Destacado Lazos de amor y fondos públicos: la red de parejas en ProCultura

Lazos de amor y fondos públicos: la red de parejas en ProCultura
Al menos cuatro “pololos” de directivos de ProCultura se habrían visto beneficiadas de alguna u otra manera con fondos de la fundación. El caso más emblemático es el de la pareja de Alberto Larraín, Sebastián Balbontín.

El espíritu de la fundación ProCultura se lo fue dando su propio fundador, el psiquiatra Alberto Larraín. “ProCultura es un gran carrete”, dijo en el chat del directorio en 2018, y no sólo era una sensación personal, pues los mandamases de la organización efectivamente tenían lazos de amistad desde antes de integrarla. Pero los vínculos se extendieron más allá, y así como Larraín gestionó -ProCultura de por medio- un mural, también un auto y posiblemente una casa en Limache para la campaña a alcalde y consejero regional de su pareja, Sebastián Balbontín; las duplas sentimentales de otros integrantes del grupo también tuvieron un rol en ProCultura.

Una pasó de ser community manager a encargada de un área del proyecto más cuantioso de la fundación en Biobío, otra se situó como la arquitecta más relevante del sector sur de ProCultura, mientras que un tercero, fue recomendado por su propia pareja para que -presuntamente- trabajara para el Gobierno Regional Metropolitano, pero con aportes de ProCultura para su sueldo.

Las pololas de ProCultura Biobío
En la Región del Biobío trabajaba gran parte de la cúpula de ProCultura y desde allí surgieron al menos un par de parejas.

Camila Aguirre era polola del subdirector ejecutivo y director de Ciudad y Vivienda Identitaria de ProCultura, Pablo Marinao, uno de los directivos de la fundación que tenía su teléfono “pinchado” por el Ministerio Público.

Según declaraciones del director de la Región de Valparaíso de ProCultura, Daniel Llanos, Marinao fue uno de los artífices de la idea de crear la empresa Tosca Audiovisual Spa, propiedad de un trabajador de ProCultura que era subcontratada por la fundación para ejecutar proyectos financiados con recursos públicos.

La diseñadora de ambientes y objetos entró a trabajar en 2021 en ProCultura como community manager, es decir, estaba a cargo de las redes sociales. Antes había pasado por otra fundación nombrada en el Caso Convenios, Urbanismo Social, como “gestora social”.


Sin embargo, sus labores variaron hasta convertirse en la encargada del “componente Artesanía” del proyecto más cuantioso de ProCultura: Turismo Creativo ($2.533 millones, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Biobío).

Para cumplir con sus funciones, conocedores de la fundación sostienen que se le habría financiado un viaje a México en abril de 2023 para capacitarse en cerámica, tema al cual se dedicó posteriormente. De hecho, ese curso lo recuerda en el Instagram de su actual emprendimiento de cerámica (foto izquierda).

Turismo Creativo está siendo investigado por la Fiscalía porque, al igual que en otras iniciativas, ProCultura tercerizó sus trabajos y en este caso, la empresa elegida fue Esquerré Consultores, cercanos al exgobernador de Biobío, Rodrigo Díaz, y la que habría tenido un rol durante su campaña.


En una entrevista en radio Conquistador en mayo de 2023, Aguirre contó que la idea del proyecto, que tenía “componentes” o áreas de trabajo como Música, Gastronomía y Audiovisual; era brindar un turismo “más experiencial en donde el turista no sólo sea espectador de un territorio, sino que también pueda empaparse de la identidad del lugar (…). Este proyecto lo que busca es potenciar los valores turísticos experienciales que tiene la Región del Biobío y en ese sentido se identificaron cinco ejes primordiales y uno de esos es el tratamiento de la artesanía a través de la cerámica”.

Quienes la conocieron en ese cargo relatan que además de subir en su posición dentro de ProCultura, también llamaba la atención los gastos en que incurría en actividades sociales, deslizando que podrían haber sido a cargo de la fundación.

En la carpeta investigativa se consignan al menos 547 gastos que rindió la diseñadora a ProCultura. Van desde peajes, bencina, hoteles y asuntos propios de la labor, hasta sushi, comida china, pizzas y restaurantes, incluso hasta altas horas de la noche. Aunque no era la única.

Por medio de una extensión de su contraro, también prestó servicios de gestión de redes sociales para el proyecto “Quédate” ejecutado por ProCultura y financiado por el Gobierno Regional Metropolitano, pero el informe final Nº 700 de la Contraloría cuestionó que el Gore pagó $ 3 millones por su trabajo sin que existieran rendiciones “que justifiquen el gasto de su remuneración”.

La arquitecta Camila Martorell, en tanto, es pareja del abogado Francisco Fuentes Araya, entonces director del Área de Medioambiente de ProCultura y responsable también del Circuito Turístico y Patrimonial de Lota. Fuentes conocía a Alberto Larraín desde su paso por la DC y fue quien creó la Agencia de Turismo Patrimonial Spa, empresa que le brindaba servicios a ProCultura en los proyectos que se ganaba con fondos públicos.

