.291.

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