"No entiendo cómo sucedió esto": testimonios develan interna del Gobierno en trama por casa

"No entiendo cómo sucedió esto": testimonios develan interna del Gobierno en trama por casa de Allende

Telefonazos entre asesores y autoridades, reuniones sin explicaciones y falta de sugerencias marcaron las primeras horas al interior del Gobierno tras estallar el escándalo por la adquisición de la casa del expresidente Salvador Allende, de acuerdo a las declaraciones en la causa penal a las que tuvo acceso la Unidad de Investigación de BioBioChile. Dentro del Ejecutivo, confirmaron con los asesores jurídicos la inhabilidad que pesaba sobre la ministra Maya Fernández y la senadora Isabel Allende, e intentaron frenar la debacle comunicacional poniendo a la ministra Marcela Sandoval delante de los micrófonos.



“No entiendo cómo sucedió esto”. Leonardo Moreno, asesor del presidente Gabriel Boric, abrió con esas palabras la primera reunión en el Palacio de La Moneda para abordar el escándalo por la adquisición a través de Bienes Nacionales de la casa del expresidente Salvador Allende.

La cita, la tarde del viernes 3 de enero, ocurrió a cuatro días de la firma del contrato de compraventa, en la que el abogado Felipe Vio actuó en representación de los dueños de la propiedad, entre ellos, la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende. Sobre ambas pesaban inhabilidades constitucionales para celebrar contratos con el Estado.

La Unidad de Investigación de BioBioChile tuvo acceso a declaraciones de la causa penal por fraude al fisco, las que dan cuenta de cómo funcionarios del Gobierno se enteraron por la prensa del problema legal, sin que nadie diera una explicación de cómo se había cometido semejante error.

De acuerdo a los involucrados, en el Ejecutivo recién comenzaron los telefonazos por el tema el 2 de enero por la tarde, una vez que el escándalo ya había estallado en los medios de comunicación.

Así, ese día, a las 19:00 horas, la entonces subsecretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, llamó a Francisca Moya, jefa de la División Jurídica de la repartición, para pedirle que “verificara qué había pasado”, según aseveró la última ante el Ministerio Público.

A partir de ello, Moya llamó al asesor de la Presidencia Leonardo Moreno, que está encargado de dar seguimiento a las políticas de Bienes Nacionales. Y se desencadenó la reacción del Ejecutivo.

“Era impresentable que la señora ministra estuviera de vacaciones”
Habían pasado más de doce horas desde esa llamada cuando, poco antes del mediodía siguiente, Denisse Hernández, asesora de la ministra de Bienes Nacionales, entró en la oficina del subsecretario Sebastián Vergara Tapia. Como la titular de la cartera, Marcela Sandoval, se encontraba de vacaciones, Vergara se encontraba en calidad de ministro subrogante. Según testificó el mismo Vergara a fiscalía, notó la preocupación de Hernández mientras detallaba el entuerto a él y una asesora suya.

“Le pregunté si estaba segura de lo que nos informaba, y nos refiere que lo había corroborado con la división jurídica, en específico con la jefa doña Macarena Diez”, contó Vergara a fiscalía.

Hernández le pidió entonces a Vergara que la acompañara a una reunión en el Palacio de La Moneda, a lo que accedió: “En el trayecto a la reunión, le hice ver a Denisse que era impresentable que la señora ministra estuviera de vacaciones, era necesario que ella volviera de sus vacaciones”, afirmó Vergara.

En su argumentación, Vergara le recalcó a Hernández que él “no estaba en condiciones de responder preguntas sobre la materia”.

Una reunión sin sugerencias
La reunión de esa tarde fue presidida por Moreno. Asimismo, asistieron su asesora Bernardita Nazar; Francisca Moya; Macarena Diez; Denisse Hernández y el subsecretario Sebastián Vergara, de acuerdo a este último.

Moreno, por su parte, afirmó que también estuvieron presentes el jefe de gabinete del Presidente, Carlos Durán; Pablo Maino, jefe de División de Bienes Nacionales, y Yerko Montenegro, jefe de gabinete de la Dirección de Presupuesto.

