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Contraloría detecta que Miguel Crispi y Javiera Martínez autorizaron $3.458 millones a Procultura en dos meses

La fundación ProCultura se creo en el 2009 por el siquiatra cercano al Frente Amplio, Alberto Larraín, recibió, según Contraloría, $3.458.158.000 en solo dos meses en 2022, gracias a resoluciones aprobadas por Miguel Crispi, entonces subsecretario de Desarrollo Regional, y visadas por Javiera Martínez, directora de Presupuestos (Dipres). A modo de contexto: entre marzo y septiembre de 2022, ProCultura obtuvo recursos de gobiernos regionales mediante convenios cuestionados. En Antofagasta, se le pagaron $629.815.000 por pintar tres fachadas a un costo de $262.000 por metro cuadrado, un precio considerado excesivo. La fundación, validada por Crispi pese a no tener expertise en pintura, también recibió $1.683.000.000 del Gobierno Regional Metropolitano, liderado por Claudio Orrego, para un programa de prevención del suicidio.
Solo $600.000.000 fueron rendidos, y ProCultura se negó a transparentar sus cuentas.

Ocho regiones
El fiscal Patricio Cooper indaga un posible fraude por $6.000.000.000 en convenios con ProCultura en ocho regiones. Antofagasta, Valparaíso, Región Metropolitana, Nuble, Biobío, La Araucanía, Aysén, y Magallanes. Crispi, exjefe de asesores de La Moneda y cercano al Presidente Boric, y Martínez, ambos de Revolución Democrática, son imputados junto a Giorgio Jackson. Una querella de los diputados republicanos Cristián Araya y Juan Irarrázaval denuncia falta de fiscalización. Contraloría identificó irregularidades, como un gasto de $10.000.000 en artículos de oficina para un evento binacional en Nuble, en que se transfirieron $1.275.000.000. En Biobío, bajo el gobernador Rodrigo Díaz, ProCultura recibió $2.553.000.000, también cuestionados.
Entre 2010 y 2023, la fundación acumuló $4.200.000.000 en ingresos públicos.

15 irregularidades
La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, liderada por José Miguel Cas"El Estado no solo lo permitió, sino que fue incapaz de fiscalizar", dice el diputado Andrés Longton. a a a n n n El fiscal Patricio Cooper indaga un posible fraude por $6.000.000.000 en convenios con ProCultura en ocho regiones.
Antofagasta, Valparaíso, Región Metropolitana, Nuble, Biobío, La Araucanía, Aysén, y Magallanes. tro (RN) y Andrés Lonaton, reveló 15 irregularidades en los $3.558 millones transferidos a la Fundación ProCultura en dos meses. 1) Sobreprecios, como $262 mil por metro cuadrado para pintar en Antofagasta. 2) Rendiciones incompletas, con solo $600 millones justificados de $1.683 millones en el programa "Quédate" de la Región Metropolitana. 3) Contrataciones a empresas relacionadas con exfuncionarios. 4) Cotizaciones falsas para simular competencia. 5) Convenios express sin licitaciones. 6) Validación sin sustento por la Subdere, que dio puntajes altos sin revisar capacidades. 7) Fragmentación de proyectos en regiones como Antofagasta para evitar controles. 8) Documentos faltantes, con pagos sin respaldo. 9) Vínculos no declarados de gobernadores como Claudio Orrego y Jorge Flies con Alberto Larraín. 10) Falta de controles preventivos, con reacción tardía del Estado. 11) Desvío de recursos bajo la fachada de fundación sin fines de lucro. 12) Imposibilidad de recuperar fondos por falta de protocolos. 13) Resistencia a fiscalización, con obstáculos para entregar información. 14) Contratación de funcionarios públicos en entidades vinculadas, generando conflictos. 15) Omisión de inhabilidades legales por parte de autoridades. Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado cuestionan estas prácticas, pero no hay formalizados. Andrés Longton, miembro de la Comisión Investigadora, dice: "No solo lo permitió, sino que fue incapaz de fiscalizar, de recuperar los recursos y de frenar un patrón que se repitió en al menos siete regiones. Esto no es un caso aislado, es un sistema que operó con impunidad bajo la fachada de una fundación sin fines de lucro. Y alguien tiene que hacerse responsable".

Boric
El Presidente y el fundador de Proculrura, tuvieron una relación profesional y personal antes de que Boric asumiera la presidencia en 2022. Larraín asesoró a Boric como diputado, y la ex pareja de Boric, Irina Karamanos, trabajó brevemente en ProCultura.

Sin embargo, Larraín niega ser parte de su círculo íntimo. "La decisión del gobierno de blindar a funcionarios cuestionados, como Javiera Martínez o Miguel Crispi, no solo evidencia una imprudencia temeraria, sino que también una suerte de complicidad que debe ser investigada en profundidad", resume el diputado José Miguel Castro.



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