Featured De ambientalistas a funcionarios públicos: El traspaso de las organizaciones al Gobierno

De ambientalistas a funcionarios públicos: El traspaso de las organizaciones al Gobierno
Autoridades, asesores y técnicos en funciones clave provienen de fundaciones en las que, en varios casos, trabajaban en temas que hoy son de su competencia, pero desde el Estado.



Ignacio Martínez Jadue fue hasta el mes pasado asesor de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, según Transparencia Activa. En su descripción de funciones se indicaba que era encargado de “asesorar en la elaboración de una normativa sectorial pesquera”. Anteriormente, fue asesor legislativo del Ministerio del Medio Ambiente, entre 2022 y 2024, dice su descripción en LinkedIn.

Su nombre causó ruido en diversos artículos en prensa regional, ya que entre 2016 y 2022 fue abogado de Terram y escribió columnas, por ejemplo, contra la expansión salmonera en la Reserva Nacional Kawésqar, así como propuestas sobre protección costera.

Al hacer una revisión de perfiles de funcionarios de gobierno y su relación con organizaciones ambientalistas, varias son las personas en puestos clave que provienen de estas, lo que muestra otra arista de la relación entre este tipo de fundaciones y el Ejecutivo.

En el Ministerio del Medio Ambiente es donde se cuenta la mayor cantidad de casos. Uno de ellos es Maximiliano Proaño, subsecretario de la cartera desde marzo de 2022, quien trabajó 7 años en la Fundación Heinrich Böll como cocoordinador en Energía y Equidad y coordinador de la Mesa Ciudadana de Energía. Además, fue jefe de gabinete entre 2016 y 2018 del entonces diputado Gabriel Boric.

Proveniente de Greenpeace es Sebastián Aylwin Correa, jefe de Evaluación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente desde que asumió el Gobierno, a cargo de las unidades Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y de Evaluación Ambiental Estratégica. Sobrino nieto del expresidente Patricio Aylwin, según fuentes del ministerio mantiene una gran cercanía con el Presidente Gabriel Boric, de quien fue compañero en Derecho de la Universidad de Chile y formó parte del directorio de Nodo XXI. Según su perfil de LinkedIn, fue asesor de Greenpeace entre 2020 y 2023 con jornada parcial.

Victoria Belemmi es asesora de contenidos del gabinete del subsecretario de Medio Ambiente desde marzo de 2022. Trabajó en FIMA por 7 años como coordinadora de estudios y abogada del área de litigios.

Proveniente de Fundación Terram es Pablo Rojas, abogado de la Superintendencia del Medio Ambiente desde 2023, en la oficina regional de Aysén. Según su perfil de LinkedIn, entre 2022 y 2023 fue abogado del equipo jurídico de dicha fundación.

Es una situación similar a la de Antonia Garrido, abogada de la Fiscalía de la Superintendencia de Medio Ambiente desde noviembre de 2023, que entre 2021 y 2022 fue investigadora de la Fundación Terram en temas como legislación costera, institucionalidad ambiental y recursos naturales, además de tramitar causas ante los tribunales ambientales y superiores de justicia.

También figura el caso de Franco Arias, abogado del departamento de Legislación y Regulación Ambiental de la División Jurídica del Ministerio del Medio Ambiente desde julio de 2022, quien fue pasante en FIMA, consultor jurídico en Oceana, y pasante y abogado en la ONG Defensoría Ambiental.

Otra institución que tiene entre sus filas a personas provenientes de ONGs es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). Es el caso de Antonio Madrid, quien trabaja desde 2023 como responsable de la unidad a cargo del Convenio 169, que garantiza el derecho de los pueblos indígenas a establecer sus prioridades, entre otras materias. Se desempeñó 7 años en FIMA en Temuco, representando, por ejemplo, a comunidades mapuches en Villarrica.

Además, trabajó un año en Greenpeace y anteriormente como abogado colaborador del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Otro funcionario de Conadi es Pedro Pablo Campos, jefe de la Oficina Regional de Atacama desde enero de 2025. Entre 2024 y principios de 2025 fue investigador para el proyecto “Impactos del desarrollo de la industria del litio en territorios indígenas en Argentina, Bolivia y Chile”, en Observatorio Ciudadano.

https://www.emol.com/noticias/Nacio...entalistas-organizaciones-cronica-futuro.html