A Lota llegó Martorell en 2020, después de que Larraín decidiera crear una oficina de arquitectura interna. La joven arribó como directora de conservación patrimonial y coordinadora del programa de estudios, pero también quedó trabajando bajo la supervisión de Fuentes en el circuito Lota, por lo que según señala su exjefa en una declaración, “no estaba claro de quién dependencia (sic) específicamente, si de mí o de Francisco, chocando con las instrucciones de parte de Alberto Larraín”.

La arquitecta, que tuvo que elaborar los expedientes para la postulación de Lota como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco y supervisó la restauración del Parque Isidora Cousiño, comenzó su relación con Fuentes en el año 2021 y para el momento en que este prestó declaración ante la PDI (el 4 de marzo de este año), estaban comprometidos.

Uno de los asuntos de interés durante el interrogatorio fueron las transferencias entre ambos, incluyendo unas efectuadas en agosto de 2023 por $5.000.000 y otra por $3.000.000 que, según Fuentes, correspondían a recursos propios que él le transfirió “para el pago del pie de un departamento que estaba comprando Camila”. No obstante, ese no necesariamente sería el domicilio familiar pues ya en julio de ese año Fuentes había comprado un inmueble por un valor de 2.500 UF. “Quiero agregar que el motivo de la compra de mi departamento y el de mi pareja Camila, se deben a que como sabíamos que nos quedaríamos sin trabajo, no podíamos postergar más la negociación del crédito hipotecario porque nos quedaríamos sin sueldo”, declaró Fuentes.

En enero de 2025, Martorell entró a trabajar a contrata en el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat) en Santiago, aunque en paralelo, el mismo mes se ganó un Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart) en la línea de investigación con el proyecto “Paisaje funerario del Gran Concepción: Arquitectura, patrimonio y territorio”. Se le asignaron poco más de $16 millones.

Del tema ya ha escrito, pues en 2020 su tesis de magíster se llamó “Relatos Simbólicos: protección de la memoria de los deudos de los cementerios simbólicos del Biobío” y posteriormente ProCultura editó, en 2022 y con financiamiento del Fondo del Patrimonio Cultural del Serpat (convocatoria 2020), un libro con un título prácticamente igual: “Relatos simbólicos: Memoria de los deudos de los cementerios simbólicos del Biobío”, donde ella aparece como “editor literario”.

Pero no fue su expertise la que le hizo cobrar relevancia en el Caso Convenios, sino sus vínculos familiares. La arquitecta es hija de Daniel Martorell, consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE), y según declaró su pareja, la posición de su suegro interesó a Alberto Larraín: “Fue tema de conversación con Alberto Larraín y María Constanza Gómez la situación de Daniel Martorell, ya que éstos sabían quién era el padre de Camila, quienes me preguntaban si mantenía información respecto a ProCultura en su rol de jefe de la unidad penal del Consejo de Defensa del Estado. A lo que yo les respondí que no había ninguna posibilidad en la vida que yo pudiera preguntarle algo a mi suegro sobre ProCultura, descartando de plano alguna gestión al respecto”.

Durante su paso por ProCultura tanto ella como su pareja fueron invitados al extranjero. Fuentes a Polonia -dijo que convidado por el Ministerio de Culturas de ese país- y Martorell a Francia, invitada por esa nación.

Una recomendación que venía demasiado de cerca
Otra pareja sentimental que se vio cruzada por la polémica de ProCultura fue la de la socióloga María Teresa Abusleme y del psicólogo Gabriel Prado. Ella era la directora de Estudios de la fundación cuando, en plena instalación del programa “Quédate”, financiado por el Gobierno Regional (Gore) Metropolitano para la prevención del suicidio, recomendó la contratación de su pareja, presuntamente, para realizar trabajos más allá del programa, pero siendo su sueldo financiado por ProCultura, cuestión que se investiga.

“Nuestro proyecto había sido ideado para la cantidad de personas que mencioné anteriormente, y ante la insistencia (del gobernador) Claudio Orrego para contratar a una persona, que fuese pagada por ProCultura, y que posteriormente entrara a trabajar al Gore, específicamente a la Dideso (Dirección de Desarrollo Social), es que se contrata a Gabriel Prado Acuña, recomendado por mí, ya que es mi pareja”, declaró la mujer, desatando una nueva polémica sobre el Gore que ya estaba siendo investigado por no llamar a concurso para desarrollar el programa de más de $1.600 millones.

Esto no era secreto para nadie. En sus declaraciones tanto Alberto Larraín como la directora de Administración y Finanzas de la fundación, María José Maturana, dijeron que conocían esta relación sentimental e incluso el psiquiatra dijo que “no era inconveniente”. Esto, aunque dentro del organigrama, Prado le reportaba directamente a Abusleme. Una vez que estalló el caso Democracia Viva, le habrían solicitado a Prado que no fuera al Gore, sino que teletrabajara.