“Abrí la reunión, indicando que no entendía cómo había sucedido eso, ante lo cual pedí soluciones para el tema. No me interesaba ver quiénes eran los responsables, solo quería saber cómo resolver jurídicamente esta materia, revisar el estado de la escritura y eso”, aseguró Moreno ante el Ministerio Público.

De acuerdo a él, no recibió sugerencias. A continuación, requirió que averiguaran el “estado actual del proceso de compraventa y cómo resolver el problema”.

Moreno dijo que ese mismo día hubo una reunión sobre cómo abordar el tema desde el punto de vista comunicacional. La cita incluyó a Moya y a Durán, además de Miguel Crispi, jefe de asesores del Presidente; Pablo Paredes, director de la Secretaría de Comunicaciones; y los ministros Álvaro Elizalde, en ese tiempo a cargo de la Secretaría General de la Presidencia, y Aisén Etcheverry, vocera subrogante.

Versiones contradictorias
La exministra Sandoval, en tanto, explicó ante la fiscalía que ella se enteró el jueves 2 de enero de la crisis, tras una llamada de “la jefatura de gabinete y de comunicaciones”.

Tras ello, se preparó para volver de sus vacaciones, reuniéndose al día siguiente en La Moneda con Etcheverry, Durán, Crispi, Moreno y Moya.

“En esa reunión, se toma la decisión de responder a la prensa, donde se informa que Bienes Nacionales frena el trámite de compra y que sea yo la persona que responda las preguntas de la prensa”, aseguró Sandoval. El lunes siguiente, el Presidente Boric le solicitó su renuncia.
Sin embargo, de acuerdo a la exsecretaria de Estado, desde su cartera habían advertido a Leonardo Moreno de los problemas que conllevaba que una ministra de Estado y una senadora fueran las partes vendedoras.

“Hubo advertencias durante el proceso de compra, tanto de la jefatura de gabinete como por Macarena Diez, quien confeccionó una minuta donde nos contó tanto a Denisse como a mi persona que existían eventuales conflictos de interés respecto de quienes venden la propiedad de Allende, y debido a los cargos que ocupaban las personas que eran parte de la comunidad heredera. Recuerdo que esto fue transmitido a Moreno y Nazar en reunión por parte de Macarena Diez y Denisse Hernández, según lo informado por estas profesionales”, aseveró Sandoval.

Esto coincide con la declaración de Diez, quien atestiguó que le comentó los obstáculos a Moreno y Nazar en la cita, realizada en octubre. “Respecto de las consecuencias jurídicas y políticas, ellos quedaron en revisarlo y con la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia Secom, en conjunto con comunicaciones del ministerio”, afirmó.

En cambio, Moreno negó ante el Ministerio Público que Diez le hubiera manifestado “consecuencias jurídicas asociadas a conflictos de interés o conflictos jurídicos”.

Nazar igualmente testificó que Hernández y Diez en “ningún momento” les manifestaron “algún impedimento legal o constitucional, sea por una norma expresa o por principios de transparencia, probidad o conflicto de interés”.

Cooper en el ojo del huracán
Por otro lado, el fiscal del caso, Patricio Cooper, ha estado enfocado en los últimos días en otra causa: la de Sierra Bella. El persecutor regional está en el ojo del huracán tras la filtración de las conversaciones privadas entre Irací Hassler, exalcaldesa de Santiago, y la diputada Karol Cariola.

Tras anunciar una investigación de oficio por la filtración, fue apartado de dicha arista por la Fiscalía Nacional, que la asignó a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich.

A pesar de que en la causa por la casa de Allende ya se ha tomado testimonio a más de una decena de funcionarios, hasta el momento Cooper no ha informado formalizaciones por el caso.

La causa se abrió tras una querella por fraude al fisco del abogado Raimundo Palamara, de la fundación Fuerza Ciudadana. Además, el Ministerio Público también investiga los delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible.

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