Destacado fondos que el fiscal Cooper sostiene que se habrían desviado a la campaña de Boric no eran recursos

En su solicitud para “pinchar” el teléfono del Presidente, la fiscalía aseguró que tenía una “confesión” de que los fondos de convenios con organismos públicos fueron desviados por Procultura a la campaña de Gabriel Boric. Esa revelación ha provocado airadas reacciones de la oposición. La fiscalía fundamentó su acusación en una escucha telefónica en que una persona, identificada solo como “Lucía”, aseguró que Procultura le debía dinero y que el director ejecutivo de la fundación, Alberto Larraín, le dijo que esos fondos los puso en la campaña de Boric. CIPER identificó a “Lucía” y rastreó el origen de los dineros que aún le debe Procultura. La revisión hecha por este medio confirmó que esos recursos no provenían de convenios con entidades públicas, como sostiene la fiscalía, sino de aportes de Enel, Anglo American y Minera Candelaria. En la carpeta de investigación hasta ahora no hay rastro de que el dinero no pagado a “Lucía” haya llegado a la candidatura presidencial.



“Tenemos una confesión de que dineros provenientes de convenios que se adjudicó Procultura derivaron en otros fines, específicamente en financiamiento irregular de la campaña del actual Presidente de la República”.

Esta frase, contenida en la segunda solicitud que hizo el fiscal Patricio Cooper a la justicia para “pinchar” el teléfono del Presidente Gabriel Boric, fue publicada por la prensa el pasado viernes 9 de mayo y provocó fuertes reacciones de la oposición, sector que en los últimos cinco días ha exigido desde la creación de una comisión investigadora hasta adelantar el retorno del mandatario de su gira por Japón y China, pasando por pedir protección especial para los fiscales. Pero, CIPER confirmó que el antecedente expuesto por el Ministerio Público se basa en un error: el dinero que la fiscalía sospecha que fue a la campaña de Boric no proviene de convenios entre entidades públicas y Procultura, sino de donaciones que recibió esa fundación de las empresas Anglo American, Minera Candelaria y Enel. En la carpeta de la investigación que lleva la fiscalía hasta ahora tampoco hay rastros de que esos fondos de origen privado hayan llegado a la candidatura presidencial.

En la misma petición formulada al Juzgado de Garantía de Antofagasta para interceptar el celular del mandatario -la que fue rechazada por el tribunal-, se expone el fundamento que llevó al fiscal Cooper a suponer que fondos de Procultura habrían terminado en la campaña de Boric. Se trata de una escucha telefónica en la que una persona, identificada por los fiscales como “Lucía”, asegura que Procultura le debe dinero y que el director ejecutivo de la fundación, Alberto Larraín, le dijo que gastó esa “plata en la campaña del Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca” (vea aquí el requerimiento de la fiscalía al tribunal de Antofagasta).

CIPER constató que “Lucía” es Lucía Bustamante, propietaria de la Productora Gráfica Andros, empresa a la que Procultura le debe $41,9 millones por trabajos de impresión. Esa es la deuda que “Lucía” mencionó en la conversación, interceptada por la PDI, en la que dialoga con la fundadora de Procultura, Ilonka Csillag, y con la representante legal de esa fundación, Constanza Gómez. La deuda originó una acción de la imprenta Andros contra Procultura en la justicia civil. En esa causa figuran las cinco facturas de los trabajos impagos, en las que se detallan los productos que la fundación encargó a la sociedad de “Lucía”.

CIPER rastreó los antecedentes expuestos en las facturas y en la demanda civil, y confirmó que estos trabajos se financiaron con recursos de cuatro proyectos culturales desarrollados por Procultura en las localidades de Llay Llay, Rinconada, Tierra Amarilla y Los Molles. CIPER corroboró que estos proyectos fueron financiados a través de donaciones privadas entregadas a Procultura por las empresas Enel, Anglo American y Minera Candelaria.

De acuerdo con las fechas que figuran en las facturas, los cinco documentos impagos fueron extendidos entre agosto y octubre de 2023, dos años después de la campaña presidencial de 2021 en la que participó Gabriel Boric.


