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Acusaciones de "espionaje", "negligencia" y más: repercusiones de ProCultura y su impacto en La Moneda



Durante los últimos días, el caso ProCultural se ha tomado la agenda y ha puesto al Presidente Gabriel Boric bajo la lupa, generando impacto en La Moneda y una disputa política entre oficialismo y oposición.

Tanto ha escalado el caso, que el propio mandatario, en medio de su visita oficial a Japón, abordó por primera vez las filtraciones vinculadas a Procultura. Esto, luego de que, la semana pasada, su nombre haya sido mencionado tras revelarse una interceptación telefónica en el marco de la investigación que lidera el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

Si bien el jefe de Estado no figura como imputado, ni testigo, en la causa, se divulgó una conversación privada entre él y la psiquiatra Josefina Huneeus, exesposa de Alberto Larraín, fundador de la Fundación ProCultura y otrora amigo de del Presidente Boric.

A ello se suman las peticiones que realizó Cooper para “pinchar” el teléfono del mandatario, por sospechas de un presunto financiamiento irregular de su campaña presidencial por vía de la cuestionada fundación. Sin embargo, esto fue denegado por la justicia.

Todo esto generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos y motivó críticas del oficialismo hacia el actuar del Ministerio Público.

En medio de este contexto, desde Osaka, en el marco de su participación en la Expo Mundial 2025, el Presidente Boric aseguró estar tranquilo y reafirmó su compromiso con la institucionalidad.

Tensión entre Cooper y La Moneda por ProCultura
Las nuevas diligencias del caso ProCultura, en las que el fiscal Cooper reiteró su solicitud para acceder al celular del Presidente Gabriel Boric, han colocado en el ‘ojo del huracán’ a La Moneda.

Se trata de un documento de 26 páginas que contiene la solicitud de intervención telefónica presentada por Cooper ante el Juzgado de Garantía, con el objetivo de autorizar la interceptación del dispositivo del mandatario. A juicio del persecutor, existirían antecedentes relevantes que podrían vincular a la fundación ProCultura con el financiamiento de su campaña presidencial.

Cabe mencionar que en noviembre de 2024, Cooper ya había intentado interceptar las comunicaciones del jefe de Estado en el marco de la investigación por millonarios traspasos de entidades públicas —principalmente gobiernos regionales— a ProCultura.

Esta petición se sustentó en conversaciones entre María Constanza Gómez, representante legal de la fundación, y una mujer identificada como “Lucía”, quien habría asegurado que el director ejecutivo de ProCultura, Alberto Larraín, afirmó haber entregado recursos a la candidatura del actual jefe de Estado.

Ante este escenario, desde el Ejecutivo, diversas autoridades han salido al paso de las críticas.

Por ejemplo, la ministra vocera (s), Aysén Etcheverry, sostuvo que el Presidente Boric no figura como imputado, ni como testigo, en la causa, y recordó que la justicia ha rechazado en dos ocasiones la solicitud del fiscal Cooper.

Además, en el programa Estado Nacional, la secretaria de Estado recalcó que los vínculos personales o de amistad del mandatario no constituyen, por sí solos, antecedentes jurídicamente relevantes, lo que ha sido ratificado de forma reiterada por los tribunales.

Por su parte, el ministro del Interior y vicepresidente de la República, Álvaro Elizalde, respaldó las palabras de la vocera, y enfatizó que el Ejecutivo suscribe los dichos del Presidente sobre que “no hay nada que esconder”. Asimismo, acusó una “politización de la justicia”.

Disputa en el oficialismo y la oposición
Desde el Frente Amplio calificaron la situación como “una estrategia de espionaje con fines políticos”. También, negaron nexos financieros entre el bloque y ProCultura, asegurando que no existen indicios que vinculen al partido con la fundación.

En ese sentido, la diputada de la colectividad, Gael Yeomans, acusó una “extrema negligencia” en el actuar del fiscal Cooper, apuntando a las constantes filtraciones desde el Ministerio Público.

No obstante, otros sectores oficialistas marcaron distancia respecto de las declaraciones del Frente Amplio. De hecho, el senador Pedro Araya (PPD) descartó que se trate de “espionaje político” y llamó a no desviar el foco del debate, instando a colaborar con la investigación.

Por su parte, desde la oposición, la bancada de la UDI dio el sábado un plazo de 48 horas para que el presidente Boric aclare públicamente el financiamiento de su campaña presidencial de 2021. De no hacerlo, anunciaron acciones de fiscalización mediante sesiones especiales.

Además, según señalaron los diputados gremialistas, Henry Leal y Felipe Donoso, solicitaron al Consejo de Defensa del Estado (CDE) ampliar la querella presentada en 2024 contra ProCultura, incluyendo el eventual uso irregular de fondos públicos en campañas políticas.

Ante esta polémica, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, cuestionó lo que calificó como “activismo judicial”, señalando que este tipo de acciones terminan afectando la actividad política. Asimismo, instó a sancionar públicamente a quienes filtren antecedentes de las investigaciones, haciendo un llamado a actuar con plena transparencia.

Finalmente, cabe señalar que entre los antecedentes que maneja el Ministerio Público en la investigación, existe un chat grupal de WhatsApp integrado por el diputado Diego Ibáñez (FA) y Alberto Larraín.

La conversación está integraba por el ahora subsecretario del Interior, Víctor Ramos, y funcionarios de la cuestionada fundación.

Según el análisis de la Policía de Investigaciones (PDI) con el ente persecutor, las conversaciones de chat llamadas “La Convergencia Cristiana”, tratan sobre financiamiento, recursos y deudas que dejó la campaña del Apruebo el 2022, en donde el fundador de Procultura hace alusión a eventuales donaciones que hizo a partidos políticos.

https://www.biobiochile.cl/biobiotv...de-procultura-y-su-impacto-en-la-moneda.shtml