Larraín confirmó también que Abusleme y Prado viajaron a Costa Rica. Prado lo hizo por medio de una invitación gestionada por el Gore, pero ProCultura le pagó un viático. “El propósito era visibilizar internacionalmente a la fundación”, reconoció otra extrabajadora de ProCultura. En una conversación entre Prado y Larraín, este le dice que “lo manda” al extranjero porque le servirá mucho, a lo que el psicólogo responde: “Siento que no es parte de las funciones que estoy desarrollando”, y el psiquiatra replica: “Nosotros te tenemos en préstamo allá”. Dentro de la fundación decían que lo tenían en «comisión de servicio», figura que se usa en el mundo público, pero no con privados.

El gobernador Claudio Orrego ha insistido en que él no conocía a Prado ni menos pidió que una persona contratada por ProCultura desempeñara otras labores en el Gore. Sin embargo, hay mails internos de Abusleme, como el del 20 de febrero de 2023, donde señala que “este contrato es una petición directa del gobernador Claudio Orrego en reunión que sostuvo con Alberto, a quien copio”.

El Gore, en tanto, ha insistido en que la labor de Prado fue la de enlace entre lo programado por ProCultura y lo que se debía hacer en el Gobierno Regional.

Un amor dadivoso
La compra de una casa para que sirviera de sede para su campaña, un auto con el mismo objetivo, la realización de un mural inaugurado con la presencia del entonces candidato presidencial Gabriel Boric, y viajes a Isla de Pascua en clase business. Alberto Larraín no tenía reparos en realizar gestos hacia su pareja, Sebastián Balbontín, con quien ha estado durante más de cinco años.

La relación entre el exmilitante frenteamplista y el fundador de ProCultura también ha sido objeto de interés en la investigación, especialmente para determinar el origen de los fondos que le permitieron a Larraín ser tan generoso.

Y es que, por ejemplo, Josefina Huneeus, quien estuvo casada con Larraín desde enero de 2007 hasta septiembre de 2021 (14 años), aseguró en una conversación con su madre, Marta Lagos, que nunca en su vida ha pisado la isla. En cambio, en el mismo diálogo afirma estar “segura” de que Larraín pagó los pasajes a Rapa Nui “con plata de ProCultura”, fundación que en muchos casos lograba financiamiento con recursos del Estado. No obstante, Huneeus señaló que con ese dinero “invitó a la nana, al pololo, a mis niños. Todo con plata de ProCultura y un año se fueron en primera porque no habían asientos en económico”.

La psiquiatra reiteró sus sospechas al ser interrogada por la PDI. Ahí contó que los viajes los hicieron en el mes de enero del 2022 y 2023. “De este segundo viaje fue el que Alberto Larraín me comentó que devolvió los fondos”, ya que es el que habría hecho en business.

Otro aspecto que la exesposa de Larraín destacó fue la compra realizada por su exsuegro, Alberto Larraín Lohmayer, de una casa en Limache, la cual posteriormente fue arrendada a la Fundación ProCultura. En resumen, la compra de la propiedad fue realizada con el propósito de que la fundación la arrendara a la Fundación ProCultura. En resumen, la compra de la propiedad fue realizada con el propósito de que la fundación la arrendara.

Pero el asunto se complica porque según declaraciones contenidas en la carpeta investigativa esta casa habría sido utilizada por Balbontín para hacer campaña cuando este aspiraba a la Alcaldía de Limache, un asunto del que estaban al tanto otros de los funcionarios de ProCultura.

Por ejemplo, Francisco Fuentes declaró que era sabido que “la fundación abrió la sede en Limache exclusivamente por Sebastián Balbontín, incluyendo el arriendo de la casa utilizada, la que había sido comprada por el padre de Alberto Larraín. Desconozco la imputación de los fondos utilizados por la fundación para dicho arriendo y mantención. Este ‘proyecto’ en Limache, en mi opinión, no guardaba relación con lo que venía realizando en otros territorios”.

En un tono similar alude al tema María Teresa Abusleme: “Yo sé que Alberto (Larraín) le compra un auto a Sebastián (Balbontín) para que realice su campaña de manera más fácil y además Alberto gestiona con su padre la compra de una casa en Limache, la cual remodela y queda a disposición de la campaña política y que funcionaba el equipo de ProCultura”.

En una conversación que fue pinchada por la PDI, Abusleme ahonda en el tema y se refiere a Balbontín como “expololo”.

Abusleme: “Bueno, para que tú sepas, porque yo me enteré de esto en las 10 horas y media que estuve declarando. El papá de Alberto Larraín compró una casa en Limache. Casa que era para que este expololo hiciera campaña. Y Alberto Larraín desde la fundación ProCultura le pagaba un arriendo a su papá”.

Interlocutor: “O sea, compró una casa y le pagaba el arriendo”.

Abusleme: “Justo, justo”.

Interlocutor: “Y la casa es de él”.

Abusleme: “Claro, y junto con eso, contrataron a todo el Frente Amplio de Limache, entonces esta casa donde le pagaban arriendo al papá de Alberto, porque en el fondo la compró… Alberto le pide a su padre que la compre y luego Alberto le paga arriendo”.

Interlocutor: “Para…”.

Abusleme: “Y esa era la casa donde operaba para, para que este gallo saliera alcalde”.

Además, existen transferencias bancarias “sospechosas” de Larraín a Balbontín por un monto total de $53.442.000 entre julio de 2021 y enero de 2024 que están siendo investigadas.

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