En 2023, en medio de la quiebra y cierre de la fundación tras el destape del Caso Convenios, la organización liderada por Alberto Larraín quedó con una deuda con Andros por el no pago de las cinco facturas, por un total de $41,9 millones. En detalle, los servicios impagos corresponden a la impresión de libros y materiales para los proyectos acerca de la central hidroeléctrica de Los Molles; un libro fotográfico sobre Llay Llay; un proyecto ligado a la educación en Tierra Amarilla y un libro de fotografías patrimoniales de Rinconada. Estos proyectos recibieron financiamiento de las empresas Enel, Minera Candelaria y Anglo American. Según detallan las facturas, los fondos fueron traspasados a través de la Ley de Donaciones Culturales, lo que fue confirmado a CIPER por personas que conocieron o trabajaron en estos proyectos.

En el contexto de la crisis desatada en Procultura por el surgimiento del Caso Convenios, Lucía Bustamante llegó hasta la sede de la fundación, ubicada en Carmencita 245, Las Condes, para reclamar el pago de la deuda. Hasta ese lugar se trasladó Alberto Larraín, con el fin de contener a la empresaria. En las declaraciones contenidas en la carpeta investigativa, al menos dos miembros de Procultura aseguraron que conocían los términos en que se desarrolló ese encuentro y coincidieron en que fue una reunión tensa, de ánimos alterados y que no llegó a buenos términos: “Ya que Alberto [Larraín] le comunicó a la dueña de la empresa que no podrían pagar lo adeudado”, declaró Francisco Fuentes, jefe del Circuito de Lota, un proyecto financiado por Corfo que administraba Procultura.

El conflicto entre Andros y Procultura llegó hasta la justicia, con una demanda presentada en 2023 por la empresa de Lucía Bustamante contra la fundación. Este antecedente llevó a que la fiscalía rastreara los servicios prestados por Andros. Así, en marzo de 2025 -después de las solicitudes para interceptar el teléfono del Presidente Boric-, la policía comenzó a preguntar por esta empresa en los interrogatorios. Según un informe de la PDI del 31 de marzo de 2025, uno de los mandos medios de la fundación explicó que, en su experiencia, los servicios prestados por Andros corresponden a proyectos trabajados con empresas privadas que entregaban financiamiento a través de la Ley de Donaciones Culturales.

LOS LIBROS IMPRESOS POR ANDROS
Las glosas de las cinco facturas que Andros incorporó en su denuncia contra ProCultura, evidencian que a la imprenta se le adeudan trabajos de cuatro proyectos distintos.

La primera factura, de agosto de 2023, fue por la impresión de un libro sobre la central hidroeléctrica de Los Molles (Valparaíso). CIPER encontró esa obra en el catálogo de la Biblioteca Nacional. Su título es “El legado de la luz” y tiene 165 páginas. El proyecto fue financiado por Enel, cuyo logo figura en la contraportada, y no recibió fondos públicos.






La segunda factura y también la quinta, que suman $13,2 millones, y que fueron emitidas en agosto y octubre de 2023, respectivamente, están vinculadas al proyecto en Tierra Amarilla (Atacama). El detalle de los documentos tributarios señala que Andros participó imprimiendo libros. Fuentes que participaron en esta iniciativa indicaron a CIPER que se trató de libros para colorear y otro tipo de material que se repartió en escuelas de la zona, lo que se financió con aportes de la Minera Calendaria.




La tercera factura, emitida el 6 de septiembre de 2023 por $8,5 millones, fue por la impresión de un libro fotográfico de Llay Llay (Valparaíso). CIPER también encontró este material en la Biblioteca Nacional: se titula “Puesta en valor de la identidad y patrimonio como eje de desarrollo sostenible”, y tiene 271 páginas. En su primera página incluye los logos de ProCultura, Anglo American –empresa que corrió con los gastos del proyecto–, el Ministerio de las Culturas –porque fue financiado bajo la ley de donaciones que regula dicha cartera—y la Municipalidad de Llay Llay. CIPER se contactó con la municipalidad para saber si aportó fondos para este libro. En una respuesta por escrito, el municipio indicó que no financió esa iniciativa:

“Nuestro Municipio no tiene ni ha tenido en el pasado ningún convenio, contrato o llevó a cabo la realización de traspaso de fondos públicos hacia la Fundación Procultura o alguno de sus representantes. En el año 2022, la empresa minera Anglo American y esta fundación comenzaron a realizar un trabajo de la elaboración de un archivo fotográfico de la historia de nuestra comuna y en donde nosotros solamente colaboramos facilitando dependencias para el desarrollo y difusión de los alcances de esta iniciativa (…). Asimismo, nunca autorizamos el uso de nuestro logo en el material asociado a este proyecto cultural”.




https://www.ciperchile.cl/2025/05/1...a-campana-de-boric-no-eran-recursos-publicos/