Featured Universidad del Bío Bío desvió $3 mil millones y favoreció a familiares en medio de crisis

Universidad del Bío Bío desvió $3 mil millones y favoreció a familiares en medio de crisis financiera
La Contraloría General detectó desvíos de fondos públicos, contrataciones con conflictos de interés y pagos al margen de la ley en la Universidad del Bío Bío. El daño supera los $6.800 millones sólo por concepto de deuda con el Fondo Solidario de Crédito Universitario. El ente fiscalizador instruyó procesos disciplinarios y remitió los antecedentes al Ministerio Público para que investigue eventuales delitos por declaraciones falsas.




La Universidad del Bío Bío (UBB) enfrenta una de sus mayores crisis institucional desde su creación. Un informe de la Contraloría General de la República (CGR), aprobado el 29 de mayo de 2025 y ya remitido al Ministerio Público, reveló una serie de graves irregularidades financieras que comprometen el uso de fondos públicos, la transparencia administrativa y el respeto a la probidad.

La auditoría, plasmada en 99 páginas, detectó que la universidad adeuda $6.883.787.075 al Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) por anticipos no restituidos, y que además “no transfirió al FSCU los montos percibidos por parte de los exalumnos por pago de cuotas del crédito universitario, los que en el año 2023 ascendieron a $191.867.499”. Por esta razón, el organismo instruyó regularizar la situación en un plazo de 90 días y puso los antecedentes a disposición del Ministerio Público.

Uno de los hechos más cuestionados fue el traspaso de $3.000 millones desde cuentas de proyectos estatales destinados al fortalecimiento de la educación superior a la cuenta de sueldos de la universidad. “Los citados fondos efectivamente fueron utilizados para el pago de las remuneraciones del personal de la Universidad; sin embargo, fueron devueltos posteriormente a las cuentas corrientes de los citados proyectos”, reconoció la propia casa de estudios.

La Contraloría fue tajante: “Resultó improcedente que la Universidad haya destinado fondos de proyectos de fortalecimiento para fines distintos a los invocados por el legislador”, señalando que esta práctica vulnera el principio de legalidad del gasto público y contraviene dictámenes previos de la propia entidad fiscalizadora.

Contratación de empresas con vínculo de parentesco
En paralelo, el informe confirmó pagos por $33.379.379 efectuados sin utilizar la plataforma Mercado Público, en abierta infracción a la Ley de Compras Públicas. “Sin que consten los motivos para efectuarlas al margen de la ley de compras públicas y su reglamento”, puntualizó el texto.

El caso se agrava al constatar la existencia de conflictos de interés en contrataciones con empresas vinculadas a directivos de la universidad, como también la contratación a honorarios de personas con lazos familiares con autoridades. “Se comprobó que la Universidad contrató a dos empresas, cuyos socios tienen un vínculo de parentesco con directivos de esa casa de estudios y además uno de los directivos es socio de la empresa”, denunció la Contraloría.

Asimismo, “durante el año 2023 fueron contratados 9 servidores a honorarios, quienes mantenían una relación de matrimonio o parentesco con funcionarios directivos”, contraviniendo el artículo 54 de la Ley de Bases de la Administración del Estado.

Por estos hechos, la Contraloría instruyó la “instrucción de un proceso disciplinario, remitiendo el acto administrativo que así lo disponga… a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de esta Entidad de Control, en el plazo de 15 días hábiles”. Agregó que, una vez finalizados, la UBB deberá remitir “el acto administrativo de término, junto al expediente sumarial, para el trámite de control de legalidad correspondiente”.

Instruyen fiscalización
El informe, que fue remitido al rector de la universidad, al contralor universitario y a la Superintendencia de Educación Superior, también instruyó a esta última entidad a realizar “las fiscalizaciones que procedan respecto de la deuda que mantiene la Universidad con el Fondo Solidario de Crédito Universitario”, con un plazo de 60 días hábiles.

La investigación se originó a raíz de una presentación formal del diputado Sergio Bobadilla Muñoz, así como denuncias anónimas acogidas a reserva de identidad, en medio de una creciente preocupación por la “eventual crisis financiera que presentaría la UBB”.

Más allá de los montos comprometidos, el caso destapa una estructura de gestión marcada por el desorden contable, el uso discrecional de recursos públicos y la transgresión sistemática de principios básicos de administración estatal. Tal como concluye la Contraloría: “la entidad no dio cabal cumplimiento a su obligación de informar debidamente a este Órgano de Control”, lo que impidió verificar con claridad el destino de millones de pesos transferidos por el Estado.

UBB anunció sumarios
Tras darse a conocer la noticia, y por medio de un comunicado, la Universidad del Bío Bío expresó que “tomó conocimiento del informe y se comprometió a saldar la deuda que se menciona en un plazo razonable. (…) el tipo de deuda que se indica es común al sistema universitario público y se arrastra desde hace más de una década. En el caso de la UBB, el monto de esta deuda histórica ha disminuido considerablemente en el último año, en virtud de distintas medidas financieras adoptadas por la actual Rectoría”.

Añaden que la UBB, “al igual que las demás instituciones de educación superior, está sujeta a la fiscalización permanente de la Superintendencia respectiva y entrega regularmente la información que ésta demanda”.

Finalmente, expresan que iniciarán “los sumarios administrativos para investigar los actos que puedan constituir infracciones legales y remitirá los antecedentes al Ministerio Público, cuando corresponda”.





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